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El riesgo país de la Argentina está otra vez cerca de perforar el umbral de los 400 puntos básicos dada la suba de cotización de los bonos soberanos en el mercado local y en EEUU, como una respuesta directa de los mercados financieros a la decisión de Moody’s de mejorar la calificación crediticia de la Argentina. La suba conocida ayer se sumó a la que meses atrás habían brindado otras calificadoras internacionales como Standard & Poor’s y Fitch Ratings.

Los bonos hard dollar de Argentina –Bonares y Globales- promedian a las 10:30 horas una suba de 0,5%, mientras que el indicador de JP Morgan resta ocho unidades, a 410 puntos básicos. El 10 de julio último el riesgo país tocó los 402 puntos, un mínimo desde el 20 de abril de 2018 (400 puntos), tras el pago semestral de capital e intereses de estos títulos públicos.

De esa forma, el riesgo país argentino está cerca de romper el piso de 400 puntos por primera vez en más de ocho años. La última oportunidad en que había perforado ese nivel había sido en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde esa época, la Argentina no realiza emisiones de deuda en los mercados internacionales de crédito.

“Moody’s subió la nota de la deuda argentina de CAA1 a B3. Es el equivalente a la nota B- de Fitch y de Standard & Poor’s, a la cual habían subido hacia mayo y junio pasado. De esta manera, Moody’s se pone en línea con las otras dos grandes calificadoras. A diferencia de esas dos, sin embargo, el panorama que le asignó Moody’s a Argentina es positivo, mientras que las otras dos quedaron en estable”, evaluó el equipo de Research de Puente.

En particular, Moody’s dijo que las posibilidades de default habían caído sustancialmente, y que la suba de la nota refleja la estabilización macroeconómica que está llevando a cabo el Gobierno y la mejora en el frente externo.

“Por otra parte, la perspectiva estable abre la posibilidad a que las reformas estructurales que están llevándose a cabo en el marco de esta estabilización macroeconómica puedan llevar a una nueva suba de la calificación en el futuro”, añadieron desde Puente.

“Esto probablemente traiga más inversiones para el país y abarate bastante el costo del financiamiento, tanto al Gobierno como a las empresas, los bancos, al sector público e incluso a los individuos, en un segundo plano”, confió Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s Ratings, en diálogo con Infobae en Vivo.

Para Tobías Sanchez, portfolio manager de Cocos, “la suba de Moody’s no sorprende, el mercado la venía anticipando y en buena parte ya estaba descontada. Pero hay algo que sí marca un punto de inflexión, con este movimiento se completa el tres de tres, las tres grandes calificadoras nos subieron la nota en lo que va del año. Fitch y S&P ya lo habían hecho entre mayo y junio, y ahora Moody’s se suma en el mismo nivel que las otras dos. Cuando las tres apuntan en la misma dirección, la señal deja de ser un dato aislado y pasa a ser tendencia. Lo relevante no es la letra en sí, sino lo que confirma, que la Argentina dejó de ser el país al borde del default y empieza a mostrar una mejora con bases más sólidas”.

“El ancla sigue siendo el orden fiscal, pero el verdadero cambio está en el frente externo, que siempre fue nuestro talón de Aquiles y hoy juega a favor de la mano de la energía, la minería y la acumulación de reservas. La perspectiva positiva no es un detalle menor, deja la puerta abierta a nuevas mejoras. Dicho esto, hay que ser prudentes: seguimos en deuda de riesgo y todavía lejos del grado de inversión, y el examen decisivo va a ser político de acá a 2027. Para el inversor, lo concreto es que cada escalón que subimos amplía el universo de fondos que hasta ahora no podían posicionarse en la Argentina”, expresó Sanchez.

Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, consideró que “las tres principales variables que van a definir la trayectoria del riesgo país en el segundo semestre son el ritmo de acumulación de reservas, la capacidad del Tesoro de seguir ‘rolleando’ vencimientos en pesos sin inyectar liquidez excesiva, y la evolución del costo de financiamiento en dólares”.

