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Granja Tres Arroyos, la empresa que supo ser la mayor avícola de la Argentina, suspendió este fin de semana las operaciones de su planta ubicada en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, sin fecha de reanudación y sin comunicación previa al personal. Un comunicado interno al que accedió Infobae notificó que las tareas operativas quedan paralizadas “hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026”, con la instrucción de que el personal no concurra a prestar servicios salvo convocatoria expresa de un encargado o supervisor.

El documento atribuye la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”.

Según pudo saber este medio, las máquinas concesionadas —equipos alquilados a terceros— ya no están en el establecimiento. Fuentes con conocimiento de la realidad de la empresa comentaron que se retiraron zorras, equipos de armado de cajas y toda la maquinaria de empresas externas que operaba dentro de la planta. “No quedó nada”, describió esa misma fuente. A eso se suma otro dato que agrava el panorama: miembros del directorio también habrían vaciado sus oficinas y retirado sus pertenencias de los depósitos.

“Hoy la gente se desayunó con eso. Estamos sin suministro eléctrico por lo que no podemos trabajar”, señaló la fuente, en referencia a la notificación que recibieron los empleados ayer, al mismo tiempo que advirtió que los trabajadores temen que la empresa no afronte el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Una crisis que se acumula planta por planta

El cierre de Capitán Sarmiento es el último eslabón de una cadena de cierres, suspensiones y despidos que lleva meses desmantelando la estructura productiva de la mayor empresa avícola de la Argentina.

La debacle comenzó en diciembre de 2024, cuando Granja Tres Arroyos solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis, expediente que nunca se formalizó a nivel nacional pero que aceleró los recortes internos. Desde entonces, la compañía cerró su planta de Tristán Suárez —con 200 desvinculaciones sobre un plantel de 270—, anunció el cierre definitivo de la planta de Becar en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y trasladó a sus 270 trabajadores a la planta La China, ubicada a metros de distancia.

En julio de este año, tal como informó Infobae, la planta de Avex en Río Cuarto, Córdoba, detuvo su actividad bajo la definición oficial de “parada programada de dos semanas”. Esa fecha no se cumplió: a principios de agosto, el cierre se extendió por otros 15 días, convirtiendo lo que iba a ser una parada técnica en un mes completo de paralización que afectó a los 350 trabajadores del establecimiento.

El mapa de conflictos se amplió aún más en agosto. La planta Pinazo, en Pilar (Buenos Aires), suspendió a la totalidad de su personal. La planta Wade II —ex Cresta Roja—, en Esteban Echeverría, registró paralizaciones por conflictos salariales y bloqueos. La planta Wade I, en Ezeiza, opera con fuerte reducción de actividad. Y la planta La China, en Concepción del Uruguay, permanece cerrada desde fines de mayo.

Despidos, sueldos adeudados y deuda millonaria

A mediados de agosto, Infobae informó que la empresa desvinculó a 250 trabajadores de su planta industrial de Concepción del Uruguay, sobre un plantel total de 900 empleados. Los telegramas enviados invocaron “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad”. La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) repudió los despidos y cuestionó el accionar de la empresa frente a trabajadores que, según el gremio, acumulan el atraso de más de cinco quincenas de salarios.

Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores la reestructuración de una deuda de USD 350,9 millones, con la banca de inversión VALO como asesora del proceso. El plan contempla quitas de hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos para el grupo. A comienzos de año, dentro de ese mismo proceso de búsqueda de liquidez, la empresa vendió a ACA la planta de Avex en Río Cuarto bajo un esquema de venta con alquiler posterior, con opción de recompra dentro de cuatro años.

Granja Tres Arroyos es conducida por Joaquín De Grazia, hijo del fundador de la compañía, Gaspar De Grazia, un inmigrante italiano que comenzó a vender pollos por las calles de Buenos Aires junto a su hermano en la década de 1930. Desde 2022, el 34% del capital de la empresa pertenece a la estadounidense Tyson Foods. La compañía no respondió a los pedidos de consulta de Infobae.

Luis Caputo se reunirá con Scott Bessent durante la cumbre del G20 de Finanzas que comienza hoy en Asheville, una apacible ciudad de Carolina del Norte. El ministro de Economía defenderá el programa de ajuste que impulsa la gestión de Javier Milei.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos es un protagonista esencial en la relación privilegiada que tiene Javier Milei con Donald Trump, y la cita con el ministro de Economía tiene como finalidad ratificar los vínculos políticos e ideológicos que unen al gobierno libertario con la administración republicana.

De hecho, por instrucción directa de Trump, Bessent rescató el programa económico de Milei a pocos días de los comicios de octubre de 2025, y su rol ha sido clave cuando aparecieron ciertos cuestionamientos técnicos en el FMI.

