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Senado, en vivo: los legisladores aplaudieron a la selección argentina en plena sesión por la ley de propiedad privadaLa discusión se puso en marcha minutos antes de las 12:30, cuando se logró el número de legisladores necesario para iniciar el debate

La recuperación del tráfico petrolero por el estrecho de Ormuz, que había repuntado tras el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, perdió impulso esta semana en medio de una nueva escalada de ataques entre ambos países que ha vuelto a poner en duda la estabilidad de una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el comercio de crudo.

Según datos de la firma de inteligencia de mercados Kpler, el tránsito confirmado de petróleo crudo y condensado por el estrecho cayó un 62%, hasta 4,1 millones de barriles diarios, mientras que las cargas despachadas desde la región retrocedieron un 47%.

La firma señaló que, pese a la fuerte caída, el paso de nuevos cargamentos continúa, lo que indica que la vía marítima permanece “selectiva antes que cerrada” por completo.

Sin embargo, los renovados ataques, el refuerzo del bloqueo naval estadounidense y una menor disponibilidad de operadores de buques cisterna convencionales están debilitando la confianza de navieras y aseguradoras para operar en la zona.

Escalada militar sin tregua

El deterioro en el tráfico marítimo se produce en paralelo a una intensificación de los combates entre Washington y Teherán. Estados Unidos amplió el jueves sus ataques hacia el norte de Irán, golpeando por primera vez en esta ola de violencia zonas cercanas a la capital, Teherán, además de la provincia de Semnán, donde se concentra parte de la producción de misiles balísticos y el programa espacial iraní. Según la prensa estatal iraní, funcionarios del país afirman que los bombardeos estadounidenses ya han causado más de 35 muertos y 300 heridos.

Las fuerzas estadounidenses también dispararon el miércoles contra el petrolero Belma, con bandera de Curazao, que se dirigía hacia la isla de Jarg, la principal terminal exportadora de crudo iraní en el golfo Pérsico. Una aeronave estadounidense inutilizó la embarcación tras, según el Comando Central, “ignorar múltiples advertencias”.

Irán, por su parte, respondió el jueves con ataques de misiles y drones contra Bharein, Jordania y Kuwait, países que albergan fuerzas estadounidenses en la región. El coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del ejército iraní, advirtió que Teherán podría “aplastar toda la infraestructura de la región” si Estados Unidos ataca puentes y plantas de energía iraníes, como había amenazado el presidente Donald Trump.

El petróleo, entre la escalada y el mercado

El precio del crudo Brent, la referencia internacional, se mantenía el jueves por encima de los 85 dólares por barril, más de un 15% por encima del nivel previo a la guerra, aunque todavía lejos de los casi 120 dólares alcanzados en el momento más álgido del conflicto. Según Kpler, el mercado global ha logrado hasta ahora absorber la disrupción gracias a rutas de exportación alternativas y a una demanda china más moderada, lo que ha evitado un salto de precios más pronunciado pese a la magnitud de la caída en el tránsito por Ormuz.

Con todo, la firma advirtió que la verdadera prueba para los productores del Golfo no pasa por sostener envíos puntuales durante las treguas, sino por lograr “un ciclo de carga repetible”, es decir, un flujo estable de exportaciones que no dependa únicamente de las pausas entre episodios de escalada.

Un frente diplomático que no cede

Pese a la violencia, Trump insistió el miércoles en que un acuerdo de paz con Irán sigue siendo posible. “No les gusta lo que estamos haciendo, y sí quieren llegar a un arreglo”, dijo el mandatario en el U.S. Army War College, en Pensilvania. Mediadores como Pakistán continúan intentando acercar a ambas partes, aunque reconocieron que la tarea “se está volviendo cada vez más difícil”, en palabras del portavoz de la cancillería paquistaní, Tahir Andrabi.

Trump también afirmó que Teherán liberó como gesto de buena voluntad a Dena Karari, ciudadana estadounidense-iraní detenida desde 2024 y acusada de espionaje, según confirmó su abogado, Jared Genser.

Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con un proyecto de ley para restringir el uso de fondos públicos una vez agotados los recursos presupuestarios (shutdown que rige en los Estados Unidos), a través del DNU 594 del 15 de julio, con un anexo de 187 folios, dispuso ampliar el crédito del Presupuesto 2026 para afrontar pagos de salarios en universidades, Anses, atender servicios de la deuda pública y programas sociales, con el argumento de evitar riesgos sobre servicios esenciales del Estado en $4,44 billones.

