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  • Cajas jubilatorias y beneficios impositivos, dos ítems a mirar con lupa por los gobernadores en el Presupuesto 2027

    Cajas jubilatorias y beneficios impositivos, dos ítems a mirar con lupa por los gobernadores en el Presupuesto 2027

    El Presupuesto 2027 contempla exenciones impositivas en obra pública para los distritos que bajen la carga tributaria provincial y fondos por $503.325 millones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para financiar el déficit de previsional de las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a Nación.

    Un día después de su envío al Congreso por parte del Poder Ejecutivo, la hoja de ruta económica para el año próximo empieza a ser objeto de estudio por parte de los gobernadores. Como anticipó Ámbito, obras, infraestructura y rutas son algunas de las prioridades que los líderes buscan asegurarse en medio de las negociaciones.

    Exenciones y cajas jubilatorias

    En ese marco, el oficialismo incluyó en el articulado un pasaje importante para las jurisdicciones, ya que condiciona beneficios fiscales para las concesiones viales a que las provincias y CABA adhieran al régimen y otorguen exenciones en Ingresos Brutos y Sellos. La Casa Rosada no obliga a los mandatarios a bajar impuestos pero sí lo pone como condición para otros beneficios fiscales.

    Se trata de un nuevo capítulo de la novela entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y los administraciones subnacionales, que suelen cruzar reclamos en materia tributaria. De hecho, este miércoles, ya con el proyecto sobre la mesa, Caputo fue anfitrión de una reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal, que reúne a los ministros de Economía de todas las provincias.

    “El equilibrio fiscal es la base de una Argentina con estabilidad, previsibilidad y crecimiento sostenido”, aseguró el funcionario luego del encuentro.

    Otro de los frentes a atender es el de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a Nación: Buenos Aires, Chaco, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Chubut, Corrientes, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén.

    El proyecto enviado por Javier Milei al Congreso fija $503.325,9 millones para aquellas jurisdicciones que tengan un déficit reconocido —provisorio o definitivo— mediante un acuerdo con la Agencia Nacional de la Seguridad Social (ANSES), correspondiente al ejercicio 2021 o posterior.

    ANSES deberá girar mensualmente un anticipo equivalente a 1/12 del último déficit previsional reconocido de cada provincia. En sus casi tres años de gestión, el Gobierno libertario suscribió entendimientos en ese sentido con la mayoría de los distritos afectados, aunque no con todos. Quedaron afuera los casos bonaerense, formoseño, santacruceño y fueguino. El resto logró acercar posiciones.

    El caso más emblemático es el del entrerriano Rogelio Frigerio, quien en agosto pasado rubricó un acuerdo de peso con Nación, al garantizarse el desembolso de $120 mil millones para el sistema previsional. Es la única provincia que consiguió financiamiento en ese área durante los tres años de administración violeta.

    Cabe recordar que el Presupuesto 2026 contemplaba $122.763 millones para transferencias a cajas jubilatorias provinciales. No obstante, el Gobierno retocó ese número durante el transcurso del año y amplió el crédito. De cara al 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, contará con esa misma facultad en caso de considerarla necesaria.

    Rogelio Frigerio y el titular de ANSES, Guillermo Arancibia.

    Rogelio Frigerio y el titular de ANSES, Guillermo Arancibia.

    Por otra parte, los artículos 61 y 62 de la “ley madre” apuntan a facilitar el endeudamiento para “infraestructura y la reestructuración/compensación de deudas entre Nación, provincias y CABA”. En todos los casos, son ítems clave para el vínculo de las provincias y la gestión libertaria, que no cuenta con gobernadores propios sobre el tablero.

    De momento, los equipos técnicos de las provincias interpretan la letra chica del documento, aunque se estima que habrá modificaciones. Precisamente por estas horas el Gobierno retoma las negociaciones con los caciques con el objetivo de acercar posiciones y avanzar en otra iniciativa clave: la reforma electoral.

    Parte del futuro de las PASO, que el mileísmo pretender suprimir, estará atado a la voluntad de los mandatarios subnacionales y de las concesiones que logren en el debate por el Presupuesto 2027.

    Hasta el momento, el único líder que opinó abiertamente fue el tucumano Osvaldo Jaldo, quien llamó a “acompañar” la “ley de leyes”. “Hay que acompañar el presupuesto nacional, porque no podemos tener un gobierno nacional que no tenga un presupuesto. Ya hemos tenido gobiernos que han estado tres años sin presupuesto, y ustedes saben que cuando no hay presupuesto, quien administra las partidas discrecionalmente es el jefe de gabinete”, lanzó el tucumano.

    Precisamente, unas de las principales obras del proyecto es la del Acueducto Vipos, en Tucumán, con una inversión prevista para 2027 de unos $25.113 millones y un costo total que supera los $148.000 millones.

    El distrito también cuenta con otras obras de infraestructura. Entre ellas aparecen la planta depuradora de líquidos cloacales de Concepción, con $2.196 millones, y trabajos sobre las rutas nacionales 9 y 38, incluido el acceso sur a San Miguel de Tucumán.

  • Javier Milei quiere comprometer a los gobernadores a bajar impuestos a cambio de obras en las rutas

    Javier Milei quiere comprometer a los gobernadores a bajar impuestos a cambio de obras en las rutas

    El proyecto de Presupuesto 2027 que ingresó al Congreso este martes incluye un nuevo régimen para incentivar la construcción y mantenimiento de corredores viales a cargo de concesionarios viales privados, pero tiene una trampa: los beneficios fiscales nacionales solo se activan si las provincias hacen lo propio.

    Durante el reciente evento Vientos de Cambio organizado por las Fundación Libertad y Progreso, el ministro Luis Caputo indicó que “todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal, de manera que se genera más incentivo y que sea más barato todo este proceso de desarrollo y que se haga más rápido”

    “Son bastante importante las ventajas. Parece una especie de RIGI O RIMI para estas empresas”, señaló el tributarista Mario Volman, profesor titular de Impuestos de la UBA.

