Otra vez un muy alto volumen de negocios por USD 844 millones en el segmento de contado se impuso en la operatoria mayorista, donde el tipo de cambio cedió un peso, a $1.506,50 para la venta.
El dólar mayorista encadenó la cuarta caída consecutiva. Aunque se trata de una serie con bajas marginales, llevó al dólar a su piso desde el 21 de agosto. En lo que va de septiembre cae dos pesos, para encaminarse a ser el primer mes con desempeño negativo desde marzo último.
PUBLICIDAD
El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.899,56 pesos. El dólar mayorista se ubica ahora a 393,06 pesos o 26,1% de ese umbral para la flotación, la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%).
“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó dos pesos, contra una suba de cuatro pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.
PUBLICIDAD
El dólar al público estuvo negociado sin variantes, a $1.530 para la venta en el Banco Nación, por tercer día en dicha cotización. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.532,27 para la venta y $1.477,20 para la compra.
El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.560 para la venta, en su punto más alto desde el 25 de agosto.
“El dólar mayorista sigue planchado por debajo de los $1.510, sin alteraciones tampoco en las tasas cortas en pesos tras recomponerse la liquidez del sistema financiero. Los relevamientos de precios de alta frecuencia privados siguen siendo monitoreado, en busca de evaluar la dinámica del proceso de desinflación, dado que de dicha consolidación dependerían las definiciones respecto al ritmo de reacomodamiento cambiario”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.
PUBLICIDAD
Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, consideró que “este movimiento dio continuidad a la pronunciada desaceleración iniciada el viernes pasado, cuando la plaza financiera registró su retroceso diario más significativo del último mes. En cuanto a las posiciones a término, los contratos de dólar futuro acompañaron la tendencia descendente de forma generalizada. El mercado fijó la postura mayorista para diciembre en $1.602,50, un valor que ratifica la previsión de un deslizamiento cambiario pausado y descarta expectativas de desfasajes bruscos antes de fin de año”.
Morales también advirtió “una marcada desaceleración en la capacidad de absorción de la entidad monetaria, que acumuló apenas USD 42 millones en los últimos cinco días hábiles, su registro semanal más magro desde la implementación del actual esquema cambiario. En el transcurso de septiembre, el saldo comprador suma USD 135 millones y el promedio diario de absorción retrocedió a USD 14 millones, una cifra distante de los USD 38 millones diarios verificados en agosto y de los picos alcanzados en mayo, cuando el ritmo promedio se situaba en USD 137 millones por jornada”.
PUBLICIDAD
Pese al freno reciente, el balance positivo acumulado por la autoridad de contralor en el transcurso del año 2026 asciende a 14.218 millones de dólares.
Los expertos de Max Capital subrayaron que “el BCRA continúa realizando compras limitadas de dólares, con un promedio diario de compras en el mes de USD 14 millones” y señaló que “los inversores pueden navegar el mercado a los precios actuales en un período inevitablemente ruidoso de cara a las elecciones presidenciales. Argumentamos que la combinación de cuentas externas sólidas y un colchón de reservas puede limitar la presión sobre la dinámica cambiaria”.
PUBLICIDAD
“Todo indica que el agro continúa liquidando a un ritmo particularmente firme -cerca de USD 170 millones diarios-, pero que, al tipo de cambio actual, el resto de los jugadores concentra una elevada demanda neta de divisas. El resultado es un espacio mucho más acotado para que el BCRA compre sin generar presión sobre el mercado”, definieron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.
La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y de su obra social, OSUOMRA, hizo un balance demoledor sobre el estado en que el sindicato y la entidad de salud de los metalúrgicos fueron recibidas de la gestión de Abel Furlán: en sus 57 páginas se habla de una estructura administrativa casi inexistente, documentos esenciales ausentes, circuitos opacos de pago y procedimientos internos al borde de la anomia.
Además, se pone bajo la lupa el polémico contrato de la UOM con la empresa USEM, vinculada con La Cámpora, a partir de una auditoría realizada por la consultora BDO: allí se afirma que la compañía fue constituida el 7 de diciembre de 2022 y apenas 82 días después, el 27 de febrero de 2023, fue contratada por la UOM y OSUOMRA para intervenir en procesos críticos vinculados con la administración de cuentas y la ejecución de pagos.
