Activistas de Camioneros le impiden el acceso a la empresa Razzini a un cliente que quería retirar mercadería
01 Nov, 2026 12:16 a. m. EST
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Luego del polémico fallo judicial en San Nicolás que absolvió a un dirigente del Sindicato de Camioneros y otros seis imputados, este lunes comenzará en Rosario un juicio clave contra cuatro de los responsables del bloqueo que sufrió la empresa Razzini durante 90 días en 2020 y que dio lugar a una causa judicial que se congeló durante años y que estuvo a puntode prescribir.
La diputada libertaria Verónica Razzini será la primera testigo en las audiencias que se extenderán hasta el jueves, presididas por el tribunal integrado por Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, donde se juzgará a los acusados por el delito de desbaratamiento de empresa (penado con prisión de dos a seis años), que pertenecen al Sindicato de Camioneros de Santa Fe.
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A partir del inicio del bloqueo, el 8 de junio de 2020, Razzini, una de las dueñas junto a sus hermanos de la empresa de distribución de materiales de construcción fundada por su abuelo en Rosario hace 60 años, vivió toda una pesadilla: la amenazaban todos los días, la escupían y la insultaban, la intimidaron con armas de fuego, le dijeron que iban a ir a la casa de su padre -con problemas de salud- para provocarle un infarto, se mudó para evitar agresiones, le advirtieron que sabían adónde estaban sus hijos y tuvo que contratar a efectivos de Infantería para resguardar a sus empleados.
El origen del conflicto fue la exigencia de Camioneros de Santa Fe de que 18 de sus 100 empleados se afiliaran al sindicato, aunque la actividad de la empresa no tenía nada que ver con el transporte de cargas y el encuadramiento, según la normativa vigente, les correspondía al Sindicato de Comercio y a la UOCRA.
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Los Razzini presentaron una denuncia judicial por el bloqueo y lograron que la Justicia detuviera e imputara a 10 empleados y 3 delegados sindicales que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos, aunque los problemas no terminaron: en julio de 2022, la fachada de la empresa recibió 3 disparos y dejaron en la puerta un mensaje intimidatorio (”Retirá la denuncia porque no abrí (sic) nunca más. Att. Camioneros”).
Pese al impulso inicial, la causa por el bloqueo quedó trabada en la Justicia durante años y estaba cerca de prescribir hasta que hace poco, por iniciativa de un nuevo fiscal, Germán Mazzoni, pudo reactivarse y llegar finalmente al juicio oral que comenzará este lunes.
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Luego de la protesta de 2020, Razzini creó junto con la abogada Florencia Arietto el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), que presidió y desde donde ayudaron a pymes de todo el país que eran víctimas de las medidas sindicales extorsivas, hasta que la empresaria ganó su banca legislativa por el PRO en diciembre de 2023 y hace un año se pasó a La Libertad Avanza.
Su impulso fue decisivo para que en la Ley Bases se calificaran los bloqueos como grave injuria laboral, algo que permite despedir con causa a quienes participan de esas acciones. Y también fue responsable de que en la Ley de Modernización Laboral se contemplara un artículo que responsabiliza de manera directa a los jefes de los sindicatos como organizadores de los bloqueos.
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Ahora, a pocas horas de que comience el juicio por el bloqueo a su empresa, Razzini confesó a Infobae que tener que revivir aquellos hechos será “durísimo”, pero remarcó: “Espero obtener justicia. Es lo único que quiero. Que la ley actúe como corresponde porque esto no es para mí. Es para los inversores, para la gente que quiere trabajar y que tiene ganas de sacar adelante sus empresas y seguir apostando al país”.
Integrantes del Sindicato de Camioneros bloquean las instalaciones de la empresa Razzini ante la presencia de personal policial
La legisladora consideró que el cronograma de audiencias podría resultar insuficiente por la cantidad de testigos, registros audiovisuales y demás elementos incorporados en la causa. “Hay muchos testigos, mucha prueba aportada. La cantidad de videos que nosotros hemos presentado es impresionante”, sostuvo.
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Entre los que darán su testimonio del episodio se encuentran la escribana que acreditó el bloqueo en ese momento (“una heroína valiente”, según Razzini), empleados de la empresa que resistieron los aprietes sindicales y hasta un cliente que fue increpado por los activistas porque quiso retirar mercadería.
Entre sus malos recuerdos, la ex titular del MEAB menciona cuando se hizo la segunda audiencia oficial en la delegación del Ministerio de Trabajo para tratar de solucionar el conflicto: “Me estaban esperando en la entrada unos 30 o 40 sindicalistas y me arrinconaron, me escupieron, me gritaron cualquier cosa. Eran todos hombres y yo estaba con mi abogada -relató Razzini-. Fue terrible. Entré a la audiencia llorando, con un ataque de nervios, muerta de miedo. Fue todo organizado ahí con la propia gente del Ministerio de Trabajo. Después ya tuve que ir acompañada por un guardaespaldas”.
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Entre los imputados por desbaratamiento de empresa, el principal acusado es Marcelo Ortiz, cuya situación presenta una incógnita. Según Razzini, su abogado defensor informó que habría fallecido a principios de año, pero que el fiscal solicitó un certificado o un acta de defunción para acreditar su muerte.
Si no se presenta esa documentación, el imputado podría ser considerado ausente del proceso. Para colmo, Ortiz está vinculado a una protesta anterior contra una pyme de logística y transporte en Zavalla, Santa Fe, que sufrió 8 días de bloqueos del Sindicato de Camioneros local luego de que se negaron a pagarle “deudas inventadas”, donde incluso los activistas golpearon a sus dueños, Damián Doboletta, su hermano y su padre (de 72 años, a quien tiraron al piso), además de robarle el teléfono celular a su esposa cuando intentaba filmar la agresión.
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Más allá del juicio en Rosario, Razzini logró la semana pasada un apoyo decisivo de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, para que vuelva a presentar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de su autoría que tipifica los bloqueos sindicales como delito penal y que perdió estado parlamentario ante la falta de respaldos políticos para su sanción, en 2024.
La iniciativa incorpora en el Código Penal sanciones a los bloqueos directos con penas de 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión y ahora Razzini la reflotará con añadidos para impedir sentencias como la del juez Alejandro López, de San Nicolás, que absolvió al líder de Camioneros en San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y otros 6 imputados en la causa por el bloqueo la pyme Rey Distribución, de San Pedro, al considerar que fue realizado como “legítimo ejercicio de un derecho”.
