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La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó que los tribunales laborales y no el fuero civil federal son los competentes para resolver la disputa sobre la validez de las autoridades de la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato industrial más grande de la Argentina, en un fallo que representa otro revés judicial para Abel Furlán, el desplazado líder gremial, en la disputa abierta por la conducción de la organización.

La resolución, firmada por los jueces Florencia Nallar, Juan Perozziello Vizier y Fernando Uriarte, confirmó la decisión que había declarado incompetente al fuero Civil y Comercial Federal para intervenir en la causa iniciada por Furlán contra el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y ordenó que el expediente sea remitido a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para su radicación y posterior tramitación.

La disputa se originó cuando Furlán promovió una acción meramente declarativa —un mecanismo procesal que busca despejar una incertidumbre jurídica sin necesidad de un daño consumado— para que se reconociera la validez y legalidad de las autoridades electas de la obra social. La maniobra buscaba contrarrestar una decisión previa: la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había declarado nula esa misma elección del 18 de marzo y designado un interventor para la UOM.

El tribunal rechazó el argumento de Furlán de que la obra social no participó en el proceso laboral conexo y de que su situación se rige por el régimen federal de obras sociales y no por la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales. Para la Sala I, ese vínculo sustancial entre ambas causas era precisamente el que activaba el principio de perpetuatio jurisdictionis, regla procesal según la cual el juez que primero tomó contacto con los hechos de un caso mantiene prioridad para resolver las cuestiones vinculadas con el fin de garantizar coherencia y economía en la decisión.

El tribunal señaló que el desplazamiento de competencia por conexidad no equivale a una acumulación de procesos, figura que sí exige que los juicios se encuentren en etapas procesales comparables.

Destacó que la conexidad, en cambio, opera aun cuando uno de los procesos ya tenga sentencia dictada —aunque no firme, como ocurre en este caso con la causa del fuero laboral— porque su objetivo no es evitar fallos contradictorios sino concentrar ante un mismo juzgado los expedientes con comunidad de intereses.

El dictamen del Fiscal General ante la Cámara aportó un dato que el fallo recoge con peso particular: al momento de la resolución, 5 recursos de queja se encontraban en trámite ante la Corte Suprema, todos derivados del mismo conflicto electoral en la UOM.

Fueron presentados, en forma separada, por la propia UOM, la Junta Electoral Nacional de la UOM, los integrantes del Secretariado Nacional elegido el de marzo —entre ellos el propio Furlán junto a Pablo Molina, Rubén Urbano, Esteban Cabello y Oscar Martínez—, la Lista Violeta y Azul, y los abogados Álvaro Ruiz, Matías Cremonte y Carlos D. Zamboni Siri.

Ese cuadro de litigiosidad simultánea reforzó el criterio del tribunal: permitir que un juzgado federal civil avanzara sobre el mismo objeto ya examinado por el fuero laboral implicaría que un magistrado ingresara al conocimiento de un asunto que tramita ante otro juez, práctica que la Corte Suprema ha vedado de manera reiterada.

La resolución representa otro capítulo en la batalla judicial alrededor de la conducción de la UOM y de su obra social. Por ahora, el expediente iniciado por Furlán no seguirá su trámite en la Justicia Civil y Comercial Federal sino ante la Justicia Nacional del Trabajo, en línea con el proceso previo que ya había intervenido sobre la elección del secretariado nacional del gremio.

Tras enfrentar una crisis financiera y entrar en concurso preventivo, la cadena de panaderías Pandanés cerró sus 25 sucursales, despidió a 150 empleados y solicitará la quiebra. Los trabajadores se enteraron durante la madrugada de que habían sido desvinculados y no pueden ingresar a los locales para retirar sus pertenencias, ya que la empresa cambió todas las cerraduras.

Según pudo saber Infobae, alrededor de las 3 de la mañana de este viernes todo el personal recibió la notificación de cierre y despido a través de un mensaje de WhatsApp: “Hoy tenemos que comunicarles una noticia muy difícil. Como les contamos, Pandanés viene atravesando una situación económica muy compleja. En este último tiempo estuvimos buscando distintas alternativas para poder continuar, pero, lamentablemente, no encontramos una solución que nos permita seguir adelante”.