PUBLICIDAD
Se menciona también que “el hallazgo institucional más relevante es la superposición objetivamente documentada entre contratante y proveedor: María Soledad Calle mantuvo una relación laboral con UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, simultáneamente, fue directora suplente y accionista titular del 50% de USEM”.
“En términos concretos -añade-, UOM y OSUOMRA contrataron para intervenir en la administración de fondos y ejecución de pagos a una sociedad constituida apenas 82 días antes y cuya mitad del capital pertenecía a una dependiente de la propia UOM”.
PUBLICIDAD
Así lo detalla el primer informe trimestral auditado y elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por el interventor Alberto Biglieri, quien asumió la gestión el 2 de junio pasado y ahora, como anticipó Infobae, compartirá sus tareas en un triunvirato con los abogados Pablo Daniel Iglesias y Ariel Martín Alonso.
Además del cambio en la estructura de la intervención, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo trasladó una denuncia penal sobre supuestas irregularidades en la gestión del desplazado titular del sindicato, Abel Furlán, a partir del informe de presentado por Biglieri, al considerar que se detallan situaciones que “deberían ser abordadas por la justicia criminal”.
PUBLICIDAD
La contraofensiva de Furlán no se hizo esperar: sus abogados presentaron sendas denuncias en el fuero penal y en el laboral en las que apuntan contra las acusaciones del informe de Biglieri y, a la vez, advierten que,a más de 90 días de iniciada su gestión, la intervención del gremio aún no definió la fecha de los comicios en la Seccional Zárate-Campana, mientras se ampliaron sus facultades sobre la UOM, la obra social, la negociación colectiva y la administración de recursos.
Al mismo tiempo, los escritos cuestionan la decisión del interventor judicial de otorgar poderes bancarios a Betiana Gorosito para operar ante el Banco Nación respecto de UOM y OSUOMRA porque en 2022 fue designada presidenta y directora titular de Donington S.A, “firma que integró durante más de 2 décadas un esquema fiduciario de administración de recursos sindicales que luego fue sustituido por decisión de los órganos de conducción” del sindicato metalúrgico.
PUBLICIDAD
“La intervención judicial no recibió mandato para determinar qué modelo de administración financiera debía prevalecer dentro de la organización”, se afirma en una de las presentaciones, que comparten ese argumento.
Por un lado, el abogado Alejandro Rúa reclamó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, el cierre definitivo de la causa por supuesta administración fraudulenta al afirmar que las acusaciones de la intervención judicial carecen totalmente de sustento de hecho y de derecho.
PUBLICIDAD
El escrito sostiene que la intervención no sólo incumplió su única misión —convocar a nuevas elecciones—, sino que además aplicó cuestionamientos infundados sobre la gestión financiera de la UOM aunque los propios balances y auditorías internas desmienten todas las sospechas.
La presentación rechaza que la intervención judicial haya encontrado la UOM en una situación crítica, sin registros ni controles confiables, y asegura que existen balances aprobados por el propio Congreso Nacional de Delegados que demuestran “el ordenamiento y la solvencia” logrados tras los últimos cuatro años de gestión, con resultados positivos reconocidos año a año en las Memorias y Balances sindicales, incluso durante el ciclo económico adverso de la industria metalúrgica.
PUBLICIDAD
Como dato central, la defensa subraya que en el último ejercicio auditado (2025) la organización sindical tuvo “una ganancia de más de 10.700 millones de pesos”, logrando además acumulaciones de ahorro por USD 16.529.427 a lo largo de cuatro años.
Esta acumulación —sumada a “la millonada recuperada de la administradora anterior”— es para la defensa la prueba clave de la “calidad certificada” en la gestión del Secretariado Nacional que lideraba Furlán, no sólo reconocida internamente -remarca- sino también refrendada por la obtención de la certificación ISO 9001:2015, un estándar internacional de control y calidad en los procesos administrativos y financieros.
PUBLICIDAD
Las imputaciones más severas del informe de Biglieri giran en torno de eventuales irregularidades en la contratación de USEM, presunto epicentro de un “conflicto de intereses” por la simultánea participación de María Soledad Calle como empleada de la UOM y accionista de la empresa. Sin embargo, la defensa de Furlán señaló que la contratación respondió a la exigencia contractual del nuevo convenio de fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina, y la constitución de USEM 82 días antes de iniciada la relación comercial obedeció a “la necesidad de contar con un intermediario para la gestión bancaria en beneficio de las seccionales de todo el país”.
