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La superficie bajo siembra directa volvió a caer en la Argentina. En la campaña 2025/26, el 80,6% de las 31,71 millones de hectáreas relevadas se manejó bajo este sistema, dos puntos porcentuales menos que el 82,6% registrado un año antes, según un relevamiento de la Red de Manejo de Plagas de Aapresid (REM). La baja se suma a una tendencia que comenzó luego del máximo alcanzado en 2017/18, cuando llegó a cubrir el 93% del área agrícola. El retroceso está asociado principalmente al avance de las labranzas para controlar malezas y problemas de compactación, aunque también inciden factores económicos y productivos que dificultan sostener planteos de largo plazo.

Para llegar a esos resultados, se consultó a referentes de 204 partidos y departamentos del país, que estimaron qué proporción de la superficie agrícola de cada zona se manejó bajo siembra directa, cuánto se laboreó y cuáles fueron los motivos de esa decisión. El informe aclara que no se trata de mediciones directas a campo y que las causas relevadas corresponden a la apreciación de los informantes.

“Desde la institución obviamente estamos viendo un avance de la labranza y lo primero es entender por qué. Es hablar con aquellos decisores que toman ese camino y ver por qué lo hacen”, explicó Marcelo Torres, presidente de Aapresid, a LA NACION. Según señaló, el relevamiento permite identificar con bastante claridad dos de los problemas que llevan a recurrir a la labranza: “Compactación, uno de los temas; malezas resistentes, el otro”.

De acuerdo con Aapresid, el control de malezas explica el 48,5% de la superficie laboreada a nivel nacional. Es decir, casi una de cada dos hectáreas que fueron removidas tuvo a las malezas como principal motivo. En Salta, La Pampa, el centro y norte de Buenos Aires y Entre Ríos, además, esta causa ganó importancia respecto del relevamiento de la campaña anterior.

La situación, sin embargo, cambia según la región. San Luis, Buenos Aires, La Pampa y Chaco fueron las provincias que declararon los mayores retrocesos de la siembra directa, mientras que Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fe registraron un aumento. Incluso dentro de una misma provincia hay diferencias entre departamentos o partidos.

Otro 26% de la superficie laboreada, equivalente a 1,6 millones de hectáreas, respondió a motivos que el relevamiento agrupa como “otras causas” y que, en muchos casos, exceden una decisión estrictamente agronómica. Entre ellos se incluyen cultivos que requieren laboreo para su cosecha, restricciones al uso de fitosanitarios (especialmente en zonas periurbanas), contratos anuales de arrendamiento y aumentos en los costos de los insumos.

La compactación, en tanto, representó el 25,6% de la superficie laboreada, unas 1,57 millones de hectáreas. En Entre Ríos y Catamarca incluso se ubicó por encima de las malezas como principal motivo para recurrir a la labranza, mientras que en Córdoba ambos factores tuvieron una importancia similar.

Frente a estos problemas, Torres explicó que desde Aapresid plantean sostener la siembra directa acompañada por otras prácticas de manejo. “Nosotros creemos que los modelos de siembra directa que incluyen rotaciones, uso de cultivos de servicio, mantener el campo verde y vivo la mayor cantidad de tiempo posible, resuelven con raíces el tema de la compactación, resuelven con la cobertura verde el tema de control de malezas”, afirmó.

Según explicó, esas herramientas permiten complementar el uso de herbicidas y retrasar o ralentizar la aparición de biotipos resistentes. Sin embargo, este tipo de sistemas necesita continuidad y una planificación de más largo plazo.

“Ese modelo implica poder construir a largo plazo y en Argentina, en los últimos años, con tantos cambios de reglas de juego, el productor estuvo bastante limitado en construir a largo plazo”, señaló. En ese contexto, agregó, algunos productores tomaron decisiones que interpretan como soluciones inmediatas. “Algunos tomaron decisiones que tienen que ver con lo que ellos interpretan que son soluciones de corto plazo, que para nosotros no son soluciones”, sostuvo.