“Sobre lo primero: el BCRA ya superó a mitad de año la meta anual de USD 10.000 millones de compras de divisas, pero el segundo semestre es estacionalmente más demandante, se termina la cosecha gruesa y se acumulan pagos de deuda. Lo que sostuvo la compresión del riesgo país de 600 puntos en enero a la zona de 400 de hoy en día fue precisamente esa dinámica de acumulación. Con un ritmo de compras moderado, como ya empezó a verse en junio, el riesgo país debería encontrar un piso más firme”, añadió Emilio Botto.

El presidente Donald Trump advirtió este miércoles que Estados Unidos bombardeará infraestructura civil iraní —como puentes y centrales eléctricas— cada vez que Teherán dispare contra buques en el estratégico estrecho de Ormuz, vital para el transporte mundial de petróleo.

“Cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA PLANTA DE ENERGÍA“, escribió en su red Truth Social.

La advertencia se da en medio de una escalada que ya lleva más de once noches consecutivas de bombardeos estadounidenses contra Irán, en el marco de una guerra que comenzó el 28 de febrero y que en las últimas semanas se convirtió, cada vez más, en una disputa por el control del estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transitaba una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo. Los ataques iraníes contra el transporte marítimo en esa vía fueron, precisamente, los que desencadenaron la última ronda de hostilidades, mientras los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, amenazan además a los petroleros sauditas en el mar Rojo.

Esa presión combinada llevó el precio del Brent a superar los $94 el barril, lo que volvió a tensionar el suministro energético global y elevó el costo de la nafta en Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para este otoño boreal. El propio Trump había manifestado el martes, desde el Salón Oval, pesimismo respecto de una posible salida diplomática, al asegurar que Washington no tenía “ningún interés en reunirse” con Teherán, y señaló que las fuerzas estadounidenses podrían atacar pronto una zona iraní cercana a uno de sus principales sitios de enriquecimiento de uranio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, había reforzado esa postura horas antes desde una cumbre regional en Filipinas, donde advirtió a otros países sobre el precedente que sentaría permitir que Irán controle una vía navegable internacional. “Si creamos un precedente en Oriente Medio en el que un Estado nación pueda decidir que va a controlar una vía navegable internacional, cobrar un peaje y, si no se lo pagas, volar tus barcos, habremos creado un precedente muy peligroso que se repetirá en otras partes del mundo”, señaló Rubio.

En respuesta a los últimos ataques iraníes contra el transporte marítimo, Estados Unidos ya había restablecido un bloqueo a los puertos del país persa, que obligó a dar media vuelta a petroleros dedicados al comercio de crudo iraní. Irán, por su parte, insiste en que sus ataques de represalia continuarán: la Guardia Revolucionaria paramilitar reiteró este miércoles que no cesará su respuesta, mientras medios estatales iraníes reportaron un nuevo ataque estadounidense contra la isla de Larak, en pleno estrecho de Ormuz.

En medio de esta escalada militar, persisten intentos diplomáticos paralelos: el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, había visitado días atrás Pakistán —uno de los mediadores clave del conflicto— en busca de reactivar el diálogo, aunque hasta el momento no está claro qué nuevo arreglo podría alcanzarse para poner fin a una guerra que, según reconoció el propio Teherán, se ha convertido en un conflicto “a gran escala”.

La diputada nacional por Santa Fe y presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, se mostró a favor de analizar una suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027, aunque dejó en claro que no acompaña su eliminación definitiva. Durante una entrevista, la ex vicegobernadora sostuvo que el sistema requiere una reforma, planteó que las primarias podrían ser optativas y reclamó que el Congreso no deje de discutir el proyecto de Ficha Limpia.

“Yo creo que el proyecto de ley que hoy tiene el Congreso es la derogación y yo no estoy de acuerdo con la derogación de la PASO”, afirmó. Luego agregó: “Las haría optativas. Es mi mirada. Las PASO no deben ser obligatorias para la gente, pero podría ser un sistema que se repiense en la Argentina”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Mica Mendelevich y Belén Escobar, la legisladora explicó que su principal preocupación es que la discusión sobre las PASO termine dejando de lado otras iniciativas incluidas dentro de la reforma política.

