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En una decisión inédita, los sindicatos docentes de la CGT comenzarán un plan de lucha por reclamos salariales del sector, pero no harán paros de actividades para respetar la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que prevé la reglamentación del derecho de huelga con la obligación de mantener servicios mínimos del 75% en actividades consideradas esenciales como la educación.

Aun así, el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero (UDA), quien detalló las protestas durante una conferencia de prensa realizada en en la sede de Azopardo 802, advirtió que el gremio docente que lidera “judicializó” su impugnación contra la reforma laboral (“tenemos esperanza de que los jueces estén del lado de los trabajadores”, dijo), pero, “mientras esto ocurre, y aunque no estemos de acuerdo, vamos a ser respetuosos de las normativas vigentes”.

De todas formas, el líder de Unión Docentes Argentinos (UDA) aseguró que “si hay un paro general de la CGT, los docentes vamos a parar y a llenar la calle”.

Esa posibilidad fue confirmada luego por el cotitular cegetista Octavio Argüello (Camioneros), quien estuvo en la rueda de prensa junto con su par Cristian Jerónimo (empleados del vidrio): “Es inminente que vamos a una gran marcha federal y un gran paro nacional. Esto no lo vamos a arreglar sólo con conversaciones. Hoy tenemos la calle. Y ahí vamos a estar presentes y vamos a estar todos los días que sea necesario en defensa de nuestra dignidad, que no se consiguió en un escritorio de negociaciones sino con lucha, sangre y mucho martirio”.

En la conferencia de prensa, a la que también concurrieron los otros sindicatos docentes de la CGT, Romero afirmó que hay “una profunda crisis educativa en todos los niveles” y se quejó de la “falta de reconocimiento” a los docentes ya que el salario inicial del sector, de 500 mil pesos, está “por debajo de la línea de pobreza y más cerca de la indigencia”.

Detalló que “la última reunión de la Paritaria Nacional Docente, que prácticamente desarticuló el gobierno nacional, fue en el mes de abril y el salario inicial quedó en 500 mil pesos” y agregó: “Reflexionen ustedes como trabajadores qué puede hacer un docente con ese dinero y, por lo tanto, sin ánimo de exagerar, el sistema educativo argentino lo sostenemos los trabajadores de la educación, con ausencia casi absoluta del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales”.

Romero lamentó que exista “falta de diálogo” para resolver la situación de los docente, aunque enfatizó que “si hay diálogo, es un diálogo de sordos porque no se escucha a los representantes de los trabajadores y entonces se hace imposible tener una estrategia, avanzar y poner en valor al sistema educativo”.

Por eso el sindicalista anunció un plan de lucha sin paros que, como anticipó Infobae, incluirá durante todo el mes de agosto “otras medidas que van a visibilizar la preocupación por la falta de atención de las autoridades al sistema educativo”: habrá clases en las aulas para explicar a los alumnos la crisis del sistema educativo, “semaforazos” y volanteadas para comunicar la postura sindical a los padres y, finalmente, en la última semana de este mes se realizará una movilización ante el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación.

A continuación, criticaron en fuertes términos al gobierno nacional y respaldaron el plan de lucha anunciado la titular del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Marina Jaureguiberry; el secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman, y el líder de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.

Las intervenciones finales estuvieron a cargo de Argüello y de Jerónimo, quien señaló que “tenemos un gobierno que es muy insensible ante los intereses de las grandes mayorías, como lo viene demostrando” y dejó una advertencia: “No cumple con la ley de financiamiento universitario y después nos dicen que tenemos que cumplir con una ley de reforma laboral que es totalmente regresiva y negativa. Bueno, no lo vamos a hacer”.

El dirigente gremial reclamó a Javier Milei que “tiene que dejar de gobernar para los millonarios, para los ricos de la Argentina”, y confirmó que esta semana habrá dos movilizaciones de protesta de la CGT: este jueves saldrá a la calle para “repudiar” el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno, que, dijo, implica ponerle un “cartel de venta a nuestro país” para que “tres o, cuatro millonarios se vengan a quedar con la Argentina”, y, al día siguiente, tendrá lugar la marcha por San Cayetano hacia la Plaza de Mayo.