El ensayo de Javier Milei por convertirse en líder internacional chocó nuevamente con los vientos externos. El triunfo de Lula en Brasil lo dejó atrapado y en soledad. Su salida política fue coordinar con Estados Unidos una operación de escape de Flavio Bolsonaro, intervención que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, negó. No pudo celebrar la elección en Israel, y tampoco logró sacar provecho en España, viaje que resultó más rentable para Pedro Sánchez que para sus aliados de ultraderecha. Pasado mañana se expone a un cimbronazo si los comicios de medio término terminan confirmando una merma considerable del poder de Donald Trump.
La consecuencia inmediata será una suba aún más pronunciada del riesgo país, que ya llegó casi a los 800 puntos, quedando en 790 el viernes, el nível más alto desde octubre de 2025. El Gobierno vive en una tensión permanente. El año electoral se le adelantó con valores que se parecen mucho más al momento de los comicios legislativos y la derrota en la provincia de Buenos Aires que a un año que debería haber sido de relativa calma. Milei alimenta ese estado de conflicto eterno.
A la ya tirante relación que mantenía con Brasil, Mieli le sumó uno de los actos más hostiles que la diplomacia pueda ejecutar. Sus consecuencias, a esta altura, dependen más de Lula que de Milei. Hasta ahora no se ha resentido el comercio bilateral. Se mantiene la tendencia estructural deficitaria para la Argentina por el volumen comercial, pero el país tiene una protección especial en la industria automotriz, elacuerdo de complementación económica 14, que Lula podría poner en juego ahora. No lo hizo durante estos casi tres años de convivencia forzosa con Milei. Los analistas de un lado y otro sostienen que es poco probable que juegue esa carta, pero Milei puso en riesgo décadas de trabajo diplomático.
El mayor interesado en mantener y renovar el acuerdo debería ser la Argentina. Hoy están cortados los lazos. No hay diálogo. Tampoco coordinación, fundamental, por ejemplo, para sortear con cierto margen la devaluación del real que se dio en Brasil. La última renovación fue en 2019, por 10 años. Ambas cancillerías deberían estar negociando de nuevo, sobre todo porque cualquier inversión demora entre 3 y 5 años en tomarse y ejecutarse, y los industriales necesitan saber que ese escenario no cambiará. Hay preocupación porque incluso antes de las elecciones, nadie se había sentado a discutir. El acuerdo establece que por cada dólar que la Argentina le exporta a Brasil, el país vecino puede hacerlo hacia acá sólo por 2. Ya el pacto tiene pasos de actualizaciones, que llevarán a que la diferencia sea 3 dólares en 2029. Esa protección a la industria automotriz podría ser un motivo de represalia. Lo que más llama la atención de los analistas internacionales es que tampoco al gobierno de Milei parecería importarle demasiado proteger esa industria, como ninguna industria. La relación bilateral siempre se sostuvo con consensos lógicos, incluso en el mandato de Mauricio Macri, que Lula se encargó de poner de manifiesto en su respuesta al ex presidente, que había celebrado su triunfo. Entonces, el mayor desaire fue que Macri fue reticente al liderazgo internacional de Lula vía el crecimiento de los Brics. “Recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”, atendió Lula a Milei en el intercambio con Macri. El ex presidente no puede entender la política exterior del Gobierno. Es una de las áreas que más le cuestiona, y por la que pujó bastante cuando comía milanesas en Olivos. Nunca logró convencer a Milei. Dirigentes del entorno de Macri se sorprenden de ver a Pablo Quirno, un hombre que venía del PRO, en un rol secundario en la toma de decisiones. El lugar soñado de Macri se lo regaló Lula. “Es lo que siempre le dijimos”, refuerza un allegado al ex presidente.
El otro punto de posible conflicto se podría dar en la Agencia de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, un organismo binacional que garantiza que los materiales e instalaciones nucleares de ambos países se empleen exclusivamente con fines pacífico. Este modelo es único en el mundo. Sólo existen acuerdos entre países y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) pero no entre dos países. A pesar de las tensiones, hoy funciona en piloto automático, pero la distancia política hace que no se avance en su desarrollo. Por un lado, el organismo pierde peso internacional, pero sobre todo se pone en juego en momentos en que Brasil avanza en la construcción de un submarino nuclear.
Milei sigue sin reconocer al gobierno de Brasil y se especula por estas horas qué decisión tomará si Bolsonaro se autoproclama presidente desde los Estados Unidos. Hizo un primer intento que después desactivó, pero el viernes a la noche lanzó un inquietante mensaje al advertir que volvería a competir en elecciones pero que para eso no esperaría al próximo turno electoral, en 2030.
Una encuesta que publicó ayer O Globo reflejó que 3 de cada 4 electores del Partido Liberal no respaldan el“texto golpista”, así califican la primera carta de Bolsonaro, y sostiene que sólo el 38% lo defendió, abonando el aislamiento de ese sector político. Milei, en su guerra permanente, abre y deja otro conflicto sin resolver.
Mientras tanto se acumulan alrededor del Presidente las presiones internas. Santiago Caputo quedó en el ojo de la tormenta por las dudas sobre su rol en la fuga. Tendrá que dar explicaciones el jefe formal de la Secretaría de Inteligencia, Cristian Auguadra, a la comisión bicameral de control y seguimiento de los organismos de inteligencia. Se supone que las reuniones y los pedidos que ingresan a ese organismo son secretos. En este caso se hizo público que Unión por la Patria había pedido su presencia. El cuerpo está presidido por Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei. ¿Quién lo filtró?, se preguntan con suspicacia en el Congreso. Caputo es el jefe de Auguadra. El asesor presidencial es el más comprometido si la Justicia avanza en investigar cómo se financió la salida de Bolsonaro y si se usaron recursos públicos para la operación. La trama de lo que pasó dejó en evidencia una cancillería paralela, ya no una embajada, como en otros tiempos. Pero desnudó además vínculos de Caputo con sectores marginales norteamericanos, por fuera de los carriles formales de la diplomacia. Caputo se expuso a ubicarse en la escena, una extrañeza para un mago al que no se le deberían ver los hilos. Lo más llamativo del caso es que nadie defendió las razones por las que la Argentina colaboró para la huida de Bolsonaro, una suerte de actitud culposa de quien se sabe en falta.
