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El fuerte ajuste en el área de Discapacidad previsto en el proyecto de Presupuesto 2027 que la Casa Rosada envió esta semana al Congreso causó un cimbronazo político que avivó las tensiones con los aliados y desencadenó una serie de reproches internos que tuvieron como principal protagonista a Patricia Bullrich. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que darán marcha atrás con la propuesta del Poder Ejecutivo y adelantaron que están “muy cerca” de llegar a un texto consensuado con los bloques dialoguistas para reemplazar el capítulo de la polémica.

El dolor de cabeza para el oficialismo comenzó el martes por la noche, cuando ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027. Durante las horas de la madrugada, los bloques de la oposición revisaron el plan de gastos e ingresos para ver si había alguna novedad sobre Discapacidad.

Durante las últimas semanas la oposición impulsó la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año. Lograron emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.

Para frenar la ofensiva opositora, las espadas legislativas del oficialismo anunciaron que estaban trabajando, junto a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, en un proyecto “superador” que permitiría terminar con la Emergencia -tal como pretende el Gobierno- pero al mismo tiempo brindaría una solución definitiva que genere previsibilidad.

Sin embargo, muchos descubrieron el miércoles por la mañana que el proyecto de Presupuesto 2027 contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área que no tenían nada que ver con las conversaciones en marcha. Entre los que fueron tomados por sorpresa se destacan tanto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado.

La falta de coordinación multiplicó las especulaciones ya que ambos comparten la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.

Cerca de Menem mantuvieron el tono componedor y evitaron el pase de facturas. “El Estado es muy grande y el Presupuesto lo tocan miles de personas”, explicaron y agregaron que el texto se venía trabajando hace cuatro meses y “quedó viejo”. Pero Bullrich, fiel a su estilo confrontativo, pidió que “no la tomen de tonta”, apuntó abiertamente contra Economía y reclamó que temas sensibles como este sean discutidos con anticipación en la Mesa Política.

En concreto, el texto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, establece la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC).

Luego de que bajara un poco la espuma mediática, en la Cámara de Diputados los libertarios retomaron las negociaciones con los bloques aliados y les aseguraron que los artículos originales del Presupuesto sobre Discapacidad serán eliminados. “Lo que acordemos en el dictamen de comisión es lo que va a ir a Presupuesto”, sintetizaron.

Ante la consulta de Infobae, tanto el PRO como la UCR confirmaron que el diálogo se reencauzó, aunque todavía dan algunas señales de desconfianza. “Estamos esperando el borrador final. Vamos a ver qué mandan y terminaremos de definir”, resumieron desde el partido amarillo.

“El asunto quedó un poco revuelto. Falta una presentación clara de qué va a pasar con las compensaciones. Esperemos a la semana que viene cuando veamos todo por escrito”, coincidió un integrante del bloque UCR.

El reclamo por compensaciones hace referencia al artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó cubierto por las posteriores actualizaciones. A pesar de que el oficialismo planteaba que estaba cumpliendo con toda la ley, tanto el PRO como la UCR venían reclamando un cronograma claro de pagos para saldar lo adeudado.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, la nueva propuesta apuntará a elevar los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. “Ya no bastará con tener el CUD (Certificado de Discapacidad) para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron y señalaron que buscan aplicar la misma lógica que con los subsidios para que “cobre el que verdaderamente lo necesita”.

Por otro lado, el nomenclador se actualizará por IPC en forma bimestral (no mensualmente como dice la ley de emergencia) y será universal. Además, a pedido de los aliados, las pensiones podrán recibirse de forma complementaria a un empleo registrado.

En las próximas semanas el oficialismo buscará quedarse con el dictamen de mayoría en comisión para bloquear cualquier intento opositor de llevar el tema al recinto. Si lo logran, el texto consensuado se incluirá directamente en el Presupuesto 2027.

El proyecto de Presupuesto para el 2027 dejó más controversias al interior del Gobierno que una discusión pública sobre su contenido mismo. El Ministerio de Economía envió la versión a la cúpula del Gobierno para que se firme al filo del plazo legal para presentarlo y de un día para el otro, los negociadores libertarios en ambas cámaras del Congreso se desayunaron cambios que no estaban previstos en las tratativas que habían encaminado desde hace semanas con bloques aliados.

El clima sigue espeso al interior del Gobierno. La mayoría de los integrantes de la Mesa Política decidió bajar las armas. “Ya no tiene sentido seguir puteando al aire. Lo único que importa es llevarnos el Presupuesto”, avisan desde uno de esos despachos, reconociendo la bronca que se generó con la situación evidenciada el miércoles (el día después de la presentación del proyecto), cuando comenzaron a emerger artículos que modificarían las prestaciones por Discapacidad y la actualización de la AUH.

