El acuerdo fue suscripto por el gobernador Rogelio Frigerio con ANSES. Los pagos se efectivizarán en 12 cuotas de $10.000 millones. Son para cubrir el déficit del sistema previsional.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y el director ejecutivo de la ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, firmaron un convenio que garantiza la transferencia de $120.000 millones para cubrir parte de la compensación que le corresponde al Estado Nacional por el déficit previsional de la provincia.
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“Este acuerdo marca un antes y un después para Entre Ríos. Durante años la provincia reclamó estos recursos sin resultados. Nosotros decidimos poner orden, reconstruir la información, defender los intereses de los entrerrianos y llevar el reclamo hasta las últimas consecuencias. Hoy ese trabajo empieza a dar frutos”, afirmó Frigerio.
Asimismo, destacaron que por primera vez en la historia de Entre Ríos un Gobierno provincial decidió llevar este reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para “exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales con la Caja de Jubilaciones provincial”.
“La firma del convenio constituye un avance concreto de ese proceso y representa el primer resultado de una política de defensa activa de los recursos de los entrerrianos”, ampliaron.
Cómo se pegarán los $120.000 millones
El acuerdo establece que la ANSES transferirá $120.000 millones en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026. Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 millones, entre noviembre de 2026 y octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al Gobierno Nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.
“Estos recursos no resuelven por sí solos el déficit previsional, pero representan un paso histórico porque comienzan a reconocer una obligación que la Nación tenía con Entre Ríos. Son fundamentales para darle mayor previsibilidad y fortalecer la sustentabilidad de nuestra Caja de Jubilaciones”, sostuvo el gobernador.
Además, ambas partes acordaron avanzar en la determinación del resultado definitivo del sistema previsional entrerriano para los ejercicios 2020 a 2026, mediante las auditorías previstas por la normativa vigente. Ese proceso permitirá establecer con precisión las obligaciones pendientes entre la Nación y la provincia.
LA NACIÓN EMPIEZA A PAGARLE POR PRIMERA VEZ A ENTRE RÍOS LO QUE LE CORRESPONDE
El acuerdo que firmamos con el director ejecutivo de ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, marca un hecho histórico para Entre Ríos: la provincia recibirá $120.000 millones como anticipo del resultado… pic.twitter.com/TzF23Pjorc
Otro de los aspectos centrales del convenio es que los montos que surjan de esas auditorías podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creando un mecanismo para avanzar en la compensación y cancelación de la deuda histórica vinculada al financiamiento de la Caja de Jubilaciones.
“La reciente reforma previsional aprobada por la Legislatura provincial, junto con este convenio alcanzado con el Gobierno Nacional, constituyen dos herramientas complementarias para fortalecer la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones”, señalaron desde la provincia.
Asimismo, plantearon que garantizará mayor previsibilidad financiera y permitirá comenzar a resolver una deuda histórica que la Nación mantenía con los jubilados entrerrianos.
“Quiero agradecer especialmente el trabajo conjunto de la ministra Sandra Pettovello, del ministro Luis Caputo, del ministro Diego Santilli, del directorio de ANSES y de todos los equipos técnicos de la Nación y de la provincia que hicieron posible este acuerdo. Cuando hay diálogo, seriedad y una provincia que defiende con firmeza lo que le corresponde, los resultados llegan”, expresó Frigerio.
El Gobierno reunió este martes en la Casa Rosada a su mesa política para cerrar los cambios finales del proyecto de Ley de Propiedad Privada y ordenar la agenda legislativa del semestre, con la venta de tierras rurales a extranjeros como punto más sensible antes del nuevo tratamiento de la iniciativa este jueves en el Senado.
El encuentro comenzó pasadas las 13 y finalizó dos horas y media más tarde. Quien lo convocó y presidió fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que fue acompañada por el jefe de Gabinete Diego Santilli, su segundo Ignacio Devitt, el asesor Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo, la jefa libertaria en el Senado Patricia Bullrich, el jefe de la Cámara de Diputados Martín Menem, el secretario de Comunicación Fabián Fernández y el subsecretario de Gestión Institucional Lule Menem.
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Minutos después de finalizar, una de las figuras del encuentro sintetizó a Infobae: “Se hablaron de todos los temas de la agenda política”. Según informaron voceros oficiales de la Casa Rosada, la Mesa repasó el itinerario legislativo de las próximas semanas y el avance de los principales proyectos impulsados por el Gobierno nacional.
En un primer punto, se abordó la tarea legislativa que iniciará en agosto, con la votación en el Senado este jueves del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Luego se informó que, hacia mediados de agosto, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal y la propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
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Además, tal y como adelantó Infobae, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunció que este jueves 6 de agosto viajará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, a la provincia de Catamarca, para mantener encuentros con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero), con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.
El nuevo borrador refuerza la intervención de la Nación y de las provincias
El principal punto que se conversó en el encuentro fue todo lo relativo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el cual se tratará en sesión del Senado el próximo jueves. El acuerdo que el oficialismo busca sellar con fuerzas aliadas y gobernadores dialoguistas eleva del 15% al 25% el límite para la venta de tierras, en un giro respecto de la redacción original, que procuraba eliminar casi por completo las restricciones a la compra por parte de extranjeros. El texto ya suma 16 borradores.
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La definición central pasa por el capítulo que impacta en la ley de Tierras. El nuevo borrador mantendría un tope superior al vigente, fijado hoy en el 15% por el artículo 8 de la Ley 26.737, y lo establecería en 25% “por provincia”, con autorización del Poder Ejecutivo nacional y del gobierno provincial correspondiente.
La modificación también incorpora una prohibición para que compren tierras personas jurídicas con participación estatal extranjera directa o indirecta. Solo podría haber una excepción con autorización expresa de la provincia y de la Nación. El texto agrega además un límite sobre quién puede conceder esa autorización. Esa facultad no podrá delegarse en un funcionario con rango inferior al de secretario de Estado.
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Después del encuentro en Balcarce 50 estaba en agenda una conferencia de prensa de Patricia Bullrich en la Cámara Alta, donde iba a exponer las modificaciones de una iniciativa que fue corregida en 16 oportunidades. La senadora había empujado esos cambios frente a la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, autor de la redacción original.
La estrategia de Bullrich terminó por imponerse sobre la del ministro, que se había resistido a las incorporaciones vinculadas con la potestad de las provincias. El antecedente inmediato fue el cuarto intermedio del 16 de julio, cuando el oficialismo postergó el tratamiento en el recinto por esos reparos.