Es muy probable que Caputo también se encuentre con Kristalina Georgieva —titular del Fondo Monetario Internacional— para analizar la actual situación de la Argentina.

El ministro de Economía y la directora gerente del FMI tienen una relación personal óptima, y hasta ahora la Argentina cumple con las metas de emisión monetaria, reservas públicas y superávit fiscal pactadas con el Fondo.

De todas maneras, los técnicos de Georgieva en Washington monitorean la recaudación, su impacto en el superávit fiscal, y la crisis social causada por los niveles de mora crediticia.

Julie Kozack, vocera del FMI, insiste en todas sus conferencias de prensa que la Casa Rosada debe responder a determinadas demandas sociales, y la mora crediticia encuadra en la perspectiva que exige el board del Fondo a la Argentina.

Kozack acompañará a Georgieva durante la cumbre del G20 en Carolina del Norte.

La administración Trump utilizará la cumbre de ministros de Finanzas del G20 para defender las sanciones impuestas a Irán, que están destinadas a forzar la apertura del estrecho de Ormuz y desmantelar su proyecto nuclear.

En este contexto, el principal objetivo geopolítico de Bessent será ratificar la decisión de Estados Unidos de asfixiar la economía del régimen chiíta, que en las sombras es apoyado por China, Turquía, Qatar, India y Pakistán.

La Secretaría del Tesoro diseñó una batería de sanciones comerciales y financieras que pretenden el colapso de la economía iraní, tras la decisión de Washington de suspender las operaciones militares en Medio Oriente. Parte de esas sanciones fueron adelantadas por Bessent en la previa del encuentro. “Esto será violencia financiera si tenemos que hacerlo”, expresó Bessent el domingo por la noche. “Les estamos demostrando a esas personas que sabemos quiénes son, que ellos saben quiénes son, y que esto tiene que parar”, agregó.

China es el principal aliado de Irán frente al conflicto que libra contra Estados Unidos, y Bessent ratificará en el G20 que la Casa Blanca no permitirá el apoyo clandestino de Beijing al régimen totalitario que controla la Guardia Revolucionaria.

El líder chino Xi Jinping siempre sostuvo al régimen chiíta, pese a las constantes sanciones de Estados Unidos y Europa, y es poco probable que cambie de opinión ante las sanciones dispuestas por Trump.

En este contexto, Luis Caputo será figura central en un panel sobre crecimiento global, donde defenderá los conceptos básicos del plan de ajuste y su proyección futura.

“Caputo va a disertar sobre las medidas implementadas en la Argentina para generar estabilidad macroeconómica como base para el crecimiento sostenido”, adelantaron a Infobae desde el Palacio de Hacienda.

Junto a Caputo se alinearán Santiago Bausili -presidente del Banco Central-, Jose Luis Daza -secretario de Política Económica- y Vladimir Werning, vicepresidente de la autoridad monetaria.

Además de la crisis global causada por la guerra constante contra Irán, en la cumbre del G20 se analizará la situación económica en Estados Unidos y su proyección internacional.

Tras la reactivación del recinto y la realización de una sesión que sirvió para mostrar, aunque sea, una sensación de escenario controlado, el oficialismo libertario intentará dictaminar esta semana uno de los proyectos que pide el Gobierno en el Senado, y que ya cuenta con la aprobación de Diputados: el Súper RIGI, que habla de inversiones por más USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”. Por estas horas, el texto enfrenta una fuerte pero silenciosa puja por potenciales cambios que gatillarían su regreso obligado, en segunda revisión, a la Cámara baja.

Es por este motivo que la bancada mileísta, que comanda Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), comenzó a analizar opciones vía reglamentación por la insistencia de una Casa Rosada que no quiere saber nada relacionado a una eventual demora. Los bloques aliados, por ahora, no se muestran muy cercanos a la idea de Balcarce 50. No obstante, como ocurrió con la fileteada ley de propiedad privada, esto vira según la jornada.

La sugerencia -que La Libertad Avanza desliza en conversaciones informales como algo que ocurrirá- tomó forma días atrás cuando el director institucional de SIDERSA, Pablo Cattoni, aseguró en el plenario de comisiones: “Una enmienda podría ser la introducción de requisitos adicionales que permitan el desarrollo productivo local. Por ejemplo, que todas las iniciativas incorporen un 20% de contenido nacional en bienes transables sin computar en el cupo a la obra civil, que naturalmente termina dándose en la Argentina”.

“Esta corrección no solo podría ser incluida reglamentariamente en el RIGI, sino que también se podría aprovechar en el debate parlamentario que nos convoca sobre la creación del llamado Súper RIGI. Si bien valoramos que se incorpore ese porcentaje de contratación local, creemos que habría que precisar ese concepto. Entendemos que sumar servicio y obra al compromiso puede diluir ese 20%, porque, como dijimos, de todas maneras, esto se da naturalmente con la mano de obra”, sumó el disertante.

