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Pasaron poco más de 15 días desde que YPF habilitó la posibilidad de comprar y vender acciones desde su propia aplicación, y el número de nuevos accionistas ya supera los 15.000. Así lo informó el presidente y CEO de la petrolera de mayoría estatal, Horacio Marín, a través de su cuenta en la red social X, donde detalló que en ese lapso se vendieron 550.000 acciones de la compañía y que el promedio diario de operaciones superó las 60.000.

“Quiero contarles algo que me pone muy contento: en los primeros 15 días, ya se compraron 550.000 acciones de nuestra compañía a través de App YPF”, escribió Marín. El mensaje concluyó con un agradecimiento a los usuarios: “Gracias por elegirnos. Vamos por más”.

El split accionario que impulsó la operatoria

La función de compra y venta de acciones dentro de la aplicación se habilitó el pasado 18 de agosto, después de que YPF aplicara un split accionario de 10 a 1 que redujo el precio unitario del papel sin modificar el valor total de cada tenencia. La medida multiplicó por 10 la cantidad de acciones en manos de cada inversor y buscó mejorar la liquidez del título en el mercado local.

La herramienta funciona en horario de mercado, de 10:30 a 17, y surgió de una alianza entre la petrolera y el banco Santander, que administra los fondos de los usuarios de la app. Se trata de una de las pocas compañías del mundo en ofrecer ese tipo de operatoria dentro de su propia aplicación, que además permite fondear saldos, pagar en estaciones de servicio, hacer transferencias y recargas.

Antes del lanzamiento del split, YPF había cerrado el segundo trimestre de 2026 con un EBITDA ajustado de USD 2.804 millones, el más alto de su historia, y una utilidad neta de USD 1.205 millones. La deuda neta de la compañía cayó a USD 7.654 millones, con un ratio de apalancamiento de 1,09 veces, el nivel más bajo en 11 años.

Una colocación de deuda récord en Nueva York

El anuncio sobre la venta de acciones se produjo un día después de que la petrolera informara la emisión de un bono internacional por USD 1.200 millones, la colocación de deuda más grande obtenida por una empresa argentina en los últimos 11 años. La operación registró una demanda de hasta USD 2.200 millones tras reuniones con más de 50 inversores internacionales durante dos días en Nueva York.

El bono, con vencimiento en junio de 2035 y un plazo de nueve años, se colocó a una tasa de interés de 7,55% y una tasa efectiva de 7,85 por ciento. El spread contra bonos del Tesoro estadounidense fue de 300 puntos básicos, el nivel más bajo alcanzado por la compañía en su historial en el mercado internacional de capitales.

“La demanda llegó a USD 2.200 millones. Casi el doble de lo que salimos a buscar. Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo”, afirmó Marín tras el cierre de la operación.

Según la empresa, el monto récord solo es superado por la misma YPF con una emisión de USD 1.500 millones en 2015. Los fondos obtenidos se destinarán a la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales que vencen entre 2027 y 2029 y a financiar el plan de crecimiento de la compañía conocido como Plan 4×4.

En este escenario, Infobae adelantó que YPF prepara además dos nuevos proyectos para sumarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en los próximos meses. Con esas iniciativas, la compañía llevará sus compromisos de inversión a USD 154.100 millones hasta 2040, una cifra que triplica los USD 49.766 millones reunidos por los 23 proyectos aprobados hasta ahora en todo el país.

Uno de los nuevos pedidos de adhesión podría abarcar la ampliación de Argentina LNG, la iniciativa que la petrolera desarrolla junto con la italiana Eni y la emiratí ADNOC para procesar gas de Vaca Muerta y exportarlo en forma licuada. El proyecto, presentado en agosto con una inversión estimada de USD 51.000 millones, prevé generar exportaciones por USD 10.000 millones anuales una vez en plena operación, entre 2029 y 2031.

El Gobierno lanzó un nuevo programa para fortalecer el uso de las pulseras y tobilleras electrónicas en casos de condenados de prisión domiciliaria y otros acusados con restricciones a la libertad ambulatoria. El protocolo también incluirá a los adolescentes en conflicto con la ley penal, tras la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Así surge de la Resolución 434/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y publicada ayer en el Boletín Oficial. La medida apunta a mejorar la asistencia de jueces y fiscales de todo el país en la implementación de tecnología de monitoreo electrónico, y se enfoca en aquellos casos de acusados que no pasaron por una cárcel o alcaidía.

“Los jueces vienen reclamando la necesidad de contar con pulseras sobre todo para casos que necesitan monitorear pero que no aplican para ir a un establecimiento penitenciario”, deslizaron fuentes oficiales.