Hace rato que el Gobierno promueve políticas sin vocero. No hay narrativas que convenzan. Le pasó con la ley de tierras la semana pasada, cuando nadie pudo defender que estaban reponiendo una norma de Cristina Kirchner, y lo repitieron el miércoles pasado con los cambios que debieron hacerle al proyecto de soberanía nacional para cumplir con las exigencias norteamericanas. En el debate de comisión sólo Damián Arabia terminó llevando el caso, para exponer los cambios. Antes había hablado otro diputado, Federico Pelli, por Tucumán, y cerró Lisandro Almirón. No llevaron a ningún especialista a defender la ley en las cinco reuniones que se hicieron. Sólo estuvo la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. Todas las exposiciones fueron críticas del proyecto. Martín Menem sólo juntó los votos, pero evitó exponerse. La suerte final del sueño de Caputo se verá en plena sesión. Está previsto que se lleve al recinto el 18 de noviembre. El oficialismo consiguió las firmas gracias a los aliados, que lo hicieron en disidencia. El debate por estas horas en todos los bloques de la oposición es cómo votar: quedaron atrapados por el Gobierno, que colocó en el capítulo 1 toda la defensa y sanciones por la explotación petrolera y de recursos naturales en Malvinas e incorporó un control estatal sin precedentes vía la creación del Consejo de Seguridad Nacional en el resto de los artículos. Tendrían que votar a favor en general y oponerse en particular.
Paradójicamente, en el proyecto de soberanía nacional se impuso Estados Unidos y el oficialismo aceptó limitar las sanciones para empresas y fondos de inversión que tengan una porción minoritaria, de hasta el 2%. Antes entraban todas. Y no sólo eso. Con los cambios, cualquier empresa podrá argumentar que no sabía. “Se dan garantías para quienes desconocieran un sentido ilícito”, explicó Arabia cuando anunció las modificaciones. El oficialismo todavía tiene que construir su mayoría para aprobarlo. Seguramente habrá más cambios, como el artículo 111 que establece penas de prisión de cinco a doce años para quienes intervengan en campañas de desinformación masiva financiadas por actores extranjeros. Todo decidido por el Poder Ejecutivo con un posterior control del Congreso, que se incorporó en el debate de comisión. “Que no nos pase lo mismo que con morosidad”, apunta una diputada aliada. Son más de 15 días para negociar.
Otra vez los gobernadores estuvieron dispuestos a jugar con Milei. Los misioneros y los catamarqueños, que se habían acercado al peronismo, ahora acompañaron al Gobierno. El dato más llamativo fue la firma de Pablo Farías, del socialismo de Santa Fe. Se lo pidió el gobernador Maximiliano Pullaro. Ni siquiera estaba en juego el número, pero firmó igual. Necesitaban 54 diputados y tuvieron 60. Pullaro intervino de hecho el bloque de Provincias Unidas. Juega también su propia interna provincial. Hace tres semanas que tiene trabado en la legislatura un nuevo proyecto de seguridad que no logra los votos ni de los propios. Ya había quedado expuesto en el debate del DNU 70 cuando aportó la última firma que faltaba para el dictamen de mayoría del oficialismo.
Candidatos en fuga
La interna Karina-Caputo también tiene su correlato en la previa al debate por la eliminación de las PASO. Mientras el asesor presidencial generaba uno de los hechos de mayor tensión política con su principal socio comercial, Karina Milei se rodeaba de 13 gobernadores en Rosario, en la presentación de la ronda de negocios del RIGI para la producción nacional. Pullaro fue el anfitrión. El contraste es notorio. La secretaria general avala la posibilidad de acordar con los mandatarios mientras Caputo ampara a los rebeldes. Ocurrió con Luis Petri. Buena parte del acuerdo con los gobernadores radicales está trabado en Mendoza. Petri se refugió en el asesor presidencial para conseguir que no lo bajen de la candidatura. El actual mandatario, Alfredo Cornejo, viene reclamando eso a cambio de apoyar al Gobierno. En Mendoza tomaron nota de que toda la maquinaria digital de Caputo salió a levantar a Petri. “No es nuestro candidato”, respondieron desde el ala karinista cuando pudieron explicaciones. Están seguros de que hubo difusión de contenidos de Petri por la agencia que maneja Caputo.
El radicalismo le cambió la estrategia a Diego Santilli. Ahora negocia en bloque, cansados de la falta de acuerdos. Quedó al mando el ex gobernador de Corrientes Gustavo Valdés. “Nosotros no cerramos hasta que no cierren los radicales”, dicen en el PRO de Macri. La cuestión está más trabada en el primer anillo de aliados que en el ampliado. Todos los actores consultados sostienen que el proyecto va a salir, pero al apuro del Gobierno, los gobernadores le contestan con paso de tortuga. Es la última oportunidad de negociar que tienen y la quieren aprovechar. Primero está el Presupuesto, que irá al recinto el 25 de noviembre. La reforma política quedará para sesiones extraordinarias. Ya no hay tiempo. Sólo se puede dictaminar hasta el 20 de noviembre.
El Gobierno tiene un cuello de botella. Como quien no llega a fin de mes. No es literal y se las arregla para seguir, pero con una agenda que no es propia. En Diputados se le acumula aún el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Defensa de la Soberanía, Presupuesto y Biocombustibles. En el Senado esperan el nuevo régimen de patentes, Super RIGI y reforma política. Patricia Bullrich dio media sanción esta semana a un proyecto del radicalismo que tocará la caja de Luis Caputo. Prevé beneficios fiscales para pequeñas empresas.
Los aliados necesitan algún reaseguro de que no habrá competencia por las reelecciones de los gobernadores, un pacto imaginario, una suerte de pagaré. Pero además, necesitan un dique de contención para los distritos donde no gobiernan pero pueden tener candidatos competitivos, incluso por encima de los dirigentes libertarios. Un ejemplo es Córdoba, con Rodrigo De Loredo. También apuntan a La Pampa, Catamarca y Misiones. La pregunta que se hacen los gobernadores es por qué deberían rifar su marca. Vuelve el proyecto de colectoras. Es la única opción viable para contener hacia abajo. También está trabado Jujuy. Los liberarios presentan a Ezequiel Atauche, más vinculado a Caputo, y al diputado del Tesla, Manuel Quintar, aliado de Karina.
En el PRO todavía desconfían, pero sostienen que está cerrado el acuerdo en la Ciudad para la reelección de Jorge Macri. Cambia el logo y el nombre, todo pasa de amarillo a violeta, pero dicen, tienen la palabra de que se respetará esa candidatura.