“A mí lo que me preocupa de que no tratemos la ley que está en el Senado y que se deje caer solo por una suspensión de las PASO es que en esa ley está Ficha Limpia y que nuevamente perderíamos una oportunidad de discutir en serio Ficha Limpia en la Argentina”, señaló.

La diputada recordó además que Santa Fe ya incorporó ese requisito en su legislación y defendió la necesidad de exigir mayores estándares a quienes buscan ocupar cargos públicos.

“Le pedimos antecedentes a cualquier persona para hacer cualquier cosa y tomar cualquier trabajo. Y no le pedimos nada a la política”, afirmó. También recordó que su propio proyecto incorporaba la prohibición para los deudores alimentarios. “¿Cómo no vamos a dar ese debate en la Argentina?”, planteó.

Durante la entrevista también se refirió al futuro del PRO y marcó diferencias con La Libertad Avanza. Si bien reconoció que comparte algunas decisiones del Gobierno, dejó en claro que no se considera parte del oficialismo.

“Yo no me siento parte de La Libertad Avanza. Siempre pienso que hay un camino que pudo ser correcto, que tomó Milei, pero tengo otras ideas sobre lo que haría con el país”, afirmó. Ante la consulta sobre si se considera opositora, respondió: “Me siento opositora en algunos temas y en otros acompaño, pero no soy parte del Gobierno, definitivamente”.

Scaglia defendió además la experiencia de Provincias Unidas y planteó que el PRO debería construir una alternativa junto con gobernadores y otros espacios políticos.

“Podemos entre muchos crearle una alternativa a la Argentina y no seguir pensando que la Argentina se tiene que debatir entre lo que tenemos y el kirchnerismo”, sostuvo. Ante la posibilidad de reeditar una coalición amplia, mencionó como ejemplo el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que reúne desde el Partido Socialista hasta el PRO.

“Reeditar algo que ya tuvo un poco la Argentina con una nueva mirada, más productiva, más federal, me parece interesante”, afirmó.

En materia económica, la legisladora diferenció la situación de los distintos sectores productivos. Señaló que la agroindustria y las empresas vinculadas a Vaca Muerta o la minería muestran mejores perspectivas, mientras que advirtió dificultades en parte de la industria manufacturera y del comercio.

“Hay una serie de industrias que están con muchas dificultades, están suspendiendo y no pudiendo vender”, afirmó. También describió un escenario complejo para la actividad comercial en Rosario. “Muchos negocios que daban a la calle están cerrando. Eso es bastante triste”, expresó.

Sobre el consumo, sostuvo que la situación cotidiana sigue siendo una preocupación para buena parte de la población.

“Cuando hablás con cualquier persona te dice: ‘Yo tengo dos trabajos y no llego con dos trabajos’. Creo que ese es el gran desafío que tiene el Gobierno nacional para adelante: cómo hacés que esto, que tiene un montón de resultados positivos desde lo macroeconómico, le llegue a la gente”, indicó.

Hacia el final de la entrevista, Scaglia también se refirió al convenio que este martes firmará el gobernador Maximiliano Pullaro con el Gobierno nacional para que Santa Fe asuma la administración de la Ruta Nacional A012, un corredor de 67 kilómetros que conecta la zona portuaria del Gran Rosario.

La diputada calificó el acuerdo como “una buena noticia” y explicó que la provincia ya tiene adjudicadas las obras para comenzar los trabajos apenas se concrete el traspaso. “Mañana mismo las máquinas están y empieza a arreglarse esa ruta”, afirmó. Además, sostuvo que la A012 “está detonada” y la definió como “la ruta más importante en términos logísticos” para la provincia por su conexión con los puertos y el complejo agroexportador.

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El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que “ya están los brotes verdes” para que la gente empiece a sentir las mejoras en el orden macro. Asimismo, se refirió a los fundamentos que harán que las elecciones no desestabilicen la economía.

