Este lunes 20 de julio se reanuda la actividad ordinaria en los tribunales entrerrianos y, con ella, un calendario cargado como pocas veces: votos pendientes en la Corte Suprema de Justicia que pueden devolver a la c\u00e1rcel al exgobernador Sergio Urribarri, al exministro Pedro B\u00e1ez y a Juan Pablo Aguilera; una causa por coimas elevada a juicio que espera fecha de debate; un expediente por enriquecimiento il\u00edcito paralizado por una apelaci\u00f3n que debe resolver Casaci\u00f3n; y el primer juicio oral del semestre con fecha confirmada, la causa ATER, que comienza el 3 de agosto. Y a ello se puede sumar la reactivaci\u00f3n de la causa Securitas, donde aparecen involucrados los hermanos T\u00f3rtul y varios exfuncionarios de ENERSA de la administraci\u00f3n del exgobernador Gustavo Bordet.<\/p>\n
La feria de invierno, que se extendi\u00f3 del 6 al 17 de julio, funcion\u00f3 como un par\u00e9ntesis en un a\u00f1o que ya ven\u00eda marcado por resoluciones de peso. Lo que viene ahora es la etapa en la que buena parte de los expedientes de corrupci\u00f3n m\u00e1s importantes de la historia institucional de la provincia deber\u00e1n encontrar, finalmente, su desenlace. Y el orden de los factores no es casual: casi todos los caminos conducen, de una u otra forma, a Sergio Daniel Urribarri, el hombre que concentra la mayor cantidad de frentes judiciales abiertos de la pol\u00edtica entrerriana.<\/p>\n
El primer frente, y el de mayor voltaje, se dirime a 470 kil\u00f3metros de Paran\u00e1, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. All\u00ed, la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n tiene a resoluci\u00f3n el recurso de queja vinculado a las condenas del denominado Megajuicio, el proceso que en abril de 2022 termin\u00f3 con Urribarri sentenciado a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n perpetua para ejercer cargos p\u00fablicos, por reunir dineros p\u00fablicos al servicio de su campa\u00f1a presidencial. En esa misma sentencia -dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paran\u00e1 integrado por Jos\u00e9 Mar\u00eda Chemez, Elvio Garz\u00f3n y Carolina Castagno-, fueron condenados a seis a\u00f1os y seis meses de c\u00e1rcel el exministro de Cultura y Comunicaci\u00f3n Pedro \u00c1ngel B\u00e1ez y el cu\u00f1ado del exgobernador y exfuncionario del Senado provincial, Juan Pablo Aguilera.<\/p>\n
La C\u00e1mara de Casaci\u00f3n Penal ratific\u00f3 las condenas en 2023 y, en abril de 2024, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia rechaz\u00f3 el recurso de queja de las defensas, con lo cual las sentencias quedaron firmes en territorio entrerriano. Pero seis meses despu\u00e9s, en octubre de 2024, el propio STJ tom\u00f3 una decisi\u00f3n tan pol\u00e9mica como determinante: con los votos de Gisela Schumacher -que modific\u00f3 su posici\u00f3n inicial- y Germ\u00e1n Carlomagno, y la disidencia de Miguel \u00c1ngel Giorgio, concedi\u00f3 los recursos extraordinarios federales y habilit\u00f3 a los condenados a llegar a la Corte Suprema. El argumento fue una supuesta incongruencia entre los vocales que hab\u00edan confirmado la sentencia. La resoluci\u00f3n tuvo, adem\u00e1s, una particularidad dif\u00edcil de explicar: se le concedi\u00f3 la v\u00eda recursiva a B\u00e1ez pese a que su defensa, por un error en la firma del escrito, ni siquiera la hab\u00eda solicitado.<\/p>\n
