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Ante un pedido de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica de AN\u00c1LISIS,<\/strong> la Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n se neg\u00f3 a informar el presupuesto asignado a sus dependencias en la provincia entre 2023 y 2026. En el mismo expediente detall\u00f3, a\u00f1o por a\u00f1o, las causas por narcotr\u00e1fico, contrabando, lavado de activos, trata y corrupci\u00f3n, tramitadas en el fuero federal entrerriano. Y aunque admiti\u00f3 seis fiscal\u00edas federales vacantes, este 8 de julio la Procuraci\u00f3n convoc\u00f3 a concurso para tres de ellas, mientras las dos de mayor jerarqu\u00eda siguen sin llamado.<\/p>\n Hay una pregunta que el Estado argentino, a esta altura del siglo, deber\u00eda poder responder sin demasiado esfuerzo: cu\u00e1nto dinero destina a sostener el funcionamiento de la Justicia Federal en una provincia. AN\u00c1LISIS<\/strong> la formul\u00f3 por la v\u00eda formal, mediante un pedido de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica amparado en la Ley 27.275, y la respuesta del Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Naci\u00f3n fue tan breve como elocuente. No puede decirlo.<\/p>\n La solicitud, registrada bajo el n\u00famero AIP N\u00b0 792 y cursado a trav\u00e9s de la Agencia de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica del organismo, reclamaba entre otros puntos el detalle del presupuesto y los recursos asignados a las dependencias del Ministerio P\u00fablico Fiscal con asiento en Entre R\u00edos durante los ejercicios 2023 a 2026. La contestaci\u00f3n, con la firma del secretario general de Administraci\u00f3n Esteban Ubieta, plante\u00f3 sin rodeos una imposibilidad de origen: las fiscal\u00edas, unidades fiscales, \u00e1reas y dependencias del Ministerio no cuentan con una asignaci\u00f3n espec\u00edfica de gastos dentro del presupuesto. Sus erogaciones, se explica, se atienden con el presupuesto general del organismo. Por eso, concluye el escrito, \u201cno es posible desagregar los rubros de manera exclusiva para cada dependencia ni para cada jurisdicci\u00f3n\u201d.<\/p>\n El funcionario aclar\u00f3 que la situaci\u00f3n no implica que los gastos de las dependencias entrerrianas hayan quedado desatendidos, sino \u00fanicamente que no poseen una partida propia dentro del Presupuesto Nacional. En consecuencia, sostiene, resulta \u201cdificultoso y pr\u00e1cticamente imposible discriminar los gastos exclusivos de cada jurisdicci\u00f3n\u201d, dado que existen gastos comunes y compartidos.<\/p>\n El pedido de AN\u00c1LISIS<\/strong> no se agotaba en la cuesti\u00f3n presupuestaria. Reclamaba tambi\u00e9n la n\u00f3mina de fiscal\u00edas y unidades fiscales con asiento en Entre R\u00edos, la dotaci\u00f3n de personal de cada una, el estado de las vacantes y una serie de indicadores sobre la actividad penal del fuero federal en la provincia. A esos puntos el Ministerio s\u00ed respondi\u00f3: remiti\u00f3 al Mapa de Fiscal\u00edas y a la secci\u00f3n de Transparencia Activa de su sitio institucional para la n\u00f3mina y el personal, y aport\u00f3 datos concretos sobre concursos y causas. La \u00fanica negativa lisa y llana recay\u00f3 sobre el dinero.<\/p>\n La explicaci\u00f3n tiene una l\u00f3gica administrativa atendible. Tambi\u00e9n tiene un problema. Y el problema no lo introduce este medio: lo introduce el propio expediente. Porque en el mismo pedido, y al responder otros puntos, el Ministerio P\u00fablico Fiscal s\u00ed desagreg\u00f3 por jurisdicci\u00f3n. Y lo hizo con una precisi\u00f3n notable. La Direcci\u00f3n General de Desempe\u00f1o Institucional elabor\u00f3 una planilla con la cantidad de causas tramitadas en el fuero federal de la provincia, discriminadas por tipo de delito, por a\u00f1o y por estado procesal. Es decir: el mismo organismo que asegura no poder atribuir un solo peso de gasto a Entre R\u00edos s\u00ed puede contar, expediente por expediente, cu\u00e1nta actividad penal produce en Entre R\u00edos.