Consultado sobre el uso de la expresión “brotes verdes”, utilizada años atrás durante el gobierno de Mauricio Macri, Daza respondió que había sido crítico de esa gestión. “Yo, personalmente, no apoyé la política económica del gobierno del presidente Macri. Hizo muchas cosas bien, pero yo fui crítico porque no estaba de acuerdo con la política fiscal”, afirmó en una entrevista con Radio Mitre.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno es consciente de las dificultades económicas que atraviesa la población. “Que la gente no llegue a fin de mes es una tragedia. Ser pobre es una tragedia, pero nosotros evitamos una catástrofe”, afirmó.

Sostuvo que el equilibrio macroeconómico alcanzado “va a generar y está generando las condiciones para que la gente lo empiece a sentir” y aseguró que “ya están los brotes verdes”. “Absolutamente somos conscientes que tenemos que mejorar las condiciones”, aseguró.

Según explicó, lo que busca transmitir es que “se están creando las bases, se están creando las empresitas, se están creando los empleos poco a poco, que todavía no se ven”. Para ilustrarlo dijo: “Los japoneses tienen un dicho muy importante: hace más ruido un árbol cayéndose que cien plantitas empezando a crecer”, afirmó.

Daza sostuvo que esos primeros signos ya comienzan a observarse en sectores como la energía, la minería y las exportaciones industriales. Y agregó que “los empleos van a venir, es cosa de tiempo”. Por último, sostuvo que la eliminación de trabas al empleo y de regulaciones permitirá aprovechar el potencial económico del país.

Daza sostuvo que desde la asunción del Gobierno el objetivo del equipo económico fue generar condiciones para mejorar el poder adquisitivo y el empleo. “Todo el esfuerzo ha sido concentrado en generar las condiciones para que los argentinos puedan llegar a fin de mes, que sus ingresos puedan crecer y que el trabajo pueda crecer”, señaló.

También aseguró que el programa económico se lleva adelante “sin populismo, sin trucos, sin trampas” y que las medidas adoptadas buscan crear más empleo y mejores salarios.

El funcionario afirmó además que el presidente Javier Milei fijó como prioridad que el proceso de ordenamiento fiscal no afectara a los sectores más vulnerables y destacó el trabajo conjunto entre el Ministerio de Capital Humano y Economía para focalizar la asistencia social.

La decisión de Moody’s

El viceministro de Economía se refirió a la mejora de la calificación de la deuda soberana argentina por parte de Moody’s: “Es muy positiva para la gente, para la población. Confirma que vamos en la dirección correcta, pero, más que eso, lo que implica es que se reduce el costo del crédito para la Argentina, para todos los argentinos, para la gente, para las empresas y para el Gobierno”, afirmó.

Según explicó, la baja del costo del financiamiento permitirá que numerosos proyectos de inversión que actualmente no pueden concretarse pasen a ser financiables. “Eso va a permitir ampliar la capacidad productiva de la Argentina y generar más empleo”, sostuvo.

Daza señaló que el objetivo del Gobierno es que el país alcance el grado de inversión en 2031, categoría que, según explicó, corresponde a los países considerados más seguros desde el punto de vista financiero. “Grado de inversión quiere decir que entraste en la categoría de los países más seguros del mundo. Dejaste de ser un país con riesgos de insolvencia”, indicó.

En ese sentido, afirmó que, de lograrse ese objetivo, el riesgo país podría reducirse entre 200 y 300 puntos básicos, lo que implicaría una disminución sustancial del costo del crédito para familias y empresas y consolidaría la estabilidad macroeconómica.

El funcionario destacó además el mensaje de las tres agencias calificadoras que mejoraron la nota de la deuda argentina y puso especial énfasis en la evaluación realizada por Moody’s.

“Yo diría que de las cosas más importantes que dijeron las tres agencias de rating que subieron la categoría argentina es que mencionaron que acá hay un cambio estructural, un cambio de dirección. Esto no es un ajuste cíclico temporal, sino que se consolida la base para que la Argentina, a diferencia del pasado”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que Moody’s consideró que el programa económico actual “es muy diferente a los anteriores que se trataron en Argentina, que tenían muchos parches de corto plazo”, y aseguró que el principal mensaje para los inversores es que “esta vez es diferente”.