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Ese movimiento respondió a una pregunta central del debate: qué cambiará en la ley de Tierras. La respuesta es que el oficialismo dejó de lado su intento de desregular casi por completo la venta a extranjeros y avanzó hacia un esquema con un límite más alto que el actual, pero sujeto a aprobación nacional y provincial y con restricciones específicas para actores con participación estatal extranjera.
La Casa Rosada ordena además la reforma del Banco Central y el resto del cronograma
La mesa política no solo discutió la ley de Propiedad Privada. El Ejecutivo debe definir también los tiempos para otras iniciativas que buscará empujar este mes, entre ellas la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que el oficialismo considera el proyecto principal del semestre. La novedad es que la reforma se tratará a mediadios de este mes.
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La hoja de ruta incluye además la reforma política para suspender las PASO, los proyectos de Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y el paquete económico que acompañará los cambios en el BCRA. En paralelo, Martín Menem convocó este martes a las 15 a los jefes de bloque aliados para diseñar un cronograma de trabajo conjunto.
El miércoles comenzará a discutirse la reforma del BCRA en un plenario de comisiones. Esa secuencia legislativa se cruzará con el viaje del presidente Javier Milei a Ecuador y Colombia entre este miércoles y el viernes.
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Durante esa ausencia, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo y, por ese motivo, no presidiría la sesión del Senado sobre la ley de Propiedad Privada. Para ese mismo día se espera una movilización en las afueras del Congreso y en otros puntos del país, convocada por la oposición más dura junto con organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos y sindicales.
Recién terminada la siembra de fina, con muchos problemas de encharcamiento y precipitaciones, ya empezamos a pensar en la próxima campaña de gruesa. Con este nivel de precios, seguimos en la línea que venimos sosteniendo desde hace varios años: girasol y maíz en detrimento de la soja de primera. La campaña arranca con los lotes en muy buena disponibilidad hídrica y, sobre todo, con pronóstico de lluvias. A priori, el Excel arroja márgenes muy positivos.
El sudeste bonaerense tiene una gran heterogeneidad de suelos: por un lado, los suelos someros, con menor capacidad de almacenaje hídrico y un clima estival más hostil que el de la zona costera; por el otro, los campos profundos, con un clima en general más amigable a la producción agrícola. De ahí también la diferencia en los costos de producción, que se traduce en menor alquiler y en una estrategia defensiva en los campos someros: menor fertilización, baja densidad y fechas de siembra que le permitan al cultivo atravesar el período crítico de la manera más cómoda posible.
Con rentas esperadas o planificadas que superan el 15%, con precios de US$400 y US$195 para el girasol y el maíz, respectivamente, y en algunos casos más cercanas al 20%, ambos cultivos se posicionan entre lo mejor de la campaña.
Para potenciar estos números tenemos que hacer las cosas muy bien y ser eficientes. Me voy a centrar en el girasol por dos motivos: la superficie sembrada es mayor, no solo por la renta sino también porque es un cultivo financieramente más interesante por su ciclo, y porque es el mejor antecesor para la fina. Un cultivo clave para el sudeste de Buenos Aires.
Es clave monitorear y controlar las plagas de suelo, ya que pueden bajar la densidad de plantas mucho más de lo esperado y de manera desuniforme, afectando el potencial de rendimiento
El gran problema del girasol se llama Diaporthe/Phomopsis helianthi, el hongo causante del cancro del tallo. Es una enfermedad vascular que viene siendo un problema desde hace años, sobre todo en años húmedos. El patógeno sobrevive en el rastrojo y sus esporas son diseminadas por el viento, infestando los lotes. Por eso es clave la rotación, la genética, el manejo y el monitoreo. El manejo de la densidad es clave: un exceso de plantas genera un microclima predisponente a la enfermedad, con mayor riesgo. Lo mismo ocurre con la fertilización nitrogenada, ya que un exceso genera mayor canopeo y, por ende, una situación ideal para la enfermedad. Ahora bien, bajar la densidad de plantas no es solo sembrar menos semillas: hay que afinar varias cosas.
Es clave monitorear y controlar las plagas de suelo, ya que pueden bajar la densidad de plantas mucho más de lo esperado y de manera desuniforme, afectando el potencial de rendimiento. Un cultivo de menor densidad también necesita un manejo de malezas intensivo: es clave arrancar con el cultivo limpio y el lote reseteado, para una mejor implantación y potencial.
La fecha de siembra tiene más que ver con el posicionamiento del período crítico que con la enfermedad en los planteos productivos
Tampoco hay que olvidarse de la temperatura del suelo. Sembrar muy temprano en el sudeste bonaerense, con temperaturas por debajo de los 8 a 10 grados centígrados, expone al cultivo a una germinación lenta y despareja, dejándolo expuesto a plagas y con un stand de plantas final menor. La fecha de siembra tiene más que ver con el posicionamiento del período crítico que con la enfermedad en los planteos productivos: en suelos someros, la idea es escaparle a enero y posicionar la siembra a fines de noviembre; en suelos de alto potencial, a mediados de octubre, para captar el máximo potencial.
En cuanto a genética, los semilleros más importantes están trabajando fuerte en resistencia a phomopsis, y tanto la Red de Girasol como los extensionistas locales aportan datos muy valiosos.
El autor es un ingeniero agrónomo radicado en Necochea, asesor privado del sudeste y el sudoeste bonaerense
La mayor empresa avícola de la Argentina extendió por otros 15 días el cierre de su planta en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Según pudo saber Infobae, la parada, que originalmente se había anunciado como una detención técnica de dos semanas, se extiende así por un mes completo e impacta a los 350 trabajadores del establecimiento de Avex. La medida se suma a conflictos activos en otras cuatro localidades del país, donde la firma que supo ser la mayor procesadora de pollos del país tiene plantas de producción.
La fábrica cordobesa había detenido su actividad a mediados de julio bajo la definición oficial de “parada programada”, con la promesa de retomar la producción en un plazo breve. Esa fecha no se cumplió.
La extensión del cierre agrava un escenario que ya venía deteriorándose en otras unidades productivas del grupo: la planta Pinazo, en Pilar (Buenos Aires), suspendió durante agosto a la totalidad de su personal; la planta Wade II —conocida como CEISA, ex Cresta Roja—, en Esteban Echeverría, registró paralizaciones por conflictos salariales, bloqueos y demoras en los pagos; y la planta Wade I, en Ezeiza, opera con una fuerte reducción de actividad. A eso se suma la planta La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que permanece cerrada como parte del mismo proceso, desde fines de mayo de este año.
