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La disputa por el uso del nombre de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados volvió a exponer la profunda crisis interna que atraviesa el partido. La controversia, sumada a la fragmentación de los bloques radicales y a un video viral en el que varios jóvenes no lograban identificar a Raúl Alfonsín, sirvió como disparador de un debate sobre la identidad y el presente de la fuerza durante Infobae a la Tarde, que culminó con una entrevista a Ricardo Alfonsín.

La conversación comenzó a partir de un contenido que circuló en redes sociales, donde distintos jóvenes confundían al expresidente con figuras como Guillermo Francella o Juan Domingo Perón. “Se lo mandé a un radical y me dijo: ‘Ya lo había visto y me quiero morir’. ¿Por qué? Porque confundieron a Raúl Alfonsín con Francella y con Perón”, relató Maia Jastreblansky. Si bien aclaró que el video no necesariamente refleja el nivel de conocimiento de toda la sociedad, consideró que expone una pérdida de referencia sobre la historia del radicalismo.

Ese diagnóstico derivó rápidamente en el conflicto político que hoy divide a la UCR. En Diputados conviven dos espacios surgidos del radicalismo: Democracia para Siempre, encabezado por Pablo Juliano y cercano a Martín Lousteau, y el bloque que conserva formalmente el nombre Unión Cívica Radical, alineado con gobernadores como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero. “Hoy lo que trasciende es el conflicto y se están peleando por el sello del partido, por la marca, por la UCR”, resumió Jastreblansky.

La tensión se profundizó luego de que un sector de los diputados radicales acompañara al Gobierno en votaciones sensibles, entre ellas la relacionada con el financiamiento universitario. Diego Iglesias recordó que la defensa de la universidad pública forma parte de la tradición histórica del partido y sostuvo que ese posicionamiento explica las críticas que recibieron esos legisladores.

El enfrentamiento también se trasladó al recinto. Durante una sesión, Pablo Juliano acusó al sector enfrentado de apropiarse de la identidad partidaria. “Qué gran ocurrencia afanarse el logo de la Unión Cívica Radical la misma semana que conocemos esa actitud de algunos que se hacen llamar dirigentes. No son dirigentes, son delincuentes. Tratémoslo como delincuentes”, afirmó. El conflicto derivó además en una presentación formal ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para reclamar que ese bloque deje de utilizar el nombre de la UCR por considerar que ya no representa los valores históricos del partido.

El debate también abordó el desafío que enfrentan las estructuras partidarias en una política cada vez más atravesada por liderazgos personales. Maia Jastreblansky destacó que la conducción nacional, encabezada por Leandro Chiarella, busca impulsar una renovación generacional apoyándose en la gestión de los intendentes radicales y en una mayor presencia de la militancia juvenil.

Sin embargo, Tomás Trapé planteó que el problema excede al radicalismo. “Me da la sensación de que lo que se rompió fueron los intermediarios. Hoy la identificación es con una persona, no con el partido”, señaló. En la misma línea, Paula Guardia Bourdin se preguntó cuál es hoy el sentido de pertenecer a una estructura partidaria cuando los votantes se identifican cada vez más con liderazgos individuales que con organizaciones políticas.

En ese contexto, Ricardo Alfonsín vinculó la crisis actual con un cambio de rumbo que, a su juicio, comenzó hace una década. “La Unión Cívica Radical, desde el año 2015, no ha hecho otra cosa que transgredir ese sistema de ideas y representar sectores que no son los que nosotros nacimos para representar. En pocas palabras, se corrió a la derecha”, afirmó.

Para el exdiputado e hijo del expresidente, la discusión por el sello partidario es apenas la consecuencia de una transformación mucho más profunda. “Esto no es la Unión Cívica Radical. Esta es una herramienta electoral que está defendiendo ideas que nada tienen que ver con la Unión Cívica Radical”, sostuvo, antes de remarcar que un partido político “es, además de una herramienta electoral, un conjunto de ideas, de principios y de valores que se traducen en programas de gobierno y determinan la representación social”.

Con ese diagnóstico, Alfonsín relativizó la posibilidad de una reconstrucción inmediata de la fuerza, aunque expresó su deseo de que exista un espacio que vuelva a defender esos principios. “Aspiro a que alguna institución, ojalá sea la misma, aunque esto me parece bastante difícil por lo menos en el corto plazo, pelee por este conjunto de valores”, dijo.