Agregó que esa visión coincide con la del Fondo Monetario Internacional, otros organismos internacionales e instituciones que, según dijo, “no están atadas al ciclo político de corto plazo” y observan “un cambio estructural de dirección muy importante y muy positivo para la Argentina”.

Salarios, empleo y pobreza

En ese contexto, aseguró que la pobreza descendió desde niveles superiores al 50% hasta “números del veintitantos por ciento” y afirmó que el Gobierno continuará trabajando en esa dirección.

Al referirse a la situación económica, reconoció que los salarios, el empleo y la producción permanecieron estancados durante los últimos años.

“Si yo saco la foto desde 2010, los salarios en Argentina no crecen, están estancados y han venido bajando. El empleo en Argentina no crece y ha estado bajando. Si vemos la producción industrial, todos los indicadores han estado absolutamente estancados”, señaló.

Para Daza, el desafío consiste en romper con “estos 30 años que hicieron de Argentina uno de los países, lamentablemente, fracasados en crear las condiciones para su población”.

“No hay un país en este continente que tenga más riqueza natural que la que tiene Argentina. Se ha hecho todo lo imposible para que eso no se concrete, y lo que estamos haciendo es generar las condiciones”, afirmó. Como ejemplo, aseguró que ya existen “140.000 millones de dólares en solicitudes de inversión que van a venir a la Argentina”.

Elecciones de 2027

Consultado sobre el impacto que podrían tener las elecciones presidenciales de 2027, Daza rechazó que los procesos electorales sean, por sí mismos, una causa de crisis.

“Constantemente escucho en Argentina que todos dicen que las elecciones políticas están asociadas a crisis financieras, del tipo de cambio. Mi mensaje es el siguiente: las elecciones, en Argentina como en ninguna parte del mundo, generan crisis. Lo que genera crisis son los desequilibrios macro”, afirmó.

Según explicó, las crisis ocurridas en las últimas décadas fueron consecuencia de desequilibrios acumulados y los procesos electorales únicamente actuaron como detonantes.

“La elección la puede gatillar, la dispara. Pero, si no hay pólvora, no hay balas ahí, no va a pasar nada”, sostuvo.

En ese marco, afirmó que el Gobierno corrigió los desequilibrios macroeconómicos y que aspira a llegar a los próximos comicios “con una economía sumamente fuerte, blindada, sin desequilibrios, creciendo y con inflación a la baja”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhii Tykhyi, advirtió este martes que Rusia intenta “secuestrar” la central nuclear de Zaporizhzhia al buscar reconectarla a su propia red eléctrica, una maniobra que calificó de inédita en la historia de la energía atómica, y pidió a los países de América Latina y el Caribe que alcen la voz contra lo que describió como “chantaje nuclear” de Moscú, en el marco de una conferencia de prensa virtual con medios de la región, entre ellos Infobae.

Tykhyi confirmó además que la invitación al presidente argentino, Javier Milei, para visitar Ucrania sigue en pie, aunque no hay todavía una fecha concreta. “Cuando el presidente Milei encuentre el tiempo y la oportunidad de visitar Ucrania, estaremos encantados de recibirlo aquí”, dijo el vocero, quien remarcó que la invitación fue extendida personalmente por el presidente Volodímir Zelensky.

La central de Zaporizhzhia, “secuestrada”

Consultado por Infobae sobre la situación en la planta nuclear, la más grande de Europa y ocupada por fuerzas rusas desde 2022, Tykhyi dijo que los seis reactores permanecen en modo de apagado y que Kiev trabaja para evitar que Rusia intente reconectar la instalación a su propia red eléctrica. “Es el primer precedente en la historia de la humanidad en que una central nuclear de este tamaño ha sido ocupada por una fuerza militar y convertida en una base militar”, afirmó. Tykhyi fue más allá y calificó como un “secuestro” la maniobra rusa de intentar reconectar la planta a su propia red eléctrica: “Ningún procedimiento técnico, ningún protocolo técnico avala secuestrar así una central nuclear —algo que nadie en la historia de la humanidad ha hecho jamás—”, dijo.