Nadie quiere poner la firma por adelantado. Sobre todo en momentos en que la economía no da señales de recuperación. Macri también quiere esperar a ver cómo evoluciona el juego de Patricia Bullrich. No descarta a nadie, solo a él, que no quiere ser candidato. En el PRO dicen que también está listo el acuerdo en Chubut y Entre Ríos, los otros dos distritos que gobiernan. Como el radicalismo, el momento de hacerlo esperar a Santilli y a Milei es ahora. Nadie se quiere adelantar.
Ayer se conocieron los anticipos sobre recaudación. Según el economista Nadin Argañaraz, la recaudación nacional de IVA de octubre habría caído un 7,6% real interanual. Se acumularían doce meses consecutivos de caídas reales interanuales, desde noviembre de 2025. La demanda de dólares no merma. En septiembre se compraron USD 3410 millones, un 1,3% superior a agosto. La cantidad de cheques rechazados creció 30% en septiembre. Equilibra adelantó una inflación de 1,8%, hacia la baja, pero el Gobierno anunció el aumento tarifarios para servicios de electricidad y gas que podría ponerle más presión. Como herramienta a mano sólo atinó a postergar un mes más la suba del impuesto a los combustibles. Luis Caputo anunció que no se mueve de su plan, para desmentir diferencias con el Presidente. Las diferencias son con la mesa política, que sin reactivación económica, ve cada vez más difícil una recuperación de expectativas.
Según Pulso Research, la evaluación de la gestión de Mileí alcanzó un 66,4% de rechazo contra un 28,9% de aprobación. Eso es lo que reclama el ala política. Le queda un año para corregir, pero ni Milei ni Caputo quieren tocar nada. Cuentan con un valor agregado, que por ahora es su gran aliado. Ante la pregunta abierta, esa misma medición arrojó que si se consulta por quién es el líder de la oposición un 43,5% responde “nadie”.
Un hombre fue víctima de un violento robo durante la madrugada de este sábado en Paraná. Dos sujetos que se movilizaban en otra motocicleta lo interceptaron, le sustrajeron el rodado y le dispararon en un pie antes de escapar, publicó Reporte 100.7.
Si bien la información trascendió en las últimas horas, se supo que el hecho ocurrió cerca de las 3, en la intersección de calles Virrey Vértiz y Montiel. Según la denuncia, la víctima se dirigía a su trabajo a bordo de una Honda Storm de 125 centímetros cúbicos cuando fue abordada por los delincuentes.
Durante el asalto, los agresores le efectuaron un disparo que impactó en el dedo gordo del pie derecho. Luego se llevaron la motocicleta y huyeron del lugar.
La víctima recibió atención médica
Tras el ataque, el hombre recibió asistencia médica y posteriormente fue dado de alta. En tanto, el vehículo sustraído todavía no había sido recuperado.
Personal policial trabaja en la investigación para identificar a los autores del robo y localizar la motocicleta.
Un hombre provocó destrozos en la fachada de una pizzería céntrica de San José durante la mañana de este sábado. El hecho ocurrió en el local gastronómico “Pizzería La Plaza”, ubicado sobre calle Cettour, donde fueron rotos los vidrios de las ventanas y de la puerta principal de ingreso, publicó InfoPalmares.
De acuerdo con la denuncia realizada por el propietario del establecimiento, el sujeto arremetió contra el frente del comercio y ocasionó importantes daños materiales.
Denuncia y registros de las cámaras de seguridad
Luego del episodio, el responsable del local se presentó en la sede policial para radicar la correspondiente denuncia. Además, puso a disposición de los investigadores las grabaciones de las cámaras de seguridad, que habrían registrado el momento de la agresión.
El damnificado también solicitó ante la Justicia que se imponga una restricción perimetral contra el acusado, con el objetivo de resguardar la integridad física del personal y prevenir nuevos hechos de violencia contra el inmueble.
Hasta el momento, no se informó oficialmente si la medida preventiva fue concedida ni se dieron a conocer los motivos que habrían desencadenado el accionar del hombre.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el senador brasileño Flávio Bolsonaro podrá permanecer en territorio norteamericano “todo el tiempo que quiera”, luego de abandonar Brasil tras perder las elecciones presidenciales frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. La declaración suma un nuevo capítulo a la tensión política y diplomática entre Washington y Brasilia, después de la salida del dirigente bolsonarista y su llegada a Florida junto con su familia.
Trump realizó las declaraciones este sábado 31 de octubre ante periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, durante una celebración de Halloween. Consultado sobre la situación del senador brasileño, el mandatario respondió que podía quedarse en Estados Unidos por tiempo indefinido. Además, volvió a cuestionar el proceso electoral de Brasil y afirmó: “En mi opinión, las elecciones fueron una desgracia”.
La decisión representa un respaldo público a Flávio Bolsonaro, quien viajó a Estados Unidos después de la derrota electoral del domingo 25 de octubre. Sin embargo, Trump aclaró que no tiene previsto reunirse con él y que tampoco planea involucrarse en sus aspiraciones políticas.
El dirigente brasileño había perdido el balotaje frente a Lula, quien consiguió el 51,79% de los votos, contra el 48,21% obtenido por su rival. La derrota puso fin a las aspiraciones presidenciales del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, aunque el senador había cuestionado el resultado y se había presentado como el “verdadero presidente” de Brasil.
La salida de Brasil y el viaje a Estados Unidos
La partida de Flávio Bolsonaro estuvo rodeada de controversias. Después de perder las elecciones, el senador abandonó Brasil junto con su esposa y sus dos hijas, en medio de una investigación judicial por presuntas operaciones de lavado de dinero.
La salida se produjo luego de que el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenara la revocación de su pasaporte. La medida se vinculó con las investigaciones que enfrenta el legislador y con la posibilidad de que abandonara el país para evitar eventuales consecuencias judiciales.
La familia Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, Misiones. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, los cuatro integrantes ingresaron con documentación válida y sin impedimentos legales registrados para cruzar la frontera.
Posteriormente, abordaron un avión privado que los trasladó hacia Ecuador y desde allí continuaron el viaje hasta Miami, donde llegaron el miércoles 28.
La salida generó cuestionamientos en Brasil, debido a que se produjo después de la orden judicial sobre sus documentos de viaje. La Policía Federal brasileña no registró oficialmente su salida del territorio nacional y el episodio abrió interrogantes sobre el recorrido realizado hasta llegar a Estados Unidos.