Sobre el final de la entrevista también se refirió a la intención del Gobierno de eliminar las PASO y sostuvo que la iniciativa responde a una lógica electoral. Según planteó, el oficialismo entiende que unas primarias abiertas favorecerían la articulación de la oposición, mientras que su eliminación aumentaría la fragmentación. “El Gobierno está muy preocupado por eliminar las PASO porque cree que si hay PASO va a perder las elecciones. Si no hay PASO, es posible que se fragmente la oposición”, concluyó.

Con la disputa por el sello todavía abierta, el debate dejó al descubierto una discusión que trasciende el nombre de un bloque legislativo: quién representa hoy al radicalismo y si la UCR conserva la identidad política que la convirtió en una de las fuerzas centrales de la democracia argentina.

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Casi el 30% de los argentinos opera en el mercado de capitales y, en los últimos años, los cedears, las obligaciones negociables y las cauciones encabezaron el crecimiento de la plaza financiera local, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sobresaliendo como el distrito con mayor porcentaje de inversores.

Así se desprende del último informe elaborado por BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos). Al cierre de mayo de 2026, el número de cuentas abiertas en Caja de Valores superó los 24,6 millones, lo que equivale al 55% de la población económicamente activa y a casi un tercio de la población total del país. El incremento registrado desde 2018 alcanza el 1.967%, cifra que ilustra el salto en la participación ciudadana dentro del sistema financiero formal, que incluye las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales.

El documento indica que más de 12,3 millones de personas poseen una cuenta comitente. En el último año, el promedio mensual de cuentas operativas llegó a 1.087.847, lo que representa que 1 de cada 21 personas económicamente activas opera en la bolsa cada mes. Desde 2024, la actividad inversora se aceleró: la cantidad de operaciones mensuales aumentó 90%, y el volumen promedio negociado por cuenta subió 82 por ciento. El flujo de operaciones entre 2024 y 2025 creció 116% y, en lo que va de 2026, ya se negoció casi la mitad de ese total.

Los instrumentos más elegidos

En términos de instrumentos, el reporte señala que los Cedear, certificados que representas acciones de empresas que cotizan en el exterior y permiten comprarlas y venderlas en la Bolsa de Argentina, y las cauciones, préstamos bursátiles de corto plazo, fueron los segmentos con mayor crecimiento en los últimos años. Entre 2018 y 2026, los Cedear aumentaron 12.328% y las cauciones 8.840 por ciento. Los títulos públicos y las obligaciones negociables también evidenciaron avances, con subas del 1.079% y 1.321%, respectivamente.

El estudio puntualiza que “el crecimiento más significativo de los Cedear se dio en 2019, con una suba de 369,3% respecto del año anterior”. Actualmente, más de un millón de personas mantienen posiciones en esta opción, siendo los instrumentos más operados aquellos vinculados a empresas como Vista, Mercado Libre, Microsoft, Nu Bank, Nvidia y Meta, además del que replica al S&P 500.

El ranking provincial

En cuanto a la distribución geográfica, el reporte muestra que la participación del interior del país crece año tras año. En mayo de 2026, el 47% de las cuentas comitentes correspondía al interior, frente al 41% de 2023. Las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza lideran el crecimiento fuera del área metropolitana. Córdoba, en particular, concentra el 20,3% de las cuentas en relación a su población económicamente activa, seguida por Santa Fe y Mendoza. “La federalización del mercado es uno de los procesos más notables del último trienio”, subrayaron desde BYMA.

El ranking de provincias por proporción de personas físicas inversoras lo encabeza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con el 24,2%, seguida por Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Fe y Catamarca. Córdoba destaca por registrar una cantidad de cuentas comitentes equivalente al 296% de su población económicamente activa, mientras que CABA alcanza el 258 por ciento.

El volumen diario promedio de negociación al cierre de mayo de 2026 llegó a USD 12.261 millones, lo que representa un aumento del 1.866% respecto a 2018. El informe subraya que entre 2024 y 2025 se dio el mayor salto, con un incremento del 158% en el volumen negociado.

El promedio diario de órdenes pasó de 7,6 millones en 2024 a 17,5 millones en 2026. Solo en mayo, el promedio diario de órdenes fue un 94,2% mayor que el mismo mes del año anterior y el sistema procesó picos de más de 25 millones de órdenes en una jornada.