El escrito enfatiza que la contratación cumplió con todos los procedimientos internos requeridos: por “unanimidad del Secretariado Nacional” de la UOM, con derivación directa del Consejo Directivo en julio de 2022 y tras debates y asesoramiento técnico previos a resoluciones formales. La comparación con la contratación pública —pilar de la denuncia mediática y la intervención judicial—, según el escrito, es “sin sustento jurídico ni normativo”: ni la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, ni el estatuto de la organización, ni las normas para entidades sindicales imponen prohibiciones automáticas para contratar con sociedades en las que participen empleados o ex empleados, ni exigen licitaciones competitivas obligatorias como en el Estado.
PUBLICIDAD
Para la defensa, la supuesta “incompatibilidad” es un error conceptual: “No existió, en definitiva, autocontratación, decisión sobre intereses contrapuestos ni intervención de Calle desde ambos lados de la relación jurídica”, reza el texto. Añade que no hay indicio alguno de perjuicio patrimonial para la organización sindical: la remuneración de USEM era variable según la recaudación, los servicios efectivamente prestados están documentados en contratos, facturas, registros y la operatoria con las 53 seccionales del país, y todos los circuitos, aseguran, quedaron auditados bajo norma ISO 9001:2015.
La presentación argumenta incluso que el reemplazo del sistema anterior por el administrado junto a USEM posibilitó una reducción de comisiones, impuestos e intereses, además de ampliar las posibilidades de inversión sindical —punto del que deriva la cifra de ahorro millonario y el refuerzo patrimonial—, dejando sin sustento la hipótesis de daño económico.
Además, los abogados Álvaro Daniel Ruiz, Matías Cremonte y Carlos Zamboni Siri hicieron una presentación ante la Corte Suprema, en el marco de una queja por recurso extraordinario federal denegado, en la que se cuestiona el informe de gestión de Biglieri.
En el escrito se pone en conocimiento de “la gravedad de la extensión de una intervención que, además de injusta, ha transformado su objeto principal de normalizar por vía de nuevas elecciones en a Seccional Zárate-Campana, que fue la excusa de la intervención nacional, y se ha dedicado a reponer la administración de los recursos de la UOM al Grupo Olmos, entre otras cosas”.
En este último sentido, apuntan contra la decisión de Biglieri de sumar a su gabinete de asesores al médico Ariel Raúl Sosa, ya que “existirían publicaciones oficiales e institucionales que lo identifican como director médico o director sanatorial de BASA S.A./Red BASA, además de antecedentes como presidente de Policlínico Regional Avellaneda S.A. y Administración Salud S.A.”,
La presentación vincula esas designaciones con “estructuras empresariales relacionadas con servicios de salud y con el denominado Grupo Olmos”, que estuvo vinculado durante mucho tiempo con la UOM hasta que cuando asumió Furlán como secretario general, en marzo de 2022, disolvió ese vínculo y luego impulsó la contratación de USEM para el gremio y la obra social.
El escrito reclama un tratamiento urgente y reitera el pedido de suspensión de los efectos de la sentencia del 22 de mayo de 2026, que dispuso la intervención judicial de la UOM y el desplazamiento de Furlán, y de los actos dictados como consecuencia de esa resolución.
El financiamiento a las personas físicas muestra señales cada vez más marcadas de tensión financiera. A pesar de que el volumen total del crédito real a las familias registró una leve contracción del 0,7% en julio —alcanzando los $99,4 billones—, el dato central del mercado radica en el constante deterioro de la calidad de la cartera.
Según el último Monitor Mensual Foco Provincial, elaborado en conjunto por la consultora EcoGo y la Universidad Austral, la mora total por monto trepó al 18,0% del crédito a las familias, registrando su 21° incremento mensual consecutivo y acumulando un salto de 10,3 puntos porcentuales en el último año.
Al medir el impacto directamente sobre la población, el 26,6% de los deudores del país presenta al menos un saldo irregular, lo que implica que más de uno de cada cuatro financiados incurre en atrasos de pago.
