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La 37ª Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) volvió a realizarse Tierra del Fuego después de 30 años: entre el 5 y el 8 de octubre, Ushuaia recibió a los responsables de los seis programas antárticos de América Latina.

El encuentro se produjo en un momento de tensión diplomática abierta por Malvinas. El 22 de septiembre, la Cancillería argentina presentó una protesta formal ante el Reino Unido por la extensión de licencias hidrocarburíferas en las aguas que rodean las islas. En paralelo, la administración británica avanza en el fortalecimiento de su infraestructura portuaria: el proyecto para reemplazar la terminal actual de Puerto Argentino apunta a ampliar la capacidad para recibir buques de gran porte y posicionarlo como un punto de acceso alternativo al continente antártico.

Frente a ese proceso, el gobierno argentino anunció una ampliación de recursos para la Base Naval Integrada de Ushuaia, con el objetivo explícito de consolidar al país como polo logístico de referencia en la región. La ciudad ya figura entre las cinco puertas de entrada reconocidas internacionalmente a la Antártida, junto con Punta Arenas, Ciudad del Cabo, Hobart y Christchurch, y se encuentra a unos 1.000 kilómetros de la península antártica.

Según un análisis de competitividad elaborado por FINNOVA, la fundación que impulsó la candidatura de Ushuaia como sede de la RAPAL, esa ubicación puede implicar un ahorro de al menos dos días de navegación respecto de otras alternativas, según cada operación. Esa ventaja posiciona a la ciudad en la disputa por captar servicios de abastecimiento, transporte de personal y apoyo a campañas científicas.

Participaron del encuentro delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay —los seis miembros plenos del foro—, con Colombia y Venezuela presentes como observadores. La agenda abarcó la coordinación de campañas antárticas, el aprovechamiento conjunto de capacidades logísticas y el impulso a proyectos científicos de alcance regional.

“La RAPAL tiene el objetivo de fortalecer la posición de Latinoamérica en el marco del Sistema del Tratado Antártico”, señaló Fernando Chiesa, cofundador de FINNOVA, que estuvo a cargo de la organización local del evento en articulación con la Cancillería, la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y el Instituto Antártico Argentino (IAA).

Proyecto para estudiar microplásticos en la Antártida

Entre las iniciativas concretas que se debatieron figura un programa latinoamericano para detectar la presencia de microplásticos en el continente antártico, coordinado por Argentina. El proyecto busca armonizar los métodos de muestreo y análisis que aplica cada país con base en protocolos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La logística regional también concentró parte de las discusiones. El sector privado ya registra presencia en la actividad antártica argentina: en febrero de este año se concretó el primer vuelo civil desde Ushuaia hacia la reconstruida Base Petrel, a bordo de un King Air B200 y con apoyo del Comando Conjunto Antártico. FINNOVA impulsó además PolarUsh, el Clúster Polar Ushuaia, con el fin de articular empresas e instituciones capaces de brindar servicios a los distintos programas antárticos de la región.

El 7 de octubre se realizó, en paralelo a la RAPAL, un Foro de Ciencia, Logística e Innovación Antártica orientado a vincular las necesidades de los programas nacionales con las capacidades de investigadores, instituciones académicas y empresas privadas. La discusión de fondo fue cómo convertir la proximidad geográfica de Argentina, su infraestructura y sus capacidades científicas en una mayor participación en las operaciones hacia la Antártida, en un momento en que el continente blanco y el Atlántico Sur vuelven a ocupar un lugar central en la agenda geopolítica de la región.

El equilibrio de las cuentas públicas es la base del programa económico del Gobierno, y el Presupuesto 2027 lo ratifica como eje. Pero a dos años de iniciado el ajuste, distintos análisis privados coinciden en que lo que costó “poco” en los primeros tramos hoy exige más esfuerzo, y los márgenes para absorber imprevistos son cada vez menores.

Uno de esos diagnósticos es el de BBVA Research, que abre su análisis del sector fiscal con una definición: “El equilibrio fiscal sigue siendo el pilar del programa económico, pero sostener el superávit se ha vuelto más exigente”. Para sostener su lectura, el banco toma como punto de partida los números del año y recuerda que en los primeros ocho meses de este año el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario de 1,1% del PIB y un superávit financiero de 0,2 por ciento.