“La situación llegó a un punto en el que la empresa se quedó sin los fondos necesarios para continuar funcionando y para afrontar las obligaciones que tiene por delante. Nuestra intención siempre fue mantener Pandanés y preservar las fuentes de trabajo. Hasta último momento seguimos buscando una salida, pero lamentablemente no encontramos una solución viable”, señalaron.

“Por este motivo, Pandanés deja de operar y se solicitará la quiebra de la empresa. Esto significa que a partir de hoy, 2 de octubre, no deberán presentarse a trabajar”, comunicaron.

“Sabemos que esta noticia genera angustia, incertidumbre y muchas preguntas, especialmente sobre los pagos y los próximos pasos. Entendemos que detrás de cada puesto de trabajo hay una persona, una familia y una vida que se ve afectada. Con la presentación del pedido de quiebra comienza una nueva etapa que ya no depende de nosotros directamente, sino de un proceso judicial”, afirmaron.

“Este cierre significa una pérdida enorme para todos. Pandanés fue un proyecto al que muchas personas dedicamos años de trabajo, esfuerzo y compromiso, y en el que también se invirtieron enormes recursos económicos a lo largo de estos años. Hoy se pierde ese trabajo, todo lo que construimos juntos y también el capital que fue invertido en el proyecto. Nos duele profundamente que el final sea este. Queremos agradecerles profundamente por el trabajo, el compromiso y el esfuerzo que pusieron durante todo este tiempo”, concluyeron.

El viernes pasado habían cerrado las sucursales de Av. San Martín, en Villa Crespo, y de la calle Sanabria, en Villa Devoto. A los empleados les manifestaron que la decisión se debía a que el alquiler era muy caro y no podían renovarlo.

Pero hoy la situación afectó al resto de los locales. Uno de los trabajadores despedidos contó: “Andá a saber a qué hora de la madrugada se dedicaron a cambiar las cerraduras y tapar todo. Nuestras cosas quedaron adentro”. Relató que estaban al tanto del concurso preventivo, pero que, según les decían desde la empresa, iban a llegar fondos de rescate de Dinamarca.

Asimismo, precisó que los sueldos fueron depositados el miércoles, junto con el aguinaldo que debieron haber abonado en junio. Sin embargo, aseguró que no se realizaron los aportes ni se pagó la obra social, y “mucho menos indemnizaciones o algo similar”.

En su presentación judicial de noviembre del año pasado, la firma había detallado: “La incertidumbre, la recesión, la inflación y el incremento significativo en los costos ocasionaron una caída abrupta y persistente del consumo, que supera el 50% del volumen histórico de la empresa”.

Pandanés, que construyó un modelo de negocio basado en la panificación artesanal con producción centralizada desde una planta de 1.700 metros cuadrados, acumuló cheques rechazados por unos 58 millones de pesos. “Los cheques emitidos para cumplir nuestras obligaciones superan nuestra capacidad de recaudación”, sostuvieron ante la Justicia.

La crisis continuó pese a que “se implementaron múltiples medidas correctivas: optimización de costos, renegociación de alquileres, cambio de proveedores, ampliación del surtido de productos, acuerdos impositivos y reorganización operativa”.

A nivel sectorial, según la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), las ventas de pan tradicional cayeron entre un 50% y 60%, al tiempo que las de facturas y productos de pastelería se desplomaron un 80%. “​La gente ya no compra por kilo, sino por lo que le alcanza en el bolsillo”, advirtió la entidad.

Esta semana se realizaron acercamientos significativos entre la Casa Rosada y un grupo de gobernadores que viajaron a París a mostrarse junto al Gabinete Nacional en el Argentina Week. “Parecía un viaje de egresados”, afirmaba jocosamente uno de los altos dirigentes que se sacó una foto con el ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque todavía no se hicieron menciones a futuros apoyos legislativos, se desprende que después del viaje se exacerbará un toma y daca entre la Nación y varias provincias. Los primeros, para recibir los votos necesarios en debates clave, y los segundos, para retener el poder en sus distritos.

Si bien el Gobierno está negociando los apoyos para votaciones clave como el Presupuesto 2027 y la Reforma Política (que contiene la suspensión de las PASO), esta semana se presentó el desafío de desactivar la nueva ofensiva de la oposición más dura que busca rechazar el DNU 70/23, el cual contiene la derogación de la Ley de Tierras.