La medida, que entró en vigencia este 16 de julio tras su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, no implicará, de ejecutarse plenamente, el superávit fiscal esperado, porque se solventará con el ingreso al Tesoro Nacional de rentas del Banco Central de la República Argentina por $25,6 billones, principalmente.

Según el texto oficial, la adecuación presupuestaria se dictó porque era necesario dotar a las áreas competentes de recursos para cumplir sus funciones. El decreto sostuvo que, si la modificación no se realizaba de forma inmediata, peligraba la prestación de ciertos servicios esenciales a cargo del Estado nacional.

La medida incluyó un refuerzo de créditos para gastos en personal, con el objetivo de atender necesidades salariales vigentes, además de gastos de funcionamiento, equipamiento, becas, compensaciones, transferencias y otras erogaciones de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional.

En Capital Humano, la Secretaría de Educación recibió un incremento presupuestario para cubrir gastos derivados de la política salarial en los sectores docentes y no docentes de las universidades nacionales. El mismo ajuste alcanzó al Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano.

El decreto también amplió el presupuesto de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para financiar prestaciones del programa Monotributo Social. A la vez, readecuó los créditos de la Jurisdicción 90, correspondiente al servicio de la deuda pública, para atender los compromisos financieros del ejercicio en curso.

Otro tramo de la decisión alcanzó a la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, con el fin de cubrir necesidades de financiamiento de Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal, empresa del sector público nacional que actúa en el ámbito de la Secretaría de Educación.

El cambio más voluminoso explicitado en el decreto corresponde al Ministerio de Capital Humano, que recibió una autorización adicional de gastos por $1,33 billones para “Información y Evaluación de la Calidad Educativa”.

Le siguieron $638.112 millones para “Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, Ministerio de Economía; y $624.309 millones para “Políticas Alimentarias, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia”, Ministerio de Capital Humano.

Servicios Sociales, Obligaciones a cargo del Tesoro, recibió un refuerzo de 542.381 millones, y Anses transferencias y contribuciones por $286.580 millones.

También aumentó el crédito presupuestario para “Ejercicio de la Curatela Pública Oficial”, Ministerio Público, por $230.460 millones, y para el “Funcionamiento Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría”, Ministerio de Salud, $158.349 millones.

Otra partida que se incrementó en más de $100 mil millones fue la destinada a “Interceptación y Captación de las Comunicaciones”, Poder Ejecutivo Nacional.

También recibieron ampliaciones de autorización de gasto en lo que resta de 2026 las jurisdicciones para:

• Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural – Aitte, Ministerio de Economía, $89.998 millones;
• Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Poder Legislativo Nacional, $74,543 millones;
• Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social, Ministerio de Capital Humano, $71,789 millones;
• Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear, Ministerio de Economía, $65,000 millones;
• Información e Inteligencia, Secretaría de Inteligencia, Presidencia de la Nación, $49,262 millones;
• Asistencia Financiera a Empresas Públicas de la Secretaría de Obras Públicas, Ministerio de Economía, $41,993 millones;
• Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares, Presidencia, $36.640 millones;
• Asistencia Financiera Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jefatura de Gabinete de Ministros, $35.622 millones.

Aumento del superávit presupuestario

Del lado de los recursos, Infobae pudo detectar en el Anexo 1 con 187 folio un aumento agregado de $25,6 billones, principalmente por “Rentas de Propiedad”, transferidas al Tesoro por parte del Banco Central, la cual será destinada en gran parte a cancelar Letras Intransferibles con el ente monetario.

Con la ampliación presupuestaria -derivada principalmente de la brecha entre el supuesto de inflación del 15% y la realidad que proyecta casi el doble, la autorización total de gastos para el año se elevó a $150,1 billones, mientras que los recursos esperados se elevaron a $174,5 billones.

De este modo, frente a un superávit inicial previsto en $3,2 billones, de ejecutarse plenamente el crédito presupuestado y cumplirse la meta de recursos, el año finalizará con un excedente de $24,4 billones.

Según la ejecución presupuestaria, la Secretaría de Hacienda registraba al 14 de julio un superávit base caja -diferencia entre lo ingresado y lo efectivamente pagado- de $26,9 billones, mientras el devengado fue de un excedente de $24,8 billones.

