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La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional denominada Ley Malvinas sumó hoy por primera vez la presencia del Ejecutivo. Las internas propias del oficialismo forzaron la presencia de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy, quien se hizo presente en el plenario de comisión y lo hizo en un intento de “armonizar” que no cayó del todo bien.

“Es un proyecto muy importante para los argentinos, vengo con mucha humildad a escuchar. Mi propuesta es que podamos deponer las armas”, dijo. Este cierre generó los primeros comentarios de parte de los diputados de la oposición presente.

En esa medida, la funcionaria del Ejecutivo señaló que “estamos estudiando incorporar una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad con una obligación del Ejecutivo de mantener esa interlocución fluida”, en lo que fue el gesto de apertura al Congreso.

Sin embargo, el diputado Eduardo Falcone señaló que se sigue sin saber cómo será el ejercicio de parte del Ejecutivo para derribar un buque o un avión respecto de la autorización necesaria del Congreso.

Maximiliano Ferraro le reclamó al presidente de la Comisión la apertura de la lista de invitados, la presencia de invitados de otras fuerzas. “Vuelvo a reclamarle y solicitarle que se debe disponer la presencia del canciller Quirno y del ministro de Defensa, el general Presti”.

“Esto es un bodoque normativo y de reformas que debería tratarse por separado. Hay una preocupación por la militarización y concentración del poder en el Ejecutivo que es grave”. Pero donde hizo mayor fuerza el diputado de la Coalición Cívica es en “la posibilidad de amnistía encubierta para las empresas que ya no tenían autorización para operar en la Argentina”.

Desde el peronismo se fueron encadenando críticas en donde establecieron que “de los 133 artículos, los primeros 40 se refieren a cuestiones de Malvinas y los 90 restantes son reformas de la seguridad nacional, interior, defensa, derecho penal con facultades concentradas en el Poder Ejecutivo”, señaló Lorena Pokoik. Y se fueron sumando críticas a diferentes puntos como por ejemplo la habilitación de derribos, se les quita la responsabilidad de las decisiones militares en la cadena de mando. “Esto es una especie de obediencia debida pero al revés. Nadie es responsable”, dijo el diputado Agustín Rossi.

“Todo esto nos parece que, aunque dicen que hay una intencionalidad de diferenciar la seguridad interior de la seguridad nacional, nos parece difuso. Según la norma la inteligencia nacional la tiene que definir este consejo. Está el ministerio de Defensa, el de Economía ¿cómo aparecen las responsabilidades? ¿Quién hace la investigación?, y es peligroso porque no queda claro en qué rol queda la bicameral de seguimiento y control de los organismos de inteligencia”, agregó.

Ibarzabal defendió el proyecto y señaló que la situación actual “requiere una mirada más comprensiva e integral de las amenazas externas, con la posibilidad de tomar acciones concretas, que nos permita hacernos respetar”.

Respecto a las posibilidades de una “amnistía” a las empresas, la funcionaria hizo referencia a que “si tenemos una ley que solo establece la inhabilitación, si no permitimos algún régimen de desistimiento, no estamos poniendo los incentivos en el lugar adecuado. Si dejan de invertir en Malvinas es un éxito porque necesitamos que los proyectos se caigan”.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, insistió sobre la falta de claridad y la “vaguedad” que presenta el proyecto de ley y que, además, le pidió que presente “los dictámenes de este proyecto de Cancillería, del Ministerio de Defensa, etc. Creemos que el título 1 puede canalizarse por las comisiones respectivas.

Pero, a pesar de las críticas opositoras, y del silencio del bloque de La Libertad Avanza que no hizo ninguna referencia en toda la reunión de Comisión salvo, Silvana Giudici, que fustigó a la oposición y defendió el texto “como la ley más importante que presentó este gobierno”, la funcionaria se mantuvo en su posición.

“Entendemos que el título 1 no se puede tratar separado del resto de los títulos, para poder defender las islas Malvinas y el resto del territorio necesitamos no solo regímenes sancionatorios fuertes sino también que el Estado nacional tenga y nosotros como argentinos las competencias y facultades necesarias para que nuestras relaciones diplomáticas no sean solo de palabra”.