Ambos temas serán abordados en la próxima reunión de Gabinete a la que probablemente convoque el presidente Javier Milei para este lunes. También se tratará todo en la reunión de Mesa Política, la instancia de debate del círculo más chico del Gobierno que está siendo cuestionada por diferentes integrantes. Quien lo hizo de manera pública fue Patricia Bullrich, quien en diferentes reportajes cuestionó que los recortes en esos segmentos no fueron sincerados en la reunión que hubo horas antes de que el Ejecutivo presentara el proyecto.

Solo un puñado de funcionarios conocía la letra chica del Presupuesto 2027, lo que deja entrever que la totalidad de los legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional tampoco lo conocían. En el Gobierno marcan que tienen intenciones de subsanar esa situación hacia adelante. “Estamos planificando reuniones con legisladores nacionales con Economía para sacar dudas sobre todo lo que hace el proyecto”, confirmó una fuente de la mesa política a Infobae.

La persona a la que aluden es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que está a cargo de confeccionar y maniobrar la política fiscal del Gobierno para asegurar la política de déficit cero. Más de un integrante del Gobierno tiene intenciones de que se haga un encuentro con diputados -y en lo posible, sumándole senadores- para informarles sobre las nociones básicas del proyecto presupuestario.

La posibilidad de hacer un encuentro con el encargado de Hacienda es potencial y no algo concreto. En otros despachos afirman que no tienen esa información, aunque en otros afirman que “es probable porque el año pasado se hizo así”. Lo que es seguro es que Guberman irá al Congreso a dar su explicación oficial sobre el proyecto que confeccionó con la cúpula del Ministerio de Economía. La exposición del año pasado fue algo accidentada. Guberman fue acompañado por el entonces secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y expusieron sin responder preguntas, evidentemente molestos por las interrupciones de diferentes diputados de la oposición más dura contra el Gobierno.

El tándem compuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó a esquematizar la hoja de ruta para conseguir adhesiones de bloques aliados y gobernadores. Algunos de ellos confiesan en privado su cansancio por el mecanismo de negociación del Gobierno y la naturaleza de los proyectos que envía la Casa Rosada. “Hacen proyectos enormes y te quieren colar cambios profundos en un artículo cortito. Algunos ya nos sentimos boludeados”, afirmó un gobernador en diálogo con Infobae.

Ambos trabajan para evitar que se produzca un revés al momento de tratarlo en alguna de las dos cámaras. El antecedente más próximo es el del último presupuesto. Al momento de llevarlo a votación, Diputados rechazó el capítulo que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. En el oficialismo y la oposición dialoguista existe la voluntad de buscar una suerte de “punto medio que no rompa con el equilibrio fiscal”. “Para eso tenemos que generar un camino de confianza”, apuntan cerca de un funcionario del Gobierno.

La confianza también debe ser interna, porque el vínculo entre varios de los integrantes de la Mesa Política quedó astillado después de los sucesos de los últimos días. “Estamos armando una matriz para encarar las conversaciones”, puntualiza uno de ellos. El factor decisivo será que los dirigentes de la esfera política del Ejecutivo logren coordinar las negociaciones con el ala económica, compuesta en su estrato más alto por el mismísimo Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

En un contexto de mora en niveles récord, el Banco Nación anunció un ajuste en sus esquemas de refinanciación con el objetivo de acompañar a los clientes que quedaron atrasados en sus obligaciones.

La entidad informó una “mejora sustancial en las condiciones de refinanciación destinadas a clientes con deudas clasificadas en Situación 3 o superior”, es decir, aquellos con un nivel de atraso más comprometido según la calificación del Banco Central. El objetivo, según explicó el banco, es facilitar la regularización de las obligaciones pendientes y ofrecer alternativas acordes a la capacidad de pago de cada cliente.

Las nuevas condiciones contemplan dos esquemas diferenciados según la moneda de refinanciación. El primero está pensado para deudas originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito, y permite refinanciar en UVA con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 7,5% y plazos de hasta 120 meses. Se trata de una reducción considerable respecto de las tasas habituales para este tipo de operaciones, sostenida en un esquema de actualización por inflación que busca compensar la baja del costo financiero nominal.

El segundo esquema ofrece refinanciación en pesos, con una TNA del 25% para aquellos clientes que abonen sus cuotas en término, y con plazos de hasta 96 meses. En ambos casos, la extensión de los plazos apunta a lograr una cuota más accesible y una mejor adecuación de los compromisos financieros a la situación económica de cada cliente.

Desde el Banco Nación remarcaron que estas condiciones “representan una reducción significativa del costo financiero y permiten extender los plazos de cancelación, favoreciendo una cuota más accesible y una mejor adecuación de los compromisos a la situación económica de cada cliente”, según indicó la entidad.

