\nTal como anticip\u00f3 \u00c1mbito, el proceso de licitaci\u00f3n de la Hidrov\u00eda<\/strong>, por donde se transporta cerca del 80% de las exportaciones de granos y derivados nacionales, evidenci\u00f3 una serie de irregularidades que la Justicia no soslay\u00f3. El Ministerio P\u00fablico Fiscal <\/strong>avanz\u00f3 con una investigaci\u00f3n por omisiones de pasos o alteraciones concretas <\/strong>en el concurso que define qui\u00e9n se queda con la concesi\u00f3n de un negocio millonario, que involucra a capitales internacionales con intereses argentinos.<\/p>\n<\/article>\n\nEl contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.<\/p>\n
suscribirse<\/button><\/span> ya estoy suscripto<\/button><\/span> <\/p>\n<\/section>\n\nEl dictamen del Ministerio P\u00fablico, que qued\u00f3 circunscripto a la Procuradur\u00eda Investigaciones Administrativas (PIA)<\/strong>, consider\u00f3 que algunos pasos del proceso de licitaci\u00f3n “merecen reproche administrativo y podr\u00edan derivar en consecuencias penales”<\/strong>. En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que si bien la Agencia Nacional de Puertos y Navegaci\u00f3n (ANPYN)<\/strong> aprob\u00f3 los pliegos del concurso, el organismo judicial recibi\u00f3 “una serie de denuncias<\/strong> y\/o presentaciones en las cuales se se\u00f1alaban irregularidades del procedimiento y los pliegos licitatorios<\/strong>” provenientes de organizaciones ambientalistas, integrantes de consorcios portuarios e incluso una de las firmas participantes.<\/p>\n<\/article>\n\nEn su presentaci\u00f3n, la PIA constat\u00f3 “una grave vulneraci\u00f3n al principio de transparencia<\/strong> debido a la carencia de par\u00e1metros objetivos para la calificaci\u00f3n de ciertos aspectos de las ofertas t\u00e9cnicas”. Ante ello, consider\u00f3 que la “ausencia de reglas claras otorga a la Comisi\u00f3n Evaluadora un margen de discrecionalidad excesivo<\/strong>, habilitando la posibilidad de que los criterios de calificaci\u00f3n sean adaptados de forma subjetiva o arbitraria con posterioridad a la apertura de los sobres, lo cual lesiona directamente la libre competencia”.<\/p>\n<\/article>\n\nLos dos grupos que est\u00e1n involucrados en la licitaci\u00f3n son los belgas Jan De Nul<\/strong> -que opera en la Hidrov\u00eda desde 1995- y DEME<\/strong>. En el proceso, se habr\u00edan dejado afuera a las firmas m\u00e1s competitivas, de origen chino. El pliego de Jan De Nul contiene un esquema integral que combina dragado, balizamiento y servicios adicionales: all\u00ed aparecer\u00edan los actores nacionales como socios ocultos, <\/strong>dado que el modelo de contrato permite una cesi\u00f3n de la concesi\u00f3n.<\/p>\n<\/article>\n\nEntre ellos, se encuentran el Grupo Neuss<\/strong> -con un reciente crecimiento mete\u00f3rico en negocios que vinculan al Estado y lazos conocidos con Mauricio Macri <\/strong>y actores de la actual gesti\u00f3n, adem\u00e1s de ser aportantes de la think thank Fundaci\u00f3n Faro<\/strong>– y el Grupo Rom\u00e1n<\/strong>, fundado por el magnate de la log\u00edstica Alfredo Rom\u00e1n. <\/strong>En la trama tambi\u00e9n aparece el empresario Juan Ondarcuhu, l\u00edder del Grupo Servicios Portuarios SA, <\/strong>concesionario de las terminales portuarias VI y VII en el puerto de Rosario.<\/p>\n<\/article>\n\n\n
Neuss <\/p>\n<\/div>\n
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Patricio Neuss y Juan Neuss est\u00e1n construyendo un imperio diversificado haciendo negocios que vinculan al Estado.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/p><\/div>\n