Los últimos en la lista como oradores fueron Mónica Frade (CC) y Myriam Bregman del bloque de la izquierda. Sin embargo, ambas se retiraron de la comisión acusando al presidente de la comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, quien definió ponerlas al final de la lista de oradores a pesar de ser de las primeras legisladoras que ingresaron a la sala.

Si se excluyen del cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) al agro, la energía y la minería, el 85% de la economía argentina se ubica hoy por debajo de los niveles de 2023 y permanece estancado desde comienzos del año pasado. Así lo explicó Martín Rapetti, fundador y director ejecutivo de la consultora Equilibra, en una entrevista con Infobae en Vivo.

El economista explicó que el crecimiento del PBI argentino proyectado para este año, por debajo del 1,5%, esconde una fuerte disparidad entre sectores. “El PBI tiene una virtud que sintetiza lo que ocurre en la economía, aunque esta no exista, porque es un conjunto de actividades heterogéneas”, señaló Rapetti. Según el experto, el indicador funciona bien cuando describe un crecimiento generalizado, pero no cuando el promedio esconde realidades opuestas.

Rapetti distinguió entre los sectores que crecen a tasas de dos dígitos anuales, como el energético y el minero, y aquellos que atraviesan el estancamiento o la caída, como la industria. “Hay sectores como el energético y minero que por sí solos van volando a una tasa de dos dígitos anuales, y después hay sectores que están estancados o en caída, como la industria”, detalló.

Para el director de Equilibra, el dato agregado del PBI no alcanza para caracterizar lo que ocurre en la economía argentina actual. “Cuando se habla de que crece el PBI, tal vez no está caracterizando bien lo que ocurre”, afirmó.

El economista ubicó el fenómeno en una perspectiva de largo plazo. Según Rapetti, la Argentina no crece desde 2011 y no genera empleo neto desde entonces. “La actividad económica medida por habitante cae desde 2011”, sostuvo, y agregó que la tendencia de fondo muestra una economía estancada, más allá de los vaivenes anuales.

El economista trazó un paralelismo con la “década perdida” que se atribuyó a varios países latinoamericanos en los años 80. “Argentina, por el momento, con independencia de los gobiernos, lleva más de una década perdida. Si se mira el PBI per cápita, la producción por habitante, está más bajo que en 2011”, remarcó.

Rapetti diferenció el actual ciclo de crecimiento de otros procesos expansivos de la economía argentina. “En los procesos de crecimiento, cuando la actividad y el PBI crecen y crecen los ingresos, crece el empleo”, explicó. Sin embargo, según analizó, el empleo privado formal se contrajo y el ingreso de los trabajadores registrados cae, mientras aumenta el empleo informal, principalmente a través del monotributo.

El economista reconoció que el Gobierno tiene fundamentos para sostener que la economía crece, dado que el PBI se expandió en 2025 y proyecta un crecimiento moderado este año, con la posibilidad de una nueva suba en 2027.

Un “milagro económico” limitado a algunas provincias

Rapetti consideró que el equipo económico enfrenta limitaciones para un análisis desapegado de la coyuntura política. “El equipo económico no tiene la facilidad o la posibilidad de ser analítico, en el sentido de que están jugando un partido y están tratando de influenciar a los tomadores de decisión, por lo que tratan de mostrar los datos más positivos”, sostuvo.

Pese a esa observación, el economista no desconoció la magnitud del fenómeno en los sectores vinculados a los recursos naturales. “Es evidente que es una economía donde claramente están pasando cosas muy potentes en los sectores de petróleo, gas y minería, y efectivamente las cosas van bien”, afirmó. “Si la Argentina fuera Neuquén, estaríamos hablando de un milagro económico, y es un país mucho más grande que eso”, agregó, en referencia a la provincia donde se concentra buena parte de la producción de Vaca Muerta.

Según Rapetti, en el Gobierno prevalece la idea de que el dinamismo de la minería y la energía resulta suficiente para traccionar al conjunto de la economía. “Ellos entienden que lo que está pasando en minería y energía basta por sí solo para que toda la economía finalmente se termine expandiendo”, explicó, a la vez que cuestionó esa lectura por la escala demográfica del país. “Si tenés un país tan grande como la Argentina en términos de población, no podés pensar que solamente con esos sectores vas a poder tener un despegue sostenible”, concluyó.