    Precisamente, luego de mandar el proyecto al Congreso, Luis Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se reunieron con los ministros de Economía de las provincias en el marco del Consejo de Responsabilidad Fiscal para explicar las proyecciones del 2027 para los gastos y los ingresos.

    Cómo será el régimen

    El artículo 67 del proyecto establece que los titulares de contratos de concesión de obra pública vinculados a una licitación que se celebre en adelante para la construcción de rutas nacionales, o ampliación de obra por concesiones de rutas nacionales ya existentes “podrán optar por practicar las amortizaciones de las inversiones que realicen y afecten a la ejecución de la concesión, a partir del período fiscal de habilitación de los bienes u obra vial de que se trate”.

    • En bienes muebles amortizables nuevos (excepto automóviles) como mínimo en dos cuotas anuales, iguales y consecutivas.
    • En obras de infraestructura vial como mínimo, en un número de cuotas anuales, iguales y consecutivas que resulte de considerar la vida util estimada de dichas obras reducida al 50%.

    Los beneficiarios dispondrán de un mecanismo de reintegro o de certificado de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado contenido en el monto de las operaciones realizadas para cumplir los objetivos asumidos en los contratos.

    El proyecto de Presupuesto 2027 que ingresó al Congreso este martes incluye un nuevo régimen para incentivar la construcción y mantenimiento de corredores viales a cargo de concesionarios viales privados.

    El proyecto de Presupuesto 2027 que ingresó al Congreso este martes incluye un nuevo régimen para incentivar la construcción y mantenimiento de corredores viales a cargo de concesionarios viales privados.

    Se establece que el 100% del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, que hubiese sido efectivamente ingresado a partir de la entrada en vigencia de la ley podrá ser computado por los titulares de los contratos a los que hace alusión el primer párrafo, como pago a cuenta, en el siguiente orden: Impuesto a las Ganancias, IVA y las contribuciones patronales.

    El remanente no compensado no podrá aplicarse a otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor de terceros.

    Volman explicó que a las empresas “se les genera una menor carga tributaria del Impuesto a las Ganancias via amortización acelerada de bienes se uso y obras, se le genera un libre cómputo de iva y compensación del 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios”.

    Sin exención de Ingresos Brutos no hay obras

    El texto tiene una “trampa” para que los Gobernadores eliminen Impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos. Se invita a las provincias a adherir al régimen pero aclara que “la adhesión de las jurisdicciones correspondientes, en estos términos, será condición necesaria para la vigencia de los beneficios previstos en los párrafos precedentes de este artículo”.

    Es decir, que un operador de una ruta no podrá tener las exenciones de impuestos nacionales si los Gobernadores no hacen lo mismo y adhieren a la ley federal.

    El conflicto los caminos en el interior

    Las denuncias por el pésimo estado en el que están las rutas nacionales en el interior del país se multiplicaron a lo largo del 2026.

    El diputado peronista Guillermo Michel denunció que el Gobierno no estaba ejecutando obras de mantenimiento de las rutas nacionales a pesar de que seguía cobrando el Impuesto a los Combustibles, que se supone tiene por finalidad llevar a cabo esa tarea.

    En el caso de Entre Ríos, Michel señaló que la provincia dejó de recibir unos $45.000 millones para reparar caminos dañados, afectando gravemente la infraestructura vial y la segurida. El legislador dice que la Nación retuvo $1,6 billones este año.

    Las quejas de los Gobernadores se multiplicaron este año. En Santa Fe, Maximiliano Pullaro, decidió poner enormes carteles rojos en las vías de jurisdicción federal para dejar en claro que la falta de conservación no es su responsabilidad. Luego de ello, firmó un acuerdo con la Nación para que le transfirieran la Ruta 12.

  • El Gobierno completó la reglamentación del fondo para pagar indeminizaciones laborales

    El Gobierno completó la reglamentación del fondo para pagar indeminizaciones laborales

    Mano de hombre con traje introduce billetes de 20.000 pesos argentinos en frasco de vidrio con etiqueta que dice FAL, sobre mesa de madera.
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    La Comisión Nacional de Valores (CNV) reglamentó los Productos de Inversión Colectiva (PIC) en los que se podrán colocar los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el instrumento creado por la reforma laboral orientado al pago de indemnizaciones. Para ese fin, cada empresa deberá destinar un porcentaje de la masa salarial a los FAL, que serán administrados por bancos y agentes de bolsa (ALyC).

    El nuevo sistema entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre. Un mes atrás, el gobierno reglamentó en qué activos financieros podrá invertirse el dinero recaudado. Con esta decisión, el Gobierno completó el esquema regulatorio para que esa masa de dinero se incorpore al mercado de capitales, con las condiciones necesarias para afrontar las prestaciones laborales.

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    La CNV definió los productos y la estructura de cada FAL. La Resolución General N° 1167 prevé que los recursos se estructuren a través de Fondos Comunes de Inversión de Asistencia Laboral (FCIA FAL) o Fideicomisos Financieros de Asistencia Laboral (FF FAL). Ambos vehículos podrán funcionar bajo el esquema de un solo empleador o reunir a varias empresas.

    La norma además crea el ID FAL, un código que vinculará a cada empleador con el vehículo elegido. Para las compañías que no realicen esa selección, se aplicará una asignación de oficio que, de acuerdo con el comunicado, será transparente. La reglamentación introdujo cambios tras una consulta pública y seis reuniones con participantes del mercado de capitales.

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    El límite de costos será del 1% anual

    La regulación fija precisiones para las inversiones de los recursos, dentro de las alternativas que había establecido la Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía. También habilita la portabilidad entre vehículos y Entidades Habilitadas, por lo que las empresas podrán cambiar de administrador.