La crisis que atraviesa la compañía tiene su origen en una combinación de factores. El primero y más inmediato fue el impacto de la influenza aviar de alta patogenicidad sobre los mercados de exportación. La Argentina perdió el acceso a los mercados de la Unión Europea y China en febrero de 2023, cuando el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó los primeros casos en establecimientos comerciales. Esa interrupción se extendió hasta agosto de aquel año y le costó al sector una caída estimada en USD 160 millones.
Un segundo brote, registrado en agosto de 2025, volvió a cerrar el acceso europeo para la carne fresca. Un tercer episodio, detectado en febrero de 2026 en la localidad bonaerense de Ranchos —con focos posteriores en Lobos, Bolívar y Alejo Ledesma, Córdoba— prolongó esa situación hasta semanas atrás. Recién el 28 de julio, la Comisión Europea publicó en su Diario Oficial el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813, que habilita a Argentina a retomar las exportaciones de carne aviar fresca a partir del 17 de agosto, tras reconocer la recuperación del estatus de país libre de IAAP.
Para Granja Tres Arroyos, sin embargo, esa reapertura llega tarde. La empresa había solicitado en diciembre de 2024 la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, expediente que nunca se formalizó a nivel nacional pero que aceleró los recortes internos.
En paralelo, la compañía negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda de USD 350,9 millones, con la banca de inversión VALO como asesora del proceso. El plan contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos del grupo.
De una dotación cercana a los 7.000 trabajadores y una faena diaria de hasta 760.000 aves, la compañía pasó a operar con una dotación menor y un volumen que llegó a caer a cerca de 200.000 pollos por día. El plan de recuperación que maneja la empresa proyecta un rebote productivo en nueve meses, con una faena diaria que podría volver a ubicarse por encima de las 400.000 aves.
La expansión que precedió a la crisis fue agresiva. En 2018, Granja Tres Arroyos adquirió la planta que hoy opera como Wade —la ex Cresta Roja, que ya había atravesado una quiebra decretada por la Justicia en 2015— con el aval del gobierno nacional. Luego incorporó Avex en Río Cuarto. Esa estrategia la consolidó como la principal procesadora de pollos del país, aunque también implicó administrar una estructura industrial y financiera mucho más grande y compleja.
Desde 2022, el 34% del capital de la empresa pertenece a la estadounidense Tyson Foods. A comienzos de este año, dentro del mismo proceso de búsqueda de liquidez, el grupo vendió a ACA la planta de Avex bajo un esquema de venta con alquiler posterior, que le permitió obtener fondos de manera inmediata sin perder el uso de las instalaciones, con opción de recompra dentro de cuatro años.
Recolectores de basura en Italia lograron recuperar un boleto premiado de lotería de un millón de euros (1,1 millón de dólares) después de que la ganadora pidiera ayuda para encontrarlo, informó a la AFP la empresa de gestión de residuos.
El boleto de premio instantáneo estaba “milagrosamente todavía entero” luego de que los trabajadores de la basura revisaran montones de residuos en su camión, dijo Roberto Nicola Toscano, administrador de la empresa SANB en la región de Puglia, en el sur de Italia.
Toscano explicó que cuando la ganadora fue el domingo a comprobar su boleto en su tienda local tras el sorteo, la máquina indicó que era “no pagadero”. Eso se debía a que los pequeños comercios solo pueden pagar premios menores.
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Pero la mujer —que sigue en el anonimato— no se dio cuenta de que había ganado el gran premio principal.
“La ganadora siempre jugaba los mismos números, porque estaban asociados a un ser querido”, dijo Toscano.
Cuando regresó a su casa, un miembro de la familia le dijo que sus números habituales habían salido premiados. Fueron de inmediato de vuelta a la tienda, sólo para descubrir que el boleto ya había sido tirado a la basura y que la basura había sido recogida.
“Reconstruimos el recorrido del boleto, sin mucha esperanza de encontrarlo, porque ya había sido recogido por un camión de basura”, contó Toscano a la AFP.
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Sin embargo, lograron identificar el camión correcto y lo detuvieron.
Dados los riesgos que plantea el material potencialmente peligroso en los residuos, llevaron el vehículo a una empresa especializada equipada para realizar la búsqueda, explicó.
Los trabajadores buscaron durante más de un día, encontrando varios boletos y restos de cupones.
Cuando informó a la ganadora que habían encontrado el boleto, “ella lloró de emoción”, relató Toscano.
El desastre evitado no salió gratis. SANB, situada en Bitonto, a las afueras de Bari, es un organismo público, lo que significa que el coste de la búsqueda habría recaído sobre los contribuyentes.
Toscano dijo que hizo que la mujer firmara una promesa de “cubrir todos los costos adicionales” ocasionados
Candela Arizaga, la presunta víctima de Facundo Moyano, declaró ante personal de la Policía de la Ciudad y negó haber sido golpeada y encerrada por el sindicalista. En las próximas horas sería entrevistada por el Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID), un grupo de profesionales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que brinda asistencia a víctimas de delitos en situación de alta vulnerabilidad.
Así lo informaron fuentes policiales y judiciales. Arizaga, de 23 años, declaró en el hospital Pirovano, donde había sido trasladada por el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad.
“Arizaga dijo que Moyano no le pegó. Sostuvo que el sindicalista no le hizo nada y que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes”, relataron fuentes al tanto de la declaración de la joven a La Nación.
Una médica legista que revisó a la joven informó sobre una lesión en una de sus rodillas que se pudo haber producido cuando Arizaga cayó en la calle.
La declaración ante los oficiales de la División Protección Familiar difiere de un primer informe policial donde se sostenía que cuando Moyano y Arizaga, que estaba semidesnuda, fueron encontrados en Sucre y Virrey Vertiz, en Belgrano, la joven dijo que había sido “agredida por el señor Moyano”.
La investigación de lo sucedido está a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público de la Ciudad, quien convalidó la detención de Moyano. El sindicalista fue imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género.
“El fiscal tiene 24 horas, prorrogables por otras 24, para recolectar la evidencia del caso necesaria para hacer la audiencia de intimación del hecho. Luego, le comunica al imputado si queda en libertad, si se le aplican restricciones a esa libertad o si se pide la prisión preventiva ante el juzgado interventor”, explicaron fuentes judiciales.
El representante del Ministerio Público Fiscal porteño solicitó ante la jueza en lo penal, contravencional y de faltas, Julia Correa, el allanamiento del departamento de Moyano, situado en avenida Libertador 5400, en Belgrano, donde hay una consigna policial.
Fuentes con acceso al expediente aseguraron que Moyano se negó a hacerse los estudios de sangre y de orina.
Todo comenzó hoy a las 5.03 cuando personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad llegó a un edificio de la avenida del Libertador 5400 tras una llamada al número de emergencias 911.
Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con el encargado de seguridad del edificio, quien refirió que un hombre y una joven habían salido “tras una incidencia” y caminaron por la avenida del Libertador.
Finalmente, la pareja fue encontrada por el personal policial en Sucre y Virrey Vertiz. Él fue identificado como Juan Facundo Moyano y ella, como Candela Arizaga. Como la joven había dicho que fue víctima de una agresión, los oficiales de la Policía de la Ciudad solicitaron la asistencia de una ambulancia del SAME.
El director del SAME, Alberto Crescenti, sostuvo que la joven estaba “con un grado de excitación bastante importante” cuando la encontraron. “Ella refirió que tenía varios días de consumo de sustancias”, explicó Crescenti. También sostuvo que le hicieron un tratamiento “vía parenteral” para “lavarla” y que elimine así de su cuerpo las drogas.
Arizaga continuará internada en el hospital Pirovano hasta que los médicos puedan estabilizar su estado, informaron fuentes del caso.
Cerca del mediodía se presentó el abogado penalista Juan Pablo Fioribello en la Comisaría Vecinal 13A, donde estuvo detenido Facundo Moyano. Informó a los periodistas que estaban en el lugar que será el defensor de él. A Arizaga la representa el abogado Diego Storto.
Moyano, informaron fuentes judiciales, fue llevado desde la comisaría hacia Oficina Central de Identificación (OCI) para “fichar” y hacer la verificación de antecedentes penales. Después sería trasladado a una alcaidía de la Policiía de la Ciudad.
“Candela se está recuperando. Está bien. Pasó una situación dramática. No hablé de lo que pasó. No sabe, aún, si va a denunciar a Moyano. Seguramente va a ampliar su declaración. Al personal policial que le tomó testimonio habló de una situación tensa”, afirmó Storto al ser consultado por los medios de comunicación.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la prórroga de la medida cautelar del juez federal Alejo Ramos Padilla que suspende por seis meses la conversión del Banco Nación en una sociedad anónima, al rechazar los recursos de apelación presentados por el Estado Nacional y la entidad bancaria.
La decisión ratifica el fallo dictado en primera instancia el 10 de marzo pasado, mediante el cual se extendió la vigencia de la cautelar originalmente concedida el 13 de marzo de 2025. Se consideró que “las circunstancias tenidas en cuenta para conceder dicha medida no se habían modificado”.
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El Estado Nacional y el Banco Naciónargumentaron que la ley solo permitiría una única prórroga y cuestionaron la fundamentación de la medida, así como la supuesta falta de verosimilitud del derecho y de peligro en la demora. Además, señalaron que la cautelar paralizaba una política institucional de modernización.
Estas objeciones fueron rechazadas por la Cámara, que remarcó que la jurisprudencia vigente no limita la cantidad de prórrogas posibles, siempre que se justifique la necesidad de mantener la protección provisional.
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Entre los fundamentos citados, se menciona un precedente de la Cámara Contencioso Administrativo Federal y doctrina jurídica que respaldan la posibilidad de extender sucesivamente las medidas cautelares cuando sea necesario para cumplir su finalidad. El caso continúa bajo trámite, con la cautelar vigente y pendiente de resolución definitiva sobre el fondo del litigio.
“En la medida en que no se advierte una demora que exceda lo razonable en el trámite de la causa principal, no es posible concluir que la conducta de la parte actora haya sido negligente o dilatoria, ni que haya tenido la finalidad de obtener de esa medida provisional el mismo resultado que podría haber obtenido de una sentencia definitiva eventualmente favorable a su parte”, dicta la resolución judicial.
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“Tampoco se han exhibido argumentos o circunstancias de suficiente entidad para modificar el mandato cautelar otorgado”, señala.
Y agrega: “Resultan inatendibles las argumentaciones vertidas —nuevamente— por el Estado Nacional y por el BNA, respecto a los diversos planteos que ya han sido materia de los anteriores pronunciamientos dictados por esta Sala, en oportunidad de desestimar las apelaciones interpuestas contra el otorgamiento de la medida cautelar y contra su prórroga”.
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Cabe mencionar que la transformación de la persona jurídica del banco no implica que la entidad deje de ser pública, sino que modifica su régimen jurídico, eliminando ciertas restricciones propias de su condición de Sociedad del Estado y otorgándole una mayor flexibilidad para su capitalización.
En los considerandos del decreto 116/2025 se señala que “el régimen de entidad autárquica limita la capacidad del Banco Nación para competir en igualdad de condiciones con otras entidades del sector financiero, restringiendo su acceso a nuevas fuentes de financiamiento y su capacidad de desarrollar estrategias comerciales más dinámicas y eficientes” en beneficio de sus clientes.
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“La transformación en sociedad anónima contribuirá a modernizar su estructura jurídica y operativa, permitiendo una mayor flexibilidad en su gestión y adaptación a las mejores prácticas del mercado financiero, incorporando mecanismos de gobierno corporativo más ágiles y eficientes y una administración más profesionalizada y alineada con estándares internacionales de transparencia, eficiencia y control”, indica.
Asimismo, se sostiene que la transformación permitirá optimizar la asignación de recursos, fortalecer la posición competitiva de la entidad en el mercado y ampliar su capacidad de financiamiento, generando beneficios tanto para sus clientes como para el desarrollo económico en general.
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Desde el Gobierno se considera que la figura de Sociedad del Estado otorgaba ciertas ventajas que podían generar distorsiones, entre ellas la posibilidad de sostener procesos de descapitalización sin una exposición equivalente al riesgo de default, lo que implicaba la necesidad de continuar aportando fondos aun frente a situaciones de ineficiencia.
La reciente aparición de la clase de submarinos nucleares Yasen-M en la Armada rusa marca un giro en la estrategia militar global. En Infobae Al MediodíaAndrei Serbin Pont analizó el fenómeno y detalló por qué esta novedad preocupa a la OTAN y redefine el escenario naval en medio de la guerra en Ucrania.
“Los submarinos nucleares son objetivamente interesantes y el caso de esta nueva clase que vienen construyendo los rusos no es la excepción”, planteó Serbin Pont. El especialista explicó que el nuevo submarino, identificado como K -563Ulyanovsk y derivado del proyecto Yasen-M, representa el sexto buque de la serie y pasará más de un año en pruebas de mar antes de entrar en servicio.
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“Quiebra con varios de los parámetros tradicionales a los que nos tenían acostumbrados los submarinos soviéticos, a los cuales está reemplazando”, subrayó.