La Cámara de Diputados tiene convocada una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de derogar ese megadecreto que Javier Milei firmó al inicio de su gestión y que desreguló amplios sectores de la economía. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, por lo que un voto negativo en la Cámara baja representaría su caída definitiva. El detonante fue un fallo de la Corte Suprema que restableció los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, uno de los 366 artículos que componen el texto.

Si la sesión prospera, una serie de regulaciones hoy suspendidas volverían a tener fuerza de ley. La Ley de Alquileres retornaría con plazos mínimos de tres años y ajuste semestral; las empresas de medicina prepaga volverían a necesitar autorización estatal para subir sus cuotas; y la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas recuperarían vigencia. En materia de comercio exterior, el Estado recuperaría la facultad de imponer restricciones a exportaciones e importaciones, y regiría nuevamente la Ley de Compre Nacional. El proceso de privatizaciones de empresas estatales, incluida la cesión accionaria de Aerolíneas Argentinas, también quedaría sin respaldo legal.

El Gobierno descarta que la oposición logre reunir el quórum necesario —129 diputados— y trabaja en alternativas para frenar la sesión. Tres integrantes de la Mesa Política que hablaron con Infobae afirmaron que comenzaron las reuniones para impedir que Unión por la Patria, la izquierda y los terceros bloques que acompañaron la firma del pedido de sesión logren su cometido y consigan el quórum para tratarlo. Son incluso más optimistas sobre la posibilidad de que no se derogue ese DNU. “Las negociaciones ya empezaron desde el mismo miércoles por la mañana”, afirman. Los gobernadores forman parte de ese bloque con el que se negocian las adhesiones.

En el recinto mismo, el bloque de La Libertad Avanza ya cuenta con el apoyo del PRO y de una parte de la UCR. Uno de los legisladores más importantes de ese espacio dio su perspectiva de cómo evolucionará la situación de aquí a dos semanas, que es cuando está convocada la sesión opositora: “No pueden conseguir ese número (para rechazar el DNU). No va a tener buena prensa. Eso no es discapacidad ni morosidad”.

¿Existe la posibilidad de que el Gobierno ceda con algunos proyectos opositores para sumar fuerzas? Por ahora no está dentro de las conversaciones, pero el PRO está particularmente interesado en que se puedan poner en discusión los proyectos de Electromovilidad, la reforma de la Alerta Sofía, el incremento de penas para delitos contra la propiedad rural y una iniciativa para que se permita sembrar cultivos como maíz y soja al costado de las rutas.

Uno de los miembros de la Mesa Política plantea la estrategia de la siguiente manera: “Lo más probable es que vayamos a sacar un proyecto específico para tratarlo separado del DNU completo. Todavía no está completamente definido. No digo que la tengamos fácil, pero vamos a salir para adelante bien”.

La oposición evalúa varios caminos para restablecer los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. Una es incorporar la restitución de la Ley de Tierras y la anulación del artículo 154 del DNU 70/23 en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, como propuso Miguel Ángel Pichetto. Cuando el diputado nacional propuso aquella alternativa el miércoles por la tarde, varios diputados nacionales de LLA repitieron en privado que era la mejor alternativa de todas. También se analiza reflotar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para fijar algún límite a las operaciones.

El bloque peronista del Senado impulsó la iniciativa de aprobar una ley que derogue solo ese artículo. Esta última opción preservaría el resto del decreto, pero permitiría al presidente Javier Milei vetarla, mientras que el rechazo total del DNU no podría ser revertido por veto presidencial.

El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, sostuvo en Infobae en Vivo que si Diputados rechaza el DNU 70/2023 la Ley de Tierras volvería a regir en 15 días y se restablecerían las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros. Aun así, los números para su aprobación no están claros.

En materia de endeudamiento, los votos permanecen abiertos: el oficialismo tiene dictamen de mayoría, pero la oposición debería rechazarlo primero y luego unificar apoyos entre sus dos propuestas alternativas, una de refinanciación y otra que suma topes a los intereses, por lo que no hay números asegurados. En discapacidad, La Libertad Avanza parte de una posición más sólida: su dictamen, acordado con bloques aliados y gobernadores, reuniría cerca de 127 votos y quedaría a dos votos de la mayoría simple, mientras que una parte de la oposición cuestiona la redacción y sostiene su proyecto para prorrogar por un año la emergencia vigente.