Desde Aapresid advirtieron que volver a remover el suelo puede significar perder parte de lo construido durante años bajo siembra directa. Según el informe, este sistema permitió reducir un 33% el riesgo de erosión, mejorar la eficiencia en el uso del agua y extender la producción hacia zonas áridas. Aapresid también vinculó su expansión, junto con la biotecnología y mejoras en fertilización y manejo de cultivos, con el crecimiento de la producción agrícola registrado durante las últimas décadas.

Entre 1970 y 2012, señaló el informe, la producción de los principales cultivos extensivos pasó de 20 millones a entre 90 y 100 millones de toneladas anuales, mientras que la superficie cultivada se duplicó. El trabajo también destacó entre los beneficios de la siembra directa una mayor captura de carbono en el suelo y menores emisiones de gases de efecto invernadero.

Aapresid cuestionó, además, que la labranza pueda resolver por sí sola los problemas que llevan a utilizarla. En el caso de las malezas, citó estudios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) y la Universidad de Clemson, de Estados Unidos, realizados sobre lotes con 20 años de historia bajo siembra directa. Según esos trabajos, las labranzas ocasionales no generaron diferencias significativas en la riqueza y abundancia de malezas.

Con la compactación ocurre algo similar. Un metaanálisis de Fauba citado por el relevamiento señala que el efecto de las labores subsuperficiales sin inversión utilizadas para mitigar la compactación en profundidad no supera los 17 meses si no se incorporan medidas preventivas y regenerativas, como cultivos de cobertura, rotaciones diversificadas y tránsito controlado.

Por eso, Torres planteó que la respuesta no pasa solamente por mantener la siembra directa, sino por avanzar hacia sistemas más completos. “Creemos en la maduración de esos sistemas, en la siembra directa con la rotación de cultivos y la intensificación, que quiere decir mantener los campos verdes y vivos la mayor cantidad de tiempo posible, como solución duradera y real”, afirmó.

Según indicó, esos planteos apuntan a lograr mayor productividad y estabilidad, mejorar la economía del agua y reducir el uso de insumos. “A veces en algunos planteos prima la mirada de corto plazo y cuesta consolidar esta mirada de largo y mediano plazo en el diseño de sistemas productivos”, concluyó.

Una iniciativa para reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava al huevo busca abrirse paso en el Congreso y podría debatirse en el marco del tratamiento del presupuesto. El diputado nacional del PRO Javier Sánchez Wrba trabaja en la propuesta junto con otros integrantes de su bloque y mantiene conversaciones con el oficialismo, sobre la base de un proyecto que Alicia Fregonese presentó en su anterior mandato, en 2020. El planteo apunta a equiparar la carga impositiva del huevo con la de otras proteínas animales. Según la industria, la medida provocaría una caída inicial de la recaudación, pero la formalización de la actividad permitiría cerrar el primer año con un saldo fiscal positivo de US$40 millones.

“Queremos discutirlo en el marco del tratamiento del presupuesto”, precisó Sánchez Wrba a LA NACION. El proyecto de Fregonese proponía reducir el IVA para los huevos frescos, líquidos, deshidratados y fecundados, así como para los ovoproductos. En sus fundamentos, advertía que la diferencia de alícuotas con otras proteínas animales alentaba la informalidad y sostenía que la reducción ayudaría a formalizar la cadena.

En el Congreso también hay un proyecto de los diputados entrerrianos Guillermo Michel y Marianela Marclay, de Unión por la Patria, que propone reducir al 10,5% el IVA de los huevos frescos y los ovoproductos. Y, además, estuvo dando vueltas una iniciativa del diputado de La Libertad Avanza, Andrés Ariel Laumann, pero no prosperó.

Desde la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia) respaldan la baja y sostienen que, además de aliviar la carga fiscal sobre el consumo, permitiría reducir la informalidad. Javier Prida, director ejecutivo de Capia, dijo a LA NACION que consideran que la reducción sería beneficiosa “para el país, para los consumidores y para los productores, principalmente los que están más formalizados”.

