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Luego de semanas de tensión y negociaciones internacionales, comenzó la evacuación de 11.000 marinos bloqueados en el estrecho de Ormuz con la activación de un operativo coordinado por la Organización Marítima Internacional (OMI), Irán, Omán, Estados Unidos y los países costeros del golfo Pérsico.

Las tripulaciones, que permanecieron atrapadas a bordo de cientos de buques debido al conflicto en Oriente Medio, recibieron finalmente la autorización para cruzar el estrecho tras la obtención de garantías de seguridad y la apertura de rutas alternativas.

Las autoridades marítimas internacionales organizaron la salida escalonada de los barcos luego de la firma de un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. También establecieron rutas alternativas para evitar las zonas peligrosas, ya que el canal principal quedó inutilizado por la presencia de minas.

Los capitanes y propietarios de las embarcaciones iniciaron el cruce tras recibir la autorización, bajo un estricto sistema de monitoreo y con el apoyo de los estados costeros, que supervisaron el convoy y controlaron los riesgos a lo largo de la travesía.

La crisis, que mantuvo bloqueados a los marinos durante semanas, se originó en el contexto de una guerra que dejó miles de muertos en Irán y Líbano y provocó la interrupción del flujo de hidrocarburos a través del estrecho. El acuerdo de alto el fuego permitió que las partes involucradas instalaran mesas de diálogo en Suiza, con la mediación de Pakistán y Qatar, para definir los términos de la reapertura y discutir asuntos pendientes, como el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales.

Las negociaciones técnicas concluyeron con la creación de grupos de trabajo dedicados al monitoreo nuclear y la administración conjunta del paso marítimo. El régimen de Irán, a través de sus voceros, rechazó la inspección internacional de sus instalaciones nucleares dañadas, mientras que la administración estadounidense aseguró que el acuerdo contempló concesiones sustanciales en materia de supervisión.

Washington, además, suspendió temporalmente las restricciones a la exportación de petróleo iraní y autorizó el desbloqueo de fondos para la compra de bienes específicos.

La administración de Ormuz, tras la crisis, pasó a depender de un sistema conjunto entre Irán y Omán, que evaluaron la posibilidad de imponer tasas de tránsito a los barcos comerciales. Estados Unidos y otros países expresaron su rechazo a esa medida y defendieron la libre navegación por rutas internacionales.

El operativo de evacuación, bajo la supervisión permanente de la OMI, establece un flujo diario de reportes sobre el avance de la operación y la cantidad de buques que lograron abandonar la región.

La salida de los marinos desde el golfo Pérsico, organizada en convoyes y con horarios programados, permitió que el tráfico petrolero recuperara niveles previos al conflicto y estabilizara los precios internacionales.

(Con información de AFP, Bloomberg y Reuters)

El primer Seminario Internacional de Inteligencia Artificial y Derecho, organizado por el Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (IARGS), reunió entre el 18 y 19 de junio de 2026, en Porto Alegre, a especialistas y profesionales de diversas disciplinas más funcionarios de Estado para debatir los desafíos jurídicos, institucionales y éticos de la inteligencia artificial. El encuentro, realizado en la Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), abordó una agenda amplia: regulación, gobernanza, derechos fundamentales, justicia, administración pública, salud, responsabilidad civil, penal y laboral, medio ambiente, sostenibilidad, transparencia decisoria y datos sensibles. Esa amplitud temática confirmó la relevancia institucional del Seminario en una discusión que atraviesa hoy al derecho, la política pública, la bioética y la vida social.

En ese marco, la intervención del rabino y académico argentino Fishel Szlajen permitió introducir una cuestión decisiva, la inteligencia artificial no sólo exige regulación técnica, sino una reflexión ética previa sobre aquello que ninguna sociedad debería delegar sin responsabilidad humana.

Consultado por Infobae, Szlajen expresó: “La inteligencia artificial suele ser presentada como sinónimo de eficiencia, innovación y progreso. Sin embargo, su aplicación en ámbitos sensibles obliga a formular una pregunta anterior a toda regulación. No sólo qué puede hacer la tecnología, sino qué corresponde permitirle hacer. Aquí aparece la importancia de una reflexión ética que no sea decorativa ni posterior al desarrollo técnico, sino constitutiva de su legitimidad”.

