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La única locomotora en funcionamiento de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) descarriló este jueves con tres vagones y cerca de 600 toneladas de carbón mientras cubría el trayecto entre Río Turbio y Punta Loyola, en la provincia de Santa Cruz. El episodio, que no dejó heridos de gravedad, derivó en una sospecha de sabotaje por parte del gobierno provincial y ocurre en medio de un proceso de privatización de la compañía estatal que todavía no logró avanzar.

YCRT es la empresa que explota el yacimiento de carbón de Río Turbio y genera energía eléctrica para la provincia. Fue creada en 1958, bajo el nombre de Yacimientos Carboníferos Fiscales, y atravesó un primer intento de privatización en 1993 que terminó revertido en 2002, cuando el Estado nacional volvió a tomar su control. Desde entonces, la compañía arrastra un historial deficitario y figura, desde 2024, entre las empresas “sujetas a privatización” por la Ley Bases que promulgó el Gobierno.

Sin embargo, el proceso de transformación societaria sigue sin resolverse: aunque el Gobierno nacional dispuso su conversión en sociedad anónima a comienzos de este año, bajo la nueva denominación de Carboeléctrica Río Turbio, el esquema de incorporación de capital privado todavía no se definió.

El accidente ocurrió en una zona de difícil acceso

El descarrilamiento se produjo en las inmediaciones de la estación Ingeniero Capa, en un sector de acceso restringido y de difícil ingreso vehicular, ubicado a unos 100 kilómetros tanto de Río Gallegos como de Río Turbio. Los dos trabajadores que viajaban en la formación resultaron ilesos y fueron dados de alta tras permanecer algunas horas en observación.

Lo que en un primer momento se interpretó como una falla técnica derivó, horas después, en una sospecha de sabotaje. Según relató a Infobae el interventor de YCRT, Pablo Gordillo, el equipo de vías y obras que llegó al lugar poco después del incidente constató que la vía no presentaba roturas ni aperturas que pudieran explicar la caída de la locomotora. “Lo que fuimos descartando era problemas en la vía o problemas con la locomotora o con los conductores”, explicó el funcionario.

El conductor había reportado que la vía “se abrió” en el momento del accidente. Sin embargo, la revisión posterior en el terreno contradijo esa versión. “La vía no se había abierto en ningún lado. O sea, la vía estaba completa, no se cortó ni se rompió en ningún lado para generar el descarrilamiento”, señaló Gordillo.

Según comentó el funcionario, unos veinte metros del punto donde cayó la locomotora, los técnicos hallaron un artefacto de material ferroviario en desuso que no debía estar sobre las vías. “Ese artefacto no estaba arriba de la locomotora, nunca pudo haber estado en la vía, porque es algo que se usó en otro tiempo”, precisó y remarcó que, por su antigüedad y sus características, el objeto no pudo llegar al lugar por casualidad ni desprenderse de la propia formación.

“Lo que constatan es que deliberadamente alguien lo puso ahí. Y es alguien que conoce, sabe que eso provoca un descarrilamiento, porque lo puso de una manera intencional para que el tren se corra y se mueva”, afirmó Gordillo en declaraciones a este medio. El funcionario destacó además que la formación había circulado por esa misma zona en cinco oportunidades durante las pruebas previas a su puesta en marcha, y que el tramo había sido revisado apenas cuatro o cinco días antes del accidente.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, fue el primero en hacer pública la hipótesis del sabotaje, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales. “Ante esta situación no podemos descartar ninguna hipótesis. Hay que determinar cómo llegó ese elemento hasta allí, qué responsabilidad tuvo en el descarrilamiento y, fundamentalmente, si existió algún tipo de intervención deliberada”, escribió el mandatario, quien anunció que YCRT presentará una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Río Gallegos y solicitará un peritaje a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para establecer técnicamente qué ocurrió.

Hasta el momento no existe ninguna conclusión pericial que confirme el sabotaje: se trata de una hipótesis bajo investigación.

La parálisis del servicio afecta un contrato de 210.000 toneladas

El impacto del accidente en términos operativos y económicos para la compañía es considerable. La locomotora, identificada como unidad 005, había estado detenida durante seis meses antes de ser puesta a punto, y su inhabilitación paraliza el transporte de carbón por un período estimado de tres a cuatro meses.

YCRT tiene vigente un contrato por 210.000 toneladas de carbón, equivalente a unos 30 viajes desde Río Turbio hasta el punto de embarque, y Gordillo estimó que la pérdida asociada a la interrupción ronda los USD 10 millones. “Me pararon todo”, resumió el interventor.

El descarrilamiento ocurre en un escenario de tensión interna vinculado al proceso de privatización de la empresa. Gordillo explicó que el proceso depende de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, mientras que el funcionario tiene la instrucción de mantener activa la compañía hasta que se incorpore capital privado.