Los objetivos detrás de la medida

A través de esta iniciativa, el banco busca profundizar su política de acompañamiento a quienes atraviesan dificultades financieras. “De esta manera, el banco reafirma su compromiso de brindar soluciones que contribuyan a la inclusión financiera y a la recuperación de la capacidad crediticia de sus clientes”, señaló la entidad en su comunicado.

La medida se da en un contexto de morosidad récord a nivel de las familias, un fenómeno que se viene registrando desde hace meses sin mostrar señales claras de normalización. En concreto, la morosidad sobre los préstamos personales alcanzó el 16,4% en junio, mientras que las dudas con tarjeta de crédito alcanzaron una tasa de morosidad de 12,6 por ciento.

Dentro de ese cuadro, las categorías de riesgo que utiliza el sistema financiero para clasificar a los deudores resultan clave para entender el alcance de este tipo de programas: la Situación 2 corresponde a atrasos de entre 60 y 90 días, mientras que la Situación 3 agrupa a quienes acumulan entre 90 y 180 días de mora. Se trata, en ambos casos, de clientes que superaron el incumplimiento ocasional y que requieren de un esquema de refinanciación para evitar que la deuda continúe deteriorándose.

Ese mismo diagnóstico llevó a otras entidades del sistema financiero a lanzar programas similares en las últimas semanas, en algunos casos enmarcados en normativas específicas y con alcance geográfico acotado. La búsqueda de reducir el costo financiero y extender los plazos de devolución se convirtió en una de las principales herramientas para intentar descomprimir la situación de los hogares endeudados.

En ese sentido, la reducción de tasas y la extensión de plazos que impulsó el Banco Nación se suma a otras iniciativas del sistema financiero orientadas al mismo objetivo, aunque con condiciones y alcances propios de cada entidad.

Reducción de tasas

Como antecedente, el BNA ya había reducido del 35% al 29% la tasa nominal anual para refinanciar saldos de tarjetas de crédito con atrasos de entre uno y 85 días. La medida rige desde este lunes y alcanza operaciones de hasta $30 millones, con plazos de 24 a 60 meses.

Según informó la entidad, una refinanciación de $10 millones a 60 meses pasaría de una cuota estimada de $354.900 a $317.400. La diferencia sería de $37.500 mensuales y de $2,25 millones en términos nominales durante todo el período.

El anuncio se produjo en un escenario de mora elevada. Durante 2026, el Banco Nación refinanció 109.507 operaciones correspondientes a 95.626 usuarios, por un total de $503,3 mil millones.

La entidad dispone, además, de otras alternativas para clientes con compromisos dentro y fuera del banco. Entre ellas, figuran planes para consolidar deudas propias a tasa fija en pesos o en UVA; opciones para reunir obligaciones del BNA y de otras entidades bajo financiación UVA; y mecanismos de cancelación o reprogramación para deudas personales y comerciales en mora, con plazos de hasta 120 meses.

La inteligencia artificial no es para Juan Grabois una discusión sobre el futuro lejano. Es una disputa que ya está definiendo poder, recursos y modelos de desarrollo, mientras los Estados intentan alcanzar una transformación tecnológica que avanza mucho más rápido que sus regulaciones.

En Infobae a la Tarde, el diputado de Fuerza Patria cuestionó el lugar que la Argentina podría ocupar en ese escenario y puso el foco en una pregunta concreta: qué gana el país si se convierte en proveedor de infraestructura y materias primas para una industria que concentra su desarrollo en otras partes del mundo.

“Lo más importante que está pasando en el mundo es esto”, afirmó Grabois. Su preocupación abarca desde la carrera tecnológica y militar hasta el impacto de las plataformas sobre niños y adolescentes, pero también alcanza una discusión más amplia sobre quién establece las reglas de una transformación que, según planteó, ningún país puede controlar por sí solo.

Grabois cuestionó el modelo de los data centers

Al trasladar el debate al plano local, el diputado cuestionó que la instalación de grandes centros de procesamiento de datos pueda presentarse como una estrategia suficiente para impulsar el desarrollo económico.

“Convertirnos en una suerte de enclave de data centers no es bueno para la Argentina. Data center no genera trabajo, genera un consumo de energía y de agua excesivo”, afirmó.

Grabois incluyó a los data centers dentro de un conjunto de actividades que, a su entender, forman parte de la transformación tecnológica en curso. Mencionó también a los armamentos, la industria farmacológica y la biotecnología.

Su planteo es que el país no quede limitado a proveer recursos para industrias cuyo desarrollo y control se encuentran en otros lugares. En ese punto, destacó la disponibilidad de minerales críticos como una herramienta para participar de las negociaciones internacionales.

“Argentina tiene algunos fierros porque tiene minerales críticos. Entonces, eso te da una fortaleza para ser parte de la discusión internacional y para defender tu propio territorio”, señaló.

