La Justicia Federal procesó por falso testimonio al mapuche Matías Santana, integrante de distintas comunidades mapuches de la Patagonia, por haber declarado que observó con binoculares cómo efectivos de Gendarmería Nacional subían a una camioneta al activista Santiago Maldonado.
La decisión judicial llegó nueve años después de aquella declaración, que instaló la etiqueta de “mapuche de los binoculares” con la que incluso es identificado en distintos expedientes judiciales en los que aparece.
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Santana aseguró haber visto a uniformados cuando golpeaban al activista y lo subían a una camioneta. Según su relato, utilizó binoculares para observar la escena y afirmó que Maldonado vestía una campera celeste que él mismo le había prestado la noche anterior.
En aquel momento, a mediados de 2017, Santana formaba parte de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut. Tiempo después se incorporó a otro grupo mapuche, la Lafken Winkul Mapu, que protagonizó numerosos incidentes en Villa Mascardi y por los que también fue procesado.
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El testimonio que le valió el apodo fue denunciado ante la Justicia. La declaración, según la acusación, entorpeció el operativo de búsqueda de Maldonado y contribuyó a que los efectivos que participaban del procedimiento fueran señalados por ese supuesto accionar.
Poco después, Santana abandonó la comunidad mapuche de Chubut y se incorporó a la Lafken Winkul Mapu, que entre noviembre de 2017 y octubre de 2022 protagonizó usurpaciones y otros conflictos territoriales en Villa Mascardi. Allí entabló un vínculo sentimental con la “machi” Betiana Colhuan, máxima autoridad espiritual de ese grupo, con quien tuvo dos hijos.
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Cuando se realizó el desalojo integral de los lotes ocupados en Villa Mascardi, en octubre de 2022, Santana huyó junto con los demás hombres de la comunidad. En el predio quedaron siete mujeres, que fueron demoradas, entre ellas la machi.
Horas más tarde, Santana visitó a Colhuan en el lugar donde permanecían detenidas las mujeres. Al enterarse de que la Justicia había dispuesto una orden de captura en su contra, huyó y se mantuvo en la clandestinidad durante poco menos de un año y medio.
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Antecedentes judiciales
A comienzos de 2018, Santana fue procesado por la usurpación de dos predios pertenecientes a Parques Nacionales y por participar en el avance sobre otras dos propiedades particulares.
También fue condenado por daños en el edificio judicial de Bariloche y por lesionar a siete efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el primer juicio de extradición de Facundo Jones Huala.
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El listado de antecedentes incluye, además, la responsabilidad que le atribuyó la Justicia Federal por el incendio de una casilla de Gendarmería ocurrido en 2020, en Villa Mascardi. Ese hecho figura entre los motivos que sustentan su orden de captura, dispuesta por el magistrado que intervino en aquella causa.
Cuando se ejecutó el desalojo integral de los lotes, Santana no se encontraba en el predio. Los efectivos federales hallaron, sin embargo, un elemento que consideraron clave para la investigación: documentación personal en el interior de la vivienda principal de la comunidad.
La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, rechazó este lunes todos los planteos defensivos que realizó Miguel Cullen, abogado de Juan José Canosa, en la causa que lo investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público. Canosa fue secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno y Justicia y Educación, interventor de Líneas Aéreas de Entre Ríos SA, presidente del directorio de Sidecreer SA, y personal no escalafonado de la Cámara de Diputados -asesor legal-, recorrido durante el que “habría incrementado su patrimonio de manera injustificada y desproporcionada”, según la hipótesis fiscal.
La defensa instó –tras el pedido de remisión a juicio de Fiscalía- la nulidad del hecho, de la remisión a juicio e instó el sobreseimiento de Canosa. También pidió el sobreseimiento por violación del plazo razonable para investigar; la exclusión de los informes de peritos de Fiscalía y atacó un informe contable sobre el que sostuvo el monto del presunto enriquecimiento, consignó el portal de noticias Apf.
El acusado enfrenta un pedido de pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva, más las penas de multa por el monto imputado e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa sostuvo que la afectación del derecho de defensa se ve obstaculizada, entre otros señalamientos, en la imposibilidad de contar con información que el paso del tiempo hace imposible su producción.
Barbagelata rechazó los planteos y sostuvo que los agravios de la defensa consistieron en una disconformidad con la resolución atacada, expresando que los planteos defensivos no lograron conmover el grado de probabilidad de los hechos que Fiscalía le endilga a Canosa. Sostuvo que la evidencia que se presentó en la investigación, por sí sola no es suficiente para decidir y debe ser cotejada con las otras que se incorporen, en relación a pedidos de exclusión probatoria.