El estudio expone una marcada brecha según el tipo de otorgante del crédito:
– Sistema financiero vs. no bancario: Mientras que las entidades bancarias tradicionales registran un índice de mora del 15,8%, en los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) —las tarjetas no bancarias, las mutuales y las plataformas fintech— el incumplimiento escala de manera crítica al 31,3% del monto otorgado.
– La radiografía en Córdoba: En la provincia de Córdoba, el volumen de crédito real se situó en $10,3 billones. Si bien muestra un perfil relativamente más conservador dentro del mapa nacional, la mora por monto alcanzó el 14,8% (+8,4 p.p. interanual) y la proporción de deudores cordobeses con atrasos escaló al 25,2%. La mora en los PNFC dentro del territorio cordobés llegó al 25,5%.
– Disparidades provinciales: El mapa de morosidad por monto lo encabezan La Rioja (25,3%),Santa Cruz (23,6%) y San Luis (23,5%). En el extremo opuesto, La Pampa (9,6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12,4%) y Entre Ríos (14,0%) presentan los niveles más moderados.
– Deuda promedio y penetración: A nivel nacional, la deuda promedio se ubicó en $4,5 millones por deudor. En Córdoba, el indicador se elevó a $5,7 millones por deudor, registrando una penetración de 455 deudores por cada 1.000 habitantes.
El reporte destaca además que la denominada “mora operativa” (que excluye a los deudores irrecuperables en situación 5) se ubicó en un 11,8%, empezando a trazar una meseta que sugiere que el ritmo de ingreso a la irregularidad primaria podría comenzar a desacelerarse.
Más de 20 kilos de cocaína que intentaban ingresar a Entre Ríos fueron secuestrados durante un operativo realizado en el Puesto de Control Vial Paso Telégrafo, en el norte provincial. El procedimiento terminó con cinco hombres detenidos, dos vehículos incautados y el decomiso de teléfonos celulares y dinero en efectivo.
El operativo se concretó el pasado jueves durante controles vehiculares de rutina de la Policía de Entre Ríos. Los efectivos inspeccionaron inicialmente un Fiat Siena rojo en el que viajaban cuatro hombres mayores de edad, oriundos de Chaco, Santa Fe y Córdoba.
En simultáneo, los uniformados detuvieron un Volkswagen Bora gris que circulaba detrás del primer automóvil, también en sentido norte-sur. El vehículo era conducido por un hombre domiciliado en Resistencia, provincia de Chaco.
“Lila” detectó la droga escondida en el auto
Durante la inspección intervino la División Canes y la perra detectora de narcóticos “Lila” reaccionó de manera activa frente a la puerta trasera izquierda del Volkswagen Bora. A partir de esa señal, los policías profundizaron el procedimiento y comunicaron la situación a la Justicia Federal.
El Juzgado Federal de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos, con intervención de la Secretaría de Silvia González, ordenó convocar a personal de la División Toxicología de la Jefatura Departamental La Paz.
Ante testigos civiles, los agentes realizaron una revisión minuciosa del Bora y encontraron 20 panes compactos envueltos en film azul, distribuidos en las puertas y en compartimentos ubicados debajo del capot. Las pruebas de campo determinaron que se trataba de clorhidrato de cocaína.
Cinco detenidos y dos vehículos secuestrados
El pesaje estableció que el cargamento alcanzaba los 20 kilos con 720 gramos de cocaína. La totalidad de la sustancia quedó inmediatamente secuestrada y a disposición de la Justicia Federal.
La inspección realizada por el can sobre el Fiat Siena no detectó estupefacientes. Sin embargo, según informó la Policía, las tareas desarrolladas durante el procedimiento permitieron establecer una presunta vinculación entre los ocupantes de ambos vehículos y determinar que se movilizaban de manera coordinada.
Por disposición judicial, los cinco hombres quedaron detenidos e incomunicados. Además de la cocaína y los dos automóviles, fueron secuestrados teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que serán analizados en el marco de la investigación para determinar el origen y el destino del cargamento.
POSADAS, Misiones.- Una declaración del principal ejecutivo del aserradero más grande y moderno del país, ACON Timber, encendió todas las alarmas en esta región productora, porque pone en agenda la dificultad para ser competitivos de un sector que está atravesando una crisis de caída de ventas, baja de rentabilidad y cierre de empresas. “Nos está costando más de lo que pensábamos”, dijo Nicolás Crisp, ingeniero industrial y presidente de ACON Timber, un megaaserradero inaugurado en abril de 2024, de capitales belgas y austríacos.
