<\/p>\n
Una respuesta oficial del Ministerio de Justicia de la Naci\u00f3n a un pedido de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica de AN\u00c1LISIS<\/strong> confirm\u00f3 que los Centros de Acceso a la Justicia de Concordia y Paran\u00e1 dejaron de funcionar entre 2024 y 2025. Solo sobrevive el de Gualeguaych\u00fa, con cuatro agentes contratados para atender a toda la provincia. La cartera que conduce la pol\u00edtica judicial nacional admiti\u00f3, adem\u00e1s, que desde diciembre de 2023 no design\u00f3 un solo funcionario con asiento en territorio entrerriano y que el patrocinio gratuito para ni\u00f1os v\u00edctimas de abuso sexual descansa sobre apenas dos abogadas. Ning\u00fan \u00e1rea inform\u00f3 los montos de los convenios vigentes con la provincia, pese a que fueron requeridos expresamente.<\/p>\n El Ministerio de Justicia de la Naci\u00f3n funciona hoy en Entre R\u00edos con una estructura territorial reducida a su m\u00ednima expresi\u00f3n. As\u00ed surge de la respuesta oficial al pedido de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica que este medio present\u00f3 en el marco de la Ley 27.275, firmada por la responsable de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica de esa cartera. La contestaci\u00f3n, que re\u00fane informes de cinco subsecretar\u00edas y direcciones nacionales, confirma un dato que hasta ahora no hab\u00eda sido oficializado: de los tres Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que la Naci\u00f3n sosten\u00eda en la provincia, dos fueron cerrados en los \u00faltimos dos a\u00f1os.<\/p>\n Los CAJ son, seg\u00fan la propia definici\u00f3n ministerial, dispositivos territoriales que brindan atenci\u00f3n legal primaria, asesoramiento y acompa\u00f1amiento interdisciplinario para el abordaje de conflictos. Se trata de la primera puerta a la que puede golpear un ciudadano sin recursos para orientarse frente a un problema jur\u00eddico: una jubilaci\u00f3n trabada, una situaci\u00f3n de violencia, un conflicto de alquiler, un documento extraviado. La Subsecretar\u00eda de Acceso a la Justicia, en su nota NO-2026-67822368, reconoci\u00f3 que en la provincia funcion\u00f3 hasta el segundo semestre de 2024 un CAJ en Concordia, ubicado en Los Mirlos y Los Ruise\u00f1ores, en el Barrio Los P\u00e1jaros, y hasta junio de 2025 otro en Paran\u00e1, en calle Salvador Caputto 2656. Ambos fueron cerrados. La capital provincial y la ciudad con los indicadores sociales m\u00e1s cr\u00edticos del pa\u00eds quedaron, as\u00ed, sin ese servicio.<\/p>\n El \u00fanico centro que permanece activo es el de Gualeguaych\u00fa, en Juan B. Justo 525, Barrio La Cuchilla. Cuenta con cuatro agentes: dos abogados -uno de ellos mediador comunitario-, una licenciada en trabajo social y una licenciada en psicolog\u00eda. El equipo concurre adem\u00e1s semanalmente a un enlace comunitario en la Parroquia Asunci\u00f3n de Mar\u00eda, en Gervasio M\u00e9ndez 2470 de la misma ciudad. Esa dotaci\u00f3n de cuatro personas constituye, en los papeles, toda la presencia territorial del \u00e1rea de acceso a la justicia del ministerio para una provincia de casi 1.400.000 habitantes. El resto de la oferta que la Subsecretar\u00eda enumera en su respuesta es de car\u00e1cter telef\u00f3nico o virtual: la l\u00ednea 137, la l\u00ednea 144, la l\u00ednea 149 del Centro de Asistencia a las V\u00edctimas de Delitos, y programas federales sin asiento en la provincia como el ADAJUS, el PRONALCI o el Equipo contra las Violencias Digitales.