Aquella decisi\u00f3n permiti\u00f3 que las condenas no quedaran firmes y que los sentenciados recuperaran la libertad. Urribarri y Aguilera hab\u00edan pasado 50 d\u00edas con prisi\u00f3n preventiva hasta que el STJ orden\u00f3 soltarlos en enero de 2025, mientras que B\u00e1ez transita el proceso bajo la modalidad de prisi\u00f3n domiciliaria, en su casa quinta de calle Jozami de la capital entrerriana. Desde octubre de 2025, el recurso de queja comenz\u00f3 a moverse en la Corte Suprema. Todo indica que ya votaron los tres ministros, pero a\u00fan no se inform\u00f3 al respecto y permanece en un sector burocr\u00e1tico del alto cuerpo. Al parecer, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz habr\u00edan votado en la misma sinton\u00eda y de esa manera confirmar\u00edan los fallos de los jueces entrerrianos. Si efectivamente el m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds rechaza la queja y convalida lo resuelto en primera instancia, en Casaci\u00f3n y en el STJ, los tres condenados deben volver a la c\u00e1rcel de Paran\u00e1. Urribarri pasar\u00eda a la historia no solamente como el primer gobernador entrerriano reelecto en forma consecutiva, sino como el primero en cumplir una condena de prisi\u00f3n por corrupci\u00f3n con sentencia firme en las cuatro instancias.<\/p>\n
El segundo frente tambi\u00e9n tiene al exgobernador como protagonista y es, de todos los expedientes elevados a juicio sin fecha de debate, el m\u00e1s maduro: la causa Coimas. La investigaci\u00f3n, que se gener\u00f3 tras una denuncia de AN\u00c1LISIS<\/strong> en 2017, sostiene que Urribarri, primero como ministro de Gobierno y luego como titular del Poder Ejecutivo, se interes\u00f3 en favorecer sistem\u00e1ticamente a la firma Relevamientos Catastrales S.A. (RELCAT), presidida por el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, su socio y amigo, en la contrataci\u00f3n de desarrollo e implementaci\u00f3n de software para la administraci\u00f3n p\u00fablica provincial. El Ministerio P\u00fablico Fiscal pidi\u00f3 para el exgobernador una condena de diez a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n Tras un proceso de remisi\u00f3n que se oraliz\u00f3 en m\u00faltiples audiencias entre marzo de 2024 y marzo de 2025, el juez de Garant\u00edas Juli\u00e1n Vergara envi\u00f3 el legajo a juicio oral. En el banquillo se sentar\u00e1n, junto a Urribarri y Cardona Herreros, el exdirector de Inform\u00e1tica Carlos Marcelo Haidar. Los dem\u00e1s exfuncionarios de la gesti\u00f3n urribarrista alcanzados por la investigaci\u00f3n eligieron otro camino: el del juicio abreviado, que implica reconocer el delito cometido a cambio de penas menores. Por esa v\u00eda pasaron el exsecretario de Presupuesto y Finanzas Luis Alfonso Erbes, el exsecretario de Hacienda Jos\u00e9 Humberto Flores y Guillermo Smaldone -condenado a dos a\u00f1os y ocho meses de prisi\u00f3n condicional y una multa-, adem\u00e1s del exdirector General de Ajustes y Liquidaciones Miguel \u00c1ngel Ulrich, quien suscribi\u00f3 en febrero de este a\u00f1o el acuerdo en el que admiti\u00f3 su responsabilidad en el favorecimiento sistem\u00e1tico de RELCAT. Esos reconocimientos de culpabilidad no son un dato menor: llegan al debate oral como piezas que ya describen, de pu\u00f1o y letra de sus protagonistas, el funcionamiento del esquema de coimas.<\/p>\n El \u00faltimo eslab\u00f3n procesal se cerr\u00f3 el 8 de mayo de 2026, cuando la Sala Penal N\u00ba 1 del Superior Tribunal de Justicia rechaz\u00f3 por mayor\u00eda -con los votos de Miguel \u00c1ngel Giorgio y Susana Medina, y la disidencia de Daniel Omar Carubia- los recursos de queja de las defensas de Urribarri, Cardona Herreros y Haidar, y dej\u00f3 expedito el camino hacia el debate oral, sin nuevas revisiones extraordinarias sobre nulidades, exclusiones probatorias y pedidos de sobreseimiento. Con las v\u00edas recursivas a nivel provincial agotadas, la fijaci\u00f3n de fecha por parte de la Oficina de Gesti\u00f3n de Audiencias es una de las decisiones que la reanudaci\u00f3n de la actividad judicial puede destrabar en las pr\u00f3ximas semanas. Ser\u00e1 el dato a seguir con atenci\u00f3n.