En el sector forestoindustrial se admite que hay empresas pymes que van a desaparecer por cambios en las reglas del juego, falta de tecnología y escasa competitividad, pero nadie esperaba que firmas como esta sean las que adviertan dificultades para operar con rentabilidad en el actual contexto. Crisp puso en duda la segunda etapa de inversiones de este gigante, que ya desembolsó 130 millones de dólares y se convirtió en el mayor proyecto greenfield (desde cero) del sector forestoindustrial en lo que va del siglo, con su moderna planta en Gobernador Virasoro, Corrientes.
ACON Timber posee una capacidad de producción de 700.000 metros cúbicos de madera y tiene planes para invertir más de 100 millones de dólares adicionales para llevar su capacidad a 1,3 millones de metros cúbicos. “Todo eso va a depender de si hay un entorno más competitivo y sostenible. Son cambios estructurales y están siendo más difíciles de lo que pensábamos”, admitió el ejecutivo. El problema es que, según Crisp, no le están encontrando la vuelta al negocio por los altos costos logísticos, que son clave para un rubro que maneja alto volumen, con relativo bajo valor agregado.
Según pudo saber LA NACION de fuentes del sector, la empresa estaría perdiendo dinero todos los meses, a pesar de que produce, exporta a varios mercados (toda su producción es exportable) y aprovecha todo el árbol integralmente para producir madera aserrada, pellets de exportación (para energía) o producir su propia energía por biomasa (desperdicios del tronco).
Francisco Crisp, el titular de la empresa, en el reciente 80 aniversario de AFOA en Posadas. “Es muy complejo operar y trabajar en la Argentina. Hoy estamos viendo cómo hacemos mejor lo que hacemos, buscar eficiencias y productividad”
El gran problema que puso de manifiesto el ejecutivo es el alto costo para transportar contenedores con productos de madera desde Gobernador Virasoro hasta los puertos de salida en Zárate o Buenos Aires, a casi 1000 kilómetros. Ese trayecto se hace mayoritariamente en camión y se complementa con algunas cargas fluviales desde los puertos de Corrientes Capital y Posadas, terminales que hace poco volvieron a operar tras décadas inactivas, y que aún no logran ni el volumen ni la frecuencia, ni la baja de costos que lo haga competitivo. Para lograrlo necesitan mucho más volumen y, sobre todo, acelerar las desregulaciones del sector fluvial que permitan bajar los costos del transporte fluvial de cabotaje argentino, históricamente atrapado en una maraña de reglamentos y regulaciones gremiales que lo tornan muy caro.
“ACON Timber manifestó sus dificultades con los costos logísticos”, comentó ayer el titular del Puerto de Posadas, Ricardo Babiak, quien también pidió acelerar las desregulaciones. “La bandera argentina tiene costos que te asesinan”, remarcó en una exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura misionera.
ACON Timber, en números, según la presentación en su página web. Es considerado el aserradero más grande y moderno del país, pensado íntegramente para exportar al mundo
Babiak fue el responsable de reactivar el puerto de Posadas, cuyo principal producto de salida es el forestal de empresas como Arauco Argentina o la propia ACON Timber. “Por ahora el flete es subsidiado por la provincia”, indicó. Misiones está por ceder en octubre próximo a un privado la operación de la terminal, con una licitación en la cual quedaron finalistas tres empresas. “Necesitamos más volumen, más carga, más viajes y desregular la bandera argentina”, explicó el funcionario.
La forestación es una de las actividades más importantes del NEA
Una de las expectativas está puesta en el operador estadounidense InterBarge, que opera 258 barcazas y 13 remolcadores en la Hidrovía. Este operador está interesado en venir a llevar carga desde Posadas e Ituzaingó (Corrientes), con un volumen comprometido de 4000 contenedores por mes. Actualmente, Posadas mueve 260 contenedores.
El mayor volumen es la clave para bajar el costo y hacer que el negocio rentable. “Está gente de InterBarge nos dice que se puede llegar a bajar 1500 dólares el costo por contenedor”, indicó otro empresario forestal de la zona, que afronta problemas similares a los de ACON Timber.