Con un llamado a abandonar la lógica del corto plazo y un listado de nueve compromisos para consolidar la transformación económica del país, Santiago Mignone, presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y socio de PwC Argentina, cerró este viernes el 62° Coloquio IDEA en Mar del Plata. “El cambio más importante que necesitamos es dejar de pensar solamente en el próximo año y empezar a pensar en los próximos 20”, sintetizó ante empresarios, funcionarios y referentes del sector privado reunidos en el Hotel Sheraton.

El encuentro, que se extendió por tres días bajo el lema Invirtiendo la Historia. 20 años: de promesa a potencia, abordó la transformación productiva, la inteligencia artificial y el nuevo mapa político y comercial global. En su discurso de cierre, Mignone subrayó que la Argentina atraviesa una etapa de estabilización que no puede interrumpirse: “El camino no será posible si volvemos sobre nuestros pasos. Es determinante sostener el esfuerzo realizado y persistir en el rumbo”.

El presidente de IDEA retomó una definición que había marcado la apertura del coloquio, pronunciada por Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia: “La estabilidad no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para mejorar la vida de las personas”. Bajo esa premisa, Mignone advirtió que el país necesita ir más allá de aprovechar una coyuntura favorable y alcanzar condiciones que permitan sostener el crecimiento en el tiempo, atraer inversión y traducir el desarrollo en oportunidades concretas para la población.

“Durante demasiado tiempo vivimos pendientes del próximo sobresalto, de las próximas elecciones, del próximo gobierno, del próximo ciclo económico”, señaló. En esa línea, convocó al empresariado a correrse de la discusión coyuntural y aportar a una agenda de largo plazo: “Queremos hablar del futuro”.

Los nueve compromisos que IDEA pone sobre la mesa

Para avanzar en ese camino, Mignone presentó una hoja de ruta con nueve compromisos que, desde IDEA, consideran indispensables para reconstruir la confianza y fortalecer los marcos institucionales.

1. El primero apunta a consolidar la estabilidad macroeconómica mediante políticas económicas consistentes, equilibrio fiscal, inflación compatible con los estándares internacionales y sostenibilidad de la deuda.
2. El segundo exige honrar los compromisos asumidos por el Estado, sin importar quién ni cuándo los haya contraído. Mignone lo repitió con énfasis: “Cumplimiento irrestricto de los compromisos asumidos, independientemente de quién, ni cuándo, los haya asumido”.
3. El tercero reclama impulsar una economía competitiva y de alta productividad, con un sistema impositivo que acompañe a quienes producen y generan empleo. En ese punto, Mignone reclamó una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que permita eliminar los impuestos distorsivos, y recordó que se trata de un mandato constitucional incumplido desde hace más de 30 años. “Los mandatos constitucionales no son optativos”, afirmó.
4. El cuarto compromiso apunta a fortalecer la formalidad y combatir la evasión.
5. El quinto, a promover la integración internacional a través de acuerdos comerciales alineados con las megatendencias globales.
6. El sexto llama a asegurar una transición con inclusión social, con políticas de capacitación para los sectores más vulnerables e incorporación de la tecnología como herramienta.

Reforma judicial y ética empresaria, en el cierre de la agenda

Los tres compromisos restantes apuntaron al plano institucional y ético.

1. El séptimo plantea establecer objetivos básicos comunes y reglas de juego estables, con consensos entre actores políticos, económicos y sociales sobre el respeto institucional y la propiedad privada.
2. El octavo exige avanzar en el fortalecimiento de la calidad institucional, con foco en la justicia: Mignone pidió un servicio judicial independiente, que resuelva en tiempos razonables y que destierre la discrecionalidad en la selección de jueces. “El Consejo de la Magistratura tiene para su tratamiento una propuesta de reforma del reglamento de selección de jueces, presentada por la Corte Suprema de Justicia en marzo. Que elimina la discrecionalidad escondida bajo el concepto de ‘entrevistas personales’. Sólo deben tratarlo y aprobarlo”, señaló.
3. El noveno y último compromiso convoca a promover una ética empresaria centrada en las personas, que priorice la transparencia y desterrar la corrupción, especialmente en el contexto de disrupción tecnológica e inteligencia artificial.