Qué dijo el Gobierno de Estados Unidos sobre su llegada
Trump no fue el único integrante de su administración que se refirió al caso. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo este sábado que el Gobierno estadounidense no participó directamente en las gestiones que permitieron la salida de Bolsonaro de Brasil.
“El Gobierno de Estados Unidos no estuvo involucrado directamente en ninguno de los movimientos” que condujeron a su partida, afirmó el funcionario, quien también confirmó que Washington autorizó su ingreso cuando llegó a un punto de entrada estadounidense.
Sin embargo, versiones periodísticas señalaron que Jason Miller, funcionario vinculado a la Casa Blanca, habría colaborado en la organización del viaje.
Otro punto relevante es la situación migratoria del senador. Según informó Reuters, Bolsonaro ingresó a Estados Unidos mediante un permiso humanitario (humanitarian parole), un mecanismo que habitualmente autoriza una permanencia de hasta un año. La declaración de Trump sobre la posibilidad de quedarse indefinidamente abre interrogantes sobre cómo se resolverá su situación migratoria a futuro.
Por su parte, Rubio mantuvo una conversación con el canciller brasileño Mauro Vieira durante una reunión del G20 en Atlanta. Ambos funcionarios prevén volver a encontrarse en las próximas semanas, en una instancia diplomática que podría servir para abordar las diferencias entre los dos gobiernos.
La controversia se produce en un momento de tensión entre Washington y Brasilia. Trump cuestionó reiteradamente el tratamiento judicial que recibió la familia Bolsonaro y volvió a poner en duda el resultado electoral brasileño, pese a que observadores internacionales describieron los comicios como libres y justos.
La situación de Flávio también tiene implicancias para el futuro del bolsonarismo. Desde Estados Unidos, el senador manifestó su intención de liderar la oposición brasileña, mientras que su padre, Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.
Por ahora, la Casa Blanca no confirmó un respaldo a las aspiraciones políticas del senador ni un encuentro entre Trump y el dirigente brasileño. Sin embargo, el ofrecimiento público de permitirle permanecer en Estados Unidos sin un plazo definido agrega un nuevo elemento de tensión a la relación bilateral y deja abierta la incógnita sobre el papel que Flávio Bolsonaro buscará desempeñar en la política brasileña desde el exterior.
Tres allanamientos simultáneos realizados en la ciudad de La Paz, en el marco de una investigación por abuso de armas de fuego, permitieron encontrar elementos que podrían estar vinculados con la comercialización de estupefacientes. Durante los operativos, la Policía secuestró envoltorios con sustancias compatibles con cocaína y marihuana, además de otros elementos de interés para la causa.
Los procedimientos se llevaron adelante durante la tarde del viernes 30 de octubre, entre las 18 y las 20:30, en domicilios ubicados en los barrios Feria y Eucaliptal.
Las medidas fueron ejecutadas por efectivos de la Comisaría Primera, la Sección Comando Radioeléctrico y la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, bajo las directivas de la Unidad Fiscal de La Paz.
Qué encontraron durante los allanamientos
Como resultado de uno de los procedimientos, los uniformados secuestraron un cartucho percutado calibre 20, considerado de interés para la investigación por abuso de armas.
En otro de los domicilios, si bien no encontraron los elementos que buscaban en relación con el hecho inicial, localizaron una balanza de precisión y varios envoltorios con sustancias que, por sus características, serían compatibles con cocaína y cannabis sativa.
Además, se incautó un teléfono celular que también quedó a disposición de las autoridades.
Intervino Drogas Peligrosas
A partir del hallazgo de las sustancias, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas y a la Fiscalía correspondiente para avanzar con las actuaciones judiciales.
Los elementos fueron secuestrados y serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar la naturaleza de las sustancias encontradas. Los tres allanamientos se enmarcan en una investigación que continúa bajo la órbita de la Justicia de La Paz.
El Distrito de Columbia y el estado de Virginia presentaron una demanda conjunta contra el gobierno de Donald Trump para frenar la construcción del arco triunfal de 250 pies (76 metros) que el presidente estadounidense pretende levantar en Washington. La presentación judicial busca impedir el inicio de las obras y suma un nuevo frente de conflicto legal para uno de los proyectos urbanísticos más controvertidos de la administración republicana.
La demanda fue presentada este sábado ante un tribunal federal por los fiscales generales de ambas jurisdicciones, Brian Schwalb, de Washington DC, y Jay Jones, de Virginia. En el escrito, sostuvieron que el proyecto es ilegal y que no cuenta con la autorización necesaria del Congreso para avanzar.
Los funcionarios también advirtieron que la construcción provocaría daños irreparables en ambas jurisdicciones, debido a su impacto sobre el tránsito, el medioambiente y los sistemas de seguridad y emergencia de la región.
El arco está proyectado para construirse en Memorial Circle, cerca del puente Memorial Bridge, sobre una zona que conecta Washington con Virginia y se encuentra a pocos metros del Cementerio Nacional de Arlington. Se trata de un punto estratégico para la circulación vehicular y para el acceso a distintos edificios e instalaciones gubernamentales.
La presentación solicita una orden judicial de restricción temporal que impida iniciar los trabajos mientras se resuelve la disputa. Según los planes de la administración, la construcción podría comenzar tan pronto como la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC) otorgue la aprobación definitiva al diseño, prevista para el próximo jueves 5 de noviembre.
Los argumentos contra el proyecto de Trump
Uno de los principales cuestionamientos de Washington y Virginia apunta a la falta de intervención del Congreso en la autorización de una obra de semejante magnitud. Los demandantes sostienen que el Gobierno avanzó con el proyecto sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes y cuestionan la velocidad con la que se desarrollaron las instancias de evaluación.
También señalaron que el monumento podría afectar las perspectivas históricas y arquitectónicas de la capital estadounidense, además de generar consecuencias sobre el entorno del río Potomac.
En materia de infraestructura, los fiscales generales advirtieron que los tres años previstos para la construcción podrían provocar importantes complicaciones en la circulación entre Washington y Virginia. Según la demanda, los trabajos generarían congestión vehicular, contaminación, escurrimientos de agua hacia el río e interferencias en los servicios de emergencia.
La ubicación también genera preocupación por su cercanía con el Cementerio Nacional de Arlington, donde descansan miles de integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
El proyecto contempla una estructura de aproximadamente 76 metros de altura, con una estatua de bronce de una figura alada inspirada en la Estatua de la Libertad, que sostendría una antorcha con una llama eterna. Además, incluiría una plataforma de observación, oficinas, espacios de recepción y distintas instalaciones internas.