La expansión de la oferta de autos eléctricos e híbridos enchufables en el mercado argentino llevó a más usuarios a considerar el cambio y dejar sus vehículos nafteros. Entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, llegaron al país aproximadamente 80.000 unidades de esas tecnologías.
Los vehículos eléctricos utilizan un motor alimentado por una batería de litio que debe recargarse. En los híbridos enchufables, esa batería convive con un motor de combustión. En el primer caso, la carga es esencial, mientras que en el segundo, tener una alternativa de recarga propia o habitual resulta clave para aprovechar el funcionamiento eléctrico del vehículo y obtener una mayor eficiencia de consumo.
PUBLICIDAD
La lógica es muy similar a la del uso de un teléfono celular: al regresar a casa, el conductor puede conectar el auto a un punto de recarga y dejarlo enchufado durante varias horas. La frecuencia de esta operación dependerá de los kilómetros recorridos, la capacidad de la batería y la autonomía de cada modelo.
En un eléctrico, la autonomía varía según el vehículo, el tipo de manejo y las condiciones de uso. En los híbridos enchufables, el ahorro de combustible depende en gran medida de que la batería se recargue con regularidad, de modo que el vehículo pueda circular la mayor cantidad de tiempo posible en modo eléctrico.
PUBLICIDAD
El costo del cargador doméstico
Disponer de un punto de recarga en el hogar puede reducir la dependencia de las estaciones públicas o de los enchufes disponibles en el trabajo. Actualmente, en la Argentina hay menos de 400 puntos de recarga pública, lo que reduce la disponibilidad.
La instalación supone un costo inicial. El cargador puede costar entre USD 650 y USD 950; el cable, entre USD 200 y USD 300; y la instalación eléctrica, entre USD 500 y USD 650 adicionales. Los valores pueden variar según el equipo, la potencia y las condiciones de la vivienda. Hay algunas marcas que venden el auto con cargador incluido en el precio, aunque no es una práctica generalizada.
PUBLICIDAD
Por ese motivo, o porque el domicilio es en un edificio donde no está permitido instalar un cargador de autos eléctricos, todavía hay algunos propietarios de autos híbridos enchufables que prescinden de la instalación doméstica y recargan el vehículo de manera ocasional en puntos públicos. Es una alternativa posible, aunque puede requerir tiempo durante el día y generar un costo eléctrico más alto que la recarga en el hogar, según la tarifa disponible.
También existe el cargador portátil, que se conecta a un enchufe de pared y funciona con corriente alterna. Suele ofrecer una potencia de hasta 2,2 kW, por lo que se lo considera una solución de uso ocasional o de emergencia. Su precio se ubica en la franja de entre USD 270 y USD 450, aunque algunos vehículos lo incluyen de fábrica.
PUBLICIDAD
Una batería con una capacidad de 50 kWh puede costar entre $35.000 y $40.000 por recarga en un punto público, dependiendo de la empresa o lugar y su proveedor. En el hogar, esa misma carga puede costar entre $10.000 y $12.000, según la tarifa de cada domicilio.
La potencia se mide en kW y la capacidad de la batería, en kWh
La diferencia entre kilovatios (kW) y kilovatios-hora (kWh) es central para comprender la recarga. Los kW miden la potencia que puede entregar un cargador, mientras que los kWh expresan la energía almacenada o la capacidad de una batería.
PUBLICIDAD
Por ejemplo, una batería de 50 kWh indica que puede almacenar esa cantidad de energía. Un cargador de 7,4 kW, en cambio, expresa la potencia con la que puede suministrarla. El tiempo final dependerá de ambos valores, del estado inicial de la batería, de la potencia que admita el vehículo y de otros factores del sistema.
Los vehículos eléctricos almacenan energía en corriente continua (DC). Cuando se los conecta a un cargador de corriente alterna (CA), como los equipos domésticos, el propio auto transforma esa electricidad antes de enviarla a la batería. En los cargadores rápidos de corriente continua, la conversión se realiza en el equipo de recarga y la energía llega directamente a la batería.
PUBLICIDAD
La conexión de corriente alterna suele utilizar la parte superior de la toma de carga. En los vehículos compatibles, la carga en corriente continua emplea conectores adicionales en la parte inferior.