El Poder Ejecutivo trasladó un cargo a la Presidencia

El DNU 594 dispuso además la transferencia de un cargo y de los créditos presupuestarios asociados desde el Ministerio de Economía hacia la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, en línea con lo establecido por la Decisión Administrativa 3 del corriente año.

La medida también resolvió cómo se imputarán, de manera transitoria, los gastos de organismos cuya naturaleza jurídica fue modificada por normas legales durante 2026. Hasta que se hagan las adecuaciones presupuestarias correspondientes, esos gastos seguirán atendiéndose con cargo a los créditos de las jurisdicciones y entidades de origen.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei en acuerdo general de ministros y ordenó dar cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, el órgano que interviene en el control legislativo de los decretos de necesidad y urgencia según la Ley 26.122. Su entrada en vigencia quedó fijada para el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Casi ocho años después de que el puente Morandi se desplomara sobre la ciudad de Génova y sepultara a 43 personas bajo sus escombros, la justicia italiana dictó este jueves su primer veredicto sobre lo ocurrido. El tribunal de la ciudad condenó a 12 años de prisión a Giovanni Castellucci, quien fuera consejero delegado de Autostrade per l’Italia (ASPI), la empresa concesionaria del viaducto, y consideró culpables a otras 31 personas de un total de 57 procesadas.

La sentencia pone fin a un juicio maratónico, iniciado en julio de 2022 y que se extendió a lo largo de 284 audiencias, en las que desfilaron testigos, peritos y decenas de documentos internos de las compañías responsables de la gestión y el mantenimiento del puente. Castellucci, el principal acusado, no asistió a la lectura del fallo: permanece en prisión desde antes por otra condena, de seis años, relacionada con el accidente de un autobús en 2013 en el viaducto de Acqualonga, cerca de Avellino, en el sur del país, donde murieron 40 personas.

Qué pasó en Génova en 2018

El derrumbe del Morandi es uno de los desastres de infraestructura más recordados de la Italia reciente, comparable por su impacto simbólico a otros grandes accidentes de ingeniería civil en el mundo. El puente, inaugurado en 1967, era la principal vía de acceso y salida de Génova, la más importante ciudad portuaria del noroeste de Italia, y un tramo clave de la autopista que conecta el país con el sur de Francia. Su diseño, obra del ingeniero Riccardo Morandi, era considerado en su momento una pieza emblemática de la ingeniería italiana de posguerra.

El 14 de agosto de 2018, a las 11.36 de la mañana y en medio de una fuerte tormenta, uno de los tres pilones que sostenían la estructura cedió y arrastró consigo unos 200 metros de calzada. El tramo cayó sobre el lecho del río Polcevera, sobre vías de ferrocarril y sobre naves industriales que había debajo. Decenas de autos y camiones que circulaban en ese momento por el puente cayeron al vacío. Murieron 43 personas, entre ellas varias familias enteras, y cientos de vecinos de la zona debieron abandonar sus viviendas, ya que buena parte del barrio circundante fue demolido tras el desastre.

Las imágenes del puente partido en dos dieron la vuelta al mundo y convirtieron al Morandi en un símbolo del debate sobre el estado de las infraestructuras en Italia, un país con una red de autopistas y puentes construida en buena parte entre los años cincuenta y setenta y que, en muchos tramos, no había recibido renovaciones estructurales profundas.

Una tragedia anunciada, según la fiscalía

Castellucci, el principal condenado, dirigió Autostrade per l’Italia entre 2006 y 2019, año en que fue destituido tras el escándalo del derrumbe. En esa época, ASPI era controlada por Atlantia, la sociedad de la familia Benetton —el mismo grupo empresarial fundado por los creadores de la marca de indumentaria—, que gestionaba buena parte de la red de autopistas de peaje del país.

Según la fiscalía, Castellucci y otros directivos de ASPI y de su filial de ingeniería, Spea Engineering, encargada de inspeccionar y mantener el puente, conocían desde hacía años el avanzado estado de deterioro de la estructura, pero decidieron no realizar las intervenciones necesarias para evitar los costos que implicaban. Una pericia judicial de 2020 concluyó que el desplome —originado en la rotura de los cables de acero de la pila número 9, uno de los pilones centrales del puente— podría haberse evitado con controles adecuados, ya que la corrosión llevaba avanzando sin freno prácticamente desde los primeros años de vida del viaducto.