La empresa cuenta con 1978 empleados y es financiada en un 92% por el Estado nacional. A diferencia de otras compañías estatales, YCRT no recibió hasta el momento habilitación para instrumentar retiros voluntarios ni mecanismos de reducción de personal. Según Gordillo, ese tipo de definiciones corresponde al Estado a través de mecanismos de oferta pública, siguiendo un esquema similar al utilizado en otros procesos de privatización en marcha.

La CGT retoma este jueves su plan de lucha con una movilización en defensa de la industria nacional y leerán un documento con críticas al rumbo del Gobierno. La marcha, que comenzó pasadas las 15.30, tiene lugar en la la Secretaría de Industria de la Nación, en la avenida Julio Roca 651.

En el escrito que leerán en el acto central, advierten por “un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia” y cuestionan al oficialismo porque, “en su fanatismo ideológico, todos los días confirma su insensibilidad, su falta de empatía y la clausura de toda posibilidad de diálogo institucional”.

Los líderes cegetistas se reunieron a las 14 en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), en la avenida Belgrano 665, y marcharon juntos hasta el lugar de la convocatoria, cuya consigna es “Las Malvinas son argentinas; la industria nacional también”.

Para graficar la importancia de la protesta, habrá discursos de los 3 cotitulares cegetistas, Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros): hablarán desde un escenario que se instalará arriba de un camión.

Además, se leerá un documento con críticas a las políticas de administración libertaria: en el texto se alerta sobre “un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia” y advierte que “estamos ante un gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el FMI en función de intereses que no son los nuestros”.

“Un modelo -agrega la CGT- que está destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos”.

La movilización fue decidida hace una semana durante la reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que deliberó en la sede de la UOCRA, donde no se habló de avanzar en el quinto paro general contra el Gobierno.

De esa forma, la CGT se diferenció de las dos CTA, con las que comparten un plan de lucha desde el 22 de julio, que ya anunciaron una serie de marchas que terminarán a fines de octubre con un paro general.

En el encuentro cegetista también se resolvió un “acompañamiento” a la Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el 15 de octubre, a la que irán también otros sectores sindicales, políticos y sociales.

Serán las últimas medidas de la CGT antes de la visita del Papa León XIV a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre, adonde los sindicalistas donde esperan que el sucesor de Francisco brinde señales que puedan interpretarse inequívocamente como críticas a la política socioeconómica de la administración libertaria.

Qué dice el documento de la CGT

El diagnóstico de situación es claro: estamos ante un gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en función de intereses que no son los nuestros.

Un modelo que está destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos.

Las consecuencias también son claras y están a la vista: una situación social angustiante, creciente pobreza y marginalidad; cientos de miles de hogares con carencias alimentarias severas y un endeudamiento familiar descontrolado que dispara graves alarmas en materia de salud mental; jubiladas y jubilados en condiciones de precariedad existencial que no pueden comprar siquiera sus medicamentos; personas con discapacidad sin atención; desfinanciamiento del sistema de salud, del sistema educativo, de la investigación científica, de la obra pública, de la infraestructura vial y del transporte. En definitiva, un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia.

Hoy nos movilizamos en defensa de la industria nacional para visibilizar la realidad del sector productivo y alertar sobre la difícil situación que atraviesa, en especial la de las pymes, principal sostén del empleo. Este achicamiento no sólo involucra quebrantos empresariales, sino que también implica un daño que agudiza las dificultades en la cadena de pagos y debilita los entramados productivos regionales. No estamos proponiendo una economía cerrada, sino la necesidad de configurar una apertura comercial inteligente, en función de nuestros recursos y de nuestras posibilidades, pero con la certeza de que ningún país se desarrolla sin industria.

No hay dos velocidades en este programa económico vigente: hay dos economías. Una, para muy pocos, concentrada en sectores que capturan la mayor parte de la renta. Y la otra, la de la microeconomía popular, que transitamos cotidianamente las grandes mayorías, donde «la plata no alcanza» y la situación de las y los trabajadores —ocupados, subocupados, precarizados y desocupados— es cada vez peor.

Este gobierno ya ha dado claras muestras de que las argentinas y los argentinos no son su prioridad. En su fanatismo ideológico, todos los días confirma su insensibilidad, su falta de empatía y la clausura de toda posibilidad de diálogo institucional.

Por tanto, en defensa de una Argentina con producción, desarrollo y trabajo digno, nos cabe la tarea de organizar allí donde todavía no hay organización y de construir alternativas consistentes, políticamente confiables y participativas, capaces de conmover y contener a todas aquellas personas y organizaciones que no queremos convalidar este estado de cosas: el de un país para unos pocos.

Frente a estas propuestas del «sálvese quien pueda», nosotros proponemos otra idea de sociedad, donde la dignidad del trabajo, como experiencia solidaria de intercambio y colaboración, siga siendo una construcción colectiva a favor del bien común y del desarrollo personal y familiar, en el marco de una comunidad integrada