Para finalizar, Jerónimo aseguró que “la CGT no va a retroceder y vamos a seguir dando la pelea en la calle y en todos los ámbitos donde sea necesario”, tras lo cual resaltó: “Estamos más unidos que nunca. La CGT convocó a otras centrales sindicales y a otros sectores porque la unión hace la fuerza y no vamos a parar hasta que haya un cambio de rumbo político y económico”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, destituyó el lunes a la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olha Stefanishyna, según un decreto publicado en la web oficial de la presidencia. La salida, esperada desde hacía semanas, se produce en medio de una purga de altos cargos que en las últimas semanas alcanzó también al primer ministro y al ministro de Defensa.

Stefanishyna llevaba casi un año al frente de la embajada en Washington, un puesto de peso estratégico para Kiev, que depende del suministro de armamento y de inteligencia estadounidense para resistir la invasión rusa. Entre las prioridades pendientes de la diplomacia ucraniana figura la obtención de más sistemas de defensa antimisiles Patriot, indispensables para proteger infraestructura civil y militar frente a los ataques rusos.

En una publicación en Facebook, la diplomática afirmó que la decisión de dejar el cargo fue “propia, motivada por circunstancias personales” y remarcó los logros de su gestión. “Incrementamos el suministro de armas estadounidenses y mantuvimos el apoyo precisamente cuando el clima político en Washington giraba en nuestra contra”, escribió.

La versión oficial de una salida voluntaria convive con otra explicación que circula en medios ucranianos: la existencia de investigaciones en curso sobre presuntas irregularidades en la declaración de bienes de Stefanishyna. Según informó la cadena pública Suspilne, la propia embajadora había declarado la semana pasada ante periodistas en Washington que Zelensky no le había pedido la renuncia, una versión que contrasta con la lectura de otros medios locales, que sostienen que ella misma comunicó su intención de dejar el cargo al presidente el mes pasado.

Stefanishyna, abogada de formación, había ocupado hasta julio del año pasado la vicepresidencia primera del Gobierno y el Ministerio de Justicia, cargos que combinó con la conducción de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Su llegada a Washington como enviada especial se produjo en julio de 2025, y fue confirmada como embajadora plena en agosto de ese año, en sustitución de Oksana Markárova.

Su gestión coincidió con uno de los períodos más tensos en la relación bilateral desde el inicio de la guerra. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 introdujo una etapa de fricciones abiertas con Zelensky, marcada por el enfrentamiento público en el Despacho Oval en febrero de ese año y por presiones estadounidenses para avanzar hacia una negociación con Moscú. En los últimos meses, sin embargo, la relación personal entre ambos mandatarios se ha mostrado más distendida.

La salida de Stefanishyna se enmarca en una remodelación más amplia del Ejecutivo ucraniano impulsada por Zelensky en julio, que desplazó al entonces primer ministro Denys Shmigal y lo sustituyó por Yulia Svyrydenko, hasta entonces viceprimera ministra. La cartera de Defensa también cambió de manos en ese proceso. Ahora se espera una reorganización adicional del cuerpo diplomático ucraniano, aunque Kiev no ha confirmado todavía quién sucederá a Stefanishyna al frente de la embajada en Washington.

Medios ucranianos no oficiales han mencionado a la propia Svyrydenko como posible candidata a asumir la representación diplomática en Estados Unidos, una información que hasta el momento no ha sido confirmada por fuentes gubernamentales ni por la presidencia.

El recambio en la embajada más sensible de Ucrania llega en un momento en que Kiev necesita sostener sin fisuras el respaldo de Washington, condicionado por los vaivenes de la política interna estadounidense y por la evolución de las negociaciones sobre el futuro del conflicto con Rusia. La capacidad del próximo embajador para mantener ese flujo de ayuda, en particular el acceso a sistemas Patriot, será determinante para la defensa antiaérea ucraniana en los meses que vienen.

El comercio exterior argentino quedó paralizado este lunes. La actividad portuaria amaneció sin actividad, y un buque destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) quedó detenido fuera del muelle sin poder ingresar. Todo ocurrió tras el cese de tareas por tiempo indeterminado de los prácticos, pilotos y baqueanos —los profesionales que guían a los barcos durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y puertos— de todo el país.

El reclamo, en rechazo al Decreto 690/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger busca desregular el servicio de practicaje y pilotaje. Según fuentes vinculadas al sector consultadas por Infobae, el comercio exterior quedó “totalmente paralizado” por la decisión de los prácticos de no prestar servicios a ningún barco que ingrese, egrese o transite por puertos argentinos. “Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”, advirtieron.