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó este miércoles un proyecto de reforma integral del Código Contravencional que modifica en profundidad el marco legal que regula las conductas contrarias a la convivencia urbana. La iniciativa, impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, fue enviada a la Legislatura porteña y abarca desde un aumento sustancial de multas y días de arresto hasta la incorporación de nuevas faltas vinculadas con la protección digital y el orden en el espacio público. El texto modifica la Ley 1.472 —el Código Contravencional vigente— y la Ley 12 de Procedimiento Contravencional.

Las contravenciones son conductas que alteran la convivencia ciudadana: faltas de tránsito, ruidos molestos, acoso callejero, entre otras. A diferencia de un delito —que supone una infracción grave contra la vida, la integridad o la propiedad—, se sancionan principalmente con multas, tareas comunitarias o días de arresto. El proyecto amplía las herramientas disponibles en las tres categorías y endurece las penas en la mayoría de las contravenciones que figuran en el Código. Además, agrega faltas relacionadas con conductas digitales y con la ocupación irregular del espacio público.

“Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad”, sostuvo Macri. El mandatario agregó que la reforma apunta a que “quien rompe la ley pague las consecuencias de sus actos”.

Uno de los cambios más visibles involucra las sanciones por conducción bajo los efectos del alcohol. El esquema actual contempla multas de 300 a 2.000 unidades fijas (UF) —equivalentes a entre $ 351.924 y $ 2.346.160— y entre 1 y 10 días de arresto, más inhabilitación de la licencia de 4 meses a 2 años. Con la reforma, la multa pasaría a un rango de 1.000 a 6.000 UF, superando los $ 7.038.480 en su techo, mientras que el arresto se extendería a entre 5 y 30 días y la inhabilitación de la licencia escalaría a un mínimo de 6 meses y un máximo de 4 años.

Las sanciones por actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público también se elevan de manera pronunciada. En la actualidad, el techo de las multas para esa categoría —que comprende la venta informal o los manteros— es inferior a $ 15 millones. El proyecto fija un nuevo máximo de 50.000 UF, equivalente a $ 58.654.000, casi cuatro veces el límite previo. El aumento forma parte de un esfuerzo más amplio por desincentivar la ocupación irregular de la vía pública con fines comerciales.

En materia de reincidencia, la iniciativa introduce cambios estructurales. Los aumentos de pena escalan según el número de recaídas: 50% para la primera, 66,6% para la segunda y 100% —es decir, el doble— para la tercera. Además, la definición de reincidente se amplía: ya no es necesario que la falta repetida sea exactamente la misma, sino que basta con que sea una conducta similar dentro del espacio público. Para los trapitos —quienes extorsionan a conductores para estacionar en la vía pública—, la reincidencia elevaría el arresto de 60 a 90 días. Los reincidentes, además, quedarían excluidos del régimen de arresto domiciliario, salvo excepciones debidamente fundadas. El proyecto crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público para dar seguimiento a esos casos.

Para los ruidos molestos —como música a alto volumen en espacios comunes de edificios—, las tareas de utilidad pública pasarían del rango actual de 1 a 5 días a uno de 3 a 15. Las multas treparían desde el techo vigente de 100 UF ($ 117.308) hasta 600 UF ($ 703.848), y se incorporaría la posibilidad de hasta 10 días de arresto, una herramienta que hoy no está disponible para ese tipo de infracción.

La reforma también incorpora nuevas contravenciones al Código. Entre ellas: el seguimiento o acecho en la vía pública; la obtención de credenciales —claves, códigos o tokens— mediante engaños digitales; la organización de compraventa informal masiva en el espacio público; la comercialización de datos personales; la portación de dispositivos de interferencia de señales; y la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte. La portación de materiales aptos para provocar disturbios —como bombas molotov— se sancionaría con multas de hasta $ 9.384.640 o hasta 45 días de arresto, más el comiso de los elementos incautados. Quien entorpezca los sistemas de videovigilancia pública enfrentaría multas de hasta $ 4.692.320 o 30 días de arresto, con la obligación accesoria de reparar el dispositivo dañado.