Los fundamentos de ambos proyectos señalan que la reforma fiscal de 2017 redujo al 10,5% la alícuota de las carnes de pollo, conejo, cerdo, camélidos y caprinos, para equipararlas con la bovina. El huevo y sus derivados quedaron fuera de ese cambio. La propuesta de Fregonese incluye huevos frescos, líquidos, deshidratados y fecundados, además de ovoproductos de todas las especies aviares comprendidos en las partidas arancelarias indicadas en el texto. La de Michel y Marclay contempla huevos frescos y ovoproductos, entre ellos huevo líquido, yema, albúmina y derivados deshidratados.

El peso del producto en la alimentación es uno de los argumentos del proyecto de los legisladores entrerrianos. Según sus fundamentos, que citan el Informe Productivo 2025 de CAPIA, la producción alcanzó los 18.970 millones de huevos, un 8,82% más que en 2024, y el consumo llegó a 398 unidades por habitante al año. Ubica a la Argentina como el mayor consumidor mundial de huevos y plantea que la equiparación permitiría competir con otras proteínas en igualdad de condiciones impositivas.

Para Prida, la diferencia de alícuotas se combina con una competencia desigual dentro de la propia actividad. “El productor que más o menos quiere hacer las cosas bien primero compite con otras proteínas que tienen el 10,5%. Además, puertas adentro del sector, compite con otros productores que cobran el 21% y no lo transfieren al Estado: se lo quedan”, afirmó. En esa línea, sostuvo: “Tenemos competencia desleal con distintas proteínas y también dentro del sector”.

El directivo contrastó las ventas a supermercados, empresas alimenticias y grandes superficies, que describió como operaciones “100% en blanco”, con circuitos de distribución en los que, según advirtió, se pierde la trazabilidad. “No hay ningún papelito, no hay ningún respaldo de factura; nada”, puntualizó sobre la trazabilidad del tributo.

El proyecto de Fregonese ya planteaba esa preocupación. En sus fundamentos vinculan la informalidad con la subdeclaración de pollas y ponedoras, y advierten sobre sus consecuencias fiscales y sanitarias.

Prida consideró que una alícuota menor reduciría el incentivo para evadir. “En cambio, con el 10,5%, es tan bajito el premio que es preferible ordenarlo, hacer las cosas bien y pagarlo como corresponde”, precisó. También vinculó la situación con las exportaciones, en las que, según explicó, los plazos de cobro y de recuperación del IVA contrastan con las ventas al contado en granja. “El mercado interno es mejor negocio y más informal que el externo”, afirmó.

Uno de los puntos de discusión es el efecto sobre las cuentas públicas. Al sector le hicieron llegar la preocupación del Gobierno por el costo fiscal inicial. Pasar del 21% al 10,5% provocaría una caída de la recaudación en una primera etapa, aunque la formalización permitiría revertir ese resultado al terminar el año fiscal.

“Todas las simulaciones que hacemos dicen que el Estado, en los primeros seis meses, va a perder alrededor de 70 millones de dólares de recaudación, pero en los segundos seis meses va a recuperar 110 millones de dólares. O sea que, en el balance, el Estado termina ganando 40 millones de dólares”, afirmó. Se trata de una proyección de Capia, basada, según Prida, en estimaciones de producción bruta y facturación con un precio base en granja bajo ambas alícuotas. Dijo que los cálculos fueron compartidos con los diputados y realizados con un estudio contable.

La diferencia entre el IVA de las ventas y el de algunos insumos es otro aspecto que el sector contempla. Según Prida, el maíz y la soja representan el 60% de los costos y tributan al 10,5%, al igual que la genética y las pollas recriadas. “Yo tengo una matriz de costos con el 80% al 10,5%. Después, el resto es del 21%”, explicó. Estimó que quedaría un crédito fiscal de entre 2,5 y 3 puntos y aseguró que el sector está dispuesto a resignarlo: “La industria, el sector productivo, está dispuesto a perder ese 2,5% o 3% para que esto se sincere y fluya”.

La expectativa de la cámara es que la reducción impulse la declaración de producción, insumos y trabajadores. “Va a haber que declarar más alimento y más empleados. O sea, se genera un circuito virtuoso”, sostuvo Prida.