    Los honorarios y los gastos ordinarios de administración tendrán un límite conjunto de 1% anual sobre el patrimonio del PIC FAL. A la vez, los vehículos deberán difundir cada mes una Ficha FAL con datos sobre la evolución histórica y la composición de sus carteras, para que los empleadores puedan comparar instrumentos.

    Los PIC FAL quedarán incluidos en el Régimen de Oferta Pública con autorización automática. La CNV sostuvo que el marco busca aportar “administración profesional, diversificación, separación patrimonial, transparencia, competencia y supervisión” al sistema de asistencia laboral.

    El presidente de la CNV, Roberto Silva, afirmó que la resolución definitiva representa “un paso muy importante” y definió al FAL como “una herramienta clave para profundizar y hacer crecer nuestro mercado de capitales”.

    Silva señaló que el organismo abrió una consulta pública y mantuvo seis encuentros con actores del sector para incorporar propuestas a la versión final. “Este es el resultado de ese trabajo”, sostuvo, y agregó que la norma “brinda previsibilidad, promueve la competencia y genera nuevas oportunidades para el desarrollo del mercado de capitales”.

    Cómo funciona un Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

    La reforma laboral dispuso un cambio para que las empresas afronten el costo de los despidos. Sobre esa base, cada empleador privado de la Argentina aportará en forma obligatoria el 1% (si es una empresa grande) o el 2,5% (si es una pyme) a un fondo para pagar indemnizaciones laborales. El empleador girará cada mes ese aporte a la Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y le informará a qué banco o alyc debe dirigirlo para engrosar un FAL.

    Para las empresas, sea un kiosco con 3 empleados o una megaempresa con 10.000, no habrá un costo extra por el nuevo sistema. Depositarán en el FAL el mismo dinero que hoy ingresan a la Anses como parte de los aportes laborales. De ese dinero también surgirá la comisión para las entidades financieras administradoras, que tendrá un máximo del 1% de los fondos administrados.

    Para el trabajador, el nuevo mecanismo no trae ningún cambio ni está obligado a hacer ningún trámite.

    Las instituciones financieras armarán un FAL para una empresa en particular o bien un FAL multiempresa, que captarán aportes de cientos o miles de pequeños empleadores.

    Con el final de la reglamentación, se abre una etapa en la que bancos y agentes de bolsa (alycs) competirán para administrar las colocaciones de esos fondos. El dinero, cuyo rendimiento crecerá mes a mes, se utilizará únicamente para pagar indemnizaciones por despido o retiros voluntarios. No podrá usarse con otro destino que no sea ese. El dinero tampoco podrá retirarse o rescatarse en ningún caso. Solamente si una empresa quiebra o desaparece podrá recuperar el dinero remanente en su FAL.

  • Malvinas: una jueza de Río Grande ordenó a Rockhopper y Navitas frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion

    Malvinas: una jueza de Río Grande ordenó a Rockhopper y Navitas frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion

    Plataforma petrolera en el mar con letreros blancos que dicen Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration bajo un cielo nublado.
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    La Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, situado al norte de las Islas Malvinas. La decisión cautelar, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, alcanza perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.

    El fallo responde a una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). La resolución, a la que accedió Infobae, establece que las compañías deberán frenar los actos materiales del emprendimiento hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente, salvo que el juzgado disponga otra medida.

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    En paralelo, el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py tuvo por impulsada una investigación penal contra Desire Petroleum Limited. El expediente, promovido a partir de un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli, incluye medidas para reunir información sobre esa firma y sobre el grupo Rockhopper. Esa causa había sido impulsada tras una denuncia que presentó la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, con la asistencia de la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio.

    Son procesos distintos. La causa de Río Grande tiene un carácter civil y ambiental preventivo, mientras que la pesquisa en Comodoro Py busca determinar si hubo exploración o explotación de hidrocarburos en áreas próximas a Malvinas sin autorización argentina. Las resoluciones recaen, por vías diferentes, sobre empresas ligadas a los proyectos petroleros alrededor de las islas.

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    Pablo Quirno  / sebastián amerio

    La cautelar alcanza perforaciones, instalaciones y el inicio de la extracción

    Borruto ordenó a Rockhopper y Navitas que, “en cuanto de ellas dependa”, se abstengan de “iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales de ejecución” de Sea Lion, que en el expediente aparece como “León Marino”. La orden incluye las ampliaciones del proyecto y los pozos o instalaciones que estén funcionalmente integrados al emprendimiento.

    La prohibición abarca la perforación del lecho o subsuelo marino para desarrollar o explotar hidrocarburos, la instalación permanente de infraestructura submarina y el tendido de conductos, líneas de flujo y sistemas de control. También comprende la instalación o puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, el inicio de la extracción comercial y las obras terrestres o portuarias de apoyo.

    En este último grupo figuran ampliaciones portuarias, bases logísticas, plantas para preparar lodos de perforación y cemento, depósitos de productos químicos, infraestructura habitacional e instalaciones destinadas al apoyo aeronáutico.

    El punto central del fallo es que la orden se mantendrá hasta que se tramite la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Ambiente y la autoridad competente adopte una decisión. La jueza entendió que ese procedimiento debía realizarse ante organismos argentinos.

    Milei puso en marcha una fuerte ofensiva contra el desarrollo pertrolero en Malvinas de un consorcio británico-israelí

    La jueza consideró que el proyecto ya está en ejecución

    Al analizar el peligro en la demora, Borruto sostuvo que “el riesgo no es hipotético ni remoto”. Según la resolución, la documentación incorporada muestra que Sea Lion superó la etapa de proyecto y entró en ejecución.