Frente a esa tesis, la defensa de Castellucci insistió en la existencia de un “vicio oculto” en el diseño original: según los abogados, Morandi había decidido insertar los cables de acero dentro de un revestimiento de cemento que los volvía inaccesibles para las inspecciones visuales convencionales, lo que habría hecho indetectable el deterioro incluso para técnicos diligentes.

Junto a Castellucci, condenado a 12 años frente a los 18 años y medio que pedía la fiscalía, recibieron penas relevantes otros ex directivos: Michele Donferri, ex responsable de mantenimiento de ASPI, fue condenado a once años; los exdirectivos de Spea Maurizio Ceneri y Emanuele De Angelis, a diez años cada uno; y Paolo Berti y Antonino Galatà, a cinco años y medio. También fue condenado a cinco años Mauro Coletta, quien fuera responsable de la vigilancia de concesiones viales en el Ministerio de Infraestructuras italiano.

Disculpas tardías y heridas abiertas

La víspera del fallo, el actual consejero delegado de ASPI, Arrigo Giana —que llegó al cargo recién en 2025 y no tuvo relación alguna con la gestión de la empresa en la época del derrumbe—, publicó una carta pública en la que pedía perdón “a los familiares de las víctimas, a los genoveses y a todos los italianos”. El gesto, sin embargo, no calmó el malestar de quienes perdieron a sus seres queridos. Egle Possetti, presidenta del comité que representa a las familias de las víctimas, respondió que esas disculpas “debían haberse pronunciado en su momento”, no ocho años después y en la antesala de una sentencia.

Autostrade per l’Italia y Spea Engineering, como empresas, quedaron fuera del proceso penal en 2022 tras pactar con la fiscalía el pago de unos 30 millones de euros en concepto de responsabilidad administrativa. Desde entonces, ambas compañías han desembolsado cerca de 60 millones de euros en indemnizaciones a las familias de las víctimas.

Un cambio de manos con trasfondo político

El desastre también desató una disputa por el control de ASPI entre el Gobierno italiano y la familia Benetton. En 2021, en medio de la presión pública y política que siguió al derrumbe, Atlantia vendió su participación en la concesionaria por 8.200 millones de euros a Cassa Depositi e Prestiti, una entidad financiera controlada en un 83% por el Ministerio de Economía italiano, que pasó así a manejar la gestión del puente reconstruido y del resto de la red de autopistas.

El puente Morandi fue reemplazado por un nuevo viaducto, diseñado por el reconocido arquitecto y senador vitalicio Renzo Piano —autor, entre otras obras, del Centro Pompidou de París—, que fue inaugurado en agosto de 2020, apenas dos años después de la tragedia. Los abogados de Castellucci ya adelantaron que apelarán la sentencia. Los fundamentos del fallo serán conocidos dentro de un plazo de tres meses.

La selección argentina regresará la semana que viene al país y será recibida por cientos de miles de hinchas que celebrarán el camino que se hizo a lo largo de todo el Mundial. Sea cual sea el resultado. Es un escenario que las autoridades del Gobierno ya tenían en cuenta desde hace tiempo, pero más desde que la Scaloneta pasó a semifinales, ya que estaba asegurado un octavo partido.

En ese marco, el presidente Javier Milei dejó en claro que buscará generar todas las condiciones para que el combinado nacional tenga la opción de visitar la Casa Rosada y saludar a los hinchas argentinos desde el balcón que da hacia Plaza de Mayo, sin que haya presencia de funcionarios políticos.

“La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos”, sentenció esta mañana en diálogo con El Observador, y advirtió que sería “miserable” intentar utilizar un eventual triunfo de la Selección Argentina con fines partidarios.

La Selección Argentina fue recibida por las autoridades de facto cuando ganó la Copa Mundial de 1978 y por Raúl Alfonsín cuando lograron la misma gesta en 1986. Más en tiempo reciente, Cristina Kirchner también acogió a la camada del Mundial de 2014 cuando salieron en segundo lugar luego de perder la final con Alemania.

Milei recibió al único medallista olímpico de París 2024, el rider José “Maligno” Torres. Se sacaron fotos juntos en el despacho presidencial y estuvo con él saludando a las personas que pasaban por la Plaza de Mayo. Pero decidió que para este caso había más en juego. Pesó mucho lo acontecido durante la presidencia de Alberto Fernández.

En ese entonces, el manejo que hubo para la recepción de la Selección campeona del Mundo en Qatar fue, por demás, desprolija, y el plantel liderado por Lionel Messi decidió que no quería que una foto fuera utilizada para levantar una administración nacional que venía capa caída por los altos índices de inflación y la crisis política interna.