En el plano procesal, la reforma suprime la condena en suspenso y excluye, para adultos, la suspensión del proceso a prueba como salida alternativa. El plazo general de prescripción de la acción se mantiene en dos años.

El capítulo más novedoso de la iniciativa atañe a los adolescentes de entre 14 y 17 años. Hoy, como regla general, los menores de 18 años no son punibles contravencionalmente —con excepciones vinculadas al tránsito—. La reforma fija la imputabilidad desde los 14, pero bajo un régimen diferenciado: no pueden ser detenidos, deben contar con una defensa especializada y las sanciones apuntan a la responsabilización, la educación y la integración social. Las medidas posibles incluyen amonestación formal, acompañamiento de equipos interdisciplinarios, programas educativos, continuidad escolar, capacitación laboral y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y a las aptitudes del joven. Para este grupo, además, se mantiene la probation, condicionada al cumplimiento de reglas de conducta, la reparación del daño y la continuidad escolar.

El cambio responde a la adecuación de la normativa local a la Ley Nacional de Justicia Penal Juvenil, que entró en vigencia el mes pasado. “Buscamos sancionar el phishing, los deepfakes y el acecho, y que quienes tienen entre 14 y 17 años respondan por sus contravenciones. No vamos a mirar para otro lado. En la Ciudad hay consecuencias”, publicó en X el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

La iniciativa deberá ahora pasar por el debate parlamentario antes de su eventual sanción.

El próximo viernes 9 de octubre, el Gobierno publicará en el Boletín Oficial la promulgación y la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal II, según dijeron fuentes oficiales a este medio. Los contadores esperan conocer la letra chica de la iniciativa, con la que el oficialismo buscará dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes para que saquen los dólares del colchón y eso ayude a la reactivación económica que busca el ministro de Economía, Luis Caputo.

Luego de que el Senado aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II el 17 de septiembre, el Gobierno se tomó casi un mes para oficializar la nueva ley y su correspondiente reglamentación. Ahora antes del fin de esta semana buscará definir los procedimientos y alcances del régimen que abarca las declaraciones juradas, las fiscalizaciones, los movimientos de fondos, los incrementos patrimoniales y la incorporación de nuevos contribuyentes.

La publicación de este viernes incluirá dos pasos. Por un lado, saldrá la promulgación de la ley aprobada por el Congreso. Por otro, se conocerán las disposiciones que establecerán cómo se aplicarán sus artículos y qué documentación, requisitos y criterios deberán observar los contribuyentes.

Se trata de un paso clave para que los contribuyentes saquen los dólares del colchón, que según el Instituo Nacional de Estadística y Censos (Indec) suman más de USD 220.000 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, incluyó la Ley de Inocencia Fiscal entre los pilares de los “mejores 18 meses” junto con la entrada en vigencia de la reforma laboral y la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

La hoja de ruta

El CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin, indicó que la secuencia de publicación será uno de los aspectos formales que deberá respetarse. Según explicó, primero deberá aparecer la ley y luego podrán difundirse las normas reglamentarias.

“La Ley tiene que salir publicada en el Boletín Oficial y la reglamentación puede salir publicada el mismo día, pero tiene que salir la Ley primero”, sostuvo Litvin en conversación con Infobae. A partir de allí, el especialista señaló que el esquema pendiente incluye las disposiciones del Poder Ejecutivo, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Las definiciones de esos organismos serán relevantes para establecer la aplicación concreta de la Ley de Inocencia Fiscal. Los contadores aguardan precisiones sobre la opción por el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), el cálculo de las discrepancias, las fiscalizaciones en curso y las exigencias para justificar fondos e incrementos patrimoniales.

Litvin también vinculó la publicación de esas normas con el vencimiento de la declaración jurada de Ganancias. Según expresó, una vez que se complete ese conjunto de disposiciones, nuevamente el Gobierno va a tener que postergar el vencimiento de la declaración jurada de Ganancias que vence el martes 14 de octubre. El especialista consideró que el cronograma podría extenderse hacia el final de octubre si la reglamentación sale el viernes.