El eje central, según Serbin Pont, es el regreso de la doctrina rusa al empleo de armas nucleares tácticas desde submarinos, una decisión que genera preocupación y debate en los círculos de defensa occidental. “Este nuevo submarino vuelve a traer a colación dentro de la doctrina militar rusa el empleo de armas tácticas nucleares”, resaltó.
Características técnicas y doctrina de uso
El submarino Yasen-M mide 130 metros de eslora y puede transportar hasta 40 misiles crucero Caliber o 32 hipersónicos Zircon. “Tienen 130 de eslora, pueden llevar hasta cuarenta misiles cruceros Caliber o treinta y dos hipersónicos Zircon”, precisó. La flota rusa busca estandarizarse en tres clases principales, entre ellas los Borei, que cumplen funciones de lanzamiento de misiles balísticos nucleares.
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Serbin Pont diferenció entre armamento nuclear estratégico y táctico. “Armamento nuclear estratégico son aquellos sistemas de armas que están orientados específicamente a golpear blancos de valor estratégico, como podrían ser ciudades enteras en caso de un conflicto armado nuclear. Mientras que las armas tácticas están orientadas para la destrucción, son en general mucho menos potentes y están orientadas a la destrucción de objetivos de valor militar en el teatro de operaciones”, sostuvo.
La decisión rusa de volver a equipar submarinos con armas nucleares tácticas rompe con acuerdos y consensos internacionales previos. Serbin Pont advirtió sobre el riesgo de escalada: “Durante un tiempo se había hecho una división, hay acuerdos internacionales que fomentaron esto”.
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Armamento hipersónico y preocupación internacional
El Yasen-M incorpora los misiles 3M22 Zircon, capaces de volar a más de ocho veces la velocidad del sonido y equiparse con ojivas nucleares. “Se está hablando de los misiles 3M22 Zircon, los famosos misiles hipersónicos que vuelan a una altura crucero a más de ocho veces la velocidad del sonido y que pueden ser equipados con una ojiva nuclear”, detalló Serbin Pont. Esta característica genera inquietud en la OTAN, que debe revisar su doctrina ante el regreso de la amenaza táctica nuclear desde el mar.
La diferencia entre armas estratégicas y tácticas reside en el objetivo: las primeras buscan destruir ciudades o centros clave, mientras que las tácticas se orientan a blancos militares concretos, como flotas o bases. “Esto es lo que entonces genera un poco de temor, preocupación o por lo menos discusión dentro de los círculos de la OTAN”, afirmó Serbin Pont.
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Costos y comparación internacional
El costo de cada submarino Yasen-M oscila entre USD 1.000 y USD 1.600 millones. Un submarino clase Virginia de Estados Unidos cuesta cerca de USD 2.800 millones, mientras que los nuevos submarinos balísticos nucleares rusos rondan los USD 800 millones.
La modernización de la armada rusa incluye un presupuesto de USD 100.000 millones para superficie y submarinos. “Se enmarca en un enorme proyecto de reequipamiento de las Fuerzas Armadas rusas, de la Armada rusa en particular, que en estos próximos años está orientando cien mil millones de dólares específicamente a la adquisición de buques de superficie y submarinos para la modernización de sus Fuerzas Armadas”, añadió Serbin Pont.
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Guerra en Ucrania y operaciones navales
La guerra en Ucrania afecta directamente la flota rusa, sobre todo en el Mar Negro. “Se ha visto diezmada la flota rusa, sobre todo la que opera en el mar Negro. Eso es una realidad de las operaciones en Ucrania”, explicó Serbin Pont. Ucrania, sin armada propia, logró destruir objetivos navales rusos mediante drones marítimos y aéreos, lo que refuerza la importancia del despliegue submarino.
El uso de drones permitió a Ucrania atacar buques rusos de superficie. “A través de, principalmente, el empleo de drones, tanto marítimos como aéreos, para hacer el targeting y la destrucción de buques de superficie”, aseguró Serbin Pont. Esto otorga un valor estratégico adicional a los submarinos en el actual escenario bélico.
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Ataques con drones y consecuencias civiles
Durante el conflicto, dos incidentes recientes mostraron el impacto sobre la población civil. En Crimea, un dron ucraniano derribado cayó en una playa y causó varias muertes. “Hay varios civiles muertos como resultado de este ataque. A unos ochocientos metros de acá estaban las instalaciones que estaban tratando de destruir con estos drones”, relató Serbin Pont.
En Kherson, un dron ruso persiguió a un civil desarmado, que sobrevivió milagrosamente al ataque. “La persona no está armada, claramente es un civil”, subrayó Serbin Pont, y remarcó el carácter deliberado del ataque.
Estos episodios reflejan los desafíos de la guerra moderna y los riesgos que enfrentan los civiles en zonas de conflicto armado donde la tecnología militar avanza rápidamente.
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Por pedido de la fiscal federal de La Plata María Laura Roteta, el juez Ernesto Kreplak detuvo esta mañana a las ex máximas responsables de los organismos de control de medicamentos. Ambas estaban en funciones cuando los laboratorios de Ariel García Furfaro elaboraron el fentanilo contaminado vinculado a a 90 muertes. Se trata de Nélida Agustina Bisio, ex directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y de Gabriela Carmen Mantecón Fumado, la ex responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas estaban al tanto de las deficiencias en la producción y ventas de los Laboratorios Ramallo y HLB Pharma por inspecciones anteriores y no habrían tomado medidas concretas contra las plantas elaboradoras.
En noviembre de 2024, poco antes de la elaboración del fentanilo mortal, una inspección del INAME detectó serias falencias en la planta ubicada en la localidad de Ramallo y propiedad de Ariel García Furfaro, pero no se tomó ninguna acción hasta que se conocieron las primeras muertes en el Hospital Italiano de La Plata.
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Bisio fue administradora de la ANMAT desde diciembre de 2023. Su renuncia fue aceptada mediante el Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida rige desde el 5 de enero de 2026. Si bien se alegaron “razones personales”, se especuló que su salida habría estado vinculada al desgaste generado por el escándalo del fentanilo.
Mantecón Fumado fue Directora Nacional del INAME hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en que fue separada preventivamente del cargo. La medida se produjo después de que Infobae revelara que existieron demoras en la resolución de inspecciones sobre Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group, y siguió a la detención de Ariel García Furfaro.
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En esta segunda etapa de la investigación, la fiscal que impulsa la causa decidió investigar las posibles irregularidades que habrían incumplido los funcionarios a cargo de los organismos de control.