A la vez, sostuvo que esos recursos deberían formar parte de una estrategia de desarrollo y no de una economía basada exclusivamente en la exportación de materias primas. Como alternativa, propuso avanzar en aplicaciones de inteligencia artificial.

“Podemos trabajar en lo que se llama la capa de aplicación de los modelos de inteligencia artificial”, explicó.

Qué dijo Grabois sobre el futuro de la IA

Grabois diferenció dos problemas que considera centrales. El primero está relacionado con la posibilidad de que sistemas cada vez más avanzados produzcan daños de gran escala. El segundo tiene que ver con el impacto de los entornos digitales sobre las capacidades cognitivas.

“Hay dos grandes riesgos: el riesgo catastrófico, el apocalipsis de inteligencia artificial, que no es ninguna boludez; y el otro, que es el secuestro cognitivo”, sostuvo.

La preocupación por el segundo punto lo llevó a referirse especialmente a niños y adolescentes. Grabois propuso restringir el uso de teléfonos dentro de las escuelas y prohibir el uso de herramientas de IA para realizar trabajos escolares hasta los 14 o 15 años.

El diputado extendió sus advertencias a la infraestructura crítica. Mencionó la posibilidad de que sistemas avanzados tengan impacto sobre servicios esenciales y utilizó un eventual corte prolongado de electricidad como ejemplo de una situación para la que una sociedad debería estar preparada.

“Cuatro o cinco días sin luz, sin energía eléctrica, una sociedad que no está preparada para eso es un caos”, afirmó.

Frente a estos riesgos, insistió en que las regulaciones nacionales resultan insuficientes. Su propuesta es avanzar hacia acuerdos internacionales que involucren a las principales potencias tecnológicas.

“Se necesitan acuerdos SALT”, dijo, en referencia a los tratados firmados durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética para limitar sus arsenales estratégicos.

Silicon Valley, China y una tercera alternativa

En su análisis sobre la disputa tecnológica global, Grabois identificó tres modelos: “El aceleracionismo tecnocrático de Silicon Valley, el paradigma estatista chino y un paradigma humanista democrático”.

Según explicó, esta última alternativa todavía no tiene una forma política definida. La vinculó con una concepción que busca combinar democracia, justicia social y libertad individual.

En ese marco, mencionó los documentos del papa Francisco sobre ambiente, trabajo y tecnología y señaló al Vaticano como un posible ámbito para discutir una gobernanza global de la inteligencia artificial que incluya también a China.

Grabois cuestionó además el desarrollo de sistemas de vigilancia y control biométrico. “A mí, ese nivel de vigilancia para mí es incompatible con la libertad”, afirmó.

La discusión sobre Silicon Valley derivó en otro de los temas de la entrevista: su encuentro con Peter Thiel, empresario e inversor tecnológico estadounidense.

“Peter Thiel es un filósofo, va atrás de ese sentido y tiene un sistema de valores que es antagónico con mi sistema de valores”, afirmó.

Grabois sostuvo que detrás de algunas de las decisiones de las grandes compañías tecnológicas existen concepciones políticas y filosóficas sobre el futuro. En ese universo ubicó corrientes vinculadas con el aceleracionismo, la desregulación y el transhumanismo.

“No solamente existen intereses materiales económicos. Hay una orientación político-filosófica vinculada a eso”, planteó.

También describió la existencia de sectores que se preparan para escenarios de catástrofe mediante búnkeres, proyectos para trasladarse a otros lugares del planeta o incluso planes vinculados con Marte.

La mirada de Grabois sobre el peronismo y 2027

La entrevista tuvo un tramo dedicado a la política argentina y al escenario electoral de cara a 2027. Consultado sobre una eventual candidatura, Grabois no confirmó si será candidato ni respaldó a un dirigente en particular.

En cambio, planteó que su prioridad durante los próximos meses será reconstruir vínculos dentro del peronismo y trabajar sobre las diferencias internas. “Nosotros vamos a trabajar por la reconciliación, por sanar las heridas que hay”, afirmó.

El dirigente vinculó esa tarea con la construcción de una alternativa frente al Gobierno de Javier Milei. En ese sentido, sostuvo que el objetivo será reunir fuerzas para disputar el rumbo político del país.

“Lo que sería imperdonable es no hacer todo lo que hay que hacer para sacar a una persona que es muy dañina para el país, para la región y para la humanidad, que se llama Javier Milei”, afirmó.

Sin embargo, evitó anticipar cómo se traducirá ese objetivo en términos electorales. “Eso implica reconciliación, eso implica sanar heridas, eso implica tener un sentido de propósito, eso implica poder saber para qué hacemos lo que hacemos. Y esa va a ser nuestra tarea en los próximos meses. Lo demás, veremos”, concluyó.

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