Respecto del agravio defensivo que cuestionó que el hecho que se imputó se formuló a partir de un informe contable que realizó un contador del Ministerio Público Fiscal, desestimando -sin fundamentarlo- la pericia que realizó una perito del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que con la participación de peritos de parte, arribó a conclusiones opuestas a la del contador de Fiscalía, la jueza expresó que justamente la diferencia entre los informes es materia de debate, donde podrá ser interrogada por las partes y explicada y ampliada por los testigos. Añadió que la diferencia, aun tomando la más beneficiosa para los intereses del acusado, el resultado confirma la hipótesis fiscal de un enriquecimiento sin justificar. Así, rechazó que haya existido un planteo sorpresivo para la defensa respecto del monto imputado, añadiendo que aquel fue el resultado de la valoración de elementos ya analizados por otros peritos, destacó el portal de noticias Apf.
También señaló que la defensa pudo controvertir aquel informe y no lo hizo, agregando que lo consintió y que reconoció que ninguna evidencia le fue negada.
Barbagelata aportó que la defensa sostuvo que no lo controvirtió para no convalidar –en referencia a los plazos de prescripción- la incorporación de evidencia con la que no estaba de acuerdo. En este punto sostuvo que aquella decisión no puede ser trasladada a Fiscalía y ahora pedir su exclusión.
La jueza también rechazó los pedido de exclusión de la extracción de datos bancarios y financieros de Canosa que la defensa realizó cuestionado que los peritos no estaban matriculados en el Colegio correspondiente. Barbagelata los rechazó porque la defensa no logró explicar cómo la falta de matriculación podría interferir en la extracción de datos, una actividad primaria, en profesionales que están capacitados por carrera para hacerlo. También señaló que la ley les permite realizar la tarea de extracción de datos, y que el análisis posterior, es de los fiscales.
Sobreseimiento
Junto a Canosa también fue investigada su esposa, la defensora pública del Juzgado de Ejecución de Penas de Paraná, Paula Montefiori, abogada de 48 años, que fue investigada por un período de 14 años, comprendidos entre 2003-2016, de los cuales solo en tres exhibió un incremento que ameritó la apertura de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en tanto que en los otros 11 no, según sostuvo Fiscalía en la audiencia en la que se dictó su sobreseimiento por acuerdo de partes.
Así, en caso de Montefiori la imputación se focalizó en tres años en los que habría exhibido inconsistencias patrimoniales. Según resaltó el portal Apf, el relato del hecho por el que fue sobreseída consignó que “durante su desempeño como funcionaria pública de la provincia de Entre Ríos -Asesora Legal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y luego defensora del Ministerio Público-, en los años 2009, 2015 y 2016, incrementó su patrimonio sin contar con ingresos que lo justifiquen; por el monto total de $ 94.438,14”.
La cuenta oficial de X del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú fue hackeada y utilizada para promocionar una supuesta criptomoneda denominada $HYLO. La cartera confirmó que su perfil había sido “comprometido” y activó los protocolos de seguridad para intentar recuperar el acceso y evitar nuevas publicaciones ajenas al organismo.
Durante el incidente, decenas de mensajes comenzaron a aparecer uno detrás de otro en el perfil institucional. Las publicaciones promocionaban el token $HYLO y alentaban a los usuarios a verificar cuántas unidades de la criptomoneda supuestamente les habían sido asignadas.
Los mensajes también indicaban que el período para reclamar los tokens y comenzar a negociarlos se abriría el próximo 25 de septiembre. Las publicaciones fueron posteriormente eliminadas de la cuenta, mientras las autoridades peruanas trabajaban para restablecer el control del perfil.
Los atacantes utilizaron el perfil institucional para promocionar una supuesta criptomoneda denominada $HYLO.
Qué dijo el Ministerio de Economía de Perú sobre el hackeo
Ante la aparición de los mensajes, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó un comunicado en el que confirmó el incidente y advirtió que el contenido difundido durante el ataque no pertenecía al organismo.
“Las publicaciones realizadas desde dicha cuenta no constituyen comunicaciones oficiales”, señaló el ministerio. Además, informó que había puesto en marcha los mecanismos correspondientes para recuperar el acceso y que brindaría novedades una vez normalizada la situación.
La cartera económica buscó así despegarse de cualquier promoción vinculada con $HYLO y advertir a los usuarios frente a los mensajes publicados desde una cuenta que, hasta ese momento, funcionaba como uno de sus canales oficiales de comunicación.
¿Cómo operan las estafas vinculadas con criptomonedas?