En el financiamiento empresarial, las obligaciones negociables representaron el 46% de los fondos obtenidos por empresas en el mercado de capitales entre enero y junio de 2026. Para las pymes, los pagarés y los cheques de pago diferido fueron instrumentos clave, con participaciones del 24% y 21% respectivamente. “Estas herramientas son fundamentales para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas en todo el país”, sostiene BYMA.

Por otra parte, la participación femenina en el mercado de capitales también presentó avances. Al cierre de mayo de 2026, las mujeres representaban el 40% de la base total de inversores, con un incremento de 5 puntos porcentuales desde 2023. El análisis señala que “el porcentaje de nuevas cuentas abiertas por mujeres creció 42,8% en comparación con mayo de 2025”.

¿El mercado argentino es chico?

Durante la presentación del informe, el CEO de BYMA, Gonzalo Pascual Merlo, ponderó ante la prensa el crecimiento del mercado de capitales en los últimos años y rechazó, de manera enfática, las voces que describen al mercado argentino como “chico” o poco profundo, como alguna vez mencionó el ministro de Economía, Luis Caputo. En efecto, el titular de Hacienda impulsó la ley de Inocencia Fiscal y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dentro de la reforma laboral, para darle mayor dinamismo a los flujos financieros y económicos.

“Yo creo que el mensaje del ministro está mucho más orientado a que hay espacio de oportunidad para hacerlo crecer. Y estoy de acuerdo. Lo que le falta al mercado de capitales argentino son inversores de largo plazo consolidados”, planteó Merlo.

¿Qué falta para que eso ocurra? “Grandes pools de liquidez que puedan ir nutriendo más la construcción, sobre todo cuando querés que se dinamice ese mercado primario donde las empresas vienen a buscar financiamiento”, respondió.

Y agregó: “Desde esa perspectiva, el FAL será un gran valor sobre ese punto. Si en algún momento aparece una alternativa a lo que hoy es el FGS como gran jugador, también se van dando oportunidades para que esto redinamice. Pero decir que no hay mercado de capitales no es cierto”.

A modo ilustrativo, el titular de BYMA planteó que el interés inversor por los Bonares 2027 y 2028, que alcanzaron un nivel de emisión de USD 4.000 millones entre ambos, demuestra hasta qué punto el mercado da respuesta a este tipo de colocaciones.

Un campo de golf de 18 hoyos se extiende sobre una franja de terreno en Malkins Bank, a las afueras de Sandbach, en el condado de Cheshire, Reino Unido. Lo que pocos conocían es que bajo ese césped yacen miles de barriles con residuos químicos, procedentes de décadas de actividad industrial y vertidos indiscriminados. El lugar, que hoy se utiliza también como zona de juegos infantiles, fue clasificado oficialmente como contaminado por las autoridades locales.

De acuerdo con un informe publicado por el diario británico The Guardian, la contaminación de Malkins Bank se remonta al menos al siglo XIX, cuando la zona funcionaba como salina y, más tarde, como planta de productos químicos.

El campo de golf, propiedad del ayuntamiento desde 1980, se asienta sobre un antiguo vertedero que recibió desechos industriales, bidones con sustancias peligrosas y, según registros, incluso residuos radiactivos durante la segunda mitad del siglo XX.

La historia industrial y los vertidos

La zona cuenta con una larga tradición industrial. Desde mediados del siglo XIX, la extracción de salmuera y la producción de álcalis marcaron el paisaje y la economía local. Durante la Primera Guerra Mundial, el lugar habría producido nitrato de amonio para bombas y, luego, se empleó para el llenado de municiones. A partir de 1950, se utilizó como vertedero, y en la década de 1960 comenzaron los vertidos sin control, según documentos obtenidos por The Guardian.

Un registro de 1968 recogido por el medio detalla que, solo en marzo de ese año, se depositaron más de 1.000 toneladas de residuos, incluidos cal, desechos de curtiduría y bidones con sustancias no especificadas, provenientes de empresas como ICI, Shell y Purle Group. Esta última figura en informes por haber vertido bifenilos policlorados (PCB), compuestos cancerígenos de alta persistencia. Los vecinos recuerdan vertidos nocturnos y protestas por olores intensos.

“La compañía ICI venía a medianoche y se deshacía de todos los bidones de ácido”, relató Dave Parry, antiguo empleado local, en declaraciones recogidas por el portal de noticias británico.