Con estos resultados a la vista, BBVA revisó sus proyecciones para el 2026 y realizó correcciones “marginalmente a la baja”. En detalle, estimó un resultado primario de 1,3% del PIB, “lo que sería el superávit primario más bajo de la presidencia de Milei”. Para 2027, BBVA prevé que ese resultado se repita, con un superávit financiero de 0,1% del PIB en ambos años.

El Presupuesto 2027 proyecta una cifra cercana. El propio Gobierno estima un resultado primario del Sector Público Nacional de 1,3% del PBI, equivalente a $18.439.871,9 millones, y un resultado financiero de 0,2% del PBI, es decir, $3.300.675,4 millones.

Un ajuste que cambió de naturaleza

Para BBVA, la explicación de por qué mantener el equilibrio fiscal es cada vez más exigente se enfoca en cómo se hizo el recorte. “Luego de la fuerte corrección de los últimos dos años, el margen para continuar reduciendo el gasto se ha estrechado”, señala. El ajuste inicial se concentró en partidas con mayor capacidad de recorte: subsidios, transferencias, gasto de capital y otros gastos discrecionales. De ahora en más, en cambio, adquieren más peso “componentes más rígidos, como jubilaciones, prestaciones sociales y remuneraciones”. A eso se suman, según el análisis, “crecientes demandas de recomposición en partidas sensibles que acumularon caídas intensas en términos reales”.

Un informe de la consultora Zentrix sobre el Presupuesto confirma dónde ocurrió el cambio. El giro se produjo en 2024 y por el lado del gasto: en un solo año, el gasto primario bajó 4,5 puntos del PBI, de 19,5% a 15,0%, y el resultado primario pasó de un déficit de 2,7% a un superávit de 1,8%. Desde entonces, indica Zentrix, “el superávit se sostiene con ingresos también en baja”: entre 2024 y 2026, los ingresos totales caen 1,3 puntos del PBI y el gasto primario, 1,0 punto.

Del lado de los recursos, BBVA tampoco ve un alivio inmediato. Sostiene que la recuperación “está siendo más gradual de lo esperado y todavía no logra reemplazar al recorte del gasto como principal soporte de la consolidación fiscal”. Agrega que la eliminación de algunos impuestos y otros cambios en el esquema tributario redujeron fuentes de ingresos que habían contribuido al ajuste inicial. Por eso, concluye, la sostenibilidad de las cuentas “dependerá cada vez más de que el crecimiento económico y una mayor formalización permitan ampliar de manera genuina la base tributaria”.

El escenario de riesgo

En su análisis, Zentrix advierte que el Presupuesto 2027 “fue construido con un margen de error extraordinariamente reducido”. Para los analistas, un desvío relativamente pequeño en la recaudación o un aumento del gasto alcanza para consumir todo el colchón fiscal. El informe da un ejemplo: “un dólar 10% por encima del valor previsto encarecería los intereses de la deuda en moneda extranjera en alrededor de $1,7 billones, casi siete veces ese margen”.

A esos números, el reporte suma otros factores de riesgo. Según el documento, “la demanda de dólares por parte de personas humanas ya absorbía en septiembre alrededor del 90% de las divisas liquidadas por el agro, mientras que el Tesoro prevé obtener unos USD 21.100 millones para afrontar sus compromisos financieros durante 2027”. Al mismo tiempo, sostiene Zentrix, “el presupuesto descansa en refinanciar deuda en pesos por el 110% de los vencimientos y en una recuperación de la actividad que permita revertir una recaudación que hasta agosto acumulaba una caída real del 3,8%”.

El propio Gobierno ofrece otra lectura en el Mensaje del Presupuesto, que Zentrix recoge en su informe técnico. Según ese documento oficial, “la deuda bruta pasó de 156,6% del PBI a fines de 2023 a 71,4% en julio de 2026”. Zentrix detalla que el mensaje destaca además tres cambios en el perfil de la deuda, entre ellos que “los depósitos del Tesoro en el BCRA pasaron del equivalente a USD 1.700 millones a USD 8.200 millones” y que “las tres principales calificadoras mejoraron la nota soberana durante 2026”.