Las estafas relacionadas con activos digitales suelen utilizar anuncios, mensajes o publicaciones en redes sociales para captar potenciales víctimas. En algunos casos, los atacantes toman el control de perfiles reconocidos para otorgar mayor credibilidad a las promociones y convencer a los usuarios de ingresar a sitios externos o realizar inversiones.
El episodio ocurrido en Perú no es el primero que involucra a cuentas de dirigentes u organismos públicos de la región. En 2025, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, eliminó una publicación de su cuenta de X que aseguraba que el país había aprobado al bitcoin como moneda de curso legal.
Aquel mensaje también estuvo vinculado con un probable ataque informático realizado por estafadores relacionados con el mercado de criptomonedas, por lo que posteriormente fue retirado.
Personal de Prefectura Naval Argentina incautó más de 324 kilos de marihuana durante un operativo realizado en la costa del río Paraná, en la provincia de Misiones. El cargamento, valuado en más de $1.242 millones, habría sido trasladado desde Paraguay hacia territorio argentino.
El procedimiento se inició a partir de información obtenida por integrantes de la Delegación Inteligencia Criminal e Investigaciones de Libertador General San Martín sobre un posible ingreso de estupefacientes desde el país vecino.
Con esos datos, los efectivos instalaron un puesto de observación en la zona y comenzaron tareas de vigilancia sobre el curso de agua y los sectores próximos a la costa.
Detectaron un bote que cruzaba desde Paraguay
Durante el operativo, los prefectos observaron aguas abajo un bote a remos que cruzaba el río Paraná desde la costa paraguaya hacia Argentina. En la embarcación viajaban dos personas y se trasladaban varios bultos.
El bote arribó a la altura del kilómetro 1.738, en la zona del Arroyo León. Ante esa situación, los agentes solicitaron apoyo para reforzar el despliegue y avanzar con un rastrillaje terrestre.
Al llegar al sector, el personal encontró un vehículo con las puertas abiertas. Dentro del rodado había tres bultos que contenían panes de marihuana prensada.
Hallaron más droga cerca de la costa
La búsqueda continuó por un sendero que comunicaba la costa con el interior del terreno. Allí los efectivos localizaron nuevos paquetes, mientras que otra parte del cargamento fue encontrada dentro de un bote de madera.
Tras reunir todo el material, se contabilizaron 13 bultos con un total de 409 panes de marihuana. El pesaje determinó que la carga superaba los 324 kilogramos.
De acuerdo con la estimación oficial, los estupefacientes secuestrados a orillas del río Paraná tienen un valor de mercado superior a los $1.242 millones.
Interviene la Justicia Federal
La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de la fiscal Viviana Alejandra Vallejos, quien dispuso el secuestro de toda la droga encontrada durante el procedimiento.
La medida judicial también alcanzó al vehículo localizado con los paquetes en su interior y a la embarcación que habría sido utilizada para trasladar el cargamento desde la costa paraguaya.
Las actuaciones continúan para reconstruir la maniobra y establecer quiénes participaron del traslado de la marihuana. Hasta el momento, la información oficial no reportó personas detenidas en relación con el operativo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este martes con las acreditaciones de septiembre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El calendario establece las fechas de cobro de cada prestación a partir de la terminación del DNI.
Los montos vigentes incorporan un aumento del 2,11%, calculado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme al esquema de movilidad dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24.
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Quiénes cobran hoy, 15 de septiembre de 2026
El calendario de pagos de ANSES para este martes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos ingresos no superan el haber mínimo cobran este martes si su DNI termina en 5. El pago corresponde al haber mensual de septiembre, junto con el refuerzo previsto para quienes se encuentran dentro de este grupo.
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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
Hoy cobran también los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 5.
Las acreditaciones de ambas prestaciones siguen el mismo esquema que las jubilaciones mínimas: comenzaron el 8 de septiembre y finalizan el 21. La AUH se abona a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que cumplan los requisitos establecidos por el sistema de seguridad social.
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Asignación por Embarazo
Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3 tienen acreditado su pago este martes. Este beneficio está destinado a personas embarazadas sin cobertura de obra social y requiere cumplir las condiciones fijadas por la ANSES.
Asignación Prenatal y Asignación por Maternidad
Cobran hoy las titulares de la Asignación Prenatal con DNI finalizados en 6 y 7. El calendario para esta prestación se distribuye por pares de terminación de documento.
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En el caso de la Asignación por Maternidad, la ANSES establece que el pago se realiza el primer día del cronograma para todas las terminaciones de DNI. Por lo tanto, ese beneficio tuvo su fecha de acreditación el 10 de septiembre.
Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas cobraron el lunes si sus documentos finalizan en 8 y 9. Con esta fecha concluyó el calendario de septiembre para las PNC, que comenzó el 8 de septiembre.
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Dentro de este grupo se encuentran las pensiones por invalidez o vejez y las destinadas a madres de siete hijos o más, cuyos importes se actualizan de acuerdo con el esquema vigente.
Becas Progresar
También cobran los beneficiarios de las becas Progresar con documentos terminados en 4 y 5, según el calendario correspondiente a agosto.
Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas
Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.
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Asignaciones de pago único
Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.
De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026
Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.
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La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.
En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.
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De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026
La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. La ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.
La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.
Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.
La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo se mantiene en $188.300 y el máximo en $376.600, a la espera de una actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
La Policía bonaerense realizó tres allanamientos en General Rodríguez en el marco de una causa que involucra a L-Gante, cuyo nombre es Elián Valenzuela, y a personas de su entorno familiar por presuntas amenazas agravadas con armas de fuego. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.
Los operativos alcanzaron dos propiedades ubicadas dentro del country Terravista y un tercer domicilio particular. Las medidas forman parte de una investigación que se inició después de la denuncia presentada por una mujer que alquilaba una vivienda sobre calle 25 de Octubre.
Según su presentación ante la Justicia, la denunciante habría sido intimidada para que abandonara el inmueble. El primer episodio habría tenido como protagonista a un hombre conocido como “El Oso”, señalado en la causa como tío del cantante, quien presuntamente le manifestó que la propiedad pertenecía a Valenzuela y que debía retirarse del lugar.
La denuncia que originó la investigación
Días después, siempre de acuerdo con el relato incorporado al expediente, el propio L-Gante habría llegado hasta la vivienda acompañado por varias personas. La mujer sostuvo que el grupo habría ingresado por la fuerza al inmueble.
Fuentes policiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que, según la denunciante, durante ese episodio los moradores fueron amenazados con armas de fuego y nuevamente se les exigió que abandonaran el terreno. Estos hechos forman parte de las acusaciones que ahora deberán ser comprobadas judicialmente.
A partir de la presentación, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones comenzó a desarrollar distintas medidas para reconstruir lo ocurrido. Entre ellas se incluyeron tareas de campo y el análisis de registros de cámaras de seguridad de la zona.
Cómo se llegó a los allanamientos
El relevamiento permitió seguir el recorrido de vehículos que presuntamente fueron utilizados durante los episodios denunciados e identificar diferentes domicilios relacionados con las personas investigadas.
Con esos elementos, la Justicia autorizó tres órdenes de allanamiento. Los procedimientos se realizaron en dos propiedades del country Terravista y en otra vivienda ubicada dentro del partido de General Rodríguez.
La investigación busca establecer si L-Gante tuvo participación en los hechos denunciados, además de precisar el rol de las demás personas señaladas. Hasta el momento, no se informó una resolución definitiva sobre las responsabilidades penales de los involucrados.
La causa continúa bajo investigación
El expediente permanece bajo la instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10, a cargo de la fiscal Toscano, que deberá analizar los resultados obtenidos durante los operativos y definir las próximas medidas.
La fiscalía también deberá determinar las circunstancias en las que se produjeron las presuntas amenazas, verificar la existencia y eventual utilización de armas y establecer quiénes participaron de cada uno de los episodios relatados por la denunciante.
Por el momento, la causa continúa en etapa investigativa. Las acusaciones contra L-Gante y las personas de su entorno deberán ser contrastadas con las pruebas reunidas durante los allanamientos, los registros de seguridad y el resto de las medidas dispuestas por la Justicia.
El Gobierno oficializó la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada9 de julio, con la promulgación de la de la Ley 27820.
La iniciativa establece que el reconocimiento alcance a la capital tucumana durante el Día de la Independencia y dispone que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para la fecha se realicen allí de forma permanente.
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La medida apunta a consolidar el vínculo institucional entre la celebración nacional y la ciudad donde el Congreso de Tucumán declaró definitivamente la ruptura con la Corona española en 1816.
Esta medida se encuadra dentro de una serie de acuerdos que alcanzó el oficialismo con los sectores aliados en el Congreso para enviar un gesto político a los gobernadores. De hecho, también se ampliaron las cámaras federales de apelaciones en Tucumán. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico para los diputados provinciales a nivel local.
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En ese sentido, otras de las iniciativas que se encuentran dentro de esta lista es la promulgación de la Ley 27823, que propone incorporar el ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero al patrimonio cultural inmaterial de la República Argentina.