Su planteo se inscribe precisamente en esa línea. A partir de sus investigaciones, Szlajen ha desarrollado el marco de la Ética del Límite, una propuesta que busca distinguir entre capacidad y autorización, entre poder y responsabilidad, entre posibilidad técnica y legitimidad moral. En tiempos en que la automatización tiende a convertir decisiones humanas en procesos opacos, el límite deja de ser una restricción negativa para convertirse en condición de responsabilidad.

En este sentido, Szlajen especificó: “Esta perspectiva resulta especialmente relevante para el debate sobre inteligencia artificial y derecho. Los sistemas algorítmicos pueden asistir, ordenar información, detectar patrones o acelerar procedimientos. Pero cuando ingresan en campos como la salud, la justicia, la educación o la administración pública, la pregunta ética se vuelve ineludible: quién responde, con qué criterio se decide y qué lugar conserva la deliberación humana”.

Su intervención propuso pensar la tecnología desde la responsabilidad y no sólo desde la utilidad. La Ética del Límite sostiene que el progreso técnico necesita una gramática moral capaz de impedir que la eficiencia sustituya al juicio, que la delegación diluya la responsabilidad y que la complejidad técnica funcione como excusa para la opacidad.

En esa clave, su enfoque no se limitó a advertir sobre los riesgos de la inteligencia artificial, sino que propuso criterios concretos para ordenar la relación entre innovación, poder y responsabilidad. La inteligencia artificial no exige únicamente mejores normas, sino una comprensión más profunda de aquello que ninguna sociedad debería automatizar sin deliberación ética previa.

Su reciente reconocimiento con el Premio Konex 2026, Diploma al Mérito en Ética y Bioética, acompaña una trayectoria dedicada a pensar los dilemas públicos donde convergen bioética, derecho, tecnología, religión y responsabilidad institucional.

La presencia argentina en Porto Alegre, entonces, no debe leerse sólo como una participación académica. También expresa la posibilidad de que desde la Argentina se aporte pensamiento original a una discusión global. En un tiempo en que la inteligencia artificial reconfigura los márgenes de la acción humana, la ética no puede limitarse a corregir daños posteriores: debe anticipar, orientar y establecer criterios.

Szlajen concluyó: “El debate no es únicamente tecnológico ni jurídico, sino civilizatorio. La pregunta por el límite vuelve al centro porque toda sociedad debe decidir qué está dispuesta a automatizar, qué debe preservar bajo responsabilidad humana y qué dimensiones de la dignidad no pueden quedar subordinadas al cálculo”.

Su participación en Porto Alegre integró a la bioética argentina en un diálogo con juristas, académicos y especialistas internacionales que hoy discuten cómo avanzar con criterios éticos, jurídicos e institucionales capaces de orientar la inteligencia artificial.

El dólar estuvo negociado en alza en todos los segmentos del mercado, en una sesión financiera con cierta tensión desde el exterior por las bajas bursátiles. Con un monto operado de 645,7 millones en el segmento de contado el mayorista avanzó diez pesos o 0,7%, a $1.471,50, su precio más elevado desde el 2 de enero ($1.475).

El tipo de cambio oficial anota una suba de 63,50 pesos o 4,5% en junio, suba que se ajusta a 16,50 pesos o 1,1% en el 2026.

El Banco Central estableció una banda superior de su régimen cambiario en los $1.796,13, que deja al dólar mayorista a 324,63 pesos o 22,1% de ese límite de flotación.

Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, subrayó un “contexto externo, que repercute en depreciaciones en las monedas de la región, el dólar mayorista se vuelve a reacomodar ahora hasta cerca de $1.470, aunque aún dentro de una tónica ordenada y gradual. Incluso dicha dinámica en la plaza viene acompañada por una desaceleración en el ritmo de compras del BCRA, en busca posiblemente de morigerar el deslizamiento, mientras extiende la acumulación de reservas pero sin afectar la desinflación”.

En el Banco Nación el dólar al público subió diez pesos o 0,7%, a $1.490 para la venta, el precio más alto desde el 12 de enero.

El dólar blue también estiró la ganancia del día a diez pesos o 0,7%, a $1.505 para la venta, en lo más alto desde el 20 de enero. El dólar informal anota en lo que va de junio un ascenso de 75 pesos o 5,2 por ciento.