El arco triunfal ya enfrenta otras demandas
La presentación de Washington y Virginia se suma a otros cuestionamientos judiciales contra la iniciativa presidencial. En octubre, el condado de Arlington también había demandado al Gobierno federal al considerar que no se realizó una evaluación ambiental adecuada antes de avanzar con el proyecto.
A su vez, tres veteranos de la guerra de Vietnam y un historiador especializado en preservación arquitectónica habían presentado otra demanda para impedir la construcción. Entre sus argumentos, señalaron que el monumento afectaría la experiencia de quienes visitan el Cementerio Nacional de Arlington.
La jueza federal Tanya Chutkan intervino en el expediente y, este sábado, resolvió consolidar la nueva demanda de Washington y Virginia con el proceso iniciado anteriormente por los veteranos y el especialista. También ordenó establecer un calendario conjunto para las presentaciones de las partes.
Un día antes, durante una audiencia, la magistrada había evaluado la posibilidad de ordenar una suspensión temporal de las obras, aunque no tomó una decisión inmediata.
Desde la Casa Blanca defendieron la iniciativa y aseguraron que el arco será uno de los monumentos más emblemáticos de Washington. El portavoz presidencial Davis Ingle sostuvo que la estructura funcionará como una puerta de entrada al Cementerio Nacional de Arlington y como un homenaje a los veteranos y a quienes murieron en servicio.
La administración también argumenta que el proyecto forma parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se conmemora en 2026.
Con la nueva demanda y la acumulación de cuestionamientos judiciales, el futuro del arco triunfal quedó sujeto a una disputa que podría definir si Trump logra avanzar con una de sus principales intervenciones urbanísticas en la capital estadounidense o si los tribunales terminan frenando sus planes.
El gobierno prepara un pago de U$S 880 millones al Fondo Monetario Internacional, en concepto de intereses. Corresponde a los préstamos otorgados por ese organismo en virtud de los programas acordados en 2018 (refinanciado en 2022)y 2025.
Los intereses se liquidan de manera trimestral, con vencimientos en febrero, mayo, agosto y noviembre. Con esta última cuota, se habrán ido más de U$S 3300 millones a lo largo del año, sin contar amortizaciones.
La factura será más abultada este mes por la suba de las tasas, que treparon al nivel más alto desde marzo de 2025. Es un reflejo del aumento que se está produciendo en los mercados internacionales y en particular de las rendimientos de los bonos de Estados Unidos, China, Japón, el Reino Unido y los de la zona euro con mayor calificación por el Banco Central Europeo.
Al 3,13% anual flotante que surge del promedio de esos títulos hay que agregarles un 0,6% adicional que cobra el FMI por gestión administrativa; un 1% extra porque el monto supera el triple de la cuota asignada al país: y otro 0,75% porque el plazo de devolución supera los tres años. El total es de casi 5,5% anual y hubiera sido mayor de no haberse dispuesto una reducción de esos sobrecargos desde noviembre de 2024.
Foto: Eduardo Sarapura
La cifra a pagar puede parecer menor en el contexto de los casi U$S 25.000 millones que el gobierno dice necesitar para cancelar deudas en moneda extranjera ante organismos internacionales y bonistas privados, según el programa financiero presentado en julio pasado. Pero la dimensión se agiganta cuando se compara el número con la disponibilidad de recursos para afrontar esa deuda.
El antecedente inmediato es la venta de AySA, la empresa estatal que se encarga de la provisión de agua potable y servicio de cloacas a 14 millones de habitantes del AMBA. El 90% del paquete accionario fue adjudicado a un consorcio integrado por empresarios locales (el Grupo Román y Mauricio Filiberti), la empresa brasileña Arcos y un fondo de inversión (Phoenix Global) con sede en Curazao, que tendrá la concesión del servicio por 30 años.
La operación reportó al gobierno U$S 340 millones, menos del 40% del vencimiento de este mes. Esto significa que lo que recaudó el Estado por desprenderse de AySA apenas alcanzará a cubrir los intereses de cinco semanas.
Liquidación
Los términos de la venta de la compañía merecieron críticas de gran parte del arco político. Consideran que es un precio sumamente bajo tanto en relación al flujo de fondos futuros como al valor total de los activos transferidos. El diputado justicialista Guillermo Michel argumentó que «si se mira el balance que cerró en 2025, la utilidad operativa fue de aproximadamente 270 millones de dólares. Quiere decir que con 1,3 años de utilidades el comprador ya paga la empresa». Asimismo, legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, cuestionando la falta de transparencia en la tasación. Como si fuera poco, los nuevos dueños usufructuarán un rebalanceo tarifario que les reportará U$S 93 millones anuales, recuperando rápidamente un cuarto de la invertido en la compra.
En el oficialismo admiten que esperaban obtener más dinero (entre 450 y 500 millones de dólares), pero sostienen que el beneficio no es sólo el efectivo inmediato sino cortar futuras transferencias y a la vez asegurarse que haya operadores privados que se encarguen de la inversión en infraestructura.
Pocos logros
Aun con esos bemoles, la venta de AySA es uno de los pocos logros que puede anotarse el gobierno en el estratégico rubro de las privatizaciones. Los éxitos han sido modestos: en casi tres años de achicar el patrimonio estatal obtuvo U$S 796 millones por la concesión de las centrales hidroeléctricas de la Patagonia; U$S 356 millones por su participación en Transener (transporte de energía) y U$S 27 millones por la metalúrgica Impsa. La privatización de Intercargo fracasó, la de Aerolíneas quedó en suspenso y la del Belgrano Cargas tambalea tras la deserción del principal interesado, el Grupo México.
