En la “batalla cultural” de la política argentina, se está por poner a prueba uno de los puntos más importantes: si la austeridad fiscal puede dejar de ser sinónimo de “insensibilidad social” para transformarse en un sinónimo de responsabilidad en la gestión. Y, más importante, si un presupuesto equilibrado es capaz de ganar elecciones.
Del lado del gobierno, no hay dudas en el sentido de que esa es la apuesta. El ministro de Economía, Toto Caputo, se jactó de que este es el único gobierno que terminará su mandato con cuatro años consecutivos de superávit fiscal -y sin incurrir en default de la deuda externa-.
Algunos días antes, el presidente Javier Milei había sido enfático al rechazar las insinuaciones sobre un afloje en su obsesión por la baja de la inflación, de manera de lubricar con algo de gasto público la alicaída actividad en rubros como la construcción. Milei dijo que prefería perder la elección antes que incurrir en cualquier situación que se pudiera asimilar a un “Plan Platita”, como los que caracterizaron la gestión de Alberto Fernández, que relajaba las cuentas fiscales antes de los comicios.
De todas formas, el lema oficial es que no solamente se mantendrá la austeridad fiscal por un mandato moral, sino que, además, hay un convencimiento de que será redituable en las urnas. Ante un auditorio de empresarios, el ministro Caputo dijo que no hay que dejarse ganar por la ansiedad y repitió el nuevo mantra de Milei: “Al populismo no se lo combate con más populismo, se lo combate con más ortodoxia”.
Llevado a números, el proyecto de presupuesto presupone que tanto los ingresos como los gastos tengan un incremento nominal de 25% el año próximo. En términos reales -y tomando como válida la proyección oficial de un IPC anual de 18%- esto implica que ambos renglones tendrán un recorte de 6%.
En el resultado final, Milei apuesta a un superávit primario de 1,3% del PBI, que una vez restado el pago de los intereses de deuda, quedará reducido a un superávit financiero de 0,2%.
Malas perspectivas para la caja de ARCA
El problema es que, por más que el gobierno mantenga su dureza a la hora de la retórica, parece difícil que se pueda sostener la disciplina fiscal si no hay una mejora en la recaudación impositiva, que sistemáticamente está registrando variaciones negativas en la comparación interanual. Para que haya una mejora recaudatoria, la economía tendría que entrar en una fase de aceleración del crecimiento en la que la mayoría de los analistas no cree.
Así, mientras las proyecciones oficiales apuntan a una aceleración de la actividad económica, los analistas no dejan de recalcular a la baja sus pronósticos. Como lo evidencia la encuesta REM, ya las proyecciones de los economistas eran bastante menos entusiastas que las oficiales, y a inicios de año se pensaba en un crecimiento de 3,2%. Pero a medida que se constataron las dificultades de varios sectores -sobre todo, la industria y la construcción-, esos números se fueron corrigiendo, hasta la actual predicción de un 2,1% para el 2026.
En cuanto al año próximo, los economistas creen que la expansión podría llegar al 2,9%, aunque es probable que en los próximos meses ese pronóstico siga a la baja. Es decir, otra vez hay una expectativa más pesimista que la que reflejan los números oficiales, que indican un crecimiento de 4% del PBI para el año próximo.
También, a primera vista, luce más optimista la estimación de inflación que hace el gobierno para el año próximo, en comparación con el humor del mercado. El dato incluido en el proyecto de presupuesto es un 18%, mientras los analistas esperan una cifra en torno al 20,5%.
Presupuesto 2027: ¿hay margen para más motosierra?
Como siempre, la pregunta es quién pagará el costo del ajuste en caso de que la situación ocurra como prevén los analistas y no el texto de la ley del presupuesto. Por lo pronto, en lo que va del 2026, la caída de la recaudación impositiva en términos reales obligó al gobierno a profundizar el “efecto motosierra”.
Hablando en números, un reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal indica que el gasto en la administración pública nacional será equivalente a 12,4% del PBI. En términos de recorte, esto implica que este año se ajustó gasto por 5,4 puntos porcentuales. En el acumulado de la gestión Milei, ese recorte ya alcanza un 14%.