El vocero acusó a Rusia de violar los siete pilares de seguridad nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al estacionar equipamiento militar en el predio y disparar desde allí hacia ciudades ucranianas al otro lado del río Dniéper. Pidió a los países latinoamericanos que utilicen su autoridad moral en la materia —invocando el Tratado de Tlatelolco, que consagra a la región como zona libre de armas nucleares— para presionar a Moscú. “Esto no va a llegarle a Moscú de la misma manera si viene de Estados Unidos o de Europa, pero créanme que sí lo va a escuchar si viene de su región”, sostuvo.

Sobre el rol de Rafael Grossi, director general del OIEA y candidato de Argentina a la Secretaría General de la ONU —consulta que también planteó Infobae—, Tykhyi evitó fijar una posición oficial de Kiev. “Es un debate muy acalorado. Dejemos que permanezca por ahora detrás de escena diplomática, y no voy a limitar el margen de maniobra diplomático de Ucrania en este punto”, respondió, en referencia a que la carrera por la sucesión de António Guterres incluye a otros tres postulantes latinoamericanos.

“La rendición no es una opción”

Sobre el estado del proceso negociador, Tykhyi reiteró que Ucrania propone desde el año pasado, como parte de la mediación estadounidense, congelar la línea de combate actual como paso previo a negociaciones más amplias, una oferta que —según dijo— Rusia rechaza desde hace un año y medio mientras exige la cesión de territorios que aún controla Kiev.

Afirmó que Zelensky está dispuesto a reunirse directamente con el presidente ruso, Vladímir Putin, en un país neutral, pero descartó que Moscú sea una sede seria para ese encuentro.

Respecto de Crimea, ocupada y anexada por Rusia en 2014, el portavoz fue categórico: “Crimea siempre ha sido, es y será territorio de Ucrania”, dijo, citando el respaldo de 143 países en la Asamblea General de la ONU a la integridad territorial ucraniana. Explicó que la campaña de ataques ucranianos sobre la península busca “hacer insostenible” la presencia militar rusa allí, aunque reconoció que una reconquista total del territorio ocupado requeriría fuerzas muy superiores a las actuales.

Consultado sobre cuánto tiempo más puede resistir Ucrania, Tykhyi fue tajante: “la rendición no es una opción”. Citó las atrocidades halladas en los territorios liberados en 2022 —ejecuciones de civiles, violaciones, cámaras de tortura— como la razón por la que, dijo, la guerra es “existencial” para su país. “Queremos que Rusia vuelva a sus fronteras y viva en su propio país, y nos deje vivir en paz en el nuestro. Nunca representamos una amenaza para Rusia”, afirmó, y agregó que la realidad en el campo de batalla cambió: “Ucrania no es la Ucrania que enfrentaron en 2022”, dijo, y agregó: “estamos devolviendo la guerra a donde empezó, de vuelta a Rusia”.

Bajas rusas y una estrategia basada en presión

Tykhyi ofreció además cifras sobre el desgaste del ejército ruso en el frente. Aseguró que, desde diciembre de 2025, Rusia pierde más de 30.000 soldados por mes entre muertos y heridos —una cifra que, dijo, llega a rondar los 40.000 en los peores meses— y que ese ritmo de bajas supera la capacidad rusa de reclutamiento, lo que explicaría la desaceleración de los avances de Moscú este año. Según el portavoz, Ucrania intercepta hoy más del 90% de los drones de combate y misiles de crucero rusos, aunque reconoció que los misiles balísticos siguen siendo “el mayor problema”: la intercepción no supera el 40%, lo que —dijo— motiva el impulso de Zelensky para crear una coalición antibalística internacional.

El vocero sostuvo también que, desde marzo, Ucrania realiza más ataques de largo alcance contra blancos militares dentro de Rusia —refinerías, fábricas de defensa, logística— que los que recibe, mientras acusó a Moscú de dirigir sus ataques mayormente contra población civil. Citó datos de la ONU que registran un aumento del 40% en víctimas civiles este año, con más de 2.000 muertos y heridos solo en junio, el nivel mensual más alto desde abril de 2022.