La declaración prevista se encuadra en la ley 26.118, que ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El texto identifica al Camino de Brochero como una práctica que reúne expresiones de devoción, recorridos de peregrinación y actividades culturales.
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Según lo dispuesto, este ritual, la celebración y la peregrinación asociados a la ruta forman parte del patrimonio inmaterial argentino. La figura comprende prácticas, representaciones y conocimientos que las comunidades reconocen como parte de su herencia cultural.
La propuesta alcanza a una manifestación religiosa vinculada con la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, cuya devoción convoca actividades y peregrinaciones en territorio cordobés.
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A su vez, declararon de interés el “Memorándum de entendimiento para la difusión y promoción” que une las rutas del Camino de Brochero y del Camino de Santiago de Compostela. El documento contempla la preservación, divulgación y promoción de ambas tradiciones.
De esta manera, garantizaron el desarrollo de actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales y turísticas relacionadas con la ruta gallega y la ruta brocheriana. El alcance incluye otras acciones que se vinculen con la celebración y la devoción en ambos itinerarios.
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La ley impulsada por Alejandra Vigo recibió su aprobación definitiva a finales de agosto. La iniciativa ya había obtenido media sanción de la Cámara alta en septiembre de 2025.
La medida prevé que los peregrinos puedan acceder a un pasaporte para registrar el trayecto realizado. El mecanismo toma como referencia la experiencia del Camino de Santiago, en España.
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El documento permitirá acreditar las etapas del recorrido y facilitará la participación de los viajeros en propuestas asociadas al turismo, la gastronomía y las artesanías.
El Gobierno nacional promulgó la Ley N° 27.819, mediante la cual el Congreso ratificó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur. Este pacto representa la primera incursión comercial formal del bloque regional en el sudeste asiático y busca consolidar una plataforma de inversiones estratégica para el desarrollo económico nacional.
El convenio terminó por entrar en vigor esta madrugada a partir de la publicación del decreto 1010/2026. El tratado, suscripto el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro, Brasil, establece una zona de libre comercio para bienes y servicios. El marco normativo se alinea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), promoviendo la competencia leal y apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas.
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Dinámica comercial y facilitación operativa
De acuerdo con lo dispuesto, la desgravación arancelaria se organizará mediante un cronograma escalonado. El Mercosur implementará categorías que van desde la eliminación total de aranceles tras la entrada en vigor, hasta plazos de 15 años para sectores específicos, prohibiendo nuevos aumentos impositivos sobre los bienes originarios.
Para reducir costos administrativos, el acuerdo introduce medidas de facilitación:
Entrada libre de aranceles para muestras de valor insignificante.
Admisión temporal para equipos profesionales, bienes de ferias y materiales de transporte, con suspensión de tributos.
Simplificación de los trámites para bienes destinados a reparación, permitiendo su reingreso siempre que mantengan su función original.
Gobernanza y controles técnicos
Las disposiciones prohíben restricciones cuantitativas injustificadas y establecen pautas estrictas para las licencias de importación y exportación. En caso de medidas restrictivas sobre productos alimentarios críticos, las partes deberán notificar con antelación y responder consultas técnicas en plazos máximos de 30 días.
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Para supervisar la aplicación de las reglas de origen y el acceso a mercados, se constituye un Subcomité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen. Este organismo coordinará las consultas técnicas y formulará recomendaciones ante posibles diferencias en la clasificación arancelaria.
Desde la Cancillería, destacaron que el acuerdo trasciende el intercambio de bienes. El vínculo con Singapur, poseedor de un fondo de inversiones con activos cercanos a los 100.000 millones de dólares, resulta clave para captar capitales en provisión de minerales y fuentes de energía. Asimismo, el capítulo específico de inversiones garantiza condiciones de seguridad jurídica superiores a otros tratados vigentes.
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Seguido a ello, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, resaltó la “plataforma de inversiones” que implica la iniciativa en cuestión, ya que “Singapur tiene el PBI más alto del mundo” y “una corporación de fondo de inversiones de u$s 100.000 millones”, aunque hoy sólo el cuatro por ciento se destina hacia América Latina. También se mencionó el interés por minerales.
“No es un hecho más, estamos llegando a enorme velocidad, pero no estamos dejando de llegar tarde a estos esquemas. Tenemos que hacerlo con enorme dinamismo para preservar la producción y colocar productos en mercados internacionales”, expresó el funcionario de Cancillería.