Hidrov\u00eda: qu\u00e9 dice la investigaci\u00f3n judicial<\/h2>\n “La ANPYN repiti\u00f3 irregularidades que ya hab\u00edan sido advertidas<\/strong> en procedimientos licitatorios anteriores”, plantea la Justicia. Las pruebas quedaron en manos de la Fiscal\u00eda Federal N\u00b0 9 de la ciudad de Buenos Aires. Dentro de ellas, la PIA remarc\u00f3:<\/p>\n\nIncumplimiento de la Ley 27.566: <\/strong>sobre el acceso a la informaci\u00f3n ambiental durante el proceso de audiencia p\u00fablica, dado que se presentaron m\u00e1s de 9.000 p\u00e1ginas para analizar en un plazo breve para su consideraci\u00f3n. “El procedimiento instado de participaci\u00f3n ciudadana se redujo a un cumplimiento meramente formal y ritualista”, sostiene el documento.<\/li>\nCondiciones para la cesi\u00f3n del contrato: <\/strong>el modelo de contrato establece que el contrato de concesi\u00f3n podr\u00e1 cederse a un tercero si este cumple “requisitos similares” al cedente, transcurrido al menos el 20% del plazo del contrato o de la inversi\u00f3n comprometida. “Esta cl\u00e1usula atenta contra el principio de igualdad -que debe garantizarse en todas las etapas- respecto de otros oferentes que no fueron adjudicados o que se autoexcluyeron por no cumplir los requisitos exigidos, ya que permitir\u00eda que termine siendo concesionario alguien que originalmente no cumpl\u00eda con todas las condiciones”, expresa la PIA.<\/li>\nInadecuada redacci\u00f3n de la Cl\u00e1usula Anticorrupci\u00f3n: <\/strong>el pliego conserva una redacci\u00f3n que permitir\u00eda reconocer prestaciones al concesionario sobre la base del enriquecimiento sin causa, incluso tras haberse verificado una pr\u00e1ctica corrupta. El dictamen advirti\u00f3 sobre “la irracionalidad de compensar econ\u00f3micamente al sujeto activo del hecho il\u00edcito cuando su propio accionar irregular es el que origina la nulidad del v\u00ednculo contractual”.<\/li>\nLimitaci\u00f3n a la posibilidad de impugnar por parte de los oferentes: <\/strong>el pliego licitatorio establece una l\u00f3gica restrictiva donde solo pueden cuestionar la evaluaci\u00f3n de una etapa quienes hayan sido sujetos de evaluaci\u00f3n en ella. La PIA observ\u00f3 que esta disposici\u00f3n constituye “una restricci\u00f3n ileg\u00edtima al derecho de todo oferente a que todo el procedimiento se lleve adelante en un contexto de regularidad, razonabilidad e igualdad”.<\/li>\nLimitaci\u00f3n a la participaci\u00f3n de ciertas formas asociativas: <\/strong>el pliego licitatorio persiste en restringir la participaci\u00f3n de oferentes bajo la modalidad de Uni\u00f3n Transitoria de Empresas (UTE) sin brindar un sustento f\u00e1ctico o legal que justifique tal limitaci\u00f3n.<\/li>\nDistorsi\u00f3n en la forma de evaluaci\u00f3n de las ofertas<\/strong>: el dise\u00f1o del pliego “desnaturaliza el funcionamiento estructural del procedimiento de licitaci\u00f3n p\u00fablica de etapa m\u00faltiple. La irregularidad principal radica en la implementaci\u00f3n de una f\u00f3rmula de Puntaje Global de la Oferta (PGO) que vuelve a ponderar la calificaci\u00f3n t\u00e9cnica junto con la econ\u00f3mica en la instancia final. Esta doble valoraci\u00f3n desvirt\u00faa el prop\u00f3sito del sistema de etapas, en el cual el an\u00e1lisis t\u00e9cnico debiera operar estrictamente como un filtro de admisibilidad y capacidad”.<\/li>\nFalta de justificaci\u00f3n para la deuda pendiente con acreedores actuales: <\/strong>se mantuvo “la falta de justificaci\u00f3n sobre la inclusi\u00f3n de las deudas pendientes con los actuales acreedores” de la Hidrov\u00eda.<\/li>\n<\/ul>\n<\/article>\n\t\t<\/div>\n