En cuanto a la estrategia para terminar la guerra, Tykhyi la resumió en dos frentes combinados: además de la propuesta diplomática de congelar la línea de combate actual como paso previo a negociaciones más amplias, una presión sostenida sobre Moscú a través de sanciones, el debilitamiento de su industria militar y ataques que encarezcan el costo de continuar la guerra. “Es una estrategia muy simple, y creo que todos pueden identificarse con ella”, dijo.

Desinformación y armas rusas al crimen organizado regional

El funcionario también denunció las campañas de desinformación rusa dirigidas a América Latina. Ante una consulta sobre versiones difundidas por Rusia que vinculan a Ucrania con carteles del narcotráfico mexicano, Tykhyi lo calificó de manipulación deliberada y dijo que México es “uno de los principales blancos” de la propaganda rusa en la región, mencionando en particular los intentos de expansión del canal estatal RT.

Rechazó de manera categórica cualquier desvío de armamento ucraniano hacia el crimen organizado —aseguró que existe un sistema de control en tres capas sobre cada pieza de equipamiento militar— y sostuvo, a la inversa, que hay evidencia de armas rusas llegando a bandas del crimen organizado en América Latina a través de África. “Te acusan de lo que ellos mismos hacen”, resumió.

Sobre si los países de la región actúan con independencia real frente a la guerra o evitan definiciones por cálculo político, el portavoz dijo respetar la tradición de neutralidad de América Latina, pero remarcó que Kiev no pide apoyo militar sino un respaldo más activo a principios como la Carta de la ONU y a causas humanitarias puntuales, como la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, que según cifras del gobierno ucraniano contabiliza más de 20.000 menores deportados forzosamente por Rusia. “No queremos ponerlos en la situación de tener que elegir entre Ucrania y Rusia. Entendemos que tienen sus propias tradiciones”, dijo, aunque añadió que espera “más compromiso” de la región.

Tykhyi también informó que Ucrania duplicó su presencia diplomática en América Latina y el Caribe en tres años, de seis a doce embajadas, con aperturas recientes en Panamá, República Dominicana y Ecuador, una prevista este año en Uruguay y otras dos planeadas para 2027 en Guatemala y Guyana.

Tensión política interna, sin quiebre democrático

Consultado sobre la salida de Mykhailo Fedorov del Ministerio de Defensa y sobre versiones que anticipaban un posible relevo del comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi (la salida terminó produciéndose unas horas más tarde, a última hora del martes n.d. E.), en medio de protestas en Kiev, Tykhyi enmarcó los hechos como una muestra de vitalidad democrática y no de crisis institucional. “Esto demuestra que Ucrania sigue siendo un país profundamente democrático pese a la guerra: cuando el gobierno toma decisiones que a la gente no le gustan, la gente protesta y expresa su oposición”, afirmó, y aseguró que Zelensky mantiene consultas activas tanto con Fedorov como con la cúpula militar. Remarcó que la innovación tecnológica y la reforma del ejército —dijo, “algunos enfoques están desactualizados y necesitan cambiar”— continuarán más allá de cualquier recambio de funcionarios, porque las considera una cuestión de supervivencia nacional. “No somos rusos: no escondemos nuestros problemas bajo la alfombra, los discutimos abiertamente, aunque a veces sea doloroso”, dijo.

Luego de la resolución del Gobierno de Santa Cruz de firmar este lunes un aumento a la Policía provincial, aún se mantienen focos de conflicto salarial acotado a El Calafate y algunas divisiones de Río Gallegos, mientras persiste un acampe de más de 45 días frente a la Gobernación.

Esta medida, impulsada por efectivos que rechazan el esquema fijado por decreto y denuncian ingresos por debajo de la línea de pobreza, se centra en el campamento frente a la sede gubernamental provincial que ya lleva 45 días bajo el rigor del frío que llega a sensaciones térmicas cercanas a los 20 grados bajo cero.