Las autoridades cerraron el vertedero tras años de litigios, pero solo lograron recuperar una fracción mínima de los costes legales y de rehabilitación. Los informes oficiales describían el terreno como un “montón de miles de bidones que contienen diversas sustancias tóxicas mezcladas con lodo salino”. También se reportó la presencia de cianuro de sodio y existía preocupación por el riesgo de hundimientos debido a la red de cavernas de sal bajo el sitio.

Una anotación de archivo de 1984 incluso recoge la sospecha de vertidos radiactivos, aunque estudios posteriores concluyeron que no existía riesgo adicional para las personas.

La gestión oficial: campo de golf y riesgos ambientales

Tras la clausura del vertedero, el ayuntamiento rehabilitó el terreno durante cuatro años y, en 1980, inauguró el campo de golf. Según The Guardian, trabajadores del proyecto debían detenerse a lavarse los ojos por los vapores que desprendía el suelo. Durante tres décadas, se registraron malos olores y escapes de lixiviados que dañaban el césped. Análisis oficiales detectaron metales pesados, benceno y tolueno en niveles que habitualmente exigen limpieza, y en 2011 el consejo de Cheshire East declaró el lugar contaminado al comprobar que la polución se extendía por las aguas subterráneas.

El coste de una remediación integral ascendía a 1.300 millones de libras (aproximadamente USD 1.716), cifra considerada inviable por el ayuntamiento, que optó por mantener el uso recreativo al considerar bajo el riesgo para la salud humana. “El ayuntamiento ha llevado a cabo una investigación detallada y una gestión continua del antiguo vertedero de Malkins Bank, que ha funcionado como campo de golf durante varias décadas”, indicó un portavoz.

En 2022, lluvias intensas provocaron la salida de sustancias malolientes a la superficie, matando el césped y afectando árboles. Un informe de la empresa Obsidian Environmental responsabilizó a la falta de sellado y a un drenaje insuficiente. Desde entonces, el consejo tramita mejoras en el drenaje y mantiene la supervisión del lugar.

Reacciones vecinales y consecuencias actuales

La filtración de documentos pertenecientes a la exconcejala de la zona Vera Platt permitió a los residentes comprender la magnitud del problema. “Es una catástrofe anunciada”, sostuvo Graham Warner, vecino afectado, al constatar la presencia de polvo de óxido en su sótano y tuberías anaranjadas que desembocan en arroyos cercanos. “Es como una gran sopa química bajo el césped”, declaró Karen Mason, esposa de un exjugador local, en entrevista con The Guardian. Los documentos revelan que los residuos podrían permanecer tóxicos durante al menos 100 años.

El arrendatario del campo entre 2011 y 2025, Tony Minshall, afirmó que nunca fue informado oficialmente de la declaración de terreno contaminado. “No es apto para nadie, y mucho menos para jugar al golf”, lamentó. Tras las inundaciones de 2022 y la caída de clientes, su empresa entró en liquidación y el impacto personal fue severo.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra), existen cerca de 100 campos de golf sobre antiguos vertederos en Inglaterra y Gales. Para los residentes de Malkins Bank, la revelación de los documentos supone un recordatorio permanente de los riesgos ocultos bajo el césped y la responsabilidad pendiente de las autoridades y empresas implicadas. Actualmente, el campo continúa operativo y ofrece actividades infantiles como tirolesa y castillos inflables.

El canciller alemán Friedrich Merz presentó el jueves un paquete de 34 medidas de reforma para reactivar la mayor economía de Europa, que incluye recortes fiscales, cambios en el sistema de pensiones y un endurecimiento de las normas sobre bajas laborales.

La coalición gobernante —conservadores y socialdemócratas— acordó tras siete horas de negociaciones aliviar la carga tributaria de las clases bajas y medias. Para financiarlo, eleva el tipo impositivo máximo del 45% al 47% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 280.000 euros ($320.040 dólares), con una desgravación fiscal total de unos 10.000 millones de euros ($11.430 millones de dólares) anuales.

Una vez implementada en su totalidad en 2028, la reforma supondrá un ahorro de aproximadamente 600 euros ($686 dólares) anuales para una familia con dos padres trabajadores, dos hijos y una renta imponible conjunta de 60.000 euros ($68.580 dólares), de acuerdo con lo anunciado por sus líderes.