Con ese cuadro, la consultora concluye en su estudio que el verdadero desafío “no será aprobar el Presupuesto 2027, sino atravesar un año electoral sin que alguno de estos factores obligue a modificarlo sobre la marcha”.

El presidente de Brasil publicó un video de campaña con declaraciones de argentinos sobre la situación en el país. Allí cuestionan directamente al gobierno de Javier Milei.

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley 27.826, conocida como Inocencia Fiscal II, que establece reglas para la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, reduce multas formales para determinados contribuyentes, en especial mipymes.

La reglamentación era esperada por los contadores para poder asesorar a sus clientes interesados en acceder a sus beneficios. La intención del Gobierno con la norma, tras el escaso éxito de la primera ley de Inocencia Fiscal, es dar un marco de mayor seguridad jurídica a los contribuyentes para que saquen los “dólares del colchón”, los aporten al sector formal de la economía y eso ayude a la reactivación.

Entre otras disposiciones, dispuso que las micro, pequeñas y medianas empresas, junto con personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales, recibirán una reducción automática de 25% en las multas previstas por incumplimientos formales en la ley de procedimiento tributario.

La reducción alcanza las sanciones por falta de presentación de declaraciones juradas, incumplimiento de requerimientos de información y otras infracciones formales incluidas en los artículos 38 y 39 de la ley 11.683. El beneficio no se aplicará a los contribuyentes que tengan la categoría de Grandes Contribuyentes Nacionales de acuerdo con la normativa de la ARCA.

Multas reducidas y nuevos criterios para Ganancias

La ley creó además un régimen especial que reduce en 50% las multas formales cometidas antes de su entrada en vigencia, siempre que no estén firmes o, aun si lo están, que permanezcan impagas. El beneficio comprende obligaciones vencidas desde la vigencia de la ley 27.799.

Para acceder a esa rebaja, el contribuyente deberá cumplir la obligación formal que originó la infracción antes de adherir o en el mismo momento. La aceptación implica allanarse sin condiciones al reclamo fiscal por la parte no reducida, renunciar a acciones y derechos vinculados con la sanción y asumir costas y gastos judiciales si correspondiera.

La reducción no habilitará la devolución de importes abonados antes de la vigencia de la norma. La ARCA deberá dictar las disposiciones operativas y adaptar sus sistemas informáticos dentro de los 30 días posteriores a la publicación.

También se modificó el régimen de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. La adhesión podrá ejercerse para períodos fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2025.

La condición de residente fiscal durante todo el período declarado será obligatoria, salvo para quienes adhieran por el período fiscal 2025. Si el organismo recaudador detecta que el contribuyente no cumple ese requisito, podrá excluirlo del sistema simplificado, fiscalizarlo, determinar de oficio la materia imponible y aplicar las sanciones correspondientes.

Funcionarios públicos

Los Grandes Contribuyentes Nacionales y determinados funcionarios públicos podrán utilizar la modalidad simplificada solo para presentar la declaración jurada y efectuar el pago en término. Esa adhesión no les otorgará las presunciones ni los demás beneficios del régimen.

La restricción para funcionarios comprende a quienes ocupen o hayan ocupado en los cinco años previos cargos con jerarquía no inferior a secretario de Estado, legisladores, concejales, parlamentarios del Mercosur, magistrados judiciales y del Ministerio Público, defensores del pueblo, integrantes del Consejo de la Magistratura y miembros de jurados de enjuiciamiento.

La carga probatoria de las diferencias fiscales

La norma fijó una definición de “discrepancia significativa” para evaluar la declaración simplificada de Ganancias. El criterio se configurará cuando una impugnación implique un incremento o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado, cuando supere el monto previsto en el Régimen Penal Tributario o cuando se detecten comprobantes apócrifos e ingresos computados de manera indebida.