Según el comunicado difundido por el Gobierno de Santa Cruz, la suba fue establecida por la Resolución N.º 342/26 del Ministerio de Seguridad y ratificada por el Decreto Provincial N.º 0660/2026. El bloque oficialista afirmó que esa recomposición ubica a la fuerza entre las tres mejor remuneradas del país. Pero un grupo de policías, retirados, bomberos y personal del servicio penitenciario mantiene la medida de fuerza.

El aumento por decreto y la división de la protesta

El gobernador Claudio Vidal firmó un decreto que elevó el piso salarial a $1.700.000 para los ingresantes. Los manifestantes reclaman un básico de $2.200.000 y exigen que la mejora alcance también a retirados y pensionados.

Dicha recomposición salarial, según informa el decreto, se realizó “mediante la actualización del valor punto, la creación del adicional remunerativo y no bonificable denominado “Compensador” y del adicional no remunerativo y no bonificable “Cumplimiento Efectivo del Servicio”, destinada al personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Provinciales. Y el Gobierno agregó que esto “consolida una mejora sustancial del salario del personal y fortaleciendo su poder adquisitivo”.

Pero el decreto también introduce modificaciones en la estructura de los ingresos. Según el Gobierno provincial a partir de julio de 2026, se dejan sin efecto varios suplementos no remunerativos y no bonificables que habían sido creados por los decretos N° 1542/2022 y N° 0337/2023.

Entre los adicionales eliminados se encuentran los denominados “por función policial operativa”, “por función penitenciaria de alto riesgo” y “por función operativa en siniestro”. La misma medida alcanza a los suplementos “por función en investigaciones”, “por función técnica de apoyo” y “por función de alta dedicación operativa”.

Tras esa decisión, algunas localidades como Perito Moreno, Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado levantaron las medidas; en Puerto San Julián y Piedrabuena quedaron pocos manifestantes. Pero el foco más activo continúa en Río Gallegos y El Calafate.

El bloque oficialista sostuvo que el Ejecutivo agotó el diálogo con la fuerza y recordó que hubo 15 propuestas salariales rechazadas. En la misma línea, el ministro de Seguridad Pedro Pródromos aseguró que, en más de 30 días, se realizaron ocho reuniones de negociación.

La bancada vinculó la continuidad de la protesta a motivaciones políticas. En su comunicado afirmó: “Los intereses políticos no pueden estar por encima de la seguridad de los santacruceños”.

Hoy la protesta se desarrolla con guardias mínimas, a diferencia de otros acuartelamientos policiales. Los agentes cumplen sus turnos y luego van a las carpas instaladas frente a la Gobernación, donde dos efectivos llegaron a encadenarse a una entrada lateral del edificio.

Al conflicto salarial se sumó el temor a sanciones internas. Los manifestantes piden que no haya represalias, pero el Gobierno provincial rechazó una amnistía.

En el acampe también aparece como símbolo la imagen del subcomisario Gabriel Trujillo, quien a fines de junio fue atropellado por una persona en estado de ebriedad cuando iba a realizar horas adicionales en Cañadón Seco para complementar su sueldo. Tras el hecho en la Ruta Provincial 12, agonizó durante tres días y murió.

El oficialismo sumó las deudas de los municipios

En su comunicado, el bloque Por Santa Cruz incorporó otro eje a la discusión: las deudas de municipios con organismos provinciales. Indicó que Río Gallegos mantiene una deuda con la Caja de Previsión Social de $66.944.860.951,58 y con la Caja de Servicios Sociales de $41.979.176.336,63.

Para El Calafate, el bloque consignó una deuda de $322.761.262,12 con la Caja de Previsión Social y de $5.615.829.043,26 con la Caja de Servicios Sociales. Según la bancada, esas obligaciones crecen a un ritmo cercano a $3.600 millones mensuales.

Los legisladores sostuvieron que esos recursos son de los trabajadores santacruceños y que su incumplimiento afecta el financiamiento del sistema previsional y de salud. También afirmaron que, si los fondos fueran transferidos en tiempo y forma, la provincia tendría más herramientas para mejorar salarios e invertir en salud, educación, seguridad, viviendas y obra pública.