“Nos comprometemos a preservar nuestro Estado del bienestar y a aliviar la carga que pesa sobre los trabajadores y las empresas mediante la reducción de los impuestos”, declaró Merz ante la prensa en el jardín de la Cancillería en Berlín. “Queremos volver a encarrilar a Alemania, y ahora está claro que es posible”.

El paquete contempla el retraso gradual de la edad de jubilación, actualmente fijada entre los 65 y 67 años, en línea con la evolución de la esperanza de vida. La medida sigue las recomendaciones de un panel de expertos designado por el propio gobierno el mes pasado, con el objetivo de evitar una caída en el nivel de las prestaciones y frenar el alza de las cotizaciones laborales.

En materia laboral, las nuevas normas eliminarán la baja por enfermedad solicitada por teléfono y exigirán un certificado médico presencial desde el primer día de ausencia. Hasta ahora, los trabajadores podían ausentarse hasta tres días sin ver a un médico o conseguir un justificante semanal con una simple llamada. Merz ha argumentado que el alto índice de absentismo frena la productividad del país.

La iniciativa también prevé simplificar los trámites burocráticos, reducir los estándares de protección de datos al mínimo europeo, agilizar la declaración de la renta y reducir la plantilla de los ministerios federales en un 8% mediante digitalización.

La economía alemana acumuló dos años consecutivos de contracción antes de retomar un modesto crecimiento en 2025. Para este año, el gobierno prevé una expansión de apenas el 0,5%, afectada por las consecuencias de la guerra en Irán y por problemas estructurales como los altos costos de producción, la escasa inversión privada y el envejecimiento de la población.

A eso se suman el avance de las empresas chinas, el encarecimiento de la energía tras la invasión rusa de Ucrania y los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump. El canciller lleva más de un año en el poder con la promesa de reformar el país, pero la coalición acumuló un desgaste considerable por la percepción de que priorizó las disputas internas sobre los resultados.

Las organizaciones patronales celebraron las medidas, mientras que los sindicatos IG Metall y Verdi —los más grandes del país— denunciaron un recorte de los derechos de los trabajadores y acusaron a las autoridades de promover una “cultura de desconfianza” hacia los empleados.

Alice Weidel, colíder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), las calificó en X como “concesiones mínimas que no merecen llamarse reformas”. Para Marcel Fratzscher, presidente del instituto económico DIW, “no se trata de un gran avance, sino más bien de un paquete simbólico”, declaró al diario Rheinische Post.

(Con información de AP, AFP y Reuters)

El dólar mayorista negoció estable este jueves, con un monto en el segmento de contado que alcanzó los USD 558 millones, en un buen nivel, aunque unos USD 260 millones por debajo del volumen diario registrado entre el lunes y el miércoles de esta semana, en máximos del año. Gustavo Quintana, operado de PR Corredores de Cambio, advirtió que el “feriado de mañana en los EEUU anticipa cierto impacto en el nivel de actividad local”, lo que explicaría esta merma.

El dólar mayorista cedió un peso, a $1.488, tras haber anotado en la sesión anterior el precio más alto desde el 24 de octubre del año pasado ($1.492, récord nominal). El tipo de cambio oficial interrumpió así una serie de tres alzas consecutivas con volumen de negocios por encima de los USD 800 millones en el spot.

El BCRA fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.809,35, cifra que dejó al dólar mayorista aún a 321,35 pesos o 21,6% de ese umbral para la intervención.

En el mercado de dólar futuro se negoció el equivalente en pesos a más de USD 1.400 millones, un importante volumen que refleja a la vez la participación del BCRA con venta de contratos para fijar la expectativa de precios, puntualmente en las posiciones de vencimiento más próximo, pues las posturas para el cierre de julio se movieron apenas un peso o 0,1%, a 1.508 pesos.

El interés abierto superó los USD 3.500 millones, pero aún deja un margen muy amplio para una eventual intervención del BCRA en esta plaza, cuyo límite se estableció en el equivalente a USD 9.000 millones -pues las operaciones de dólar futuro se pactan en pesos-.

En las últimas ruedas también había destacado el volumen operado en instrumentos dólar linked, lo que sugeriría ventas oficiales también en esta plaza, con muy relevantes montos de USD 1.137 millones el 25 de junio, USD 408 millones el 29, y USD 512 millones el 1 de julio.