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Durante el trámite legislativo, el senador Francisco Paoltroni defendió la apertura como una herramienta para mitigar el rezago comercial, mientras que legisladores como Jorge Capitanich enfatizaron la necesidad de robustecer la supervisión técnica mediante organismos como el INTA y el INTI. La normativa, que cuenta con las firmas de Victoria Villarruel y Martín Alexis Menem, se encuentra disponible para su consulta pública en el Registro Oficial.
Raúl Jalil ya lo tiene decidido. No buscará la reelección como gobernador en la provincia de Catamarca. Ya no hay especulaciones. Su segundo mandato será el último. No habrá un tercero, como pretendían en algunas oficinas de la Casa Rosada, en la que esperaban un guiño del norteño para, en el caso de que haya una doble reeleción (en la provincia y en la Nación), la buena sintonía continúe en el tiempo.
Jalil no quiere buscar otro mandato. No tiene voluntad para hacerlo, pese a que posee niveles de aprobación altos en la provincia. Es partidario de impulsar una renovación generacional. La cara visible de ese paso será el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, que, de no mediar inconvenientes y en base a un acuerdo político con la ex gobernadora Lucía Corpacci, será el candidato a gobernador del peronismo en el 2027.
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La Constitución provincial no tiene límites, le permite ir por un mandato más. Pese a haber intentado una reforma para restringir las reelecciones, en los últimos 12 años el oficialismo, siempre al mando del peronismo, no logró que la oposición, comandada por el Frente Cívico y Social, avale la restricción. Existe una ley, sancionada en el 2023, que le impide una tercer mandato.
El 15 de diciembre de ese año, seis días después de que Jalil asumiera su segundo mandato, se publicó la aclaración funcional de los artículos 73, 80, 133 y 250, de la ley 5823, donde se sostiene que las autoridades del poder ejecutivo pueden ser reelectas consecutivamente por un período y luego deben tener un intervalo de una gestión completa para volver a presentarse.
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En el artículo 4 se sostiene que “los mandatos en ejercicio al momento de la entrada en vigencia de la presente ley deberán ser considerados como primer período”. Es decir que su segundo período real puede ser considerado como el primero y, de esa forma,quedaría habilitado a competir por un período más. Sin embargo, la Constitución provincial es una ley superadora y anula lo dispuesto por cualquier ley ordinaria.
Jalil no quiere forzar ninguna interpretación y atravesar instancias judiciales para pelear una eventual reeleción. No le interesa. No tiene ganas. Además, sabe que se metería en una cruzada que la Corte Suprema de Justicia podría cortalrle en un abrir y cerrar de ojos. Tiene en claro que en Catamarca pasará lo que debería suceder en el peronismo a nivel nacional. Habrá un recambio generacional para sostener el proceso político que inició Corpacci y continuó él. Cada uno estuvo dos mandatos. Ahora, si el peronismo logra imponerse en la elección, llegará el turno de Saadi.
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El “Turco”, como lo conocen en el ambiente de la política, está distanciado del esquema nacional del PJ. Máximo Kirchner lo ha fustigado en reiteradas oportunidades y ha acusado de traidor por jugar tácticamente con Milei. El kirchnerismo es el sector que lo trata con más dureza. En el resto de las vertientes creen que es importante contenerlo y que jugue dentro del PJ el año que viene.
De la cumbre peronista que se realizó en el Hotel Emperador salió la idea de que el ex gobernador Gerardo Zamora, con el que tiene una relación fluida, lo trate de acercar al esquema nacional. Jalil, por el momento, se mantiene distante y hace su juego. La semana pasada anunció que alineará la elección catamarqueña con la nacional. El movimiento generó ruido político en la oposición, aunque el Gobernador ya había hecho lo mismo en el 2023, cuando el gobierno justicialista buscó la reelección.
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La jugada que trae mayor tensión está asociada al armado de las listas legislativas. Catamarca es una de las ocho provincias que renueva senadores. Se le vence el mandato a la ex gobernadora Lucía Corpacci y a Guillermo Andrada, ambos del peronismo, aunque integran distintos bloques. El tercero es Flavio Fama, de la UCR. A priori, la única posibilidad de que el radicalismo pueda sostener alguna banca es que haga una acuerdo sólido con La Libertad Avanza (LLA), sino es problable que la pierdan.
El primer lugar de la lista de senadores justicialistas será para Jalil. Y el segundo podría ser para Corpacci. El problema que divisan en el peronismo es para adelante. Entienden que si LLA logra hacer una buena elección general en Catamarca y mete a dos senadores, la incorporación de Jalil por la minoría, es una derrota en todos los órdenes para el peronismo, ya que el actual gobernador se ha mostrado cercano a varios de los planteos del Gobierno.