Reforzó estos conceptos el presidente del Departamento PyMI de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Leal. “Lo que queremos destacar –como dijo el colega– es que este proyecto destina el 20% de la inversión a bienes, obras o servicios. Es obvio que la obra civil, el movimiento de tierra y demás, sí o sí se van a hacer en el país, no se pueden importar. Pero, en este contexto internacional, nuestra propuesta es que ese 20% se destine –y que así se aclare– exclusivamente para bienes producidos en el país”, enfatizó. En el oficialismo también mencionan un agregado sobre generaciones de redes eléctricas propias que no quedó muy claro.

La resolución de esto comenzará a visualizarse desde las 13, cuando las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía; y de Legislación General se junten para rubricar el despacho. La carta que prepararon las fuerzas libertarias es –Infobae lo adelantó el domingo 23 del corriente mes- el guiño que se le daría dos horas antes a la Unión Cívica Radical (UCR) para firmar, en otro plenario, una iniciativa de su jefe, Eduardo Vischi (Corrientes), y de senadoras como Mariana Juri (Mendoza) que impone un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas.

En tanto, por la tarde -17-, aliados ya no disimulan la ansiedad que genera la posibilidad de destrabar un dictamen relacionado con la regulación del mercado de carbono. Si bien no lo reconocieron vía declaraciones, desde al menos dos bancadas de peso no se mostraron entusiasmados con el texto que mastica un puñado de colegas. Como siempre, aparece la sospecha de algo pensado por el medio ambiente que termine, en el fondo, con un impacto en sectores estratégicos de la economía.

De lo que -por ahora- no hay novedades es sobre eventuales llamados a comisiones para empezar el debate de los proyectos aprobados por Diputados la semana pasada del Banco Central, la Inocencia Fiscal II y un acuerdo de patentes -de décadas atrás- con los Estados Unidos. Además, tampoco se asoma aún la trifulca por biocombustibles, que genera chispazos entre los azucareros -favorecidos- y el complejo maíz/soja.

Las exportaciones argentinas alcanzarían los USD 103.200 millones en 2026, según la proyección de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), incluida en su Monitor Comex de agosto. El dato supera en un 9,3% la última estimación que había difundido la consultora Abeceb, que en mayo proyectaba ventas al exterior por USD 94.400 millones para este año —ya entonces una cifra récord frente a los USD 88.446 millones exportados en 2022.

La nueva proyección del CERA se apoya en el desempeño exportador acumulado en el período enero-julio de 2026, que ya totaliza USD 58.365 millones, un 22,9% más que en igual periodo del año anterior y el valor más alto para un lapso enero-julio desde que comenzaron los registros. Solo en julio, las ventas externas sumaron USD 8.854 millones, un 14,1% por encima de julio de 2025 y el cuarto valor mensual más elevado de la historia.

Qué sectores aportarán al récord

El informe del CERA desagrega los motores detrás del crecimiento. Los 10 productos con mayor expansión interanual en enero-julio concentraron el 44% de las ventas externas, con USD 25.591 millones. El petróleo encabezó el podio con exportaciones por USD 5.722 millones en el período, una suba de 59% impulsada principalmente por el aumento de cantidades. De hecho, en los últimos dos meses, el crudo fue el principal producto de exportación argentina, por encima del maíz y la soja.

Le siguieron el oro (USD 3.211 millones, +44%, con el incremento de precios como factor dominante) y el carbonato de litio (USD 1.169 millones, +187%, con efecto precio y cantidad combinados).

Para reflejar el peso creciente de estos sectores, el CERA desagregó del cálculo tradicional del Indec las exportaciones de oro, litio y plata, y las agrupó bajo una categoría propia llamada “Minería”. Según ese esquema, el rubro acumuló USD 4.952 millones entre enero y julio, con un salto del 66% frente al mismo período de 2025. La Cámara de Empresas Mineras (CAEM) estima exportaciones por hasta USD 9000 millones para este año, un 50% más que lo que el sector envió al exterior el año pasado, impulsadas principalmente por precios internacionales al alza y la puesta en marcha de proyectos de litio en la Argentina.

El complejo agroindustrial, en tanto, mantiene su rol como principal aportante de dólares a las arcas del Estado: las manufacturas de origen agropecuario (MOA) sumaron USD 18.911 millones (+13%), mientras que los combustibles y energía (CyE) registraron USD 9.151 millones (+50%).

Tal como señaló el informe de Abeceb, el récord exportador en curso refleja una recomposición geográfica del mapa productivo nacional, con Neuquén, San Juan y Santa Cruz como provincias de creciente peso en el comercio exterior, impulsadas por Vaca Muerta, la minería metalífera y el litio. “Lo más importante es que este récord muestra una recomposición geográfica que refleja el cambio de matriz productiva y pone a nuevas provincias a jugar en el tablero del comercio global”, afirmó Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb en aquel entonces.