Esta mañana, una delegación de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el Ministerio de Salud para detener a Bisio y Mantecón Fumado. Al no estar presentes, las fueron a buscar a sus domicilios. Las fuentes del caso que dialogaron con este medio informaron que el juzgado, a instancias de la fiscalía, presentó un requerimiento para conocer las entradas y salidas de ejecutivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo entre 2024 y 2025. En el expediente, como se explicará más adelante, consta que existió una reunión, pero en las instalaciones de la ANMAT, en el tercer piso de Avenida de Mayo 869. El encuentro entre Bisio y tres directivos de los laboratorios ahora clausurados se realizó a instancias de Mantecón Fumado.
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En los registros de entradas y salidas figura que la reunión fue el 14 de enero de 2025. Javier Tchukram, María García, Ariel García Furfaro y su hermano Diego ingresaron a las 15.13 y se retiraron a las 15.55. La reunión, según reconoció Bisio en su declaración testimonial ante el juez y la fiscal “fue acalorada” y se habló sobre los hallazgos que había realizado el INAME en las instalaciones de Laboratorios Ramallo.
“La connivencia o complicidad son aún desconocidas”
La fiscalía ya había anticipado su criterio sobre investigar a los funcionarios públicos. Lo hizo en varias oportunidades a lo largo del expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. En el dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, la fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.
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Sobre la ineficiencia y negligencia de los organismos de control, la fiscalía hizo suya la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colaboró en la pesquisa: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”, sostuvieron los fiscales
Las funcionarias detenidas
La doctora Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT — había sido citada a declaración testimonial y allanada por la Justicia. Fue el 15 de mayo de 2025. El mismo día prestó declaración Mantecón Fumado.
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En esta parte de la investigación, la fiscal y el juez ponen el foco en una reunión que el 14 de enero de 2025, en la sede de la ANMAT, juntó a funcionarios del organismo regulador con representantes de la empresa cuyas ampollas contaminadas de fentanilo terminarían llegando a hospitales de todo el país.
Lo que cada uno dijo sobre ese encuentro —y sobre el historial de irregularidades que lo precedió— quedó registrado en declaraciones testimoniales e indagatorias que obtuvo Infobae.
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Noviembre de 2024: la inspección que lo cambió todo
El punto de partida de la cadena de hechos que desembocó en la crisis sanitaria fue una inspección de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) realizada en noviembre de 2024 sobre una línea de producción de Laboratorios Ramallo SA, el establecimiento que fabricaba los productos inyectables y parenterales bajo titularidad de HLB Pharma Group. La inspección no abarcó la totalidad de la planta sino una línea específica, por desvíos en el tipo de producto.
La directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos declaró ante el juzgado el 15 de mayo de 2025 —en lo que consta como la testimonial de fs. 288— que el laboratorio ya arrastraba un historial previo que justificaba un seguimiento cercano: “El Laboratorio implicado con el producto tiene un historial de desprolijidades registrales y de documentación de productos, por lo que ya existía un seguimiento cercano“.
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Sobre la inspección de noviembre, Mantecón Fumado fue precisa: “En noviembre del 2024 hubo una inspección de Laboratorios Ramallo SA de Buenas Prácticas de Fabricación sobre una línea de producción, no sobre toda la planta, por desvíos en tipo de producto. Ahí se constatan irregularidades y se decide proponer una carta de advertencia, que implica la prohibición de elaboración de nuevos productos“.
La carta, explicó, recién se formalizó el 10 de febrero de 2025: “A partir de ahí el Laboratorio Ramallo no puede elaborar nada más hasta que no levante las ‘no conformidades’ informadas por el organismo”.
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La funcionaria subrayó que la notificación al laboratorio fue inmediata: “No obstante ello, si bien no estaba ordenado administrativamente, sí mediante la inspección del mes de noviembre de 2024, se le fue notificado al Laboratorio que no podía elaborar ningún producto por no cumplir las Buenas Prácticas de Fabricación. Tal cual quedó reflejado en las actas, rubricadas por los representantes del Laboratorio, se les habría informado que no deberían elaborar productos hasta el levantamiento de las ‘no conformidades’”.
El plazo que la normativa otorgaba al laboratorio para proponer el levantamiento de esas “no conformidades” era de entre cinco y diez días. La empresa presentó documentación, pero fue voluminosa y, según Mantecón Fumado, insuficiente: “Durante el tiempo que se encontraba la evaluación de la documentación presentada por la empresa, paralelamente aquella seguía enviando documentación al respecto, la cual fue muy voluminosa. Cuando el personal termina de analizar la documentación, define que no alcanza lo presentado y ahí ordena la carta de advertencia“.
Y agregó: ”Desde noviembre el Laboratorio tenía conocimiento que no pasaba las BPF, por lo que no podía continuar elaborando productos hasta tanto no levantara las ‘no conformidades’. Paralelamente, en INAME quedaron en proceso un montón de investigaciones por desvíos de productos, retiros de productos no conforme. La mayoría era por cuestiones registrales. Los sumarios de los distintos productos se elevaron en marzo”.
Un historial de irregularidades: certificados, trazabilidad y envases no autorizados
La declaración testimonial de Bisio ante el juzgado —prestada también el 15 de mayo de 2025, en su condición de Administradora de la ANMAT— aportó otro plano del cuadro de irregularidades que el organismo registraba sobre HLB y Ramallo con anterioridad al escándalo del fentanilo.
Bisio describió que HLB compraba a otros laboratorios certificados de especialidad medicinal —el documento que otorga la titularidad de un producto— sin completar los trámites de transferencia ante la ANMAT: “Esos trámites no fueron concluidos por HLB en diversos productos, aclarando que no se trata del FENTANILO sino de otros medicamentos indicados en la Disposición 3158. El trámite implica registrar el producto ante ANMAT. No obstante ello, HLB elaboraba esos productos de los cuales aún no tenía titularidad, los comercializaba en el mercado“.
La consecuencia directa fue la falta de trazabilidad: ”En ese marco, productos PROPOFOL no tenían ticket de trazabilidad. Que eso es grave. Por ello retiraron del mercado el PROPOFOL, igual que ocurrió con la DOPAMINA“.
Sobre el estado de Ramallo antes del caso del fentanilo, Bisio precisó: “El Laboratorio estaba habilitado. Que en febrero le elevaron una carta de advertencia por encontrar inconsistencias en el accionar, presentación de papeles, acatar la normativa, entre otras cuestiones. Una de las irregularidades era la utilización de envases de plástico cuando tenía autorizado el envase de vidrio. Además no usarían métodos farmacopeicos que el organismo prevé. Que hubo varias idas y vueltas con el Laboratorio para que acate estas cuestiones“.
Y remarcó que ”con la carta de advertencia, el laboratorio estaba inhibido de producir y comercializar“, aunque aclaró que ”en el presente caso, la elaboración habría ocurrido con anterioridad a esa inhibición“.