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El mandatario provincial se ha mantenido cerca de la Casa Rosada y siempre abierto a negociar. En la necesidad de avanzar con la reforma política – especialmente con la eliminación de las PASO – que tiene el Gobierno, lo lleva a ser un actor preponderante. Sobre todo porque, al día de hoy, el oficialismo no tiene el número para que el proyecto pueda pasar el filtro de la Cámara alta.
Jalil ya ha dicho en varias oportunidades que él no está de acuerdo con las PASO porque “son una encuesta muy cara” y “no le sirven a la sociedad”. Entiende que los partidos políticos deben fortalecerse con internas y que las primarias a nivel nacional desgastan a la gente y generan una competencia que solo les interesa a los partidos.
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Sus declaraciones podrían atarlo a un acompañamiento casi seguro de la eliminación de las PASO que quiere lograr el Gobierno y que el peronismo intenta resistir con los dientes apretados. Sin embargo, el catamarqueño tiene en suspenso su decisión por dos motivos muy concretos: quiere que la Casa Rosada cumpla con el acuerdo por zonas frías y zonas cálidas, y que haya un consenso más grande entre los gobernadores para sacar las elecciones primarias.
Jalil comprometió su apoyo a la reducción de subsidios al gas para en las zonas frías a cambio de aumentar los topes de consumo eléctrico subsidio en las zonas cálidas. El movimiento es en base a un nuevo tope de ingreso en el calculo subsidiado. El reclamo de los gobernadores del norte tiene varios años. La polémica reside en la compensación entre bajar los subsidios en los lugares fríos para subirlos en los lugares cálidos.
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El Gobernador quiere que primero se concrete el subisidio para las zonas cálidas, para después tratar la reforma política. Primero lo primero. Paso a paso. Ese es el mensaje que le hizo llegar a la Casa Rosada. Cada uno lo hace a su manera. Desde Balcarce 50 dejaron saber que los gobernadores que no apoyen la eliminación de las PASO, quedarán excluidos de cualquier acuerdos electoral que pueda tener lugar el año que viene. La presión es mutua.
El mandatario catamarqueño también considera que tiene que haber un acuerdo más grande entre los gobernadores para sostener el cambio que propone la reforma política. Y ese acuerdo hoy no existe. Por eso considera que se debe seguir discutiendo y negociando. Su postura no es terminante. Y sus votos en las dos cámaras del Congreso siguen latentes. La rosca política está girando.
El Gobierno girará hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto 2027, dentro del plazo previsto para la presentación de la iniciativa. El texto expondrá las proyecciones oficiales sobre las principales variables macroeconómicas en un año electoral. Hay expectativa por una posible incorporación de la iniciativa de shutdown –un freno a la prestación de servicios del sector público- que el presidente Javier Milei anunció en una cadena nacional como mecanismo ante déficits fiscales consecutivos.
La presentación del proyecto pondrá a disposición los supuestos con los que el Poder Ejecutivo elaboró las cuentas para 2027. La inflación, el nivel de actividad, los ingresos del Estado, el saldo fiscal y la cotización del dólar serán referencias centrales para el análisis del texto. El año próximo habrá elecciones, por lo que se prestará atención a la estimación oficial para el tipo de cambio hacia diciembre y a los mecanismos fiscales que el Gobierno podría proponer para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
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A diferencia de los dos primeros años, en esta oportunidad, Milei no asistirá al Congreso para presentar el Presupuesto. Este lunes, el presidente mantuvo una reunión con el gabinete, aunque allí no se abordaron en detalle los números del proyecto, según pudo saber Infobae. El tratamiento de esas cifras quedó previsto para la reunión de mesa política del martes, antes del envío formal de la iniciativa a la Cámara de Diputados.
Inflación en 20%
Luego de las complicaciones que tuvo este año el Gobierno para consolidar la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la expectativa estará puesta en que proyección da el oficialismo para el próximo año. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publicó el Banco Central, la mediana de las respuestas calculó una inflación de 20,5% para 2027. Esa proyección se ubicó por debajo del 30% estimado para 2026, por lo que implicaría una desaceleración de casi 10 puntos porcentuales (p.p.).
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La consultora C&T Asesores Económicos proyectó una inflación por debajo del 20% para el año próximo. La previsión quedó levemente por debajo de la mediana de 20,5% que relevó el BCRA. En Invecq consideran que será del 22%. Ambas estimaciones privadas anticipan una desaceleración frente al 30% previsto para 2026, pero difieren respecto del nivel exacto que podría alcanzar el indicador.