<\/p>\n La respuesta de la Direcci\u00f3n General de Recursos Humanos aporta otro dato elocuente. Consultado el ministerio por las designaciones de funcionarios con lugar de prestaci\u00f3n de servicios en Entre R\u00edos desde el 10 de diciembre de 2023, la \u00fanica informaci\u00f3n que pudo ofrecer fue la n\u00f3mina de los cuatro contratados del CAJ de Gualeguaych\u00fa: Francisco Sobral, Mar\u00eda Jos\u00e9 Mar\u00edn y Ludmila N\u00fa\u00f1ez, equiparados a un Nivel B Grado 3 del escalaf\u00f3n SINEP, y Agustina Troncoso, equiparada a un Nivel C Grado 4, todos incorporados el 1\u00b0 de enero de 2025 bajo la modalidad del art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley Marco de Empleo P\u00fablico 25.164, es decir, contratos transitorios sin estabilidad. En dos a\u00f1os y medio de gesti\u00f3n, la cartera judicial nacional no design\u00f3 un solo funcionario jer\u00e1rquico con asiento en territorio entrerriano.<\/p>\n En materia de programas, la Subsecretar\u00eda de Acceso a la Justicia inform\u00f3 que el patrocinio jur\u00eddico gratuito para ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes v\u00edctimas de abuso sexual infantil se sostiene en la provincia con dos abogadas: una con asiento en Paran\u00e1 y otra en Concordia. Dos profesionales para atender el patrocinio de las v\u00edctimas m\u00e1s vulnerables del sistema penal en los diecisiete departamentos. La misma nota menciona actividades de capacitaci\u00f3n en mediaci\u00f3n realizadas con el Colegio de Abogados de Entre R\u00edos, sin mayores precisiones de alcance ni continuidad.<\/p>\n La Coordinaci\u00f3n de Asistencia y Restituci\u00f3n de Derechos a V\u00edctimas del Delito de Trata de Personas, dependiente de la Subsecretar\u00eda de Pol\u00edtica Criminal, detall\u00f3 por su parte el derrotero administrativo del programa nacional en la materia: fue creado el 23 de mayo de 2025 por resoluci\u00f3n del entonces Ministerio de Capital Humano y transferido a la \u00f3rbita de Justicia el 26 de junio de ese a\u00f1o. El programa prev\u00e9 dos l\u00edneas de asistencia directa: un subsidio equivalente a un Salario M\u00ednimo Vital y M\u00f3vil por tres meses, prorrogable por \u00fanica vez, para la asistencia inmediata de las v\u00edctimas, y un acompa\u00f1amiento para la reinserci\u00f3n social y laboral de medio salario m\u00ednimo por tres meses, tambi\u00e9n prorrogable, lo que permite una cobertura m\u00e1xima de doce meses. Entre R\u00edos adhiri\u00f3 al programa reci\u00e9n el 6 de junio de 2026, hace poco m\u00e1s de un mes, seg\u00fan el protocolo IF-2026-45433841.<\/p>\n El tercer punto del pedido apuntaba a la estructura registral del ministerio en la provincia. La Direcci\u00f3n Nacional del Registro Nacional de Reincidencia acompa\u00f1\u00f3 un listado de las Unidades de Expedici\u00f3n y Recepci\u00f3n (UER) que operan en Entre R\u00edos, del que surge una particularidad: la red descansa casi \u00edntegramente sobre la estructura de la Polic\u00eda provincial. De las dieciocho unidades habilitadas para tramitar Certificados de Antecedentes Penales solicitados por particulares, diecisiete funcionan en dependencias policiales -las divisiones de Investigaciones de las jefaturas departamentales de Col\u00f3n, Federal, Ibicuy, Tala, Gualeguay, Gualeguaych\u00fa, Diamante, Feliciano, San Salvador, Concepci\u00f3n del Uruguay, Concordia, La Paz, Villaguay y Nogoy\u00e1, la comisar\u00eda de Chajar\u00ed, la Divisi\u00f3n Criminal\u00edstica de Victoria y el Registro Provincial de Armas en Paran\u00e1- y solo una en el Poder Judicial, en Paran\u00e1. A ellas se suman ocho unidades que tramitan informes de antecedentes para operadores del sistema penal: el Superior Tribunal de Justicia, los tribunales de Concordia y Gualeguay, las unidades fiscales federales de Concepci\u00f3n del Uruguay, Diamante y Gualeguaych\u00fa, el Juzgado de Garant\u00edas de Victoria y la Oficina de Gesti\u00f3n de Audiencias de La Paz.