<\/p>\n La incongruencia es m\u00e1s que una curiosidad burocr\u00e1tica. Si el sistema de gesti\u00f3n permite saber cu\u00e1ntas causas por narcotr\u00e1fico o por lavado de activos se sustancian en una jurisdicci\u00f3n determinada, la afirmaci\u00f3n de que el dinero destinado a esa misma jurisdicci\u00f3n es indivisible, imposible de estimar, resulta cuando menos discutible. El Estado mide su trabajo por territorio, pero declara que no puede medir su gasto por territorio. La transparencia se detiene, curiosamente, justo donde empieza el dinero.<\/p>\n La Ley 27.275 parte, adem\u00e1s, de un principio inverso al que invoca el Ministerio. La informaci\u00f3n p\u00fablica se presume accesible, y las excepciones para denegarla deben interpretarse de manera restrictiva y estar debidamente fundadas. La imposibilidad pr\u00e1ctica que alega la Secretar\u00eda de Administraci\u00f3n no figura entre las causales taxativas que la norma habilita para negar informaci\u00f3n: no se trata de un dato reservado, ni de secreto fiscal, ni de una cuesti\u00f3n de seguridad. Se trata, seg\u00fan la propia respuesta, de una dificultad de contabilidad interna. Y una dificultad de contabilidad interna del Estado no puede transformarse, sin m\u00e1s, en un l\u00edmite al derecho de la ciudadan\u00eda a saber.<\/p>\n El expediente reserv\u00f3 otra revelaci\u00f3n, y una paradoja. Consultada por las vacantes de fiscales federales en Entre R\u00edos, la Secretar\u00eda de Concursos del Ministerio P\u00fablico Fiscal enumer\u00f3, al 8 de julio, seis cargos sin cubrir. Y en cinco de ellos, seg\u00fan esa misma respuesta, ni siquiera exist\u00eda un concurso convocado para llenarlos.<\/p>\n Estaban vacantes la Fiscal\u00eda General ante la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Paran\u00e1 y la Fiscal\u00eda General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepci\u00f3n del Uruguay, dos de los cargos de mayor jerarqu\u00eda del Ministerio P\u00fablico en la provincia. A ellos se sumaban las fiscal\u00edas ante los juzgados federales de Concordia, de Victoria y de Paran\u00e1. El sexto caso, la fiscal\u00eda ante el Juzgado Federal de Gualeguaych\u00fa, hab\u00eda tramitado el Concurso N\u00b0 122, que el Procurador General de la Naci\u00f3n aprob\u00f3 y concluy\u00f3 el 27 de marzo de 2024, con la elevaci\u00f3n de la terna al Poder Ejecutivo Nacional. M\u00e1s de dos a\u00f1os despu\u00e9s, la designaci\u00f3n sigue pendiente en manos del Ejecutivo. La terna existe. El nombramiento, no.<\/p>\n Pero la foto que el Ministerio le entreg\u00f3 a AN\u00c1LISIS<\/strong> qued\u00f3 desactualizada casi de inmediato. Ese mismo 8 de julio, el procurador general interino Eduardo Casal convoc\u00f3, mediante la Resoluci\u00f3n PGN N\u00b0 40\/26, al Concurso N\u00b0 137, que incluye vacantes en tres de las fiscal\u00edas entrerrianas que la propia respuesta daba como sin concurso: las de Concordia, Victoria y Paran\u00e1. El llamado, que abarca adem\u00e1s cargos en Rosario, Santa Fe y Mercedes, forma parte de una convocatoria nacional por diecisiete vacantes en diez provincias. Las inscripciones se extienden hasta el 25 de septiembre y el sorteo del tribunal evaluador est\u00e1 previsto para el 17 de diciembre.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/p>\n