Las cotizaciones bursátiles -implícitas en activos que son operados en simultáneo en la plaza local y el exterior-también registraron sus precios más altos desde el 8 de enero, con un “contado con liquidación” en los 1.543 pesos.

“El menú a conocerse el miércoles de la licitación del viernes mostrará las herramientas que tiene Finanzas para administrar la suba del spot. Con un hedge provisto al sector privado que recortó significativamente en mayo, hay espacio para que vuelva a crecer. De igual manera, el ritmo de compras del BCRA seguirá siendo una variable a monitorear para entender en qué medida se quiere evitar la presión sobre el tipo de cambio”, señaló Portfolio Personal Inversiones.

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial la autorización para emitir hasta USD 5.000 millones bajo ley de Nueva York a través de préstamos respaldados por garantías de organismos multilaterales.

Desde Max Capital precisaron que “ya fueron aprobadas dos garantías: una garantía del Banco Mundial por USD 2.000 millones, que cubriría el préstamo en una proporción uno a uno, y una garantía del BID por USD 550 millones que otorgaría una cobertura de dos a uno, permitiendo obtener un préstamo sindicado de algo más de USD 3.000 millones. También se mencionó una garantía de CAF” por unos 250 millones de dólares.

“De todas formas, el Tesoro ya cuenta con recursos suficientes para afrontar los próximos vencimientos, con depósitos por USD 3.649 millones y $11,7 billones, -equivalentes a aproximadamente USD 8.000 millones- en depósitos en pesos”, añadieron desde Max Capital.

“De cara al segundo semestre, y ante una eventual caída estacional en el aporte de dólares del complejo agroexportador, hoy Vaca Muerta y la minería ya generan más divisas que el agro, marcando un cambio estructural en la matriz exportadora argentina. Esta diversificación fortalece la economía y reduce la vulnerabilidad externa, aunque persiste el riesgo de tensión si el agro aporta menos o si los proyectos energéticos y mineros enfrentan demoras”, expresó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) registró el mayor número de casos confirmados durante el primer mes de cualquier episodio de la enfermedad, dijo el martes un alto cargo de la Organización Mundial de la Salud, atribuyendo este aumento a su rápida propagación a las zonas urbanas.

El brote de la cepa Bundibugyo en la RDC, que ha contagiado a más de 1.000 personas y ha causado 267 muertes, se detectó tarde y, según los expertos, el virus ya llevaba meses circulando antes de que se declarara oficialmente el 15 de mayo.

Abdirahman Mahamud, de la OMS, explicó en una rueda de prensa en Ginebra que parte de la razón de la magnitud del brote radica en que algunos de los primeros casos confirmados se produjeron en centros urbanos, como Bunia y la ciudad minera de Mongbwalu.

Muchos brotes anteriores se identificaron primero en zonas rurales y, a menudo, se extinguieron rápidamente, señaló.

“Lo importante es que tenemos que intensificar la respuesta, ya que este brote avanza más rápido que nosotros”, declaró a la prensa tras regresar de Bunia la semana pasada.

Señaló algunos indicios de esperanza, destacando el rápido aumento del número de camas para pacientes de ébola hasta superar las 500 en las últimas dos semanas, así como los indicios de que la resistencia de la comunidad y la hostilidad hacia el personal de respuesta al ébola estaban empezando a remitir.

“Cada vez más comunidades son conscientes del riesgo que supone el ébola y solicitan recursos para protegerse y hacer frente a la situación”, indicó.

Los dos brotes de ébola más grandes registrados hasta ahora fueron uno en África Occidental —en Guinea, Sierra Leona y Liberia—, que se cobró la vida de 11.000 personas entre 2014 y 2016, y otro menos mortal en el Congo en 2018.

La República Democrática de Congo (RDC) elevó a 1.048 los casos confirmados en el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este del país, incluyendo 267 muertos, mientras se mantiene “una transmisión continua” de la enfermedad en las comunidades.

Según el último boletín difundido la pasada noche por el Ministerio congoleño de la Comunicación, que cubre los datos recogidos hasta el día 21, la tasa de letalidad se sitúa en un 25,5 % y se han detectado contagios en 34 del total de 104 zonas de salud que componen las tres provincias congoleñas afectadas.

