Aníbal Lafourcade, vocal del Tribunal de Apelaciones de Concordia, en Entre Ríos, resolvió este martes suspender la apertura de los celulares del exgobernador Gustavo Bordet y de su pareja, Mariel Ávila, actual diputada provincial. La medida se tomó ante un planteo de la defensa. El argumento fue que se necesita autorización previa, ya que los teléfonos se usaron para la actividad legislativa.
Ahora, la Fiscalía a cargo de José Arias deberá pedir al Congreso nacional y a la Legislatura de Entre Ríos el permiso correspondiente para realizar la pericia.
Mientras tanto, la defensa del exmandatario justicialista anticipó que recusará a Arias. Considera que el funcionario judicial perdió objetividad para el seguimiento del caso. Y entiende que lo que sostiene abierta la investigación es animadversión en contra de Bordet.
Arias ya fue removido de tres causas que se seguían a otro dirigente del PJ. Se trata del exintendente de Concordia, Enrique Cresto. En todas, la Cámara de Casación Penal provincial entendió que el fiscal había perdido el estricto apego al principio de objetividad que se exige a la acusación pública.
El trámite tiene que ser resuelto por los plenarios de ambos cuerpos legislativos. El proceso suele llevar tiempo ya que es una medida judicial pero con impacto político. Más aún estando a las puertas de una competencia electoral.
En lo formal, será una cuestión de interpretación legal. La norma que regula los fueros establece que para que se abran los teléfonos de un legislador este tiene que estar imputado de un delito. Bordet no lo está. La investigación se abrió hace dos años y Fiscalía no ha presentado un caso en contra del exgobernador. La raíz del expediente abierto es una denuncia de un particular. El material está tomado de su declaración jurada en el Congreso.
Si llegado el caso de que ambas Cámaras den el aval, la Fiscalía deberá pedir al Juez de Garantías la apertura y el análisis de los celulares. Los teléfonos quedaron a resguardo en la Justicia. Es que el juez Lafourcade negó el pedido de la defensa de para que les sean devueltos.
En un primer momento, Bordet y su esposa habían entregado por propia voluntad los aparatos y las claves correspondientes. Fue durante los procedimientos realizados en propiedades del exgobernador de Entre Ríos entre 2015 y 2023.
En esa instancia, ambos habían dado luz verde para que Fiscalía y Policía realizaran la inspección en sus casas de Paraná y Concordia sin el desafuero previo. Pero, según evalúan en el entorno del exmandatario, a partir de ese momento la causa se desnaturalizó.
Una vez dentro, personal judicial y de seguridad registró hasta los datos de los electrodomésticos a fin de investigar quién y cómo los habían comprado.
Durante los procedimientos en los domicilios, Bordet y Ávila fueron requisados por el personal policial. Los palparon de pies a cabeza. A la esposa del exgobernador la llevaron a un baño y la obligaron a quedarse en ropa interior.
Hubo quejas por este accionar de la Policía bajo dirección de Fiscalía. Ávila las presentó en la Legislatura provincial. Y, por otras vías, llegaron a oídos del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y del gobernador Rogelio Frigerio.
Tras estas acciones que consideró desatinadas, la defensa de ambos planteó que los celulares habían sido utilizados para la actividad legislativa. Eso obligaba a que tanto la Cámara de Diputados de la Nación como la de Entre Ríos deban autorizar en forma previa su análisis.
En una primera instancia, el Juez de Garantías Ives Bastián rechazó el planteo de la defensa. Para ello, invocó la doctrina de los actos propios. En su resolución publicada por El Entre Ríos, el magistrado subrayó: “Fue la Defensa quien consintió el allanamiento y el secuestro de los dispositivos” y la que “instó a prescindir del trámite ante las Cámaras”.
Bastián también señaló que la representación de Bordet “convino día y hora de la diligencia”. Asimismo, apuntó que fueron “los propios legisladores quienes, asistidos por su letrado, ratificaron la medida, dispusieron de la protección de sus fueros y aportaron voluntariamente las contraseñas de los aparatos para que la Justicia accediera a su contenido”. Por último, sentenció que fue “la Defensa quien consintió la resolución que autorizó el análisis”.
Los abogados de Bordet y Ávila apelaron. Y en la revisión de la decisión de la primera instancia logró un fallo favorable que frenó el peritaje.