Así y todo, el gobierno incluyó en sus previsiones para el bienio 2026-27 ingresos por privatizaciones por U$S 2300 millones para aplicar a los pagos de deuda, un 5% de los casi U$S 45.000 millones que vencen en ese período. El FMI saludó la decisión de desprenderse de esos activos: en su nota del martes último, en la que anunció el visto bueno del staff a la última revisión de las cuentas fiscales, exhortó a «avanzar con las concesiones para infraestructura adjudicadas recientemente». «
Un nuevo respaldo al ajuste
Sin prestar mayor atención a la decaída actividad interna y a las señales de recesión, el Fondo Monetario Internacional dio una nueva señal de respaldo al gobierno de Javier Milei. El organismo emitió un comunicado anunciando un acuerdo a nivel de personal técnico con Argentina sobre la tercera revisión del programa. En los hechos, la comisión que auditó las cuentas fiscales recomendará al directorio habilitar el desembolso de otro tramo del préstamo por U$S 900 millones.
n sus consideraciones, el Fondo opinó que el programa económico en curso «continúa arrojando resultados impresionantes» y que «las prudentes políticas fiscales y monetarias adoptadas han ayudado a que continúe el proceso de desinflación y han fortalecido considerablemente la posición externa y los colchones de Argentina». También ratificó que se mantendrá el objetivo de superávit primario de 1,4% del PIB. Con todo, la meta fiscal intermedia, a junio de 2026, no fue alcanzada y todo indica que, recesión mediante, el gobierno tendrá dificultades para alcanzar el objetivo a fin de año.
Se trata de “El peronismo que viene”, de Juan Manuel Abal Medina y Daniel Olivera, en donde confluye la mirada de 58 dirigentes justicialistas.
El peronismo continúa bajo el desafío de constituir un programa de Gobierno que lo vuelva competitivo como alternativa electoral en el 2027. Ante ello, el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el escritor Daniel Olivera impulsaron un libro que pueda representar un insumo para la discusión que tendrá el partido de cara al año que viene.
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A partir de un trabajo que inició en febrero del 2026, se finalizó “El peronismo que viene. Desafíos, críticas y errores en diálogo con más de 50 referentes peronistas”. “El libro agrupa las voces por afinidades y debates: la batalla cultural, las mujeres y la autocrítica, el sindicalismo frente a la inteligencia artificial, los gobernadores e intendentes, los jóvenes que eligieron el peronismo en tiempos de Milei, los empresarios, los derechos humanos y la política exterior”, describen sus autores.
Bajo el sello Galerna, se trata de “un texto que articula el debate, lo pone en contexto, interpela a sus protagonistas y se atreve a esbozar conclusiones. Y cuando se despeja el ruido de la coyuntura, aparece algo inesperado y esperanzador: hay más coincidencias de las que se imaginan”.
Los autores plantearon, además, una introducción en donde sientan su postura: “El peronismo que viene no puede ser simplemente una reconstrucción del que ya conocemos. Tendrá que conservar aquello que nos hizo y nos hace peronistas, y al mismo tiempo encontrar nuevas respuestas para una sociedad, una economía y un mundo que ya son diferentes”.
“El peronismo que viene”: qué voces aparecen
El libro cuenta con 18 capítulos y un epílogo en donde confluyen 58 miradas de dirigentes actuales. Entre ellos hay dos expresidentes (Eduardo Duhalde y Alberto Fernández), sindicalistas (Hugo Moyano, Andrés Rodríguez y Edgardo Llano), un exjuez de la Corte Suprema (Juan Carlos Maqueda), exfuncionarios de renombre (Julio De Vido, Guillermo Moreno y Aníbal Fernández) y actuales legisladores (Miguel Pichetto, José Mayans, Jorge Capitanich, Carolina Moisés, Lucía Corpacci y Sergio Uñac).
También se pueden leer a dirigentes territoriales (Emilio Pérsico y Juan Grabois), diplomáticos (Jorge Taiana, Jorge Argüello y Sabino Vaca Narvaja), referentes de los DDHH (Estela de Carlotto y Victoria Montenegro), dirigentes del kirchnerismo y el kicillofismo y referentes del peronismo provinciano (Ricardo Quintela, Rossana Chahla, Guillermo Michel y Omar Félix).
Un acuerdo político prospera por convicción o por conveniencia. Javier Milei construyó casi de la nada un orden sostenido en su popularidad y el alivio que trajo la baja de la inflación. A su alrededor orbitó una constelación de socios y aliados convencidos de compartir “el rumbo”, un concepto plástico que disimuló disidencias ideológicas y cierta perplejidad ante la conducta del Presidente. En el momento menos indicado, la recesión golpea esa red pragmática que, durante tres años, permitió que existiera algo parecido a un oficialismo.
Patricia Bullrich es el síntoma de una crisis en gestación. Se pegó a Milei después de perder con él, fue el rostro del combate policial a quienes resistían el ajuste, se afilió a La Libertad Avanza (LLA). Hoy, con la economía empantanada, no pierde ocasión de marcar diferencias con el Gobierno y reclamar cambios. Habla con la urgencia de quien ve venir un desastre.
Patricia Bullrich, en el SenadoHernan Zenteno – La Nacion
Su pliego de condiciones reprocha la intolerancia de Milei con el periodismo y cualquier forma de disenso, objeta el desprecio a normas básicas de la diplomacia (como abstenerse de participar en campañas de un país extranjero o reconocer la victoria de un antagonista ideológico), exige empatía con los perdedores del modelo, discute la apertura comercial indiscriminada, reivindica el diálogo como consustancial a la política y sugiere repensar el rol del Estado en áreas como la infraestructura. Solo le falta pedir que Milei se peine con gomina y raya al medio.
La rebeldía calculada de Bullrich expone el desorden de la estructura de poder con la que Milei encara su plan de reelección. Mauricio Macri advirtió esta semana que “no se ha avanzado nada” en el acuerdo electoral que negocia desde que Karina Milei se resignó a llamarlo para descongelar una relación marcada por la desconfianza. Las conversaciones con gobernadores “dan todo el tiempo un paso para adelante y dos para atrás”, resume un jefe provincial de peso.
“Los acuerdos políticos sirven para atravesar los momentos de dificultad. Esperamos demasiado para blindarnos cuando todo venía bien. Ahora todo cuesta el doble”, explica un integrante del círculo que define la política libertaria.
Milei se desentiende de esas minucias. Volvió a decir esta semana que él no se encarga de la política sino de la economía, como si su misión fuera aplicar recetas en el vacío sin necesidad de regular las dosis según el contexto. Mantiene el empeño de indultar a Bullrich de pecados por los que encendería hogueras si los cometieran otros.
Milei firma un billete de 1 dólar durante su visita a la Universidad Di Tella
Pero va acumulando fastidio. En su entorno cuentan que le molestó que la senadora se quejara de las críticas violentas al periodismo en la Fundación Faro, porque la noche del discurso ella lo había saludado con un abrazo y un tuit fervoroso. Todavía menos le gustó que cruzara la línea de reconocer el triunfo de Lula en Brasil cuando había orden de mantenerse en la ambigüedad, en sintonía con Donald Trump.