¿Será esa la tónica en el 2027 electoral? Todo dependerá de si realmente se cumple el pronóstico de crecimiento económico y si, además, esa expansión del PBI se traduce en una mayor recaudación tributaria. Para ello, es necesario que no solamente los sectores líderes en exportación tengan una buena performance, sino también los que reflejan la actividad en el mercado interno, que tributan el grueso de Ganancias y del IVA.
De momento, no hay muchos motivos para el optimismo. A contramano de la afirmación oficial sobre un consumo en niveles récord, la recaudación del IVA interno en el mes pasado tuvo una merma real del 3%. Y si, además, se contabiliza el IVA que se recauda en la Aduana, por el comercio exterior, la caída llega al 6%.
El ajuste de Milei en medio de la campaña electoral
En caso de que no alcance con la recaudación, no será fácil para el gobierno de Milei profundizar en el recorte del gasto sin que se genere un problema político. Por caso, el ítem que tuvo la mayor disminución presupuestaria en lo que va de la gestión es el de transferencias a provincias y municipios -con una caída real del 86%-.
Y Milei, que apuesta sus fichas a un paquete de reformas legislativas, incluyendo la suspensión de las PASO, no está en condiciones de perder el apoyo de los bloques legislativos que responden a los gobernadores provinciales aliados.
Por otra parte, el rubro de jubilaciones y pensiones -por lejos el de mayor incidencia en el gasto público total-, cuya reducción había explicado la desaparición del déficit en el primer año de la gestión Milei, ya no tendrá margen de ajuste. Más bien al contrario, con la inflación en baja, los pagos empezarán a crecer en términos reales, por el efecto diferido de los aumentos -la jubilación se indexa con el IPC del segundo mes previo-.
Los rubros relevantes en los que es posible un gasto adicional podrían tener un costo político: subsidios a los servicios públicos, gasto en personal del Estado y planes de asistencia a la población de menores ingresos.
La oposición busca el “equilibrio fiscal progresista”
La medida para saber si Milei ganó la “batalla cultural” por imponer la importancia del equilibrio fiscal no sólo se medirá en cuántos votos tenga el oficialismo. Sobre todo, se verá en cuánto espacio ocupe el tema en la propuesta electoral de la oposición. Y todavía hay señales contradictorias.
En los últimos meses, las reuniones tendientes a una reunificación del peronismo con una plataforma electoral que recupere los votantes desilusionados han incluido expresamente al tema fiscal. Referentes como Aníbal Fernández han sostenido que sería un error plantear que quiere echarse por tierra con el orden de las cuentas públicas, sino que se debe elaborar una campaña a partir de ese nuevo escenario.
Más explícito, Guillermo Michel, ex director de AFIP y cercano a Sergio Massa, dijo que un eventual gobierno peronista mantendría el superávit fiscal, pero “se no sería un superávit como el de Milei, basado en el ajuste, sino como el de Néstor Kirchner, con crecimiento”. El economista obvió recordar que ese superávit no incluía el pago de la deuda, que en esos años estaba en default.
Otro economista referente del peronismo, Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), también argumentó en ese sentido. Sostuvo que el peronismo cometió históricamente el error de permitir que el equilibrio fiscal fuera percibido como un patrimonio de la derecha, y que se debe elaborar una propuesta propia. Dijo que, a diferencia del modelo de recorte del gasto impulsado por Milei, el peronismo debía impulsar el consumo y la actividad, mediante una redistribución del ingreso y una reforma tributaria.
Pero estos ejemplos no implican que haya consenso en la oposición respecto del tema fiscal. En la facción kirchnerista sigue habiendo un cuestionamiento al ajuste, y sigue prevaleciendo una visión históricamente defendida por Cristina Kirchner, que ve al déficit como una herramienta válida en momentos recesivos, siguiendo la “receta keynesiana”.
Incluso fuera del peronismo, llamaron la atención argumentaciones como la de Martín Lousteau, diputado de la UCR, quien dijo que la contracara del ahorro público es “el desahorro privado”. Y dio a entender que el celo por mantener el superávit de las cuentas es un factor que lleva a la recesión, un argumento que ha sido rechazado con énfasis por economistas de la línea liberal.
