Un procedimiento judicial realizado este viernes en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de San Jos\u00e9 de Feliciano provoc\u00f3 una fuerte respuesta del gobierno municipal, que emiti\u00f3 un comunicado p\u00fablico para cuestionar el allanamiento ordenado en el marco de una investigaci\u00f3n penal que tramita en la fiscal\u00eda local.<\/p>\n
El operativo se llev\u00f3 a cabo en las instalaciones del CIC y fue solicitado dentro de un legajo penal que indaga informaci\u00f3n vinculada a atenciones del \u00e1rea de salud mental. Seg\u00fan precisaron, el objetivo del procedimiento fue secuestrar o acceder a documentaci\u00f3n administrativa relacionada con la asistencia de pacientes atendidos por profesionales que prestan servicios en ese espacio comunitario.<\/p>\n
Tras el procedimiento, la Municipalidad difundi\u00f3 un comunicado en el que expres\u00f3 su \u201cabsoluta posici\u00f3n\u201d frente al operativo y asegur\u00f3 que siempre estuvo dispuesta a colaborar con la Justicia.<\/p>\n
Qu\u00e9 documentaci\u00f3n se buscaba<\/p>\n
Desde la comuna explicaron que el CIC no conserva historias cl\u00ednicas ni legajos terap\u00e9uticos de los pacientes atendidos por profesionales de salud mental. Se\u00f1alaron que ese tipo de documentaci\u00f3n forma parte de la pr\u00e1ctica profesional de cada psic\u00f3logo y permanece bajo su custodia, amparada por el secreto profesional.<\/p>\n
En el centro comunitario, agregaron, s\u00f3lo existen registros administrativos de atenci\u00f3n en los que se consignan datos b\u00e1sicos de la asistencia y c\u00f3digos de consulta utilizados por los profesionales.<\/p>\n
Seg\u00fan el municipio, esa modalidad de registro ya hab\u00eda sido informada previamente a la fiscal\u00eda en respuesta a un oficio judicial remitido antes del procedimiento.<\/p>\n
El planteo del municipio<\/p>\n
En su posicionamiento institucional, el Ejecutivo municipal remarc\u00f3 que la informaci\u00f3n vinculada a tratamientos psicol\u00f3gicos est\u00e1 especialmente protegida por normas de confidencialidad y por los c\u00f3digos de \u00e9tica profesional que rigen el ejercicio de la psicolog\u00eda.<\/p>\n
Advirtieron que la obtenci\u00f3n o manipulaci\u00f3n de datos relacionados con la salud mental exige \u201cparticular prudencia\u201d, dado que se trata de informaci\u00f3n sensible vinculada a la privacidad de los pacientes.<\/p>\n
El comunicado record\u00f3, adem\u00e1s, que el art\u00edculo 280 del C\u00f3digo Procesal Penal de Entre R\u00edos prev\u00e9 la posibilidad de requerir documentaci\u00f3n mediante una orden de presentaci\u00f3n, un mecanismo pens\u00e9 para evitar medidas m\u00e1s gravosas como allanamientos o secuestros.<\/p>\n
Por ese motivo, desde la comuna sostuvieron que la medida judicial \u201cplantea interrogantes respecto de su razonabilidad\u201d, especialmente considerando la protecci\u00f3n que puede brindar el secreto profesional sobre esa documentaci\u00f3n.<\/p>\n
Posici\u00f3n institucional<\/p>\n
Finalmente, la Municipalidad reafirm\u00f3 su compromiso con la cooperaci\u00f3n institucional y la transparencia en la gesti\u00f3n p\u00fablica, aunque cuestion\u00f3 lo que defini\u00f3 como un uso \u201cirrazonado\u201d de procedimientos que, a su entender, pueden generar preocupaci\u00f3n innecesaria en la comunidad.<\/p>\n
Hasta el momento no trascendieron mayores detalles del legajo penal que motiv\u00f3 la medida ni est\u00e1 confirmado si se produjeron secuestros de documentaci\u00f3n durante el operativo.
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