Martín Menem, gestor político de la hermana presidencial, le envió un recado a Bullrich cuando dijo que en LLA “el único candidato es Milei”. Fue una advertencia, traducen en la Casa Rosada. Una cosa es disentir para mostrar amplitud; otra muy distinta, construir desde dentro un proyecto presidencial alternativo.
Martín Menem Marcelo Manera
Milei por ahora no avala a quienes le sugieren sacar a Bullrich de la jefatura del bloque de senadores de LLA. Sigue convencido de que no hay espacio para aventuras electorales desde el centro hacia la derecha del tablero. “Los argentinos van a tener que elegir entre los populistas y los liberales”, insistió el viernes ante un grupo de estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella. La polarización es la argamasa de un oficialismo hecho de retazos.
Tensión con Macri
Milei minimiza también las quejas de Macri. Los dirigentes del Pro han votado todas las reformas libertarias, pero subsisten como un cuerpo extraño en el ecosistema oficialista. Están condenados a apoyarlo, cree el Presidente, que gobierna rodeado de exmacristas que cambiaron de lealtad.
Mauricio Macri, en la cena de la ONG Hacemos!Hacemos!
Las gestiones para un pacto electoral volvieron a encallar. Los libertarios exigen que el Pro acompañe la eliminación o suspensión de las PASO. Los macristas creen que las primarias son el único reaseguro de que el mileísmo cumplirá la promesa de no competir contra los gobernantes locales del partido amarillo. Sobre todo, quieren certezas de que va a respetar la casa matriz del Pro: la Ciudad de Buenos Aires. “Sin las PASO le cedemos la lapicera a Karina”, argumenta un macrista de primera línea.
El juego de Bullrich interpela al Pro y a todos los sectores dialoguistas. Cuando ella empezó con su coqueteo presidencial, instaló una inquietud que circulaba entre los aliados del Gobierno: ¿es factible la reelección con una economía estancada? En estos últimos días la incógnita sumó dramatismo: a un año de las elecciones, ¿está a tiempo Milei de ajustar el plan para recomponer las expectativas sociales y ganar cuatro años más de confianza? En ese terreno germina, aún difusa, la idea de un frente liberal sin Milei.
“No nos vamos a apartar del programa”, repitió el Presidente esta semana. Atribuye a los shocks externos los resultados peores de lo esperado. Todo indica que en las próximas semanas el Indec confirmará la recesión, con dos trimestres de retroceso en la actividad. La inflación sigue amesetada en la zona del 2% mensual.
El ministro Luis Caputo sigue la partitura. Promete que en el segundo trimestre de 2027 empezará a sentirse la recuperación. Hay que pasar el verano, podría decir. Prepara medidas de incentivo dentro del corsé que pone Milei. Y se puso al frente de un reclamo que le llega desde provincias afines: la necesidad de mostrar que el modelo de desarrollo basado en la minería y la energía puede derramar fuera de la región cordillerana.
Luis Caputo, en RosarioMarcelo Manera
Esta semana el Ministerio de Economía armó de urgencia una cumbre entre mineras y pymes industriales de todo el país. La disparó un hecho que alarmó al mundillo empresarial: la noticia de que la firma que explota el proyecto minero Vicuña, en San Juan, traerá de China la “ciudad modular” que se levantará frente al yacimiento para albergar a unos 2000 trabajadores. El evento se hizo en Rosario, con el radical Maximiliano Pullaro de anfitrión. Karina Milei viajó para reforzar la convocatoria. La intención fue “popularizar el RIGI”, un régimen tildado por la oposición de proclive al extractivismo y hostil a la producción nacional.
Karina Milei, con Pullaro, en la cumbre minera de RosarioMarcelo Manera
Al ensayo rosarino asistió el jefe de Gabinete, Diego Santilli, preocupado por mostrar sintonía de intereses con los gobernadores que viajaron, como Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) o Marcelo Orrego (San Juan).
Son algunos de los que Caputo quisiera ver como integrantes formales de una alianza de gobierno. Presiona para mostrar un bloque unido contra el peronismo porque, cree, eso desinflará la desconfianza de los mercados y facilitará el tránsito hacia el crecimiento. Pero esas conversaciones zozobran en tiempos de estrechez.
El arco de Filoctetes
Los gobernadores que estaban para posar en la foto del mileísmo unido hoy expresan aspiraciones módicas. Le piden a la Casa Rosada un compromiso de no competencia en sus provincias a cambio de apoyo nacional. Los libertarios demandan un pago anticipado con el voto contra las PASO en el Congreso. Pero no les garantizan el fair play electoral: “¿Por qué resignarnos a no ganar provincias en las que somos competitivos?”. Esa lógica hace imposible un pacto con Llaryora porque en Córdoba el mileísmo tiene sus mejores números de todo el país. Complica también alianzas que parecen naturales, como la de Neuquén. Milei viajó este sábado allí a respaldar a la senadora Nadia Márquez, que aspira a competir contra Rolando Figueroa en la tierra de Vaca Muerta. El gesto dio que hablar a gobernadores de todas las latitudes.
Milei y los mitos griegos, en su charla con alumnos de la Universidad Di Tella
Ante los estudiantes de la Di Tella, Milei se describió como el general de una “batalla moral”. Se enredó en los mitos griegos al contar con licencias propias la historia de Filoctetes, el guerrero abandonado en la isla de Lemnos por el olor nauseabundo que desprendía una herida provocada por la mordedura de una serpiente. Cuestionó a Odiseo, uno de los responsables de esa decisión que puso en peligro la campaña de Troya. Lo llamó “Eliseo”, como si fuera un personaje de Francella y no el héroe retratado por Homero y Sófocles. Detalles al margen, usó la historia para repudiar el pragmatismo de Odiseo, que abandona a Filoctetes cuando estorba y vuelve a buscarlo cuando una profecía le advierte que sin su arco y su talento será imposible vencer al enemigo. “Hay que hacer lo que está bien”, aleccionó Milei.
Se presentó otra vez como esclavo de sus valores: prefiere perder a traicionarlos. Es una advertencia para sus potenciales aliados y para los que negocian por él. Que no sueñen con un Milei moderado y consensual. La convicción la aporta él; la conveniencia, que la pongan los demás. Lo suyo es acelerar en las buenas y en las malas.