    Para llegar a esa conclusión, la magistrada consideró la Decisión Final de Inversión de diciembre de 2025, el anuncio de una ampliación hacia un pozo adyacente y las contrataciones de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además del equipo de perforación y sus servicios asociados. El fallo señala que las obras de adaptación de esa infraestructura ya habían comenzado, de acuerdo con documentación de Rockhopper mencionada en la demanda.

    “Aguardar a la culminación de tales intervenciones para determinar si debieron ser sometidas previamente a evaluación ambiental podría tornar ineficaz la tutela judicial solicitada”, indicó Borruto. También advirtió que el trámite ordinario del expediente podría consolidar situaciones que dificulten una eventual sentencia favorable.

    La jueza aclaró que la cautelar no da por probado que el proyecto vaya a ocasionar un daño ambiental. “No se afirma que el daño ambiental invocado se producirá, ni ello podría afirmarse en este estado del proceso”, precisó. Lo que sí tuvo por acreditado, de manera preliminar, es la falta de un procedimiento ante autoridades argentinas para determinar los posibles impactos y las medidas de prevención o mitigación.

    La resolución citó un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, fechado el 24 de febrero de 2026. Según ese documento, no se había presentado “ningún aviso de proyecto” ni se había iniciado una evaluación de impacto ambiental con las demandadas.

    Borruto aplicó los principios preventivo y precautorio de la legislación ambiental. La demanda describe un desarrollo de 23 pozos: 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno remoto de inyección de gas, junto con infraestructura submarina, equipos de control, líneas de flujo, una unidad móvil de perforación y embarcaciones auxiliares.

    Entre los riesgos planteados aparecen la alteración del lecho marino, la contaminación química, el ruido submarino, las descargas operativas, el tránsito marítimo, la interacción con mamíferos y aves, las emisiones y los derrames. El fallo remarcó que esos elementos no prueban que cada impacto denunciado vaya a producirse, aunque resultan suficientes para una medida cautelar sobre una actividad que podría generar modificaciones ambientales relevantes.

    La cuestión ambiental se vincula además con el reclamo de soberanía. Al reconocer de manera provisoria la legitimación del CECIM, la jueza señaló que la pretensión no se limita a una discusión técnico-ambiental. Según el fallo, subyace “la defensa de la soberanía nacional”, a la que definió como un bien colectivo indivisible y un interés federal.

    Rockhopper y Navitas deberán informar el estado del proyecto en diez días

    La medida también intima a las compañías a presentar, en el plazo de diez días judiciales desde la notificación, una declaración jurada con documentos que permitan establecer el estado actual de Sea Lion.

    Deberán detallar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación; la cantidad, ubicación y situación de los pozos; las unidades flotantes y los equipos de perforación contratados; y los principales contratistas y subcontratistas involucrados.

    La orden exige, además, información sobre la estructura societaria utilizada para el proyecto, las entidades financieras y fondos que lo financiaron, los desembolsos efectuados, comprometidos o pendientes, las aseguradoras y reaseguradoras, y los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.

    Las demandadas tendrán que “preservar íntegramente” la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa relacionada con Sea Lion. No podrán destruirla, alterarla, ocultarla ni disponer de ella de un modo que impida incorporarla al expediente.

    Borruto no admitió todavía el pedido de prohibir, de forma general, nuevos contratos de financiación, desembolsos, pagos, transferencias, aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas y constitución de garantías. Consideró que una restricción de esa amplitud podía involucrar operaciones y terceros que aún no estaban suficientemente individualizados.

    La jueza también postergó las comunicaciones generales a reguladores y mercados de valores extranjeros, aunque dejó abierta la posibilidad de disponer medidas puntuales más adelante. Una vez recibidos los informes y la respuesta de las empresas, el juzgado deberá resolver si mantiene, modifica, amplía o deja sin efecto la cautelar.

    Foto de archivo que muestra el cartel de bienvenida a las Islas Malvinas en el muelle de Stanley. EFE/Felipe Trueba

    Comodoro Py pidió información societaria y bancaria sobre Desire y Rockhopper

    En la causa penal, el Juzgado Federal N° 11 incorporó el requerimiento de instrucción de Stornelli en el expediente CFP 4492/2026 y dispuso: “Téngase por impulsada la acción penal”.

    La investigación comprende a Desire Petroleum, a sus sociedades controlantes, controladas o integrantes de su explotación comercial y a las personas que pudieran haber actuado en su nombre o beneficio. El objeto es establecer si existieron actividades hidrocarburíferas en áreas cercanas a Malvinas sin la autorización de la Argentina.

    El juzgado pidió a la Secretaría de Energía antecedentes sobre la empresa, su composición accionaria, sus autoridades actuales y anteriores y los actos vinculados con las actividades denunciadas. También solicitó documentación a la Cancillería, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad, la Procuración del Tesoro y la Procuración General.

    Además, ordenó certificar la causa CFP 4437/2026 para verificar si reúne elementos de interés para la investigación. Una de las medidas es un exhorto al Reino Unido para obtener la información societaria completa de Desire Petroleum, su integración directiva y representación legal desde 2012, junto con antecedentes sobre posibles licencias hidrocarburíferas.

    La resolución dispuso que “igual información” se solicite respecto del denominado grupo Rockhopper. El tribunal también requirió información bancaria ligada a la explotación comercial y a las personas físicas que pudieron haber actuado en nombre o beneficio de las compañías investigadas.

    Ninguna de las decisiones resuelve el fondo de los expedientes. En Río Grande, la cautelar quedó sujeta al avance de la evaluación ambiental y a la información que presenten las empresas. En Comodoro Py, la causa penal entra ahora en una etapa de producción de pruebas sobre Desire Petroleum y el grupo Rockhopper.