Al menos 371 personas se encuentran “hospitalizadas o en aislamiento” y la tasa de rastreo de contactos alcanza el 70,8 %.

Asimismo, un total de 112 personas se han recuperado hasta ahora de la enfermedad, mientras “los esfuerzos de vigilancia se están reforzando”.

“Observamos un número creciente de casos confirmados de una semana a otra, lo que se traduce en una transmisión continua de la enfermedad en la comunidad. Sigue siendo posible una rápida expansión geográfica de la epidemia si no se ponen en marcha rápidamente las medidas de salud pública”, reiteró en su propio informe el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia (con un 91 % de los casos y un 80,9 % de las muertes), pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se propagó a Uganda, donde se han detectado 19 contagios confirmados, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

(Con información de Reuters y EFE)

El oficialismo movió sus fichas y logró que se cayera la sesión de este martes en la que se buscaba emplazar a las comisiones para debatir y dictaminar la interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sin embargo, en la previa a la reunión de Labor Parlamentaria prevista para sesionar hoy, desde la presidencia de la Cámara tomaron una nueva decisión: La Libertad Avanza acordó con el PRO y la UCR abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el próximo 30 de junio. Esto evitó la presión sobre los bloques que acompañan al oficialismo para que den quórum, algo para lo que se mostraban reacios.

Sin embargo, el oficialismo tuvo que ceder algo en el camino y a minutos de que comenzara la reunión con los presidentes de los bloques en Diputados, llegó una nueva comunicación de la Comisión de Asuntos Constitucionales en donde se amplía el temario incorporando un nuevo proyecto y, además, se cambia el carácter del encuentro aclarando que se tratarán todos los expedientes y que la reunión no reviste el carácter de “informativo”, es decir, que se podrá dictaminar ese mismo día.

Como estas comisiones son presididas por el oficialismo -Nicolás Mayoraz la de Asuntos Constitucionales y Giselle Castelnuovo la de Peticiones, Poderes y Reglamento, ambos libertarios- la oposición no lograba avanzar con el tratamiento. Esta apertura que parece un gesto de voluntad para debatir el tema esconde una “trampa”, ya que el oficialismo y sus aliados tienen mayoría en ambas comisiones por lo que será dificultoso lograr un dictamen que habilite el tratamiento en el recinto.

“Esto se hizo para que el Senado sea quien avance primero y para salvar al PRO y la UCR, pero hay que ver cómo hacen ellos -por los ex Juntos por el Cambio– para no dictaminar. Qué excusa ponen en ese momento”, dijo un diputado que acompañó en algunas ocasiones al oficialismo en la previa a la reunión de Labor. “Mucho más si el Senado avanza y si aparece algo nuevo de Adorni”, agregó.

La mirada del oficialismo es que con mayoría propia junto a sus aliados en las comisiones puede dilatar el debate “por lo menos hasta que pasen las vacaciones de invierno”.

En la reunión de Labor Parlamentario de una sesión que ya se sabía caída el oficialismo planteó un plan de Labor en donde deja en claro la postura: el pedido de interpelación y una posible moción de censura necesitan dictamen.

Este punto no es menor porque en la oposición señalan que este trámite corresponde al artículo 101 de la Constitución que es el capítulo del Jefe de Gabinete y no al Capítulo de las leyes de la Carta Magna, por lo que con una mayoría de 129 diputados se podría avanzar.

Mayoraz fue el diputado de LLA que estableció la posición del oficialismo respecto de este punto. Según el diputado que, además, es constitucionalista, el artículo 67 de la CN reconoce a los reglamentos de las Cámaras con rango constitucionales y el reglamento establece que sin dictamen se necesitan los dos tercios”.

“No es una norma operativa. la Constitución se aplica, lo que no se puede confundir la obtención de una mayoría con el proceso de una norma y esto último está en el reglamento. Como no hay una norma específica se aplica la norma general que es la necesidad de los dos tercios”,. culminó el diputado de La Libertad Avanza por Santa Fe.

Respecto a la Comisión y al cambio de informativa dijo que “si la oposición consigue las firmas puede dictaminar ese mismo día”. Y añadió, quizás con la confianza del número, que “también puede haber un dictamen de rechazo” a los pedidos de interpelación al Jefe de Gabinete Adorni.