Como referencia, una batería de 50 kWh requiere cerca de siete horas para una recarga completa con un equipo de 7,4 kW, aunque el tiempo real puede ser mayor. En una estación de carga pública se suele encontrar disponible una potencia de 22 kW, con lo que la misma batería puede demorar una hora y media en cargarse por completo.
PUBLICIDAD
El último tramo de la recarga suele demandar más tiempo
Antes de iniciar la carga, algunos modelos exigen habilitar la tapa o el puerto desde la pantalla interior; otros permiten el acceso al abrir las puertas. Una vez conectado el vehículo, la estación o la aplicación informa la potencia disponible, el estado de la batería y el tiempo estimado.
Muchos autos permiten establecer un límite de carga. Alcanzar el 100% suele llevar más tiempo que llegar al 80% o al 90%, porque el sistema reduce progresivamente la potencia en la etapa final para proteger la batería y completar el proceso de forma controlada.
PUBLICIDAD
Por ese motivo, en una estación pública puede resultar práctico fijar un límite de 80% o 90%, en especial si el tiempo de permanencia es limitado. La recarga nocturna en el hogar, en cambio, permite más margen para completar el nivel que necesite el conductor, sin depender del tiempo de espera en una estación.
Al finalizar, la sesión debe interrumpirse desde la aplicación o desde la pantalla del vehículo, según el sistema utilizado. Algunos modelos requieren liberar el conector desde el interior antes de retirarlo, mientras que otros permiten desconectarlo cuando concluye la carga.
El Reino Unido publicó este martes una guía oficial en la que respalda toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y descarta que Argentina tenga derecho a ejercer jurisdicción sobre las empresas que operan en el archipiélago, en la primera respuesta directa -y oficial- a las sanciones y advertencias que impulsó el presidente Javier Milei en las últimas dos semanas.
El documento, divulgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del gobierno británico y denominado “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, afirma que la ley argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las compañías o personas que realizan negocios allí. “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland (SIC)”, se afirma en el texto.
PUBLICIDAD
Además, señala que el Reino Unido no encuentra fundamento legal para que los tribunales de cualquier país fuera de Argentina puedan ejercer jurisdicción legítima respecto de las medidas que Buenos Aires adopte. A través de esta guía, el gobierno británico recordó que sanciones anteriores impuestas por distintas administraciones argentinas estuvieron vigentes durante años sin impedir el crecimiento de la economía de las islas, y que la situación actual no difiere de ese historial.
La publicación se produce 11 días después de la cadena nacional donde Milei anunció su intención de enviar al Congreso un proyecto de ley de “defensa de la soberanía nacional” con sanciones económicas más severas para las empresas que extraigan petróleo en aguas que Argentina considera propias. Y avanzar en este sentido contra empresarios y firmas que operan en Malvinas.
PUBLICIDAD
En aquel momento, el mandatario calificó al yacimiento Sea Lion -un campo de petróleo en aguas profundas ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte de las islas- como “un peligro claro e inmediato” para los intereses del país. La iniciativa apunta directamente al consorcio Rockhopper–Navitas, que prevé iniciar la extracción en 2028, en el marco de un proyecto que apunta a extraer en una primera fase 170 millones barriles.
La propuesta legislativa incluiría penalidades para proveedores, accionistas y directores, y podría prohibirles operar o firmar contratos en territorio argentino. Rockhopper, en tanto, señaló en un comunicado que no espera que el anuncio tenga un “efecto material” en el desarrollo del proyecto.
PUBLICIDAD
La guía que difundió el gobierno británico sostiene que no discutirá la soberanía sobre las islas a menos que los propios isleños así lo deseen, posición que mantiene desde que el Reino Unido administra el archipiélago de forma ininterrumpida desde 1833, con la excepción del conflicto armado de 1982. El texto reafirma que el derecho a la autodeterminación de los isleños incluye la facultad de explotar sus propios recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, bajo la regulación del Gobierno de las Islas Malvinas y en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
En la práctica, la guía traza tres líneas de acción concretas para las empresas. Primero, establece que las actividades reguladas por la legislación de las islas son plenamente legítimas y que ningún tribunal fuera de Argentina tiene base para ejecutar las medidas de Buenos Aires. Segundo, recomienda que toda compañía o individuo que reciba correspondencia o amenazas de acción legal por parte de las autoridades argentinas obtenga asesoramiento legal independiente sobre sus circunstancias particulares.