Sin embargo, una diferencia no será considerada significativa si no supera un umbral equivalente a 5% del importe establecido por el Régimen Penal Tributario. Tampoco se tomará en cuenta una rectificativa presentada dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de una liquidación administrativa o una determinación de oficio, siempre que se cancelen o regularicen los saldos e intereses.

La carga de demostrar la existencia de una diferencia relevante recaerá exclusivamente en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. El organismo solo podrá utilizar la información declarada por el contribuyente, los datos disponibles en sus sistemas y aquellos aportados por terceros.

Los contribuyentes adheridos deberán canalizar sus operaciones mediante medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores (CNV), con cumplimiento válido cuando el sistema financiero formal intervenga en el origen o en el destino de la operación. Los pagos en efectivo realizados al formalizar escrituras públicas sobre derechos reales de inmuebles quedarán contemplados dentro de esa exigencia.

Hasta el 31 de diciembre de 2027, los fondos utilizados bajo esas condiciones tendrán el tratamiento previsto para el régimen simplificado y, a los efectos del impuesto sobre los Bienes Personales, se considerarán incorporados al patrimonio el día en que se concrete la operación. La constancia de adhesión será un antecedente favorable para los sujetos obligados a prevenir el lavado de activos, aunque subsistirán sus deberes de debida diligencia.

La Unidad de Información Financiera deberá emitir la normativa complementaria en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación. Si una impugnación del régimen simplificado es anulada o revocada por una decisión administrativa o judicial firme favorable al contribuyente, se restablecerá la presunción de exactitud y el organismo deberá reintegrar los pagos realizados, con intereses, dentro de los 45 días hábiles.

Sanciones más altas para empleadores rurales

La reforma elevó las multas por incumplimientos en la registración de trabajadores rurales ante el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Las sanciones se aplicarán por falta de inscripción, omisión de registro o información del contrato laboral rural.

Las infracciones leves, vinculadas con declaraciones inconsistentes, tendrán multas de entre $ 120.000 y $ 187.500 por trabajador afectado. Las infracciones graves, por declaraciones falsas, se castigarán con montos de entre $ 375.000 y $ 1.500.000.

La omisión total de la declaración del contrato rural será considerada una infracción muy grave y podrá recibir una sanción de entre $ 1.500.000 y $ 7.500.000 por cada trabajador. Cuando no sea posible individualizar a los afectados, la multa podrá aplicarse globalmente por establecimiento.

En caso de reincidencia dentro de cinco años, el tope máximo de las infracciones muy graves podrá elevarse hasta 50%. Desde el 1 de enero de 2027, las escalas se actualizarán todos los años según la variación anual de la Unidad de Valor Adquisitivo, y el RENATRE deberá publicar las tablas vigentes para cada período calendario.

Las nuevas sanciones rurales alcanzarán a las infracciones cuya constatación material ocurra después de la entrada en vigor de la ley.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes con el calendario de pagos de octubre para jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones, cuyas fechas de cobro varían según la terminación del DNI.

Este mes, los haberes previsionales y las asignaciones recibieron un aumento del 1,66 %, según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Quiénes cobran hoy, 9 de octubre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este viernes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cuyos documentos terminan en 1 tienen acreditado su pago este viernes 9 de octubre. Con esta fecha continúa el cronograma de octubre para este grupo.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 1 tienen acreditado su pago este viernes 9 de octubre. Se trata de la segunda fecha prevista para estas prestaciones durante octubre.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas también tienen un cronograma por terminación de DNI. Para los documentos terminados en 2 y 3, el pago se acredita este 9 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó este 8 de octubre y se mantendrá abierto hasta el 10 de noviembre.

De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $505.748,51.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.932.174 para octubre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $305.023,96 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $375.744,06. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $435.748,51, o $505.748,51 con el bono incluido.

De cuánto son las asignaciones en octubre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $156.588 por hijo menor de 18 años durante octubre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante —$31.317,60— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $509.863 por cada hijo durante octubre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $156.588, con un pago directo mensual de $125.270,40 y una retención de $31.317,60.

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.212.301 es de $78.304. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $78.304por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $195.600 y el máximo de $391.200, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.