En sus considerandos, la decisión oficial remarca que la expansión del modelo acusatorio -encabezado por los fiscales- en la mayoría de las provincias hizo crecer la adopción de medidas de control alternativas a la prisión ante quienes enfrenten juicios penales, mientras el proceso judicial continúa.

Puntualmente, el programa resalta que estos mecanismos son de utilidad “tanto para supervisar medidas de coerción personal durante el proceso” judicial, como para “controlar modalidades de cumplimiento de penas o medidas privativas de la libertad fuera de establecimientos penitenciarios”, dice la resolución.

Lo saliente es que también plantea “acompañar la implementación de respuestas previstas por el régimen de responsabilidad penal juvenil”, que esta semana comenzó a aplicarse en todo el país, a excepción de la provincia de Buenos Aires, luego del habeas corpus colectivo dictado por la jueza Marta Pascual que suspendió la norma por 60 días.

A quiénes se les aplicará el nuevo protocolo

El alcance del Programa de Asistencia Tecnológica para la Supervisión de Medidas Restrictivas de la Libertad Ambulatoria -su nombre oficial- funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal de la cartera de Justicia, y tendrá como fin colaborar con el Poder Judicial en casos de asistencia tecnológica en personas que:

• Tienen restricciones procesales, por ejemplo, prohibición de acercamiento o arresto domiciliario sin haber estado presos.
• Cumplen detención domiciliaria por condena, sin ingresos previos a la cárcel.
• Afrontan medidas o sanciones según la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, es decir, adolescentes en conflicto con la ley.

En cada situación, la implementación dependerá de una orden judicial, previa evaluación de la situación personal y domiciliaria del acusado, y solo si la persona cumple con los requisitos del programa.

La implementación de las tobilleras y dispositivos es acotado para los delitos federales. Según los últimos datos disponibles del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), de un total de 12.643 personas con prisión domiciliaria en 2024, el 54,71% –es decir, 6.917 personas– estaban bajo vigilancia electrónica.

Cómo funcionará el programa

La responsabilidad del monitoreo efectivo recaerá en una empresa. Fuentes de la cartera de Mahiques indican que solo la firma Surely SA ofrece ese servicio. La función del Ministerio será la de intermediario entre la empresa y el Poder Judicial, por lo que no asumirá el control ni vigilancia directa de los arrestos o supervisión del dispositivo. En lo operativo, el Ministerio de Justicia centralizará la logística y el financiamiento con sus propios recursos. También ofrecerá capacitación a jueces y equipos judiciales.

Ante una alerta que surgiera en el monitoreo, la empresa proveedora de las tobilleras deberá dar aviso inmediato a la autoridad judicial que investiga el caso. También deberá compartir periódicamente toda la información al programa, que estará a cargo el abogado Brian Ezequiel Gallo en carácter ad honorem.

De esta forma, el programa permitirá realizar un sistema de seguimiento que controle el uso real de los dispositivos, el avance de los procesos judiciales y el nivel de cumplimiento de las restricciones.

Así, se centralizará información sobre la cantidad de dispositivos asignados y en stock, para detectar cuellos de botella y necesidades de compra; la etapa procesal en la que se encuentran los monitoreados; el delito investigado en cada caso; y datos demográficos de las personas bajo vigilancia electrónica.

Actualmente, el ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, tiene bajo su órbita funciones similares. Según informaron desde esa cartera, la medida del ministerio de Justicia “complementa” las atribuciones del área. Cuando haya “solapamiento” de casos, el protocolo establece su derivación.

El “costo” de aplicar el sistema

Aunque no suelen contar con el visto bueno de la opinión pública, las tobilleras permiten resolver situaciones procesales y de condena de diferente índole. Desde un punto de vista técnico, el costo de aplicar estos dispositivos electrónicos frente a una prisión preventiva carcelaria resulta “significativamente inferior” en términos de gasto estatal para controlar a un imputado o condenado, argumenta la resolución.

En lo jurídico, el ministerio de Justicia también defiende este tipo tipo de medidas alternativas. La resolución cita el fallo “Nápoli” de la Corte Suprema de Justicia y los tratados internacionales vigentes, que limitan el encierro preventivo a los casos estrictamente necesarios y es una medida de “carácter excepcional destinada exclusivamente a asegurar los fines del procedimiento, sin que pueda asumir naturaleza punitiva anticipada”, sostiene el documento.