  • Pese a las bajas, el Gobierno espera recaudar 41,3% más por retenciones en 2027

    Pese a las bajas, el Gobierno espera recaudar 41,3% más por retenciones en 2027

    El Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de presupuesto nacional para 2027, en el que prevé recaudar $12,06 billones por derechos de exportación. La cifra representa un aumento del 41,3% frente a los $8,53 billones estimados para 2026. Esta suba se produciría pese al cronograma anunciado por el presidente Javier Milei para continuar con la disminución de las alícuotas durante el año que viene.

    De acuerdo con el proyecto, los ingresos por retenciones pasarían de $8.536.982,5 millones en 2026 a $12.062.269,8 millones en 2027. Si se cumple la estimación, el Estado recaudaría unos $3.530.000 millones más por este impuesto.

    “Los recursos totales provenientes de los Derechos de Exportación aumentarían un 41,3% en 2027 respecto de las proyecciones para el presente ejercicio”, señaló el Poder Ejecutivo.

    El aumento previsto es nominal, por lo que está influido por los precios y el tipo de cambio. Sin embargo, las retenciones también tendrían un mayor peso en la economía: pasarían de representar el 0,75% del producto bruto interno (PBI) en 2026 al 0,85% en 2027.

    El documento no atribuye esa mayor recaudación a un aumento de las alícuotas. “La baja base de comparación explica este incremento porcentual”, indicó. A eso sumó el crecimiento esperado de las ventas al exterior. “Los supuestos macroeconómicos utilizados como base para la elaboración de este proyecto contemplan un crecimiento de las exportaciones totales tanto en dólares corrientes como en términos reales”, agregó.

    El Gobierno incluyó esa proyección dentro de un proceso de reducción de las retenciones. El propio proyecto destacó entre las decisiones tomadas “la eliminación y/o reducción de aranceles de importación y derechos de exportación a distintas posiciones aduaneras”.

    “Cabe destacar que este resultado se logró en simultáneo con la implementación de medidas de reducción impositiva, como la eliminación del Impuesto PAIS, la baja de derechos de exportación e importación, Bienes Personales y la puesta en marcha del régimen de inocencia fiscal”, sostuvo.

    La soja comenzaría 2027 con una retención del 23,75% y terminaría el año con una alícuota del 21%
    La soja comenzaría 2027 con una retención del 23,75% y terminaría el año con una alícuota del 21%STRINGER – AFP

    En el caso de los principales granos, ese proceso comenzó en enero de 2025. Mediante el Decreto 38/2025, el Gobierno dispuso una baja temporal que llevó la retención para la soja del 33% al 26% y la de sus derivados del 31% al 24,5%. Para acceder al beneficio, los exportadores debían liquidar al menos el 95% de las divisas dentro de los 15 días hábiles posteriores a la declaración jurada de venta al exterior.

    La medida venció el 30 de junio de ese año. El Ejecutivo no extendió la reducción para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol, que volvieron a pagar las alícuotas anteriores. En cambio, mantuvo el beneficio para el trigo y la cebada.

    Unas semanas después, durante la Exposición Rural de Palermo, el presidente Javier Milei anunció que la baja para los principales cultivos sería permanente. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 526/2025. La soja volvió a tributar el 26%; el maíz y el sorgo bajaron del 12% al 9,5%, y el girasol pasó del 7,5% al 5,5%.

    En diciembre de 2025, el Gobierno volvió a reducir las alícuotas con el Decreto 877/2025. La retención para la soja pasó del 26% al 24% y la de sus derivados bajó del 24,5% al 22,5%. El trigo y la cebada descendieron del 9,5% al 7,5%, mientras que el maíz y el sorgo pasaron del 9,5% al 8,5%. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló entonces que la soja había alcanzado su nivel más bajo en 19 años.

    Ese recorrido permite entender la referencia del presupuesto a una “baja base de comparación”, aunque el documento no precisa cuánto del aumento previsto para 2027 se debe a las reducciones ya aplicadas.

    La última etapa se formalizó en junio de 2026 mediante el Decreto 423/2026. Las retenciones para el trigo y la cebada bajaron del 7,5% al 5,5%. Además, se fijó un cronograma de reducciones para otros cultivos que se extenderá desde enero de 2027 hasta diciembre de 2028.

    Para la soja se estableció una baja de 0,25 puntos porcentuales por mes durante 2027 y de medio punto mensual durante 2028. Así, la alícuota comenzaría el próximo año en el 23,75%, terminaría en el 21% y llegaría al 15% al cierre de 2028.

    El maíz y el sorgo bajarían del 8,25% al 7,5% durante 2027 y llegarían al 5,5% en 2028. El girasol descendería del 4,25% al 4% el próximo año y terminaría 2028 en el 3%.

    Cronograma oficial de baja de retenciones para el agro
    Cronograma oficial de baja de retenciones para el agro

    De esta manera, la recaudación prevista para 2027 crecería pese a la baja de las alícuotas. El presupuesto no detalla qué parte del aumento se debería a las mayores exportaciones, al tipo de cambio o a la baja base utilizada para hacer la comparación. Tampoco aclara cómo tuvo en cuenta el cronograma al calcular los $12.062.269,8 millones en 2027.


  • El hospital de Urdinarrain continúa sumando equipamiento para optimizar la atención

    El hospital de Urdinarrain continúa sumando equipamiento para optimizar la atención

    A través de diferentes refuerzos de partida destinados a fortalecer la capacidad de respuesta del establecimiento, el Ministerio de Salud de Entre Ríos acompañó las necesidades planteadas por el hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain, posibilitando la adquisición de equipamiento e insumos para sus distintos servicios.

    La directora del establecimiento, Natalia Segovia, explicó que la incorporación de nuevo equipamiento e insumos permite “fortalecer los servicios y mejorar la atención de nuestros pacientes, no solo de Urdinarrain sino también de otras localidades de la zona”.