<\/p>\n El tercer frente es la causa por enriquecimiento il\u00edcito, la m\u00e1s antigua de las que pesan sobre el exmandatario: naci\u00f3 de una denuncia presentada en 2015 por los abogados Rub\u00e9n Pagliotto y Guillermo Mulet, despu\u00e9s de la publicaci\u00f3n de la revista AN\u00c1LISIS<\/strong> dos semanas antes. Seg\u00fan la pericia contable del Ministerio P\u00fablico Fiscal, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015 Urribarri increment\u00f3 su patrimonio en 1.546.772 pesos, 7.245.441 d\u00f3lares y 16.300 euros, un crecimiento que no pudo justificar. En la maniobra habr\u00eda participado, otra vez, Cardona Herreros, se\u00f1alado como presunto testaferro. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano pidieron cinco a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n para el exgobernador y cinco a\u00f1os de cumplimiento efectivo para el empresario.<\/p>\n Las audiencias de remisi\u00f3n a juicio se desarrollaron entre marzo y abril de este a\u00f1o ante el juez de Garant\u00edas Mariano Budasoff, quien qued\u00f3 a cargo del expediente luego de que prosperara la recusaci\u00f3n contra Juli\u00e1n Vergara, decisi\u00f3n que a su vez fue apelada por la Fiscal\u00eda por entender afectada la garant\u00eda del juez natural. A fines de marzo, Budasoff rechaz\u00f3 los pedidos de sobreseimiento por prescripci\u00f3n, afectaci\u00f3n del plazo razonable y ne bis in idem que plantearon las defensas. Pero concedi\u00f3, con efecto suspensivo, la apelaci\u00f3n contra el rechazo de las exclusiones probatorias: en discusi\u00f3n est\u00e1n dos informes del Gabinete de Inform\u00e1tica Forense y los elementos secuestrados en el allanamiento de un inmueble del country San Jorge Village, en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires. Ese efecto suspensivo implic\u00f3 la paralizaci\u00f3n de las audiencias de remisi\u00f3n hasta que el planteo sea resuelto en la instancia revisora. Es el otro despacho que el fin de la feria puede poner en movimiento: mientras no haya resoluci\u00f3n, la tercera causa contra Urribarri sigue congelada.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n B\u00e1ez, un enriquecimiento con elevaci\u00f3n a juicio pendiente<\/strong><\/p>\n El exministro que aguarda, junto a Urribarri y Aguilera, la definici\u00f3n de la Corte Suprema por el Megajuicio tiene adem\u00e1s un frente judicial propio que puede deparar novedades en el corto plazo: la causa por presunto enriquecimiento il\u00edcito que se le sigue desde octubre de 2016, abierta como desprendimiento de las investigaciones que desembocaron en aquella condena. El informe contable elaborado en el marco de la pesquisa concluy\u00f3 que Pedro \u00c1ngel B\u00e1ez increment\u00f3 su patrimonio de manera injustificada en 4.179.885 pesos hist\u00f3ricos, equivalentes a 632.053 d\u00f3lares. En el expediente figuran, entre otros bienes, la casa quinta de la zona de Toma Vieja -la misma en la que hoy cumple la prisi\u00f3n domiciliaria-, una casona de calle Cervantes, un yate modelo Mamba 25 bautizado Petit Pois, amarrado en el Club N\u00e1utico y valuado en unos 50 mil d\u00f3lares, y la firma Innova Turismo, de la que su entonces esposa era socia. La Fiscal\u00eda sostiene, adem\u00e1s, que existen elementos para considerar probable que el empresario Germ\u00e1n Buffa haya actuado como testaferro del exfuncionario.