El operativo por la Selección

El Presidente ya dio la orden expresa de que la Casa Rosada quede totalmente desocupada si es que la Selección va al edificio. Es un pedido que maneja personalmente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tiene bajo su órbita el control de Casa Militar, la fuerza que maneja la custodia presidencial y de los edificios como la Rosada.

“Si quieren ir al balcón para poder interactuar con los argentinos, eso está disponible y está garantizado que no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro que es de este grupo extraordinario de jugadores que tanta alegría ha dado a los argentinos”, marcó Milei.

El Presidente también informó que están diseñando los mecanismos de seguridad ante todas las alternativas “para que la fiesta sea plena, sin eventos oscuros que lamentar.”

Fuentes del Gobierno Nacional comentaron que ya hubo contactos con autoridades de las administraciones de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La Selección puede llegar al Aeropuerto de Ezeiza -como sucedió en 2022- o a Aeroparque. Es algo que no está definido. En el primer caso, se debería esperar una coordinación tripartita si es que la delegación decide hacer una caravana o saludar a la gente en las calles.

“Hay diálogo con Nación, pero no hay ninguna propuesta sólida”, comentaron fuentes inobjetables del Gobierno de la Ciudad. En tanto, un importante funcionario de la Casa Rosada reconoció que están diagramados varios operativos hipotéticos, pero que “no hay novedades” de que se le vaya a presentar a la AFA estos informes.

Quien está trabajando sobre esa cuestión es la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, que según reveló el Presidente “está preparando un operativo especial por los festejos”.

Mientras tanto, en la Asociación del Fútbol Argentino no tuvieron contacto con emisarios de Nación por el momento. Desde el Gobierno es algo que se van a encargar desde áreas como Secretaría General de la Presidencia -para comentarles que pueden ir a la Casa Rosada- como el Ministerio de Seguridad Nacional -para diagramar una ruta segura para la vuelta a la Argentina-. Hasta ahora, no se buscaron ni de un lado ni del otro. Esto podría desbloquearse con la cercanía de la final del Mundial. En tanto, la Secretaría de Deportes no tiene contactos con la AFA. “Ellos se manejan de manera autónoma”, aseguran.

Una fuente del Gobierno familiarizada con el tema tiene la sensación de la Selección no va a saludar desde la Casa Rosada. Esto, claro está, no es un motivo para descartar que pueda suceder. Otro funcionario que está involucrado de manera directa con el tema, marcó: “La relación con el Chiqui no es la mejor, pero creo que esta vez las cosas se hicieron de manera mucho más prolija y no debería haber ningún problema para que suceda. Se sabe que no hay mejores lugares que la Plaza de Mayo para que se pueda festejar, sea el escenario que sea”.

Como trasfondo de todo, la Justicia dejó firme este viernes el procesamiento del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. en la causa por retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos. El dirigente está embargado por 350 millones de pesos y tiene prohibida la salida del país -está de viaje por el Mundial con permiso judicial-. El Tribunal de Apelaciones confirmó también la acusación contra el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino. La AFA como persona jurídica también quedó con procesamiento firme.

Controlar la evasión en la Argentina es una de las grandes materias pendientes de las últimas décadas. Poco han hecho los últimos gobiernos para ampliar la base tributaria y tener algún mínimo margen para bajar impuestos. Incluso, muchos sectores vienen reclamando un mayor control de la informalidad, ya que el hecho de que muchos contribuyentes no paguen lo que les corresponde de impuestos hace que la presión sobre el sector formal de la economía sea mayor.

Es el caso del supermercadismo. Hace años que las grandes cadenas insisten con esta problemática y cada vez que se reúnen con el ministro de Economía, Luis Caputo, le vuelven a poner sobre la mesa el tema. Sucedió, incluso, en el encuentro de la semana pasada, en la que los empresarios se llevaron una grata sorpresa. El Gobierno respondió a este pedido y les anticipó que está avanzado un plan para controlar la informalidad en el sector.

Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), entidad que nuclea a las grandes cadenas, se le había sugerido al Gobierno adoptar un modelo similar al que había aplicado el gobierno porteño en 2019, cuando Andrés Ballotta presidía la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP).