Para la persona investigada o condenada en el régimen domiciliario, le permite conservar sus vínculos familiares, laborales y educativos, y evita los efectos negativos del primer ingreso al encierro. Una dimensión que suele ser tenida en cuenta para los adolescentes que infringen la ley, y que el sistema penal, al menos de lo declarativo, busca resocializar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma escalonado de pagos para el mes de septiembre de 2026, y los beneficiarios con DNI terminado en 9 ya tienen fechas confirmadas para cada una de las prestaciones que administra el organismo. El esquema, que se extiende a lo largo de todo el mes, distribuye las acreditaciones según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular, con el fin de ordenar el flujo de pagos y evitar concentraciones en una sola jornada.

Los haberes del período se actualizaron un 2,11%, en línea con el mecanismo previsto en el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El ajuste impacta sobre jubilaciones, pensiones y la mayoría de las asignaciones que gestiona ANSES, y rige para todos los beneficiarios con independencia de la terminación de su documento.

El calendario de septiembre abarca un abanico amplio de prestaciones de distinta naturaleza: desde jubilaciones y pensiones hasta asignaciones familiares y por situaciones específicas, además de prestaciones por desempleo. En algunos casos, el pago no está segmentado por terminación de DNI y está disponible durante una ventana de tiempo extendida para todos los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo y DNI terminado en 9 cobrarán el 21 de septiembre de 2026. La acreditación se realiza de forma automática en la cuenta bancaria registrada por cada titular ante el organismo.

El haber mensual actualizado asciende a $428.633,20. A ese importe se suma un bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben el ingreso mínimo, con lo que el total a cobrar alcanza los $498.633,20.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo cobrarán el 28 de septiembre de 2026, fecha que comparten con los titulares de documentos terminados en 8.

La jubilación máxima establecida para este período asciende a $2.884.295,54, de acuerdo con los valores fijados por la normativa vigente. Este grupo no percibe el bono extraordinario de $70.000, ya que ese refuerzo está destinado exclusivamente a quienes cobran el haber mínimo.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con DNI terminado en 9 recibirán el pago el 21 de septiembre. Ambas prestaciones comparten el mismo esquema de acreditaciones, ordenado según el último número del documento.

El valor de la AUH para septiembre es de $154.031 por hijo. En el caso de hijos con discapacidad, el monto asciende a $501.537. Para la SUAF, el importe correspondiente al primer tramo de ingresos es de $77.025.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) tendrán acreditado el pago el 23 de septiembre de 2026. El monto vigente de esta prestación durante el mes es de $154.031. Para las beneficiarias residentes en zona 1 —que comprende las provincias patagónicas de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén y Río Negro, y algunos municipios del sur de la provincia de Buenos Aires, donde ANSES reconoce un mayor costo de vida— el valor diferencial asciende a $200.241.

Asignación Prenatal

Quienes cobran la Asignación Prenatal y tienen el DNI terminado en 8 o 9 recibirán el pago el 16 de septiembre; el cronograma agrupa a ambas terminaciones en una misma fecha.

El importe base de la prestación es de $77.025 para familias con ingresos de hasta $1.192.505. Para los grupos familiares ubicados en tramos superiores, el valor disminuye progresivamente.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad se abona el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI, sin distinción por el último número del documento. El cobro está disponible desde el 10 de septiembre y se extiende hasta el 9 de octubre de 2026. El monto equivale al salario que percibía la trabajadora antes de iniciar la licencia, por lo que varía según cada beneficiaria y no es posible consignar un valor único.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único —por nacimiento, adopción y matrimonio— tampoco se dividen según la terminación del DNI. El período de cobro para la primera quincena va del 9 de septiembre al 9 de octubre; para la segunda quincena, del 21 de septiembre al 9 de octubre.

Los montos fijados para estas prestaciones son: $89.782 por nacimiento, $536.774 por adopción y $134.430 por matrimonio.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 8 o 9 cobrarán el 14 de septiembre. El cronograma comprende las pensiones por invalidez y vejez.

El haber total para septiembre asciende a $370.043,24: incluye $300.043,24 por el haber mensual actualizado más un bono extraordinario de $70.000.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas no aplican el criterio de segmentación por terminación de DNI. El período de disponibilidad para todas las terminaciones de documento se extiende desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026. Los montos varían según el tipo de asignación familiar de que se trate —por hijo, por hijo con discapacidad, por ayuda escolar, entre otras— y según la composición del grupo familiar de cada beneficiario.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 8 o 9 cobrarán el 28 de septiembre. Por su parte, la Prestación por Desempleo Plan 2 tiene un período único de acreditación para todas las terminaciones de DNI: los beneficiarios podrán cobrar entre el 1 y el 9 de octubre de 2026, independientemente del último número de su documento.

En ambos planes, el monto se calcula en función del salario que percibía el trabajador antes de quedar desempleado y de la cantidad de años de aportes acreditados, por lo que el importe varía según cada beneficiario. El pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria registrada ante ANSES.