<\/p>\n En abril de 2025, los fiscales Juan Francisco Ram\u00edrez Montrull y Gonzalo Badano requirieron ante la jueza de Garant\u00edas Elisa Zilli la elevaci\u00f3n a juicio del expediente, con un pedido de pena de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n efectiva para B\u00e1ez y de tres a\u00f1os y medio para su exesposa, Sof\u00eda Riquelme, a quien atribuyen el delito en car\u00e1cter de part\u00edcipe primaria. La defensa contraatac\u00f3 con un planteo de sobreseimiento por violaci\u00f3n del plazo razonable, con el argumento de que la investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en 2016 y reci\u00e9n en noviembre de 2023 el exministro fue intimado formalmente por enriquecimiento. La resoluci\u00f3n sobre esa remisi\u00f3n es, precisamente, una de las definiciones que la reanudaci\u00f3n de la actividad judicial puede destrabar: si el expediente supera la etapa intermedia, B\u00e1ez quedar\u00e1 en condiciones de afrontar su segundo juicio oral, esta vez por el patrimonio que la Fiscal\u00eda considera inexplicable.<\/p>\n Mientras tanto, el 3 de agosto de 2026 comienza el juicio oral de la causa ATER, seg\u00fan dispuso la Oficina de Gesti\u00f3n de Audiencias del Poder Judicial. El expediente se origin\u00f3 en las denuncias presentadas en 2014 por Marcelo Casaretto, quien fue director Ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre R\u00edos entre 2011 y 2015, y fue elevado a juicio en 2021. La Fiscal\u00eda de Estado de la provincia, constituida como querellante, adhiri\u00f3 al pedido de elevaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal. Casaretto fue citado a comparecer como denunciante, un rol que en el sistema procesal entrerriano lo ubica como testigo clave, mientras la acusaci\u00f3n queda en manos de la Fiscal\u00eda. Ser\u00e1, as\u00ed, el primer debate oral de una causa de corrupci\u00f3n administrativa del semestre.<\/p>\n Detr\u00e1s de estos cuatro frentes se despliega el resto del rosario de expedientes que aguardan definici\u00f3n. El caso m\u00e1s prolongado es el del exdiputado provincial del PJ por Nogoy\u00e1 y titular de UPCN Entre R\u00edos, Jos\u00e9 \u00c1ngel Allende: se cumplen 14 a\u00f1os desde que AN\u00c1LISIS public\u00f3, en marzo de 2012, la denuncia period\u00edstica que dio origen a la causa. Allende intent\u00f3 en dos oportunidades cerrar el expediente mediante juicios abreviados que fueron sistem\u00e1ticamente rechazados por la Justicia. En el acuerdo de agosto de 2021 lleg\u00f3 a reconocer un enriquecimiento il\u00edcito superior a 1.069.841 d\u00f3lares, adem\u00e1s de delitos de negociaciones incompatibles con la funci\u00f3n p\u00fablica y amenazas. Pese a todo, enfrenta reci\u00e9n ahora la perspectiva concreta de un juicio oral, todav\u00eda sin fecha, mientras se mantiene como uno de los dirigentes gremiales de mejor di\u00e1logo con el gobierno de Rogelio Frigerio. En la misma lista de causas elevadas y sin fecha de debate se inscriben los expedientes por delitos de corrupci\u00f3n que involucran al actual intendente de Santa Elena y aliado pol\u00edtico del gobernador, Domingo Daniel Rossi.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Securitas, el frente federal que puede reactivarse<\/strong><\/p>\n A los expedientes provinciales se suma un frente federal que puede volver a moverse en cualquier momento y que apunta de lleno al coraz\u00f3n del gobierno de Gustavo Bordet: la causa Securitas, que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro bajo la instrucci\u00f3n de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con el impulso del fiscal Fernando Dom\u00ednguez. La investigaci\u00f3n naci\u00f3 de una auditor\u00eda interna de la filial argentina de la multinacional sueca de seguridad, que en 2019 detect\u00f3 pagos de coimas a funcionarios p\u00fablicos desde al menos 2013 para garantizar contratos con organismos estatales de todo el pa\u00eds. En la autodenuncia posterior, la propia empresa admiti\u00f3 haber pagado sobornos a representantes de AySA, el Renaper, el Senasa, la Anmac y ENERSA, la distribuidora el\u00e9ctrica estatal entrerriana que se convirti\u00f3 en el epicentro del cap\u00edtulo provincial del expediente.