“Dentro de una operatoria más elevada en las últimas ruedas, principalmente a partir de una mayor demanda privada, el dólar mayorista extiende el gradual deslizamiento, y así es que ahora testea los $1.490. Más allá del reacomodamiento reciente, incluso con algunos cierres de apuestas al carry, es de destacar que dicho proceso se viene dando con orden y sin alterar demasiado las expectativas, ya que era anticipado hacia el segundo semestre”, afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“El tipo de cambio oficial inició julio al alza, mientras los financieros cedieron y el BCRA moderó sus compras”, señalaron desde Cohen Aliados Financieros.

El dólar al público estuvo negociado sin variantes, a $1.510 para la venta en el Banco Nación, al igual que el dólar blue, que quedó estable a 1.525 pesos.

Se esperan más divisas del agro

Los analistas de Rava Bursátil aportaron que “el sector agroexportador liquidó USD 3.007 millones en junio, con un acumulado semestral de USD 13.378 millones. Esta cifra representa una baja del 13% frente al primer semestre del año anterior, aunque se deben considerar los incentivos para liquidación anticipada durante 2025. De cara a la segunda parte del año, la menor oferta estacional de divisas influye en el alza del dólar oficial y los tipos de cambio financieros”.

“El ingreso de estas divisas resultó clave para estabilizar el dólar oficial y permitir la acumulación de reservas en el Banco Central. Sin embargo, el mercado ya anticipa el fin de la temporada alta de la cosecha gruesa, factor estacional que presionó al alza a los tipos de cambio financieros en las últimas semanas. Hacia adelante, las perspectivas son optimistas debido a que la campaña 2025/26 proyecta un volumen de 149 millones de toneladas entre trigo, maíz y soja, superando ampliamente las 119 millones del ciclo previo”, refirió Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Según datos publicados por la Secretaría de Agricultura, las ventas totales de soja alcanzaban 20,4 millones de toneladas al 24 de junio, de las cuales 12,6 millones correspondían a ventas con precio fijado y 7,8 millones permanecían pendientes de fijación de precio. Utilizando la estimación de producción de 51,5 millones de toneladas de la Bolsa de Comercio de Rosario, las ventas totales representaban el 39,6% de la producción esperada al 24 de junio, frente a un promedio de 47,5% para el mismo momento de la campaña en los últimos seis años.

“Si bien las ventas pendientes de fijación de precio se encuentran en línea con el promedio histórico, las ventas con precio fijado representan apenas el 24,5% de la producción esperada, más de siete puntos porcentuales por debajo del promedio de los últimos seis años (30,7%)”, precisaron los expertos de Max Capital.

“Esto sugiere que las ventas de los productores continúan relativamente demoradas, lo que probablemente explique parte de la dinámica cambiaria observada en las últimas semanas. Como señalamos en nuestro último informe, Estrategia Argentina: Detrás de un Peso más débil, esperamos que estos ingresos de divisas finalmente se materialicen dada la fuerte cosecha, aunque los productores no parecen tener apuro por vender. Por lo tanto, el momento sigue siendo incierto, ya que podrían esperar un tipo de cambio más favorable o mayores precios internacionales antes de fijar precios”, añadieron desde Max Capital.

“En un contexto de mayor apertura comercial y competitividad todavía limitada, una proporción creciente de la demanda parece canalizarse hacia bienes y servicios producidos en el exterior. El desempeño de los sectores dinámicos (agro, minería-hidrocarburos, intermediación financiera), aunque importante, no alcanza para compensar la situación de los sectores rezagados, y configura un escenario de bajo crecimiento”, explicó Marcos Cohen Arazi, responsable de la sección Productiva del IERAL de la Fundación Mediterránea.

El artículo es claro. Explícito. Inapelable. “Las organizaciones y personas fuera del territorio de la República Popular China que lleven a cabo actos dirigidos a sabotear la unidad y el progreso étnico o a provocar la división étnica de la República Popular China serán legalmente responsables de acuerdo con la ley“. El largo brazo represor del régimen de Beijing llega hasta la esquina de cualquier ciudad, en el país que sea. Desde Japón hasta Chile. Pasando por Kenia y España.

Se trata de la “Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico” de la República Popular China, aprobada el 12 de marzo de 2026 y vigente desde el 1 de julio de 2026. Es la culminación de un proyecto que se estuvo gestando durante más de una década, desde la Conferencia Central de Trabajo Étnico de 2014.