La mirada puesta en las elecciones de 2027

Hacia el final, Mignone hizo una referencia directa al ciclo electoral que se avecina. “El año próximo, tendremos un año electoral. Veremos ahí si los candidatos están a la altura de las exigencias o de sus miserias. Si sólo se detienen en la coyuntura, o discuten sobre el futuro”, planteó.

El presidente de IDEA cerró con una imagen: “No se trata de tirar abajo la pared que, con esfuerzo, venimos construyendo toda la sociedad argentina. Se trata de mantener lo construido, apuntalar lo necesario y agregar ladrillo sobre ladrillo”. Y remarcó que un país no se transforma en un mandato presidencial ni en un ciclo económico favorable, sino cuando logra sostener durante décadas un proyecto compartido de desarrollo. “Esa es la conversación que queremos seguir impulsando desde IDEA”, concluyó.

La empresaa Halliburton, una de las principales firmas que provee la tecnología, los equipos y el personal especializado para la extracción petrolera, ratificó hoy que no trabajará en el proyecto Sea Lion ni participará en ninguna actividad de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes, según informó Reuters.

La ratificación no es un gesto espontáneo: responde a un requerimiento directo del gobierno argentino en el marco de una ofensiva legal y diplomática que la Cancillería desplegó durante septiembre contra las empresas vinculadas al yacimiento.

Según se informó, el proveedor de servicios petroleros se comunicó con las autoridades argentinas, quienes habían planteado dudas sobre la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente y propuesta en relación con las actividades en el territorio en disputa.

La declaración se conoce despues de que el presidente argentino, Javier Milei, intensificó la reivindicación del país sobre las islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.

Tras la cadena nacional, y la amenaza a las empresas que provean de lógisticas a las petroleras que operan en Sea Lion, la filial local de Halliburton ya había notificado el pasado 5 de septiembre su decisión de no participar en proyectos en Malvinas.

En el marco de la escalada de tensión política y diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía en Malvinas y el control del petroleo, la Cancillería distribuyó cerca de 180 notificaciones formales a firmas de servicios petroleros de todo el mundo, advirtiéndoles que cualquier colaboración con Sea Lion las dejaría inhabilitadas para operar en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales con epicentro en Neuquén que produce más de 600.000 barriles diarios.

Esa advertencia ya había tenido efecto en septiembre, cuando SLB (antes Schlumberger) y Baker Hughes hicieron públicos comunicados en igual sentido que el de Halliburton. Las tres compañías concentran la mayor parte de la capacidad técnica global para perforaciones mar adentro de la escala que requiere Sea Lion.

La presión sobre Sea Lion no se limita al plano administrativo. A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender cualquier acto material vinculado al proyecto, incluidas perforaciones, infraestructura submarina, ductos y extracción comercial. La medida se fundó en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental validada por las autoridades nacionales argentinas. El propio fallo reconoció que su efectividad práctica depende de la cooperación internacional, dado que el proyecto opera bajo licencias británicas.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco firmas vinculadas a Navitas Petroleum —entre ellas sus subsidiarias directas y la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas— por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. La ley argentina prevé para estos casos penas de hasta 20 años de inhabilitación y 15 años de prisión. El proceso sancionatorio alcanza en total a unas 60 personas y empresas, entre operadores, accionistas, ejecutivos y proveedores estratégicos de países como el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Suecia.

El paso más audaz llegó el 30 de agosto, cuando Argentina notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le otorgó un plazo de 14 días para paralizar las operaciones. “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió Milei en X. De no mediar una respuesta, Argentina avanzará con una demanda formal ante ese tribunal, con sede en Hamburgo.

Mar del Plata.- Enviada especial. El ministro de Economía, Luis Caputo, trazó ante los empresarios reunidos en el 62° Coloquio de IDEA la hoja de ruta que imagina el Gobierno para los próximos años. Descartó recurrir a una devaluación para ganar competitividad, anticipó nuevas bajas de impuestos y regulaciones y aseguró que una eventual segunda gestión de Javier Milei profundizará las reformas.

Por participar de la Argentina Week en París, Caputo participó del encuentro a través de una entrevista grabada previamente, realizada por el titular del coloquio y CEO del Grupo Galicia, Fabián Kon. Al analizar lo realizado hasta ahora, destacó la estabilidad económica, pero puso especial énfasis en otro aspecto: aseguró que el Gobierno avanzó sin afectar la propiedad privada y respetando los contratos.