En esa oportunidad, el objetivo era aumentar la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos y atacar al sector donde se registraba la mayor evasión en la ciudad de Buenos Aires: los supermercados de proximidad, dominados en su gran mayoría por ciudadanos de origen chino. Según los cálculos que se manejaban en ese momento en el gobierno porteño, la subdeclaración de impuestos superaba cómodamente el 50% en esta franja.

El mecanismo consistía en que era la Ciudad la que le indicaba a los comercios cuánto tenían que pagar de Ingresos Brutos por mes, en lugar de recibir la manifestación del contribuyente. Es un instrumento que ya se aplica en otros países, por el cual se calcula en base a distintos indicadores cuál es la facturación del local y cuánto debería tributar.

Los supermercados recuerdan ese plan y admiten que tuvo éxito. Por eso, buscan desde hace tiempo que se replique a nivel nacional. Fuentes oficiales y del sector confirmaron que el tema fue hablado en el encuentro de la semana pasada con Caputo y que el propio secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, les contó que estaban preparando el modelo para comenzar las pruebas piloto.

Cómo funcionará el nuevo esquema de control

Así como fue en CABA en 2019, lo que prepara el equipo económico es un modelo similar que se basa en métodos presuntivos. Con el dato de cuánto se produce de cada bien y cuánto se vende (ello puede saberse fácilmente en base a los grandes proveedores), la fórmula polinómica calcula cuánto debería venderse por metro cuadrado en función de la cantidad de comercios existentes. Entonces, se le cobra directamente impuestos en función de ese cálculo. Si el contribuyente no está de acuerdo, deberá argumentar y abrir los libros para demostrar que en realidad vendió menos.

“Los grandes proveedores facturan todo lo que venden, por lo que los remitos de compra los tienen que tener. ARCA puede cruzar toda la información y es fácil comprobar si el contribuyente dice la verdad”, planteó una fuente del sector del retail.

Lavigne le confirmó a los supermercadistas que se están haciendo las pruebas y que sólo quedaba ultimar algunos detalles de sistemas con ARCA. “Lo hemos venido planteado desde hace mucho tiempo. Pero éste es el primer gobierno que se lo ha tomado en serio”, dijeron las fuentes del supermercadismo. Y agregaron: “Ahora hay una decisión política de ampliar la base de contribuyentes. Y estos métodos presuntivos son bastante efectivos; en general, aciertan”.

En el sector calcular que la irregularidad ronda entre el 50% y el 60%. Son meras estimaciones que se realizan a partir de situaciones que detectan las propias cadenas grandes de supermercados cuando recorren otros comercios cercanos. Es habitual ver precios de productos de primera marca inferiores al costo en la góndola; o llegar a la caja y que el ticket no sea emitido. Son varias las señales que les hacen inferir a las cadenas que muchas ventas no son declaradas.

“Hay una serie de puntos negros en la cadena de distribución. Toman mercadería de canales formales y las distribuyen en un canal informal”, aclararon las fuentes.

Si la reciente Ley de Unidad Nacional busca integrar y condicionar ideológicamente a la sociedad china y el Decreto 835 responde a la extraterritorialidad de otros Estados y la posibilidad de desconocer las leyes de otros países, el Decreto 837 busca crear un marco integral para controlar y orientar las inversiones chinas en el exterior bajo una lógica de “seguridad nacional”. Bajo ese paraguas nebuloso y difuso la discrecionalidad del régimen es absoluta.

Formalmente, la norma aprobada por Consejo de Estado sobre la Inversión en el Exterior tiene cuatro objetivos: promover la inversión exterior; proteger a los inversores chinos; fortalecer la supervisión estatal; y proteger la seguridad nacional y los intereses estratégicos del país. Sin embargo, a medida que se avanza en el texto aparece un elemento que hoy caracteriza buena parte del derecho chino: la seguridad nacional deja de ser una materia excepcional y pasa a convertirse en un principio transversal de regulación económica.

Es el Artículo 3 el que lo explicita. Dispone que todas las inversiones en el exterior deben coordinarse con lo que el régimen llama “seguridad del régimen”. Textual: “La política relativa a la inversión en el exterior se regirá por el principio fundamental de apertura al exterior, aplicará el Concepto General de Seguridad Nacional, coordinará el desarrollo con la seguridad, armonizará las dimensiones interna e internacional, perfeccionará el sistema de gestión y de servicios para la inversión en el exterior, elevará la calidad y el nivel de dichas inversiones y promoverá la apertura, la cooperación, el beneficio mutuo y las relaciones de ganancia compartida”.