    Entre las adquisiciones recientes se encuentran un transductor cardiológico para el ecógrafo (que requirió una inversión de 6.110.373,75 pesos), una lámpara de fotocurado LED para el Servicio de Odontología (cuya compra demandó 210.000 pesos) y un laringoscopio de fibra óptica (por valor de 766.176 pesos). Además, se compraron dos balanzas (que requirieron una inversión de 1.845.680 pesos) y dos oxímetros pediátricos (por 581.400 pesos), con los que se optimiza la atención y el seguimiento de pacientes pediátricos durante la temporada de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas.

    La profesional precisó que dichas adquisiciones se realizaron mediante partidas extraordinarias, destinadas a fortalecer el equipamiento y los recursos disponibles en los distintos servicios del hospital, lo que permitió dar respuesta a necesidades concretas y mejorar la calidad de la atención brindada a la comunidad.

    Además, en el último tiempo el nosocomio también incorporó nuevos elementos destinados al área de Kinesiología y Rehabilitación, por una inversión de 269.850 pesos. Entre los materiales adquiridos se encuentran mancuernas, tobilleras con peso, pelotas terapéuticas, pedalera, piso encastrable y bandas circulares, con los que se amplían y fortalecen las herramientas disponibles para el trabajo de rehabilitación y recuperación funcional de los pacientes.

    “Cada incorporación representa una herramienta más para nuestros profesionales y contribuye a mejorar la capacidad de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, seguimiento y atención que brindamos a nuestra comunidad”, concluyó Segovia.

  • Mora bajo la lupa Intendentes bonaerenses llevaron al Congreso la preocupación por el endeudamiento de las familias

    Mora bajo la lupa Intendentes bonaerenses llevaron al Congreso la preocupación por el endeudamiento de las familias

    La Liga de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires se reunió con diputados nacionales del peronismo para analizar el avance de los proyectos destinados a aliviar el endeudamiento y la morosidad de las familias. El encuentro se realizó en el Congreso de la Nación, en el comienzo del tratamiento de las iniciativas que buscan dar respuesta a una problemática que los municipios identifican cada vez con mayor frecuencia.

    Por la Liga participaron Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Mariel Fernández (Moreno), quienes mantuvieron un intercambio con los diputados Germán Martínez, Teresa García y Guillermo Michel, entre otros legisladores.

    La reunión tuvo lugar mientras la Cámara de Diputados comenzó a discutir los proyectos vinculados al endeudamiento de los hogares. Este martes se iniciaron las reuniones conjuntas de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, donde se analizan distintas propuestas relacionadas con la situación financiera de las familias.

     El reclamo de los municipios llegó a Diputados  

    Uno de los principales puntos abordados durante el encuentro fue la dimensión que alcanzó el endeudamiento familiar. De acuerdo con los datos puestos en consideración durante la reunión, 6 millones de personas se encuentran en situación de morosidad, mientras que 14 millones tienen algún tipo de endeudamiento bancario o financiero.

    La preocupación de los intendentes está vinculada especialmente con el destino que tienen muchas de esas deudas. En los municipios bonaerenses advierten que cada vez más vecinos recurren al crédito para cubrir gastos habituales, una dinámica que puede profundizar las dificultades económicas de los hogares cuando las familias no logran sostener los pagos.

    En ese escenario, la discusión parlamentaria apunta a iniciativas que buscan generar herramientas de alivio financiero y desendeudamiento familiar, mientras los intendentes plantean la necesidad de incorporar la realidad que observan diariamente en sus distritos.

    El encuentro también funcionó como un espacio para poner en común las distintas situaciones que atraviesan los municipios bonaerenses y conocer el contenido de los proyectos que comenzaron a debatirse en Diputados.

    La Liga de Intendentes viene desarrollando reuniones con dirigentes políticos bonaerenses y nacionales de distintos sectores. El objetivo de estas conversaciones es trasladar al ámbito legislativo las problemáticas que se observan en los municipios y aportar esa perspectiva al debate de políticas públicas.

    En esta oportunidad, el eje estuvo puesto en el impacto que tiene el endeudamiento sobre las familias y en las posibles herramientas para reducir los niveles de morosidad.

    La Liga de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires está integrada por Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (Partido de La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

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  • La Liga de Intendentes bonaerense se reuni con diputados nacionales por el endeudamiento de las familias

    La Liga de Intendentes bonaerense se reuni con diputados nacionales por el endeudamiento de las familias

    La Liga de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires mantuvo una reunión con legisladores nacionales para abordar la problemática del endeudamiento y la morosidad que atraviesan cada vez más familias bonaerenses. Del encuentro participaron los intendentes Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Mariel Fernández (Moreno), que se reunieron con diputados nacionales del peronismo -entre ellos Germán Martínez, Teresa García y Guillermo Michel– para expresar su respaldo al proyecto de alivio financiero y desendeudamiento familiar que tratará la cámara.

    La reunión, realizada en el Congreso de la Nación, coincidió con el inicio del tratamiento de las iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar en Diputados. Este martes comenzaron las reuniones conjuntas de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, que prevén avanzar sobre los distintos proyectos que buscan dar respuesta a la situación de los hogares.

    Los números del endeudamiento

    Durante el encuentro se puso en discusión cómo el endeudamiento se volvió una problemática cada vez más presente en los distritos, con vecinos que recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos y quedan, muchas veces, en situaciones de alta vulnerabilidad. Según los datos que se pusieron en consideración, son 6 millones las personas en situación de morosidad y 14 millones las que tienen algún tipo de endeudamiento bancario y/o financiero.

    El encuentro permitió poner en común las distintas realidades de los municipios y conocer las iniciativas que se discuten en el Congreso. La reunión se enmarca en las rondas de conversaciones y mesas de gestión que la Liga viene llevando adelante con dirigentes de todo el arco político bonaerense y nacional, con el objetivo de aportar la mirada de los municipios frente a las problemáticas que atraviesan los bonaerenses.