Sus 64 artículos están divididos en seis capítulos: “Disposiciones generales”; “Construcción de un hogar espiritual compartido”; “Fomento de los intercambios y la integración”; “Promoción de la prosperidad y el desarrollo comunes”; “Salvaguardias y supervisión” y “Responsabilidad legal”.

La ley no sólo proclama principios que podría barrer con etnias milenarias, sino que obliga a un número importantes de actores de la sociedad civil a hacerla cumplir: ciudadanos; funcionarios; docentes; universidades; medios de comunicación; empresas; organizaciones civiles; plataformas de internet; organizaciones religiosas y gobiernos locales. Casi toda la estructura social es responsable del objetivo de fortalecer el (vaguísimo) concepto de “conciencia de comunidad de la nación china“, articulación que la norma no especifica de qué se trata ampliando la discrecionalidad del ente regulador: el Partido Comunista Chino (PCC).

A lo largo del texto pueden leerse conceptos y expresiones abstractas como son hablar de “fortalecimiento de la conciencia de comunidad nacional” o de una “construcción de una patria espiritual común“. Está claro que el PCC determina qué es “la patria espiritual” o “la conciencia nacional” -conceptos que retrotraen a los años 30 y 40 del siglo pasado en Italia y Alemania– pero no están descritos con detalle por lo que su ejecución quedará a criterio de un burócrata del partido dentro de China. ¿Qué acciones “dañan la unidad étnica” (artículo 58) en un país compuesto por más de 50 etnias?

La ley de “la Unidad y el Progreso” -además de ser obligatoria para los chinos fuera de China- se mete dentro de los núcleos familiares: “Los padres u otros tutores de menores deberán cumplir con sus responsabilidades de educación familiar conforme a la ley, educar y guiar a los menores para que amen al Partido Comunista de China, a la patria, al pueblo y a la nación china, y establecer el concepto de la nación china como una sola familia. No deberán inculcar en los menores ideas que sean perjudiciales para la unidad y el progreso nacionales”. Un ciudadano chino -y su familia- que viva en Barcelona o en Quito deberá amar al PCC. Caso contrario, el brazo legal del régimen podrá perseguirlo a miles de kilómetros de Beijing.

Además de ingresar a la mesa familiar, la ley del régimen también se adentra en el funcionamiento de medios y de internet, que quedan reducidas a herramientas de control de contenidos: “Los operadores de red deben reforzar la gestión de la información publicada por sus usuarios. Si detectan información que atenta contra la unidad y el progreso nacionales deben interrumpir inmediatamente su transmisión, tomar medidas como su eliminación para evitar su difusión, conservar los registros pertinentes e informar a las autoridades competentes”. ¿Es por eso que las embajadas chinas desparramadas por el mundo pasan horas monitoreando y redactando quejas a las redacciones en países donde hay libertad de expresión?

También los medios tienen que ser un canal para la identidad nacional: “El Estado apoya el uso de tecnologías modernas como Internet, macrodatos e inteligencia artificial para realizar actividades de intercambio, y alienta y guía a los proveedores de productos y servicios de red a crear y difundir obras e información que encarnen la gran unidad de la nación china, con el fin de crear un entorno de red armonioso que propicie el fortalecimiento del sentido de comunidad entre los ciudadanos chinos“. Si un ciudadano chino trabaja en un medio en Ciudad de México que cuestiona a Xi Jinping, ¿podría ser sujeto de sanciones legales?

Otro párrafo es llamativo por la intransigencia ante la crítica o el señalamiento: “La causa de la unidad y el progreso nacionales no debe ser obstaculizada por fuerzas externas. Nos oponemos firmemente a todo acto de difamación, calumnia, contención, represión, infiltración y debilitamiento de la República Popular China bajo el pretexto de etnia, religión o derechos humanos“.

Cualquier denuncia de violación a los derechos humanos podría ser considerada una violación a esta ley. Así, las minorías que se consideren oprimidas -como los uigures en la región de Xinjiang– y denunciaran sometimientos desde el gobierno central o local podrían ser denunciados como “terroristas“, como dice el Artículo 62: ”Quien organice, planifique o lleve a cabo actividades terroristas violentas, actividades separatistas étnicas o actividades extremistas religiosas, y cuyos actos constituyan un delito, será penalmente responsable de conformidad con la ley. Toda persona que incite o financie los actos descritos en el párrafo anterior y cuyas acciones constituyan un delito será penalmente responsable de conformidad con la ley“.