Este concepto, bajo el comando de Xi Jinping, tiene un alcance mucho más amplio que la “seguridad nacional” en la tradición occidental. Abarca no solo la defensa o el terrorismo, sino también la tecnología, los datos, las finanzas, las cadenas de suministro, la energía, la cultura y la estabilidad política.

“Estos decretos amplían aún más la idea del Partido Comunista Chino (PCC) de que los huaqiao, o chinos en el extranjero, siguen estando sujetos a la ley interna china“, explica Leland Lazarus, fundador y CEO de Lazarus Consulting, un think tank enfocado en el accionar Beijing. “Se fundamenta en la Ley Nacional de Inteligencia de 2017, que obliga a todos los ciudadanos y empresas chinas a apoyar las actividades de inteligencia del PCC, y en la Ley de Seguridad Nacional de 2020 que penaliza la secesión, la subversión, el terrorismo o la colusión con fuerzas extranjeras”, remarca.

Uno de los aspectos más polémicos del decreto es que numerosas decisiones quedan en manos del Consejo de Estado y de los ministerios competentes. El omnipresente régimen chino tiene potestad para definir qué inversiones son promovidas y cuáles no. Tiene el poder de restringir otras y prohibir determinadas operaciones. E incluso ordenar desinversiones. Es decir: no sólo podría desautorizar alguna operación futura, sino desarmar alguna que ya esté operativa.

El decreto 837 prohíbe además exportar o utilizar en el exterior determinados bienes, tecnologías, servicios y datos sin autorización estatal. Incluso alcanza formas indirectas de transferencia, como el desplazamiento de personal técnico, la capacitación o la asistencia técnica transfronteriza. Lo remarca en su Artículo 13.

El punto 15 del decreto también es restrictivo para ciudadanos y compañías. Establece un sistema de revisión de seguridad para inversiones exteriores y obliga a corporaciones y personas a colaborar plenamente. Consultado por Infobae, Lazarus estima que se está observando “una consolidación de la filosofía del PCC de que todos los chinos —individuos, empresas y gobierno— sirven como instrumentos del poder nacional integral del país”.

“Cuando organizaciones o personas establecidas en el territorio de la República Popular China participen en procedimientos arbitrales o judiciales relacionados con inversiones en el exterior, o sean objeto de investigaciones por parte de autoridades judiciales o de aplicación de la ley de otros países o regiones, y necesiten proporcionar pruebas u otros materiales a entidades situadas en el extranjero, deberán cumplir las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la protección de secretos de Estado, la seguridad de los datos, la protección de la información personal, la administración de la exportación de tecnologías, el control de exportaciones y la asistencia judicial internacional”, señala el Artículo 22. Es un claro límite para los ciudadanos, inversores y ejecutivos de empresas chinas en el extranjero.

Este polémico artículo podría generar conflictos para corporaciones que operan simultáneamente bajo la legislación china y la de otros países, especialmente cuando deben responder a requerimientos judiciales o regulatorios extranjeros. ¿Deben pedir permiso a Beijing para cumplir una ley en Rio de Janeiro? Al parecer.

Un patrón claro de control

En las últimas normas analizadas en Infobae aparece un patrón claro. Mientras la Ley de Unidad Nacional controla la cohesión ideológica y social, el Decreto 835 se refiere a la relación jurídica entre empresas chinas y medidas adoptadas por otros Estados, el Decreto 837 revisa cómo el capital chino sale al exterior y bajo qué condiciones puede hacerlo.

En conjunto, estas normas reflejan una tendencia a integrar la política económica, la seguridad nacional y acción exterior bajo un mismo marco regulatorio. Estados Unidos y Europa también tiene leyes sobre exportaciones sensibles, pero lo hacen en un marco específico y para determinados sectores y riesgos delimitados. Los decretos chinos, en cambio, incorporan la noción de “seguridad nacional” y se proyecta sobre un abanico mayor de decisiones con amplia discrecionalidad por parte del estado.

“Las leyes chinas realmente no tienen fuerza si los gobiernos locales no las cumplen. Pero también hemos visto cómo China está dispuesta a ejercer presión económica y política para lograr que los países las acaten. Esta ley podría disuadir a las organizaciones en el extranjero que promueven los derechos de Taiwán, los uigures, el Tíbet o Hong Kong, si los líderes de esas organizaciones temen que el PCC pueda tomar represalias contra sus familias en su país de origen”, concluye Lazarus.

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