Más exportaciones mejoran la balanza comercial

Este mayor dinamismo exportador también se refleja en la balanza comercial. En julio, el saldo positivo fue de USD 2.115 millones —un 133% más que en julio de 2025— y en el acumulado enero-julio llegó a USD 16.080 millones, con un incremento del 338% interanual. Las importaciones, por su parte, cayeron un 3,5% en el período, hasta los USD 42.286 millones.

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones argentinas, Brasil se mantiene primero (USD 7.387 millones, 12,7% del total), seguido por Estados Unidos (USD 5.971 millones, 10,2%) y China (USD 5.589 millones, 9,6%). Del lado de las compras externas, China es el principal proveedor (USD 9.495 millones, 22,5% del total importado), seguida por Brasil (USD 9.136 millones, 21,6%). El mayor déficit bilateral corresponde a China, con un saldo negativo que casi duplica al del segundo proveedor. Le sigue Paraguay con USD 2.906 millones importados, en gran parte porotos de soja para procesamiento local.

En medio de la causa judicial por grooming y abuso sexual de menores en Córdoba, presentó la renuncia a su banca el legislador provincial Ernesto Ramón “Cañito” Flores. El motivo se dio a conocer este fin de semana tras la detención e imputación de uno de sus ex asesores, José Aníbal Ricardo Villarreal.

La decisión del funcionario se conoció apenas días después de que la Legislatura había aprobado una licencia de 180 días sin goce de sueldo. Al respecto, señaló que se retira para “preservar la tranquilidad, la dignidad personal y el respeto por las instituciones también implica saber cuándo dar un paso al costado”, y aclaró que “esta decisión no significa reconocer ninguna de las acusaciones que se han formulado en mi contra, sino todo lo contrario”. Agregó que se va “con la conciencia absolutamente tranquila” y que no tiene “nada que ocultar”.

En su carta de renuncia, el ahora exlegislador del bloque Hacemos Unidos por Córdoba apuntó a una “campaña de difamación y de descalificación personal” que, según planteó, respondería a intereses de sectores de la política local. “Quien formule una acusación deberá asumir la responsabilidad de sostenerla y demostrarla con pruebas, por las vías que correspondan y ante la Justicia”, insistió, según informó el portal El Doce.

La causa que derivó en su renuncia se originó el 1 de julio a partir de la denuncia de una madre por la desaparición de su hija de 14 años en Villa de María del Río Seco, en el norte de la provincia. La geolocalización del teléfono de la adolescente permitió encontrarla en Santiago del Estero, junto a otra menor de la misma edad, en una propiedad privada. A partir de ese hallazgo, la investigación viró hacia los delitos contra la integridad sexual de menores y quedó en manos de la fiscal Analía Cepede, de la Fiscalía Múltiple de Deán Funes.

Villarreal, que figuraba en la nómina oficial de mayo de 2026 como personal contratado vinculado a Flores, fue uno de los primeros detenidos y quedó alojado en el complejo penitenciario de Cruz del Eje. La fiscal Cepede amplió la acusación contra el exasesor tras incorporar nuevos hechos a la investigación, y su imputación pasó a ser por grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado.

La repercusión del caso cobró una dimensión adicional con el testimonio de una mujer que se identificó como la primera víctima del imputado. En su testimonio apuntó contra la familia de Villarreal; dijo que estuvo con ellos desde los dos años de edad y que pudo irse de ahí a los 16. “Me trataban mal, me pegaban con látigos, con alambre, me violaban y un montón de cosas me hacían”, declaró en diálogo con el Noticiero Doce. La mujer realizó la denuncia en 2021 con el impulso de su pareja y desde entonces transita el proceso judicial.

En cuanto al vínculo con su exasesor, Flores había reconocido que Villarreal realizaba tareas junto a él, aunque aclaró que pertenecía a la nómina del bloque y no a su equipo personal, y que sus funciones eran “territoriales”. Esto desembocó en la baja del funcionario.

La causa registra actualmente 16 detenidos y cuatro víctimas identificadas. Entre los imputados predominan remiseros y choferes de aplicaciones irregulares que operaban en Villa de María del Río Seco con distintos niveles de acusación. Algunos enfrentan cargos solo por grooming, mientras que otros también están acusados de abuso sexual con acceso carnal. La causa se divide en dos tramos jurisdiccionales: uno bajo la órbita de la justicia cordobesa y otro a cargo de las autoridades de Santiago del Estero.

La investigación continúa en etapa de instrucción, con pericias en curso sobre dispositivos, comunicaciones y testimonios, y la fiscalía no descarta nuevas detenciones ni la incorporación de más víctimas al expediente.