Sobre la investigación en curso al momento de su declaración, Bisio informó que se corroboraba si las cantidades declaradas de fentanilo por HLB se correspondían con las producidas: “En el marco de la mesa de trabajo entre ANMAT, Ministerio de Salud y Ministerio de Seguridad, hay en curso una inspección para corroborar si las cantidades declaradas de FENTANILO por HLB se corresponden a las producidas por esa firma, o si hay un desvío. Que interviene en parte el Registro de Precursores Químicos“.
La reunión del 14 de enero de 2025: quiénes, dónde y a qué hora
Fue en ese contexto —con la inspección de noviembre reciente y la carta de advertencia aún no formalizada— que el 14 de enero de 2025 se produjo la reunión que hoy investiga el juez Kreplak. Según consta en los registros de ingreso de la ANMAT, cuatro representantes de HLB Pharma Group SA ingresaron al edificio de Av. de Mayo 869, piso 3°, CABA, a las 15.13, y se retiraron a las 15.55.
Los registros consignan: “Tchukram, Javier,García, María, García, Ariel,García, Diego. Del lado del Estado, estuvieron presentes la doctora Mantecón Fumado, en su carácter de directora nacional del INAME, y la doctora Bisio, en su carácter de Administradora de la ANMAT“.
En su presentación amplia ante el juzgado, Bisio informa sobre reunión del mes de enero. Bisio relató que la convocatoria fue iniciativa exclusiva de Mantecón Fumado y que ella llegó sin conocer el alcance completo del encuentro: “Esta última fue peticionada, vía telefónica, a la suscripta por la Dra. Gabriela Mantecón Fumado, Directora Nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), con 2 días, aproximadamente, previos (muy poca anticipación)“.
En un primer momento, Bisio aceptó reunirse en la sede del INAME, pero Mantecón Fumado luego propuso cambiar la sede al edificio de la ANMAT.
Alo respecto, Bisio declaró: “Solo me manifestó que solicitaba mi presencia, y que fuera en dicha sede, porque son personas complicadas y para que se mantuviera el orden, a lo que accedí. No es nada habitual este tipo de reuniones, por lo que se trataba de algo excepcional“.
La reunión quedó registrada en el Google Calendar institucional para el 14 de enero de 2025 a las 15.30, con el rótulo “HLB con la Dra. Mantecón Fumado”. Bisio aclaró que no se confeccionó la planilla formal de audiencias del ANMAT porque se trató de una reunión convocada internamente: “No se confeccionó la planilla de audiencias del ANMAT, ya que se trataba de una reunión solicitada internamente por la Dra. Mantecón Fumado. Además, conforme lo expuesto, ella fue quien organizó la misma con los interesados (hoy tengo conocimiento que lo hizo formalmente)“.
Lo que se habló: la versión de Bisio sobre el desarrollo del encuentro
Bisio describió su propio rol en la reunión: “Esta fue la primera y única reunión que mantuve con personas vinculadas a la firma HLB PHARMA GROUP S.A. En la misma, me mantuve callada, no habiendo nunca emitido opinión, mientras la Dra. Mantecón Fumado y quienes se presentaron por HLB PHARMA GROUP S.A. se limitaron a tratar el resultado de la última inspección que habían tenido“.
El intercambio, según su relato, fue tenso: “El intercambio entre ellos fue acalorado, defendiendo la Dra. Mantecón Fumado la tarea llevada adelante por los inspectores y resaltando las falencias que se habían detectado. Es decir, se trataron los problemas que se habían constatado en la última inspección realizada en una de las líneas de producción del establecimiento de Laboratorios Ramallo S.A. (tercerista de HLB PHARMA GROUP S.A.), y otras quejas por trámites administrativos iniciados por la empresa, respecto de los cuales reclamaban ‘efusivamente’ que nunca se los aprobaban“.
Bisio también reveló que Mantecón Fumado le pidió que suscribiera la Carta de Advertencia del 10 de febrero de 2025 —que era una función propia del INAME, no de la ANMAT—, aduciendo temor a represalias: “Por más que no era mi tarea, sino una función propia de la Directora Nacional del INAME, me pidió que la suscribiera junto con ella, porque temía represalias contra su persona, a lo que accedí, nuevamente, a pesar de que se trataba de algo excepcional“.
Con el tiempo, Bisio reconoció haber advertido otra lectura posible: ”Hoy, tras todo lo sucedido, advierto que también fue posible que, con esos pedidos, la Dra. Mantecón Fumado intentara involucrarme en cuestiones en las que ella era la única responsable, por sus facultades, para intervenir“.
La versión de Ariel García Furfaro: “Pulgar para arriba”
Ariel Fernando García Furfaro, accionista mayoritario de HLB Pharma e identificado por la acusación como propietario y gerente oculto de Laboratorios Ramallo SA— prestó indagatoria ante el mismo juzgado. En ella ofreció una versión radicalmente distinta de lo que ocurrió en la reunión del 14 de enero.
Sobre la inspección de noviembre, García fue confrontativo: “En noviembre vinieron tres horas a inspeccionarnos. En tres horas no pueden ponernos esa cantidad de advertencias. No les dio el tiempo para escribir. Vinieron a clausurar. Tuvimos muchos problemas con sueros pero no este tipo de problemas“.
Respecto de las advertencias formuladas en esa inspección y la respuesta de su empresa, sostuvo: “Me junté porque vinieron en noviembre y nos hicieron algunas advertencias, les contestamos todos los puntos, y no nos contestaron nada. Nos dijeron ‘contestanos más’, les mandamos 4.500 fojas“.
Preguntado por la Fiscalía sobre en qué consistió su reunión con Bisio, García respondió: “Fue el 14 de enero. Me hizo así (dedo pulgar para arriba)“.
García también señaló que fue al menos dos veces al ANMAT en enero: ”Yo hablé en enero con ANMAT, me atendió Bisio. Yo habré ido dos veces al ANMAT. El resto de las veces iba Quinteros“.
Sobre un encuentro anterior, el 4 de enero, relató: ”El 4 de enero cuando me encontré con Bisio le dije, ‘¿ustedes los reclamos que hacen no piden factura o remito?’. Porque el año pasado en octubre 364 empleadas de San Nicolás me dijeron que este tipo me venía denunciando todos los días“.
Sobre el historial de conflictos con la ANMAT por los certificados y los recalls, García atribuyó la responsabilidad al organismo: “Ahora, que la ANMAT nos sacó productos que no debería haber sacado, como la de etiquetas, o propofol y dopamina. Yo iba al ANMAT con los abogados y me decían ‘es de arriba’. Cuando los terminé de pagar, los laboratorios estaban quebrados“.