    Quiénes integran la Liga de Intendentes

    La Liga está integrada por Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (Partido de La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

  • Mora récord de empresas: una de las fundiciones más grandes del país con 260 empleados entró en concurso preventivo

    Mora récord de empresas: una de las fundiciones más grandes del país con 260 empleados entró en concurso preventivo

    Trabajadores industriales con cascos y ropa de protección vierten metal incandescente en una estructura dentro de una fábrica
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    Fundición San Cayetano entró en concurso preventivo por una resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del juez Nicolás Raggio. La empresa tiene una planta de 45.000 metros cuadrados en Burzaco y fuentes del sector estimaron que cuenta con 260 empleados.

    La medida abrió un proceso judicial para que la histórica metalúrgica, dedicada a la producción de piezas para la siderurgia, la minería, el petróleo, la energía eólica y la industria automotriz matricera, ordene sus pasivos y presente su situación patrimonial ante los acreedores. En un comunicado, la empresa señaló que el concurso respondió a una decisión de reordenamiento de su pasivo financiero.

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    La empresa aseguró que mantiene sus operaciones y que no prevé despidos

    En el comunicado, Fundición San Cayetano afirmó que opera “con absoluta normalidad y sin alteraciones en su actividad productiva y comercial”. También indicó que informó sobre la presentación judicial a su personal, a la representación gremial, a los clientes y a los proveedores.

    La compañía sostuvo que la planta conserva una carga de trabajo y un volumen de producción suficientes para afrontar sus gastos operativos. Además, aseguró que no se produjeron ni se producirán despidos por esta situación.

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    La dotación de la empresa se ubicó entre 260, según información de contexto relevada dentro de la firma y fuentes del sector. En años previos, la planta llegó a contar con 600 empleados, antes de una reducción posterior a la crisis financiera internacional de 2008.

    Un torno industrial sostiene una pieza metálica cilíndrica grande junto a acumulaciones de viruta de acero en un taller

    La empresa destina 80% su producción a mercados externos, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Chile y países de Europa. Su actividad exportadora enfrenta márgenes acotados y los efectos del nivel del tipo de cambio y las tasas de interés, en un proceso productivo de plazos extensos y con una estructura financiera apalancada. La situación difiere de la de las fundiciones concentradas en el mercado interno.

    Directivos de la empresa explicaron a Infobae que no sufren un problema de actividad, gracias al hecho de que venden en el mercado externo, pero sí una situación financiera equiparable a la que empujó a la mora a casi 6 millones de personas físicas y miles de empresas. El financiamiento se encareció por la fuerte suba de tasas de fines del año pasado, con costos crediticios que más que duplican el margen de rentabilidad, y eso hace que haya que administrar pasivos. Pero aclararon que no hay riesgo alguno de cierre o quiebra.

    “Tenemos apoyo de los proveedores, apoyo de nuestros clientes y hasta de nuestro personal. Confiamos en que esta es la herramienta para sanear la situación y continuar trabajando como en los últimos 70 años”, dijeron.

    El expediente fijó octubre como fecha límite para los acreedores

    El tribunal estableció el 15 de octubre como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura. El cronograma judicial también fijó el 15 de febrero de 2027 para la entrega del informe individual y el 15 de marzo de 2027 para el informe general sobre el patrimonio de la concursada.

    La decisión judicial llegó en un contexto de compromisos financieros y cheques rechazados. Los últimos registros del Banco Central (BCRA) consignaron 198 cheques rechazados por un monto superior a $1.129 millones. De ese total, la empresa abonó el 6,26%.

    Además, los datos del BCRA indicaron deudas con entidades financieras por $22.355 millones.

    En abril de ese año, la deuda financiera rondó los $2.265 millones. Para diciembre, ascendió a cerca de $4.356 millones, con el 73,1% del total concentrado en prefinanciaciones. Esos antecedentes financieros formaron parte del escenario previo a la apertura del concurso.

    La planta de Burzaco reúne una capacidad de fusión de 30.000 toneladas anuales

    Tres operarios con cascos de seguridad observan un cilindro metálico incandescente suspendido por una grúa en un taller industrial

    Fundición San Cayetano nació en 1956 en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Su fundador, el inmigrante italiano Nazareno Sforzini, inició la actividad de la compañía, que en 1979 trasladó su planta al Parque Industrial de Almirante Brown, en Burzaco.

    La operación en esa ubicación comenzó con 10 operarios dedicados a la fabricación de piezas para máquinas herramientas. Durante la década de 1980, la firma amplió su producción e incorporó piezas para la industria petrolera y cilindros de laminación para el sector siderúrgico.

    En 1984, la dotación superó los 120 operarios y el volumen de producción mensual llegó a 600 toneladas. Entre sus clientes para la actividad petrolera figuraron Hughes Tool y Lufkin, mientras que los cilindros de laminación consolidaron su presencia en la cadena siderúrgica.

    La planta ocupa un predio de 45.000 metros cuadrados y cuenta con 10 hornos de inducción. Esa infraestructura le otorga una capacidad de fusión de 30.000 toneladas anuales. El Ministerio de Producción bonaerense la consideró la fundición de mayor tamaño de la Argentina.

    Un trabajador con casco amarillo opera un panel de control frente a una gran pieza de metal en un taller industrial

    Las exportaciones comenzaron en 1990 y llegaron al mercado estadounidense en 1995

    La expansión hacia el exterior comenzó en 1990, cuando la empresa realizó sus primeras exportaciones a Ecuador, Colombia y Brasil. Cinco años después concretó su primera venta en Estados Unidos para Arkansas Steel.

    La empresa sumó luego piezas para la minería, la energía eólica y la industria automotriz matricera. En 2019 despachó el cilindro colado de mayor tamaño de la historia industrial argentina: una pieza de 40 toneladas destinada a la compañía estadounidense Nucor Yamato Steel.