“Lo más importante para mí es que se logró una estabilidad económica habiendo heredado una situación económica en donde realmente absolutamente nadie pensaba que esto era posible”, señaló. Pero agregó que “casi lo más importante” fue conseguirlo “respetando la propiedad privada”, sin atropellarla y “respetando la santidad de los contratos”.

En ese sentido, recordó las expropiaciones, el Plan Bonex, el corralito, el corralón y los defaults que atravesó la Argentina y sostuvo que esas experiencias generaron consecuencias de largo plazo. Entre ellas, mencionó el “desprecio” de buena parte de los argentinos por la moneda, las instituciones y los políticos.

Cómo seguirá el plan económico

Cuando le preguntaron sobre cómo continuará el programa, Caputo respondió: “De la misma manera”. Aunque anticipó que habrá “muchas más reformas viniendo” y vinculó la posibilidad de acelerar los cambios con una mayor representación oficialista en el Congreso.

“Imagínense si pudimos hacer lo que se hizo con 10% en senadores y 15% en diputados, lo que viene posteriormente”, afirmó. Y enumeró los pilares de la próxima etapa: continuar bajando impuestos y regulaciones, mejorar la infraestructura y reducir el costo financiero.

Para el ministro, esa combinación permitirá generar “verdadera competitividad” sin recurrir al tipo de cambio. “No creemos que sea devaluando como típicamente quieren algunos economistas, algo que obviamente nunca funcionó en Argentina. Si fuera así seríamos Suiza, porque nadie devaluó tanto su moneda como nosotros”, sostuvo. Luego dejó una de sus definiciones más fuertes: “La devaluación es simplemente sueldos miserables para la gente”.

Caputo comparó el proceso argentino con programas de estabilización de países vecinos como Chile y Perú y sostuvo que la Argentina cuenta, además, con mayores recursos naturales y, especialmente, capital humano. “El argentino puede competir tranquilamente, si los políticos le damos las condiciones para que efectivamente lo pueda hacer”, dijo, y extendió esa responsabilidad a Nación, provincias y municipios.

Riesgo país y el “temor a volver al infierno”

El titular del Palacio de Hacienda también habló de la reciente suba del riesgo país, que ubicó desde un promedio cercano a los 450 puntos básicos hasta unos 600.

Caputo atribuyó una parte al escenario internacional, que, según dijo, afecta a distintos países no solo a través del riesgo soberano, sino también de la inflación y la actividad. Lo definió como un “shock externo bastante brutal” y mencionó el nivel de las tasas internacionales y la fuerte suba del petróleo.

En ese contexto, recordó que pocos años atrás la Argentina importaba energía y registraba 15 puntos de déficit consolidado. Según sostuvo, en otras condiciones el país hubiera resistido apenas “cinco minutos más” frente a un shock de esas características. Sin embargo, aclaró que el contexto internacional no explica todo el movimiento. También señaló un componente local relacionado con el temor de algunos inversores a que la Argentina vuelva a políticas anteriores.

“Eso generó un cierto temor a volver al infierno”, afirmó. Caputo aclaró que ese escenario no forma parte de las previsiones centrales del Gobierno, aunque aseguró que el equipo económico se prepara igualmente para esa posibilidad porque considera que es su responsabilidad.

El ministro sostuvo además que el país está “mucho más preparado” que en octubre del año pasado, cuando, según afirmó, el sector privado perdió casi USD 2.000 millones. Explicó que esa pérdida preocupa al Gobierno porque implica menos recursos disponibles para inversión.

Para Caputo, el riesgo político está “totalmente exagerado”. Y vinculó la continuidad del programa con un horizonte de largo plazo: “Si vos generás previsibilidad y estabilidad, que es lo que nosotros estamos generando, se van a venir 20 años de crecimiento y es el momento para aprovecharlos”.

Impuestos y el futuro del RIGI

Otro de los ejes centrales fue la estructura tributaria. Caputo la calificó como “desastrosa desde todo punto de vista”, con una cantidad “absurda” de impuestos y un esquema engorroso.

Sin embargo, explicó que una reforma integral necesita acuerdos con los gobernadores y mayorías en el Congreso. Como el Gobierno no podía esperar cuatro años para conseguir esas condiciones, señaló que optó por avanzar con reducciones tributarias a medida que el resultado fiscal lo permitió.