<\/p>\n Ese entramado se apoya en convenios que llevan d\u00e9cadas de vigencia y que el propio ministerio remiti\u00f3 escaneados como respaldo documental: el acuerdo de cooperaci\u00f3n firmado en Paran\u00e1 el 19 de septiembre de 2000 entre la entonces secretaria de Pol\u00edtica Criminal Patricia Bullrich y el presidente del Superior Tribunal de Justicia Julio C\u00e9sar Berlari (ya fallecido), que cre\u00f3 las primeras cuatro UER en Paran\u00e1, Gualeguay, Concepci\u00f3n del Uruguay y Concordia; el convenio del 24 de abril de 2009 entre el ministro An\u00edbal Fern\u00e1ndez y el entonces gobernador Sergio Urribarri, que extendi\u00f3 el sistema a la \u00f3rbita del Ejecutivo provincial; y el convenio marco del 26 de junio de 2015 entre el ministro Julio Alak y la entonces presidenta del STJ Claudia Mizawak, que habilit\u00f3 el intercambio digital de informaci\u00f3n registral entre el Poder Judicial entrerriano y los registros nacionales del automotor, de la propiedad inmueble de la Capital Federal, de armas y de reincidencia.<\/p>\n La Direcci\u00f3n Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y de Cr\u00e9ditos Prendarios, en cambio, eligi\u00f3 un camino menos colaborativo: en lugar de entregar la n\u00f3mina de registros seccionales que funcionan en la provincia, deriv\u00f3 al solicitante a consultar el sitio web del organismo, con instrucciones sobre qu\u00e9 botones presionar. Tampoco respondi\u00f3 sobre los eventuales cambios de funcionamiento producidos desde diciembre de 2023, que integraban expresamente la pregunta. S\u00ed precis\u00f3 que no posee convenios vigentes con el gobierno de Entre R\u00edos.<\/p>\n El quinto punto del pedido requer\u00eda los convenios vigentes entre el ministerio y la provincia con su objeto, su plazo y su monto. Las distintas \u00e1reas enumeraron los acuerdos: el convenio con la Municipalidad de Larroque de 2025 para integrar la Red Federal de Centros de Mediaci\u00f3n Comunitaria, el convenio de 2019 con el Ministerio P\u00fablico entrerriano para el patrocinio de v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero en el marco de la Ley 27.210, el convenio de 2018 -con actas complementarias de 2022- para el sistema de dispositivos duales de monitoreo de agresores y v\u00edctimas de violencia dom\u00e9stica, y la reciente adhesi\u00f3n al programa de trata. Pero ning\u00fan organismo inform\u00f3 los montos, el \u00fanico de los tres elementos requeridos que permite dimensionar el compromiso presupuestario real de cada acuerdo. La omisi\u00f3n, transversal a todas las \u00e1reas que respondieron, deja el punto contestado apenas a medias y habilita un pedido complementario.<\/p>\n El cuadro que emerge del expediente se inscribe en un patr\u00f3n que esta serie de investigaciones sobre la presencia del Estado nacional en Entre R\u00edos viene documentando organismo por organismo: la delegaci\u00f3n del ENACOM cerrada en marzo de 2024, la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad sin obras nuevas iniciadas desde diciembre de 2023, las vacantes sin concursar en la justicia federal. El Ministerio de Justicia suma ahora su cap\u00edtulo: dos centros de atenci\u00f3n cerrados, cuatro contratados transitorios como \u00fanica dotaci\u00f3n territorial, dos abogadas para el patrocinio de ni\u00f1os abusados en toda la provincia y una red de antecedentes penales que funciona, en los hechos, gracias a la estructura de la Polic\u00eda entrerriana y a convenios firmados hace un cuarto de siglo.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Una respuesta oficial del Ministerio de Justicia de la Naci\u00f3n a un pedido de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica de AN\u00c1LISIS confirm\u00f3 que los Centros de Acceso a la Justicia de Concordia y Paran\u00e1 dejaron de funcionar entre 2024 y 2025. 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