    Ese mismo año, Fundición San Cayetano ingresó al mercado de capitales con su primera emisión de Obligaciones Negociables PyME. En 2020 realizó una nueva colocación para financiar la actualización tecnológica de equipos de tratamiento térmico y medición.

    Su catálogo incluyó piezas sometidas a impacto y desgaste para procesos de molienda minera; cilindros para trenes de laminación; y componentes para la industria petrolera, como manivelas, contrapesos, tambores de freno, reductores de velocidad y engranajes. También fabricó hubs y mainframes para el sector eólico, además de bases, suplementos y punzones para matricería automotriz.

    La caída de la actividad alcanzó 20 meses, según la cámara de fundidores

    El presidente de la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina, Pablo Gaspari, describió a la fundición como “el primer eslabón de las cadenas de valor metalmecánica”. En declaraciones a Infobae, afirmó que el sector registró actividad en torno del 40% de su capacidad instalada desde hacía al menos un año.

    “Hace 20 meses que cae la actividad”, sostuvo Gaspari. El dirigente señaló que las importaciones afectan a las fundiciones de forma directa, por el ingreso de productos similares a los que elaboran, e indirecta, por la llegada de bienes que producen sus clientes.

    Gaspari también mencionó las dificultades para exportar con el nivel del tipo de cambio y el impacto de la menor demanda de las fábricas de automóviles, a las que definió como el principal cliente de la fundición en la Argentina. Asimismo, apuntó al aumento en dólares de la energía eléctrica para una actividad con consumo intensivo de ese recurso.

    Sobre San Cayetano, el titular de la cámara indicó que se trató de la fundición con mayor capacidad del país para producir piezas de gran tamaño. También remarcó que la empresa exportó una parte relevante de su producción y enfrentó dificultades vinculadas con los costos.

  • La guerra con Irán ya le costó u$s38.000 millones a EEUU y el gasto crecería u$s3.000 millones por mes

    La guerra con Irán ya le costó u$s38.000 millones a EEUU y el gasto crecería u$s3.000 millones por mes

    La guerra de Estados Unidos contra Irán ya le costó u$s38.000 millones a Washington y podría sumar otros u$s3.000 millones por cada mes que continúen las hostilidades, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), que además alertó por el impacto del conflicto sobre la inflación y las reservas militares estadounidenses.

    Los cálculos del organismo no partidista del Congreso estadounidense contemplan los gastos acumulados hasta el 1° de agosto. Además del desembolso militar, la CBO estimó que el conflicto podría incrementar la inflación en 0,5% durante los primeros tres meses de 2027.

    El informe, difundido cuando la guerra lleva seis meses, señaló que una parte importante de los costos está relacionada con el rápido consumo de municiones. La situación podría tener consecuencias a largo plazo: recuperar completamente las reservas estadounidenses podría demandar al menos cinco años.

    Estados Unidos podría necesitar al menos cinco años para recomponer algunas de sus reservas de municiones.

    Estados Unidos podría necesitar al menos cinco años para recomponer algunas de sus reservas de municiones.

    Foto: Departamento de Defensa

    Por qué preocupa el nivel de las reservas militares de EEUU

    El agotamiento de armamento se convirtió en uno de los principales focos de preocupación para Washington. Reuters había informado en agosto que Estados Unidos había utilizado prácticamente la totalidad de sus misiles de precisión de largo alcance durante las operaciones contra Irán.

    La CBO advirtió que la falta de determinadas municiones críticas, entre ellas interceptores de misiles, podría limitar la capacidad del Pentágono para responder ante otro conflicto de gran escala. En julio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había solicitado cerca de u$s90.000 millones en fondos de emergencia para reponer los suministros.

    “Sin estos fondos, nos enfrentamos a déficits críticos”, había advertido Hegseth ante el Senado. Sin embargo, desde el Pentágono rechazaron ahora las conclusiones sobre una eventual escasez: “Tenemos todo lo necesario para atacar en el momento y lugar que elija el presidente”, afirmó su portavoz principal, Sean Parnell.

    La Casa Blanca también cuestionó esa evaluación. La portavoz Anna Kelly sostuvo que las Fuerzas Armadas cuentan con “municiones, municiones y reservas más que suficientes para cumplir con todos los objetivos estratégicos del Comandante en Jefe e incluso superarlos”.

    El Pentágono rechazó las advertencias sobre una eventual falta de armamento para continuar sus operaciones militares.

    El Pentágono rechazó las advertencias sobre una eventual falta de armamento para continuar sus operaciones militares.

    NYP

    El impacto de la guerra sobre la economía estadounidense

    A los gastos militares se suma el efecto de la guerra sobre los precios internacionales de la energía. Los ataques en el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto circulaba aproximadamente el 20% del petróleo mundial, y contra instalaciones energéticas de países del Golfo impulsaron los costos para consumidores y productores.

    El cálculo de u$s38.000 millones, además, no contempla todos los costos del conflicto. Quedaron afuera los recientes ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz, ofensivas contra instalaciones militares estadounidenses y los intereses derivados del endeudamiento utilizado para financiar la guerra.

    El inspector general del Pentágono informó además que Irán dañó o destruyó cientos de edificios en bases estadounidenses en Medio Oriente, junto con aviones de combate, aeronaves de reabastecimiento y drones. Hasta el 19 de junio, ese organismo había calculado un costo de u$s33.400 millones.

    El escenario agrega presión sobre las cuentas públicas estadounidenses: la deuda pública de EEUU superó los u$s40 billones en agosto. Mientras la administración de Donald Trump busca una salida al conflicto y la reapertura del estrecho de Ormuz, la CBO advierte que prolongar las operaciones continuará elevando tanto el costo fiscal como las dificultades para recomponer el arsenal estadounidense.