Una iniciativa legislativa busca penalizar los delitos de vandalismo que afectan a productores y comunidades rurales de todo el país. Con ese eje, representantes del sector participaron de la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara de Diputados de la Nación para dar su voz y respaldar un proyecto que implica incorporar nuevos artículos al Código Penal de la Nación.
La iniciativa, de autoría del diputado pampeano Martín Ardohain (PRO), quien es presidente de la Comisión de Agricultura, propone incorporar los artículos 150 y 184 bis y modificar el 209 del Código Penal. Tiene como objetivo que el Estado pueda actuar rápidamente desde el primer acto ilícito, sin tener que esperar a que se produzcan robos, daños o agresiones contra las personas.
Ardohain explicó que la intrusión y el daño a establecimientos rurales se tratan como contravenciones, “por eso escuchamos entran por una puerta y salen por la otra”.
Según el diputado, quien también es productor y presidente del PRO en La Pampa, el objetivo del proyecto, dijo, es que esas conductas pasen a ser delitos: “Que la tranquera vuelva a significar lo que siempre significó: la bienvenida para el que viene de buena fe, y el límite claro para el que viene a hacer daño”.
De la reunión participaron representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas (FIAS), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que impulsó la iniciativa hace un tiempo, Coninagro, Carbap y la Fundación Barbechando, junto con diputados de todos los bloques.
En representación de Confederaciones Rurales Argentinas, César Guatti expuso ante la comisión para respaldar el proyecto impulsado por la entidad y remarcó que el debate “no se refiere solamente a bienes o estadísticas”, sino que aclaró que es un debate que tiene nombres y familia detrás y recordó a dos productores asesinados en los últimos años en un ataque de vandalismo rural.
Uno fue el caso de Melchor Baltazar Díaz, productor de 75 años, quien se encontraba junto a su esposa en la estancia San Manuel, en La Cruz, Corrientes, cuando al menos tres delincuentes encapuchados ingresaron al establecimiento. El productor fue atacado a balazos delante de su esposa. Los asaltantes robaron dinero, teléfonos celulares y la camioneta del matrimonio, que luego fue abandonada. El asesinato fue en marzo de este año.
El otro caso recordado por Guatti fue el del 23 de marzo de 2020, Rodolfo “Rudy” Weber, productor de 61 años de la provincia de Misiones, quien mientras salía a buscar leña en su chacra fue abordado por delincuentes que habían ingresado a faenar clandestinamente uno de sus animales. Lo balearon y lo asesinaron. “Pasaron seis años, cambiaron las provincias, cambiaron las víctimas, cambió la modalidad, pero no cambió un elemento esencial: delincuentes que ingresaron clandestinamente a los establecimientos rurales, aprovechando aislamiento, distancia y dificultades de respuesta”, señaló Guatti.
El artículo 150 bis propone sancionar con prisión de un mes a un año a quien entrare en un establecimiento rural, terreno o sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. Esa voluntad de exclusión se presume por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso. El delito no se configura cuando el ingreso responde a una necesidad justificada, a razones de auxilio o cuando el lugar no permite distinguir claramente el límite con la vía pública.
“Lo que propone –explicó Guatti– es que el Estado pueda intervenir desde el primer acto inequívocamente ilícito, sin tener que esperar a que se consume un robo, un daño o la violencia contra las personas”. Subrayó también que la redacción excluye a quien ingresa por una necesidad justificada, para prestar auxilio o por no poder distinguir el límite con la vía pública: “No se busca bajo ningún punto de vista criminalizar al vecino, al trabajador rural o al caminante”.
En tanto que el artículo 184 bis establece penas de prisión de dos a ocho años y una multa de tres a 12 veces el valor del daño causado a quien destruya intencionalmente cultivos, cosechas, ganado, silobolsas, forrajes o infraestructura esencial para la producción agropecuaria, como bombas de agua, sistemas de riego, paneles solares o generadores o cualquier elemento que afecte de manera directa el ciclo productivo.
También prevé multas vinculadas al valor del perjuicio ocasionado, adecuando la sanción a la magnitud del daño. La pena mínima se duplica si el autor es funcionario público o se dedica habitualmente a la actividad agropecuaria.
Sobre el artículo 184 bis, el representante de CRA citó como antecedente la destrucción, en marzo de 2023, de silobolsas pertenecientes a una cooperativa, que comprometió unas 10.000 toneladas de trigo. “Cuando se rompe un silobolsa no se daña simplemente un plástico: se afecta una cosecha, capital de trabajo, alimento para los animales, contratos que se deben cumplir y, en muchos casos, la continuidad económica de una explotación”, dijo.
Por su parte, el proyecto propone la modificación del artículo 209 y eleva a entre dos y seis años la prisión para quien instigue públicamente a cometer un delito, en tanto que establece que la pena aumentará en un tercio cuando la instigación se realice a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales.
Desde CRA remarcaron que el proyecto no busca otorgar privilegios al sector agropecuario ni criminalizar situaciones de buena fe, sino cubrir un vacío legal que hoy deja sin una respuesta adecuada hechos que ponen en riesgo la producción, el trabajo y la seguridad de las familias rurales.
Sobre el curso del proyecto, Ardohain se mostró optimista: “Hoy todos los bloques sin bandera política dijeron que acompañaban. Creo que si hay tratamiento en la Cámara de Diputados se va a aprobar rápidamente, y a partir de hoy nos ponemos a trabajar con los senadores para que también acompañen. Tiene que ser ley”.
El proyecto, cuyo autor es Ardohain y cuenta con las firmas de los diputados Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro, Fernando De Andreis, Martín Yeza, Javier Sánchez Wrba, Antonela Giampieri, Florencia De Sensi, Emmanuel Bianchetti, Alicia Fregonese, Guillermo Agüero, Lisandro Nieri, Eduardo Falcone, Sergio Capozzi y Francisco Morchio, quedó en camino para avanzar hacia un dictamen de comisión.
