El Juzgado Federal Nº1 de Concepción del Uruguay procesó a cuatro exintegrantes del del Ejército argentino por distintos delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran privaciones ilegales de la libertad, vejaciones y torturas, ocurridos en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en julio 1977, durante la última dictadura cívico militar, en el marco del Plan Cóndor.
La medida fue dictada por la jueza Analía Ramponi, en línea con el pedido realizado por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, y alcanzó al teniente primero Jorge Enrique Echeverría (77), señalado como oficial de inteligencia; el capitán Horacio Alberto Goris (81); el teniente primero Juan Ignacio Aleman (78), oficial de inteligencia del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Concordia, durante 1977; y el sargento ayudante de caballería Miguel Ángel Galeano (75), en su carácter de auxiliar del oficial anteriormente mencionado. Además, a cada uno de ellos se les trabó un embargo de 30 millones de pesos.
La jueza les atribuyó a los imputados haber conformado una asociación ilícita constituida por un aparato estatal perfectamente organizado y ensamblado, destinado a borrar cualquier tipo de vestigio de lo que consideraban peligroso para la Seguridad Nacional y que terminó siendo responsable de un genocidio”.
Además, a Galeano, Aleman y Echeverría les endilgó los delitos de privación ilegal de la libertad, apremios físicos, vejaciones y torturas contra los ciudadanos uruguayos María Julia Suarez, Jesús Silverio Suárez Méndez, Eduardo Robatto Guerreiro y Luis Urrutia, ocurrida el 3 de julio de 1977. Asimismo, se les imputó el abuso sexual de la mencionada María Julia Suárez, y la privación ilegal de la libertad de los también uruguayos Brenda Levith, Luis Suárez y al hijo de ambos, Joaquín Suárez Levith, en julio de 1977.
Tres de los exmilitares imputados: el capitán Horacio Alberto Goris, el teniente primero Juan Ignacio Aleman y el sargento ayudante Miguel Ángel Galeano. Foto: Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay.
A los cuatro acusados también los procesó por la privación ilegal de la libertad, torturas y encubrimiento del homicidio del conscripto Jorge Emilio Papetti, que continúa desaparecido. Todas las imputaciones fueron en calidad de coautores.
La jueza consideró que los cuatro acusados estaban dotados de una “organización estructural”, en relación al esquema militar que funcionaba en aquel momento y que dividía al país en zonas, subzonas y áreas. A su vez, determinó que contaban con la colaboración de agentes de otras jurisdicciones para traslados o detenciones y, desde su misma conformación, habrían aceptado la comisión de diferentes delitos como necesaria para el logro de sus objetivos finales.
Ramponi explicó que “el aparato represivo de la jurisdicción Concordia” era dirigido por Naldo Miguel Dasso, entonces jefe del Regimiento de Tiradores Blindados 6 “Blandengues”, correspondiente al Área 225, dependiente de la Subzona 22 de la Zona de Defensa 2 del Segundo Cuerpo del Ejército, entre 1975 y fines de 1977.
En esa línea, indicó que las personas detenidas por personal del Ejército y las fuerzas de seguridad en Concordia y otras ciudades cercanas, “eran alojadas en centros clandestinos de detención, en la sede de la Jefatura Departamental de Concordia de Policía de Entre Ríos y en la Unidad Penal N°3 de la misma localidad, donde eran interrogadas y sometidas a diversos tormentos físicos y psicológicos y a abusos sexuales, en algunos casos”.
La magistrada destacó que los hechos investigados se dieron en el marco del denominado “Plan Cóndor” —la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur durante la década del ‘70—, llevado adelante en este caso por los gobiernos uruguayo y argentino durante la última dictadura militar y que, según sostuvo, “tenía como objetivo atacar movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales, entre otros supuestos enemigos de dichos gobiernos autoritarios, a través de grupos de tareas conformados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de los Estados mencionados”.
Privación ilegal de la libertad y torturas contra ciudadanos uruguayos
Según la resolución, Galeano, Alemán y Echeverría privaron ilegítimamente de la libertad a cuatro ciudadanos uruguayos el 3 de julio de 1977 y los trasladaron a la Jefatura Departamental Concordia, luego a dos centros clandestinos de detención no identificados y finalmente a la Unidad Penal N°3.
De acuerdo a lo reconstruido por la investigación, en cada uno de esos sitios, fueron interrogados bajo apremios físicos, vejaciones y métodos de tortura como los llamados “plantones”, “submarino seco”, “picana eléctrica” y “teléfono”. Allí los mantuvieron privados de su libertad por más de veinte días, con la finalidad de obtener información, para luego trasladarlos de forma ilegal y clandestina a la República Oriental del Uruguay, donde dos de ellos estuvieron detenidos hasta 1982 y una de las víctimas recuperó la libertad.
Asimismo, en el traslado de las víctimas desde la Jefatura Departamental Concordia hasta el primer lugar donde estuvieron privados de su libertad, también habrían abusado sexualmente de Suárez.
Suárez Méndez, por su parte, fue trasladado primero a la ciudad de Paraná, donde permaneció privado de su libertad por cinco días, para luego ser trasladado a un centro clandestino de detención, en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, desde donde pudo fugarse.
El caso del conscripto Papetti
Según la investigación, Papetti fue privado de su libertad el 15 de marzo de 1977 en la Guardia de Prevención del Regimiento de Tiradores Blindados 6 “Blandengues” de Concordia, donde cumplía el servicio militar obligatorio, presuntamente, por integrar la organización Montoneros y por participar de actividades “subversivas”, según la versión militar. En dicho lugar, junto a otras dos víctimas detenidas ilegalmente, habrían sido sometidos a apremios y torturas.
El 18 de marzo de ese mismo año, Papetti fue visto en muy malas condiciones físicas, con el pecho hundido, sangre en la boca, con dificultades para mantenerse erguido y con una tos permanente como consecuencia de los tormentos padecidos.
Al día siguiente, habría sido conducido, junto con las otras dos personas detenidas, a un lugar ubicado en el paraje conocido como “La Tortuga Alegre” próximo a Salto Grande, donde las torturas habrían continuado sobre todos los trasladados.
Entre el 19 y 20 de marzo, los tres habrían sido trasladado en el baúl de un automóvil a la ciudad de Paraná, donde fueron alojados en el Escuadrón de Comunicaciones Blindado 2.
Finalmente, según la investigación, el 21 de marzo, Papetti y otro de los detenidos fueron trasladados a la Unidad Familiar de la Unidad Penal N°1 de Paraná, donde fueron sometidos a nuevas sesiones de tortura y donde el conscripto murió a raíz de los tormentos padecidos.
El encubrimiento del homicidio
A los cuatro procesados también se les atribuye haber encubierto el homicidio de Papetti mediante el montaje de un simulacro de fuga sobre la ruta nacional 18, cerca del kilómetro 135, en jurisdicción de Concepción del Uruguay, el 22 de marzo de 1977.
Según la resolución, ese montaje consistió en labrar actuaciones administrativas y declaraciones falsas para simular un traslado durante el cual Papetti habría escapado, hecho que resultó imposible ya que, según fue probado en otra causa, para entonces ya había sido asesinado en Paraná.
Para completar el plan de ocultamiento de la privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio de Papetti en manos militares, se destruyeron los registros del Regimiento, como lo demuestra el acta de incineración de los libros de novedades de la guardia de prevención, confeccionadas entre 1976 y 1983.