El futuro del dólar
El presupuesto también permitirá conocer a cuánto proyecta el Gobierno que cerrará el dólar en diciembre de 2027. Esa cifra generará atención porque el próximo año tendrá elecciones y porque los argentinos suelen dolarizar sus carteras como mecanismo de cobertura en períodos electorales. La cotización de cierre formará parte de las previsiones macroeconómicas que acompañarán las estimaciones de inflación, actividad, recaudación y resultado fiscal.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que 2027 no tendrá una dinámica propia de un año electoral en materia cambiaria o al menos no será lo mismo que en los comicios legislativos del 2025 por los respaldos con lo que van a contar entre ellos, el swap Estados Unidos y China además de una mayor compra de reservas del BCRA. Pese a ello, en el mercado esperan con ansias saber cuál es la proyección oficial respecto al tipo de cambio.
Mayor crecimiento del PBI
En materia de actividad económica, el REM estimó que el PBI crecerá 2,9% en 2027. Ese cálculo se ubicó por encima del 2,1% proyectado para 2026, lo que supone una expectativa de aceleración en el crecimiento de la economía. La evolución del producto será una de las variables centrales del presupuesto, ya que se relaciona con los ingresos tributarios que espera recaudar el Estado y con la estimación general de recursos disponible para el próximo ejercicio.
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C&T Asesores Económicos presentó una estimación más elevada para la actividad. La consultora calculó que el PBI crecerá 3,4% en 2027, por encima del 2,9% que surge de la mediana de respuestas del REM. Aunque en Invecq consideran que será de 2,5%. La diferencia entre ambas proyecciones muestra que las expectativas privadas no son uniformes, aunque las dos previsiones contemplan una expansión de la actividad durante el año electoral.
El dato oficial de crecimiento será relevante para interpretar los cálculos de recaudación que acompañen el presupuesto. Un mayor nivel de actividad puede influir en la expectativa de ingresos públicos, mientras que las previsiones de inflación también forman parte de esa estimación.
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¿Incluye shutdown?
El resultado del Sector Público Nacional (SPN) será otro de los puntos que deberá precisar el proyecto oficial. La mediana de las respuestas del REM estimó que el SPN alcanzará $18,4 billones en 2027, frente a los $15,4 billones calculados para este año. La diferencia nominal entre ambas cifras es de $3 billones.
La estimación del resultado fiscal adquiere un peso adicional por la posibilidad de que el proyecto incluya el mecanismo de shutdown anunciado por Milei. La propuesta vincula la continuidad de un déficit fiscal durante varios meses con la activación de restricciones automáticas sobre actividades estatales, gastos, contratos, incorporaciones de personal y transferencias discrecionales a las provincias. El texto que llegue al Congreso permitirá establecer si esa iniciativa formará parte del presupuesto o si el Gobierno definirá otro camino legislativo para su tratamiento.
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Durante la cadena nacional, Javier Milei explicó que el proyecto de shutdown buscará establecer consecuencias automáticas si el resultado fiscal permanece en déficit durante varios meses seguidos. El Presidente sostuvo que el Congreso tendría algunas semanas para llevar las cuentas al equilibrio. Si ese objetivo no se cumpliera dentro de ese período, entraría en vigencia el shutdown, de acuerdo con la descripción que realizó el mandatario al presentar la idea del “grillete fiscal”.
Milei afirmó que los políticos no tienen incentivos para cuidar el bolsillo de los argentinos porque, según dijo, no son quienes pagan las consecuencias de los desequilibrios. “Este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las paga”, expresó durante la cadena nacional. Según su explicación, el mecanismo buscará que la situación fiscal tenga efectos sobre la estructura de funcionamiento del Estado y sobre los salarios de las principales autoridades políticas mientras dure una situación de déficit que no fuera corregida.
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El presidente detalló que, durante la vigencia del shutdown, se paralizarían las actividades no esenciales del Estado, se congelarían los gastos nuevos y no se adjudicarían contratos. Además, no se tomaría personal y se frenarían las transferencias discrecionales a las provincias. A esas medidas se sumaría la suspensión de los salarios del presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, los secretarios y los subsecretarios. Milei sostuvo que esos funcionarios no cobrarían “un solo peso de sueldo” mientras estuviera activo el mecanismo.
En la misma cadena nacional, Milei indicó que la eventual ley de shutdown dejaría expresamente exceptuadas varias funciones y prestaciones estatales. Entre ellas mencionó las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y los servicios penitenciarios. De acuerdo con esa explicación, las restricciones previstas no alcanzarían a esas áreas, pese a la paralización de las actividades definidas como no esenciales.
