La argentina enfrenta nuevamente el desafío de saltar el cerco de la trampa populista y no morir en el intento. El reto consiste en normalizar el gasto público hasta niveles consistentes con el equilibrio fiscal, abrir la economía al comercio internacional y no ser derrotado por el péndulo en el intento.
El Gobierno ha avanzado rápidamente en los dos frentes. El gasto público medido en relación al PBI, que el kirchnerismo dejó en 42% del PBI en 2015, bajó a 36% en 2019, subió a 38% en 2023 y ha caído en la actualidad a 31%, y se logró volver al equilibrio fiscal por primera vez desde 2008. En términos de apertura comercial, se han eliminado todas las licencias no automáticas a la importación, tenemos un tipo de cambio cercano a la unificación y el arancel promedio de importación ha caído de 12% a 9%.
En este contexto de normalización macroeconómica, luego de un crecimiento de 4,4% en 2025, parece muy difícil que la economía no muestre un buen desempeño en lo que queda de 2026. Las megatasas de interés reales que llegó a pagar el Gobierno para renovar su deuda en pesos, del 40% en octubre de 2025, hoy son cercanas a cero, y la inflación, que tocó 3,4% mensual en marzo, da señales de ceder y encaminarse a cifras más cercanas al 2% que al 3% en los próximos meses. Además, las exportaciones superarán los US$100.000 millones este año, y con el riesgo país en una zona cercana a los 500 puntos básicos, la inversión se expandirá cerca de 8% en 2026 según nuestras estimaciones.
De esta forma, asumiendo un buen marzo para el desempeño del PBI, en línea con el adelanto en los datos de industria y construcción e imputando un leve crecimiento mensual (conservador) de 0% mensual a partir de mayo, la economía crecería cerca de 2,5% (puede ser más) en el año, y en diciembre próximo marcaría un aumento medido de punta a punta de 10%, comparada con el PBI promedio de noviembre/diciembre de 2023.
De verificarse este desempeño, la economía se habría expandido a un ritmo de 3,1% anual en el período que va de 2024 a 2026. Dicho desempeño para un trienio no se verifica desde marzo de 2013, fecha de defunción para el superciclo de los commodities, que abarcó desde 2004 a 2013 y que, con la exuberancia de la soja y el crecimiento al 10% de China e India, financió los descalabros macroeconómicos de los primeros kirchnerismos.
Sin embargo, aun en medio de este contexto razonablemente positivo, el clima que se ha generado en los últimos meses muestra que el desafío de la normalización no es fácil. Muchos sectores de la producción y el empleo plantean una situación de crisis que los números globales no reflejan. Lejos de plantear una confrontación entre quienes miran la pintura global con satisfacción y quienes sufren la aspereza del cambio de régimen, es útil entender el origen de esta dicotomía.
Es que, aun cuando la economía crece, la normalización de los precios regulados y la apertura a la competencia internacional generan desafíos al sector privado distintos a los de la economía inflacionaria y cerrada. Hay nuevos sectores que se expanden, como la energía, la minería, el agro y el comercio, mientras que otros que tradicionalmente se beneficiaban, como la industria sustitutiva de importaciones y especialmente el sector textil, se contraen. Del lado del consumo, la canasta ahora incluye precios normalizados para los servicios públicos. Entonces, si bien el consumo agregado crece según las cifras de la contabilidad nacional, una parte sustantiva de ese consumo incluye ahora el pago de servicios que antes solo se pagaban parcialmente.
Aspereza micro y aumento en la productividad van de la mano. Los países crecen cuando se vuelven más productivos y el motor que impulsa el aumento en la productividad es la competencia: para superarla hay que invertir. Cuando invertimos en capital físico y en capital humano, nos volvemos más productivos, los salarios son más altos y el país camina hacia el desarrollo. Pero en ese camino, es muy difícil no pasar por un período en el que, mientras la inversión y el trabajo se mueven desde los sectores de menor a los de mayor productividad, el empleo sufra.
En esta reconversión, el empleo no ha crecido entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2025. Cayó el empleo formal y subió el empleo informal, pero el empleo total prácticamente no se movió, generando un aumento en la tasa de desempleo de 5,7% a 7,5%. La contracara de un PBI que crece con empleo estancado es que, según estima el economista Iván Bauman, la productividad total de los factores habría crecido 7,7% desde el cambio de Gobierno.
En España, en 1985, el desempleo subió hasta 22%, especialmente por la pérdida de empleos en los sectores naval, siderúrgico y textil, al abrir su economía al entrar a la Unión Europea en 1986. En Chile, el fenómeno fue similar al español, a comienzos de los 80. Hoy, el PBI per cápita de España es de US$41.000, el de Chile es de US$20.000 y el de Argentina, de US$14.000. El desafío es alcanzarlos sin pasar por esa crisis de empleo. Para ello, más flexibilidad y menos impuestos al trabajo son vitales.
Hacia adelante, parte de la transición debería incluir una aceleración del programa de infraestructura, en buena medida ejecutado por el sector privado: hace tres años que no se invierte en rutas y la hidrovía debió haberse licitado hace tiempo.
También hay medidas posibles para facilitar la migración de la vieja economía a la nueva economía. El Gobierno ha mantenido las transferencias a los sectores de menores recursos, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), en niveles más elevados que los de la administración precedente, y esa política debería sostenerse durante la transición. Al mismo tiempo, los salarios del sector público cayeron cerca de 30% en términos reales durante el último trienio, generando dificultades para retener una planta estatal de calidad y competitiva frente al sector privado.
El problema sigue siendo una dotación pública sobredimensionada. Si bien los puestos en el empleo público nacional bajaron de 343.000 a 276.000, el empleo público total sigue en torno a 3,4 millones, apenas por debajo de los 3,5 millones de fines de 2023 y muy por encima de los 2,7 millones de 2012. Esto muestra que todavía hay amplio espacio para optimizar, especialmente a nivel subnacional. La próxima etapa debería pasar de la motosierra al bisturí: conservar el Estado que se necesita, mucho menor que el actual, pero con concursos, cumplimiento efectivo de dedicaciones exclusivas en universidades y salarios competitivos y una modernización de nuestras fuerzas armadas.
Finalmente, hay que institucionalizar la política monetaria. El Banco Central debe ser independiente y su presidente, Santiago Bausili, debe ser ratificado por el Senado. Así, los diferentes partidos políticos deberán manifestar en la campaña electoral de 2027 si planean romper el camino a la estabilidad despidiendo a Bausili, o si lo mantendrán en el cargo. Tendremos la oportunidad entonces de mantener la continuidad de las políticas de prudencia monetaria aun ante un eventual cambio de gobierno o, al menos, estar advertidos como votantes acerca de los riesgos de votar a cada una de las opciones que se presenten a la contienda.
En ese marco, la política monetaria tiene mucho espacio para colaborar en la siguiente etapa de la desinflación. Avanzar en desmontar los controles de capitales, y tener una política de tasa de referencia o de agregados monetarios explícita, o un objetivo de inflación, van a contribuir a una baja más marcada de la inflación. Aquí no hay dilemas; una política monetaria más clara y potente va a colaborar a cerrar en parte la brecha que vemos entre los números macro y los padecimientos micro.