La protesta frenó maniobras en Rosario y dejó un buque fondeado

La respuesta del sector fue inmediata apenas comenzó a regir la nueva normativa. Los profesionales alcanzados por la reforma resolvieron dejar de prestar servicios por tiempo indeterminado en un boicot destinado a impedir la aplicación del decreto.

Entre las operaciones suspendidas aparece una vinculada al buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación resulta necesaria para tareas asociadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur, el oleoducto que construye un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol, que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro desde Allen hasta Punta Colorada a lo largo de casi 600 kilómetros. La obra supera el 75% de avance y para mediados de 2027 se proyecta una capacidad de transporte en torno a los 390.000 barriles por día, lo que llevaría las exportaciones de energía de ese año por encima de los USD 18.500 millones.

Según fuentes con conocimiento del tema consultadas por este medio, la embarcación permaneció fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico para ingresar, lo que demoró el inicio de trabajos previstos para el tendido de infraestructura submarina.

En respuesta, la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzó a distribuir intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de inmediato la prestación. El argumento oficial es que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que su interrupción puede derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.

El Centro de Navegación (CNAV), la cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables del movimiento de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, formalizó su alarma ante la ANPYN y la PNA mediante una nota firmada por su presidente, Julio Delfino, a la que accedió Infobae. Según el documento, al momento de su presentación se registraban al menos 140 buques pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, una cifra que, advirtió la entidad, crecerá con el correr de las horas por la incorporación de embarcaciones pautadas para ingresar y salir de la Vía Navegable Troncal.

El CNAV alertó además que varias operaciones ya programadas en puertos argentinos fueron redireccionadas al puerto de Montevideo y a puertos del sur de Brasil, con pérdida de transbordos que habían sido repatriados al país tras años de gestión público-privada. Los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca figuran entre los afectados.

La entidad advirtió sobre “pérdidas millonarias en divisas” por incumplimiento de contratos, lucro cesante y extracostos para toda la cadena logística, con riesgo de que plantas productivas agoten su capacidad de almacenamiento. La situación, señaló el CNAV, daña también la reputación del país como destino confiable para la actividad marítimo-portuaria.

Fuentes del sector sostienen que los prácticos justifican la medida en que el decreto pone en riesgo la seguridad de la navegación. Esas mismas voces señalan que ninguna otra área del Estado impulsó hasta ahora una instancia de negociación y reclaman una mesa de diálogo entre el Gobierno, los prácticos, los usuarios y las agencias marítimas.

El Gobierno asegura que la reforma busca bajar costos

El decreto firmado por Milei y Sturzenegger forma parte de la estrategia oficial para reducir el llamado “costo argentino” mediante la eliminación de regulaciones que, según la visión del Ejecutivo, restringen la competencia y encarecen la actividad económica. La norma reemplaza un régimen vigente desde 1991.

La nueva reglamentación crea un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la PNA, permite que los usuarios contraten libremente a los prestadores, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fije tarifas máximas. También obliga a publicar los precios para favorecer la competencia.

El esquema elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales y amplía los casos en los que determinados buques quedan exceptuados de contratar el servicio obligatorio. La reforma incorpora mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad en situaciones excepcionales.

“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, sostuvo Sturzenegger al anunciar los cambios. El ministro afirmó que el sistema anterior había levantado barreras de ingreso para nuevos prestadores, con lo que redujo la competencia y elevó los costos logísticos del comercio exterior.

Cayó el ingreso de divisas del agro en julio

La paralización portuaria se produce el mismo día en que se conocieron los datos de liquidación de divisas del sector agroindustrial. Según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, las empresas del sector liquidaron USD 2.918 millones en julio, un monto 3% inferior al de junio y 28% por debajo del mismo mes de 2025. En el acumulado del año, el sector lleva USD 16.297 millones, un descenso del 16% frente al mismo período del año anterior.

Las entidades atribuyeron la caída interanual a un efecto de base: en julio de 2025 había vencido el Decreto 38/2025, que establecía una reducción temporal de retenciones y había impulsado ventas al exterior y registración de contratos por encima del promedio histórico para ese mes, con liquidaciones que rozaron los USD 7.000 millones en septiembre de ese año. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta una liquidación total de USD 34.897 millones para 2026, estimación que ya incorpora un recorte de alrededor de 1.200 millones respecto de la proyección de mayo. Milei ratificó hace dos semanas, en el discurso de apertura de la Sociedad Rural Argentina, que el cronograma de reducción de retenciones sigue en pie y que serán la minería y la energía los sectores que habilitarán ese alivio fiscal.