“Ya hemos bajado tres puntos de producto de impuestos y el año que viene probablemente estemos bajando un punto más”, afirmó. Según Caputo, al finalizar el actual mandato de Milei el Gobierno habrá reducido cuatro puntos del producto en impuestos, al mismo tiempo que llevó el déficit fiscal a cero mediante una reducción del gasto.

En ese marco, explicó también el objetivo de largo plazo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “La idea del RIGI no es que sea siempre un régimen especial, sino que la economía argentina converja al RIGI”, sostuvo.

Según precisó, ya se aprobaron proyectos por más de USD 56.000 millones y existen otros USD 150.000 millones “viniendo”. Para el ministro, esos proyectos no solo aportan estabilidad en el presente, sino que generan previsibilidad sobre los flujos futuros de dólares y ayudan a garantizar estabilidad cambiaria durante los próximos años. A eso sumó la estabilidad fiscal y monetaria como condiciones para que la industria avance con nuevas inversiones. “Después está en cada uno realmente afrontar el compromiso de invertir y competir”, dijo.

Caputo anticipó además que después de 2031 habrá una reforma tributaria de simplificación impositiva. En ese contexto, mencionó la situación de los pluriempleistas y el monotributo, cuya recaudación consideró baja en relación con las prestaciones sociales que el Estado debería garantizar.

La informalidad laboral fue otro de los temas abordados. Caputo aseguró que preocupa al Gobierno y vinculó ese problema con la reforma laboral. Según afirmó, la reforma redujo las cargas patronales “del 20 al 2%”, con el objetivo de modificar los incentivos que llevaban a empleadores y trabajadores a mantenerse en negro o en situaciones intermedias de informalidad.

“Prácticamente no hay incentivo por el lado del empleador de tener a alguien hoy en negro, porque realmente por un 2% podés tenerlo en blanco”, señaló. De todos modos, admitió que los resultados serán paulatinos y que los cambios llevan tiempo después de años de políticas económicas que consideró incorrectas. También mencionó que actualmente se necesitan más de 30 monotributistas para financiar una jubilación mínima y volvió a señalar que la reforma tributaria deberá compatibilizarse con las provincias.

En ese punto, reclamó un mayor compromiso de gobernadores e intendentes. Caputo sostuvo que los impuestos más distorsivos se encuentran en los niveles provincial y municipal y afirmó que son los que “más hieren la competitividad”. Como ejemplo, mencionó el caso de un gobernador que anunció la eliminación de Ingresos Brutos para la industria y consideró que otras jurisdicciones podrían seguir el mismo camino.

La reforma previsional, para el final

Finalmente, Caputo se refirió al sistema previsional, que definió como un tema complejo y que, según explicó, enfrenta además el impacto de la caída de la natalidad.

El ministro señaló que la reforma previsional será “la última de las reformas”. Su argumento fue que el Gobierno necesita conocer primero cuáles serán los recursos disponibles luego de los cambios que busca implementar en otras áreas.

“Nosotros estamos en un proceso de transformación”, explicó. Por eso, sostuvo que antes de modificar el sistema jubilatorio será necesario dimensionar el efecto de la reforma impositiva, de una mayor formalización de la economía y de un eventual período prolongado de crecimiento.

Caputo planteó que el escenario cambia sustancialmente si la Argentina consigue que una mayor proporción de trabajadores pase a la formalidad y si la economía logra crecer durante los próximos 20 años. Según explicó, recién con esa información será posible determinar con mayor precisión los recursos disponibles para diseñar el nuevo sistema.

Una situación inédita atraviesa la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados: el sector oficialista, que conduce el sindicato desde su creación, en 2008, está cerca de presentarse dividido en las elecciones para renovar autoridades que se harán el 26 de noviembre.

La dupla Beto Pianelli-Néstor Segovia piloteó el gremio surgido de una ruptura de trabajadores del subte con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se mantuvo a lo largo de los años pese a las diferencias políticas entre ambos: uno provenía del trotskista Movimiento al Socialismo (MAS) y otro se reconoce como peronista.

Sin embargo, el fallecimiento de Pianelli, en enero pasado, dejó en estado de shock al oficialismo, donde el “pianellismo”, como llaman a los partidarios más fieles del líder, no reconoce a Segovia, secretario adjunto del sindicato, como el mejor heredero en condiciones de convertirse en el nuevo secretario general y aspiran a que uno de sus miembros quede al frente del gremio.