Condena internacional y más alarmas

El pasado 29 de abril pasado, el Parlamento Europeo encendió las alarmas. Esa entidad legislativa continental expresó su “profunda preocupación por la aprobación de la Ley de promoción de la unidad y el progreso étnicos, que fomenta abiertamente las políticas de asimilación y restringe las libertades culturales, religiosas y lingüísticas de diversos grupos dentro y fuera de China”. En la resolución, los eurodiputados condenaron “enérgicamente las políticas represivas de asimilación de China y las consiguientes violaciones de los derechos humanos universales, particularmente en el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior”.

Además, la cámara europea instó a las autoridades chinas a “derogar esta ley, cumpliendo así sus obligaciones en virtud del Derecho internacional relativas a la no discriminación y la protección y promoción de las minorías religiosas y étnicas”. El texto aprobado subraya también la preocupación por las disposiciones extraterritoriales, señalando que “constituyen represión transnacional” y llamó a los Estados miembros de la Unión a “suspender los tratados de extradición con China para proteger a las personas perseguidas que residen en la Unión frente a los riesgos de represión transnacional en virtud de esta ley”.

Hace apenas semanas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk mostró su preocupación sobre la polémica ley que podría acallar a las demás minorías que no encuadren con lo que dicta el PCC. Türk advirtió que la legislación podría profundizar las restricciones existentes sobre las comunidades minoritarias. “Estoy muy preocupado por las políticas antiterroristas y de asimilación de China, especialmente en la medida en que afectan a las minorías en las regiones de Xinjiang, Mongolia Interior y Tíbet”, señaló.

De acuerdo al funcionario de las Naciones Unidas, la ley corre el riesgo de limitar aún más las libertades relacionadas con el idioma, la educación, la práctica religiosa, la expresión cultural, la libertad de expresión y la reunión pacífica. Türk instó a las autoridades chinas a derogar la legislación y poner fin a las políticas que socavan los derechos de las minorías étnicas.

Por su parte, Kyinzom Dhongdue, Gerente de Estrategia e Incidencia en Amnistía Internacional Australia, señaló en un artículo publicado el 30 de junio: “Quizás el aspecto más inquietante de la ley es su enfoque en los niños. El artículo 15 refuerza el mandarín como idioma principal de instrucción en las escuelas e instituciones educativas, desplazando al tibetano. El idioma lleva nuestra historia, memoria, linaje espiritual e identidad. Es la forma en que los niños heredan las historias, valores y tradiciones que los conectan con sus familias y comunidades”. Pero no sólo afecta a esa etnia, sino también a las restantes 55 que son reconocidas por el régimen.

Dhongdue continuó: “En todo el Tíbet, cientos de miles de niños asisten ahora a internados estatales chinos, pasando gran parte del año separados de sus familias y sin poder hablar su propio idioma. Se cuentan historias de estos niños que regresan a casa durante las vacaciones escolares solo para comportarse como extraños ante sus familiares y haber perdido la capacidad de comunicarse con sus abuelos“.

El gobierno de Taipei también alzó la voz contra la ley que entró en vigor hace apenas horas. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que “China intenta ejercer jurisdicción extraterritorial y represión transnacional, ampliando así sus amenazas e intimidaciones contra el pueblo de Taiwán y de otros países, al tiempo que infringe gravemente la soberanía de todas las naciones y viola los derechos humanos internacionales“.

De acuerdo a las autoridades taiwanesas, la ley “otorga explícitamente jurisdicción sobre organizaciones e individuos fuera de China” y actúa como “pretexto legal” para que el régimen de Xi Jinping “expanda su jurisdicción extraterritorial y la represión transnacional“. Eso, de acuerdo al gobierno de Lai Ching-te representa “una amenaza significativa para la libertad, la democracia y los derechos humanos a nivel global. En el futuro, individuos en todo el mundo cuyas palabras o acciones sean consideradas inaceptables por China podrían ser objeto de represalias o enjuiciamiento bajo esta ley. La comunidad internacional debe unirse para condenar los repetidos intentos de China de promover el expansionismo autoritario a través de la legislación interna”.

Pero más allá de estas advertencias internacionales, existe un llamado de atención claro: la inclinación del régimen conducido por Xi Jinping a teñir de ideología nacionalista -y personalista- una cultura multiétnica que debería trascender más allá del partido único que rige desde 1949 la vida del pueblo chino. Y que pretende hacer más allá de sus fronteras geográficas.

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