<\/p>\n En mayo de 2024, Arroyo Salgado proces\u00f3 a los empresarios paranaenses Claudio y Marcelo T\u00f3rtul y a los gerentes de ENERSA Marcelo Morales, Juan Carlos Pimentel y Alejandro Cis, y un a\u00f1o despu\u00e9s la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n ratific\u00f3 su competencia sobre el tramo entrerriano. El coraz\u00f3n probatorio de la causa es un peritaje de 25.557 p\u00e1ginas de conversaciones de WhatsApp extra\u00eddas de los tel\u00e9fonos de los hermanos T\u00f3rtul, que abarca desde diciembre de 2016 hasta abril de 2024 y menciona al exgobernador Bordet en 98 ocasiones, con referencias directas a supuestos pagos ilegales que habr\u00edan llegado hasta el propio exmandatario, como as\u00ed tambi\u00e9n al exvicegobernador Ad\u00e1n Bahl, actual senador nacional del PJ entrerriano. Son varios los exfuncionarios y actuales funcionarios que aparecen mencionados en esos chats (incluso el actual gobernador, en los meses previos a su asunci\u00f3n al cargo), pero la jueza solo le apunt\u00f3 al exsecretario general de la Gobernaci\u00f3n y exsenador nacional del PJ, Edgardo Kuaider, pese a que en los chats solo se nombra a un tal \u201cQuaider\u201d, que ser\u00eda otra persona oriunda de Concordia.<\/p>\n La causa, adem\u00e1s, mostr\u00f3 movimiento hasta las puertas de la feria: a comienzos de julio, a pedido del fiscal Dom\u00ednguez, ENERSA remiti\u00f3 al juzgado de San Isidro listas de nombres, poderes y su investigaci\u00f3n interna. De esa documentaci\u00f3n surge un dato demoledor: solo entre 2022 y 2024, la distribuidora pag\u00f3 a la empresa de los T\u00f3rtul m\u00e1s de 1.300 millones de pesos por encima de lo que correspond\u00eda por el servicio de seguridad, con sobreprecios y sobrepagos de casi el 900 por ciento. ENERSA otorg\u00f3 tambi\u00e9n un poder especial al fiscal de Estado, Julio Rodr\u00edguez Signes, para promover acciones legales contra Securitas en procura de una reparaci\u00f3n patrimonial por los da\u00f1os sufridos, aunque hasta el momento no se inform\u00f3 oficialmente ning\u00fan avance en ese sentido. En paralelo, el Ministerio P\u00fablico Fiscal de Entre R\u00edos mantiene abierta una investigaci\u00f3n sobre el patrimonio declarado por Bordet, todav\u00eda sin imputaci\u00f3n formal. Cada nuevo despacho de Arroyo Salgado tiene, por eso, potencial para sacudir el tablero pol\u00edtico provincial: es el \u00fanico expediente en el que las esquirlas alcanzan, simult\u00e1neamente, a un exgobernador, a un senador nacional en ejercicio y a un exsenador detenido en el extranjero.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Este lunes 20 de julio se reanuda la actividad ordinaria en los tribunales entrerrianos y, con ella, un calendario cargado como pocas veces: votos pendientes en la Corte Suprema de Justicia que pueden devolver a la c\u00e1rcel al exgobernador Sergio Urribarri, al exministro Pedro B\u00e1ez y a Juan Pablo Aguilera; una causa por coimas elevada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":18020,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-18019","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18019","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18019"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18019\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/18020"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18019"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18019"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18019"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![](\"https:\/\/www.analisisdigital.com.ar\/sites\/default\/files\/imagenes\/inline-images\/pedro-baez.jpg\")
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