La letra chica a mirar

El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, enumeró tres cuestiones que observará tras la publicación de las normas. La primera se refiere a los contribuyentes que presentaron por el régimen general porque no cumplían las entonces condiciones del RSG. La reglamentación deberá establecer si esas personas podrán optar luego por el régimen simplificado y presentar sus declaraciones juradas bajo ese esquema. El punto alcanza a quienes realizaron presentaciones en el régimen general por no cumplir con las condiciones previstas hasta ahora.

Es que la nueva Ley eliminó los límites de ingresos o patrimonio que dejaban afuera a parte de los contribuyentes. Por ese motivo, la reglamentación deberá indicar cómo se instrumentará el acceso de quienes antes no podían incorporarse al régimen.

La gerente de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, también destacó ese cambio. “Otro tema para mirar es el nuevo esquema para quienes hasta ahora quedaban afuera por los niveles de ingresos o patrimonio”, dijo. Según explicó, la eliminación de esos límites amplía el universo de contribuyentes que podría acceder al régimen. La reglamentación deberá aclarar la forma de incorporación y el tratamiento de los casos que ya están bajo fiscalización.

“La reglamentación debería aclarar cómo se va a instrumentar esa incorporación y, especialmente, qué tratamiento van a tener las situaciones que ya están bajo fiscalización”, sostuvo Girardi.

El calculo de la discrepancia significativa

El segundo punto señalado por Domínguez se vincula con el monto objetivo de punibilidad que se tomará para aplicar el 5% y definir si existe una discrepancia significativa. La discusión se centra en la fecha que se utilizará como base para establecer ese valor.

La reglamentación deberá indicar si se tomará el monto vigente al cierre del período fiscal o el que rija en la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada. La respuesta puede modificar de forma sustancial el parámetro aplicable. Domínguez planteó el caso del período fiscal 2025. Para ese año, deberá definirse si el cálculo se hará sobre una base de $ 1.500.000 o de $ 100.000.000.

El tercer aspecto incluido por el CEO de SDC Asesores Tributarios es la reglamentación de la UIF. El texto que publique el Gobierno deberá precisar cómo se aplicará esa norma dentro del esquema de la Ley de Inocencia Fiscal.

Girardi puso el foco, además, en la presunción de exactitud de las declaraciones juradas. La ley fija un límite del 15% para las discrepancias, pero la reglamentación deberá precisar el método de cálculo, los conceptos que integrarán esa evaluación y la información que ARCA podrá tomar para cuestionar una declaración.

“Un primer punto para mirar es cómo la reglamentación va a instrumentar la presunción de exactitud de las declaraciones juradas”, expresó Girardi. “La ley establece ese límite del 15% para las discrepancias, pero va a ser interesante ver cómo se calcula concretamente, qué conceptos se toman en cuenta y qué información puede utilizar ARCA para cuestionar una declaración jurada”.

El “tapón fiscal” y las fiscalizaciones en curso

El llamado “tapón fiscal” es otro de los temas que los especialistas seguirán en la reglamentación. La Ley busca aportar estabilidad a las declaraciones juradas de Ganancias, aunque resta conocer cómo se aplicará esa protección ante una fiscalización ya iniciada.

“También habrá que ver cómo se implementa en la práctica el llamado ‘tapón fiscal’”, sostuvo Girardi. La especialista planteó que será necesario conocer el funcionamiento de esa protección cuando exista una fiscalización en curso o cuando ARCA reciba después información que pueda generar un cuestionamiento.

La reglamentación deberá abordar la relación entre los controles que ya están en marcha y los mecanismos de protección que incorpora la Ley. También deberá establecer los criterios aplicables cuando el organismo reciba información posterior a la presentación de una declaración jurada.

Otro punto bajo observación es la justificación de incrementos patrimoniales y determinados movimientos de fondos. La norma establece reglas sobre esa cuestión, aunque el texto reglamentario deberá precisar cómo funcionarán en los procedimientos concretos. “También me parece importante ver cómo se va a instrumentar la posibilidad de justificar incrementos patrimoniales y determinados movimientos de fondos”, afirmó Girardi.

La especialista señaló que será necesario definir qué documentación podrá pedir ARCA. También deberá conocerse cómo se compatibilizarán esos requerimientos con la información que el organismo ya recibe de bancos, escribanos, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y otros organismos.