Lo que detectaron las inspectoras en mayo: esterilidad, ampollas faltantes y la respuesta del laboratorio
Cuando en mayo de 2025 el escándalo sanitario ya era público, el INAME ordenó una inspección paralela sobre Laboratorios Ramallo para obtener muestras de museo y contrastarlas con las ampollas contaminadas que habían llegado al Hospital Italiano. Mantecón Fumado declaró que las inspectoras detectaron nuevas “no conformidades” en los exámenes de esterilidad: “Las inspectoras detectaron ‘no conformidades’ en los exámenes de esterilidad. Es decir, no estaba bien la práctica del control de esterilidad tal como estaba planteada por el representante del Laboratorio. En función de toda la documentación colectada, se decidió inhibir la producción, distribución, comercialización y uso de productos del Grupo HLB“.
Y agregó: ”Al detectar deficiencias en las técnicas de control de esterilización, la contaminación de productos podía abarcar otros productos además del que estaba reportado“.
Las muestras de museo obtenidas en Ramallo revelaron otro problema: en dos cajas de lotes no reportados faltaban dos ampollas en cada una.
La explicación del laboratorio alarmó a las autoridades: “Existen 4 ampollas que se desconocen dónde están. Que la respuesta brindada por los responsables de la firma fue que ‘se tomaron para hacer unas pruebitas’“.
Mantecón Fumado subrayó el peso de esa irregularidad: ”El FENTANILO es una sustancia sujeta a control especial, lo que implica que cada ampolla es trazable y se debiera saber dónde está“.
También surgió que HLB no tenía en su sede la información sobre las órdenes de elaboración de los productos que enviaba a fabricar a Ramallo: “Dicha información no se encontraba en la sede de HLB al tiempo de la inspección, pero sí fue hallada en el Laboratorios Ramallo“.
Los análisis del Instituto ANLIS Malbrán sobre las muestras de sangre de los pacientes del Hospital Italiano y las ampollas del lote reportado arrojaron resultados positivos para las mismas bacterias —Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti— tanto en los hemocultivos como en las ampollas: “Los resultados informados dieron positivo tanto para los hemocultivos como para las ampollas de lote reportado, de la presencia de las mismas bacterias“.
La causa FLP 17371/2025 tiene 13 procesado, todos ligados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Bisio y Mantecón Fumado hasta ahora son las dos únicas personas investigadas por fuera de las empresas, pero pueden no ser las únicas.
La interrupción del servicio de practicaje y pilotaje mantiene paralizada la operatoria en los puertos comerciales de la Argentina y ya afecta a 45 buques del polo agroindustrial que se encuentran en línea para zarpar desde distintos puertos comerciales del país. Según las estimaciones del sector agroexportador, el perjuicio económico oscila entre US$50.000 y US$100.000 diarios por barco. Solo por el costo de la demora de los 45 buques que se encuentran en línea para zarpar las pérdidas ascienden a unos US$4,5 millones por día y alcanzarían los US$9 millones si la paralización se extendiera durante dos jornadas.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, alertó que esta demora podría tener un efecto hacia el resto de la cadena de suministro, si no se soluciona.
“La afectación es total. Esto alcanza el 100% de las operaciones de todos los buques del país, los que traen autos, los que descargan combustible, todos, todos los puertos, los barcos que circulan por Asia y desde la Argentina están paralizados”, afirmó el directivo.
Calculó que una cantidad similar a la que está por despacharse también está en espera para ingreso a la Vía Navegable Troncal o en espera en zona preportuaria de Bahía Blanca o de Quequén. Respecto del impacto económico que este paro genera, señaló: “Hay un costo del retraso de circulación de entre 50 y 100.000 dólares por día“.
Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CECRocío Forte / Pukén
El directivo advirtió, además, que si el conflicto se prolonga el efecto alcanzará rápidamente a toda la cadena comercial. “El productor también va a tener problemas para entregar su mercadería, sus granos a puerto porque también hay una capacidad de almacenamiento y ya se va a colapsar. Por lo tanto, toda la cadena de suministro se va a cortar si esto continúa un día más”, sostuvo.
Cabe recordar que el conflicto se desencadenó tras la publicación delDecreto 690/2026, con el que el Gobierno introdujo cambios en el régimen de practicaje y pilotaje con el objetivo de desregular la actividad, promover una mayor competencia y reducir los costos logísticos del comercio exterior. Los prácticos cuestionan la norma porque consideran que modifica aspectos que afectan la seguridad de la navegación. Aunque rechazan definir la medida como un paro, sostienen que numerosos profesionales comunicaron a las empresas que no se encuentran disponibles para prestar servicios mientras analizan los alcances del decreto.
Mientras tanto, Guillermo Wade, gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym), explicó que, aunque en los puertos granarios las plantas continúan moliendo, la logística está “totalmente afectada” porque ningún buque está pudiendo moverse. Según indicó, los ingresos de camiones se mantienen normales y las terminales siguen otorgando cupos mientras exista capacidad de almacenamiento, aunque advirtió que, de persistir la paralización, podría llegar un momento en que sea necesario interrumpir también la recepción de mercadería.
En ese contexto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) manifestó su “más profunda preocupación” por la situación y advirtió que la interrupción del servicio de practicaje y pilotaje amenaza seriamente al comercio exterior argentino. La entidad sostuvo que la paralización “frena las exportaciones e importaciones, interrumpe el ingreso de divisas, quiebra las cadenas de suministro y pone en riesgo la reputación de la Argentina”, además de evidenciar “la urgencia de actualizar el régimen normativo”.
En el sector advierten que esto podría afectar la cadena de suministrosMarcelo Manera – LA NACION
La cámara remarcó que la interrupción de las maniobras de los buques “representa un freno directo e inmediato sobre la economía nacional” y advirtió que la acumulación de embarcaciones demoradas interrumpe el flujo del comercio exterior, afecta el ingreso de divisas, paraliza el transporte terrestre, colapsa la capacidad de acopio en las terminales y expone a los exportadores a penalidades contractuales y mayores costos logísticos.
En paralelo, la CPPC consideró que el conflicto demuestra la necesidad de avanzar en la modernización del sistema de practicaje. Si bien destacó la idoneidad técnica y el profesionalismo de los prácticos, sostuvo que un esquema en el que “la decisión de un grupo reducido de prestadores pueda paralizar por completo el comercio exterior argentino” pone de manifiesto la necesidad de revisar el régimen vigente. Asimismo pidió la conformación urgente de una mesa de negociación entre el Gobierno y el sector para restablecer la navegabilidad y encauzar la discusión normativa.