La referente de ese sector es Virginia Bouvet, una de las delegadas que en los años 90 se rebeló junto con Pianelli ante los manejos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se desafiliaron para crear un nuevo sindicato.

Los pianellistas no descartan presentarse en las elecciones con una lista propia mientras Segovia, que reivindica la alianza construida con Pianelli durante 18 años, propuso una nómina de unidad, incluso con la izquierda, para enfrentar los riesgos que, según imagina, les esperan a los trabajadores en la etapa que viene.

Cerca del adjunto de Metrodelegados creen que el pianellismo no lo quiere porque son muy rígidos ideológicamente y Segovia es “peronista y evangélico”. Pero aclaran: “Con Beto eran como hermanos, siempre trabajaron juntos y los matices sólo eran políticos”.

“Sería un error que se rompa un sector que está desde hace tanto tiempo y con tantos resultados al frente del sindicato”, afirman los allegados a Segovia.

En el pianellismo habían advertido hace un mes que “ante la ofensiva del Gobierno, la reforma laboral y la persecución judicial que pretende criminalizar a los sindicatos, la respuesta debe ser construir la mayor unidad posible”, pero hoy admiten que las negociaciones con Segovia no progresaron, aunque no descartaron un acuerdo: “El cierre de listas es este viernes a las 23.59. Las definiciones van a estar recién ahí”.

El riesgo de la división del oficialismo en Metrodelegados sería un escenario beneficioso para la izquierda, que en las elecciones sindicales de 2022, en una lista que unificó al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y al Partido Obrero (PO), llegó al 40,9% de los votos contra el 59,1% de la fórmula Pianelli-Segovia.

Se trata de un sector de sólida presencia en las bases de los subtes, con referentes como Claudio Dellecarbonara, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), actual vocal del gremio por la minoría y con fuerte inserción como delegado en la Línea B, o David Carballo, del Partido Obrero (PO) y delegado de línea B.

Como anticipó Infobae, algunos referentes del trotskismo en los subtes creen que hay una situación política “muy complicada”, con ”persecución contra las organizaciones sindicales, sobre todo las combativas”, por parte del gobierno de Javier Milei que pone “en riesgo el sindicato” y por eso propusieron a los pianellistas y a Segovia consensuar una lista unificada para las elecciones del 26 de noviembre, pero con un previo acuerdo sobre algunos puntos que considera clave.

Por ejemplo, la izquierda cuestiona “cómo viene funcionando el sindicato y cómo se toman las decisiones”, y también rechaza la reelección indefinida de los máximos dirigentes de Metrodelegados, punto que se criticaba en sus orígenes y que luego Pianelli y Segovia lograron incorporar en el estatuto sindical.

La idea de acordar un programa entre el oficialismo y la izquierda como condición para ir juntos a las elecciones, sin embargo, no prosperó. En el trotskismo de los subtes son lapidarios: “Vemos que la pelea de ellos es por el sillón, pero nuestra discusión no es por los cargos sino por definir qué clase de organización sindical queremos construir, qué herramienta necesitamos en esta situación crítica para los trabajadores, que para nosotros debe ser democrática, participativa y combativa”, dijo un referente de una de las fracciones duras del sindicato.

Aun así, la izquierda tiene su propia interna. Hay una clásica rivalidad entre el PTS y el PO, que, aunque se unieron hace 4 años para darle batalla a Pianelli-Segovia desde la Lista Multicolor, en estas últimas semanas amagó con profundizarse porque el Partido Obrero vetó la propuesta del PTS de buscar una lista de unidad con las dos fracciones en que se divide el oficialismo.

El fracaso de la unificación electoral en Metrodelegados logró que la izquierda volviera a asociarse para las elecciones del 26 de noviembre detrás de la candidatura de Dellecarbonara a secretario general, pero en hay agrupaciones minoritarias del sector combativo de los subtes que podrían quedar afuera de ese acuerdo.

Se mantendrá hasta la medianoche de este viernes la intriga sobre cómo quedará desplegado el tablero final para las elecciones en este sindicato de 1500 afiliados y decisiva influencia en la actividad de los subtes. Pero puede convertirse en un test que medirá la fortaleza de todo el gremialismo combativo y en una señal que tomarán en cuenta los gobiernos nacional y porteño.