PUBLICIDAD
Tercero, ofrece intervención directa del gobierno británico: donde una compañía, una subsidiaria o un proveedor enfrente presiones en un tercer país por su actividad legítima en las islas, el FCDO está dispuesto a hacer valer su postura ante esa empresa de forma directa.
Por otro lado, el canciller argentino Pablo Quirno salió a interpretar a su favor otro frente abierto en el Reino Unido. Ayer, los jefes de gobierno de Escocia, Gales e Irlanda del Norte —John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O’Neill, respectivamente— suscribieron en Cardiff un memorando en el que afirman que el derecho a la autodeterminación corresponde a sus naciones y que la democracia no puede quedar condicionada por la negativa del Parlamento británico a autorizar procesos de consulta.
PUBLICIDAD
Quirno, que expuso en la apertura del Día de la Exportación organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), afirmó que esa declaración conjunta es “una excelente noticia” para Buenos Aires. “Que el Reino Unido defienda la integralidad territorial es una excelente noticia, porque es lo que nosotros también hemos reclamado siempre”, sostuvo el funcionario. El canciller reconoció que esos movimientos “le dan otra relevancia” al reclamo soberano argentino, aunque evitó pronunciarse sobre los asuntos internos del Reino Unido.
Consultado sobre eventuales quejas diplomáticas por las sanciones impuestas a las empresas petroleras que participan del proyecto Sea Lion, Quirno descartó que haya habido reclamos: “No ha habido absolutamente ninguna queja. Argentina está a derecho, cumpliendo con su legislación y tratando de agregar herramientas para la mejor defensa de nuestros intereses en Malvinas”, afirmó. El canciller también expresó confianza en que el Congreso apruebe el proyecto de ley impulsado por Milei, al que describió como una herramienta para “mejorar las condiciones que tenemos para defender nuestra soberanía”.
PUBLICIDAD
Mientras el gobierno británico publicaba su guía, en Buenos Aires la administración libertaria afina la redacción del proyecto. El documento se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica bajo revisión final de la secretaria María Ibarzabal Murphy, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, informó Infobae. El envío al Congreso, que el Gabinete había previsto para el inicio de la semana, se demoró por los ajustes técnicos pendientes, y el oficialismo espera girar el proyecto esta semana.
El transporte quedó afectado este martes en Países Bajos por una movilización de productores que incluyó cortes de rutas, incendios y sabotajes en diferentes sectores de la red ferroviaria. Los hechos ocurrieron durante la presentación del Presupuesto Nacional para 2027, contra el que también se expresaron los agricultores.
La protesta se desarrolló en paralelo al Prinsjesdag, una fecha central del calendario político neerlandés. Durante esta jornada, el rey Guillermo Alejandro inaugura oficialmente el nuevo período parlamentario y el Gobierno expone sus planes y las cuentas previstas para el próximo año.
Los manifestantes utilizaron tractores y otros vehículos para bloquear distintas carreteras. En algunos lugares, además, encendieron fogatas sobre las rutas, lo que complicó la circulación y generó demoras.
El conflicto también llegó al sistema ferroviario. ProRail, la empresa pública que administra la infraestructura, detectó durante la madrugada objetos colocados sobre las vías y en sectores vinculados con la señalización. Las acciones provocaron la activación de los sistemas de seguridad y obligaron a detener la circulación en diferentes puntos.
Las mayores dificultades se concentraron en las conexiones cercanas a Zwolle, Deventer y Amersfoort. También se registraron inconvenientes en los servicios vinculados con Utrecht, uno de los principales puntos de conexión ferroviaria del país.
Países Bajos: investigación por los sabotajes y reclamo agrícola
Ante estos hechos, la Policía inició una investigación para determinar quién colocó los objetos y establecer si existe una relación entre los sabotajes y la movilización de los productores.
Farmers Defence Force, una de las organizaciones que promovió la protesta, rechazó haber organizado las acciones contra los trenes. Sin embargo, reconoció que no podía descartar que algunos agricultores hubieran participado de manera individual.
Las movilizaciones del sector no son nuevas. Desde hace varios años, los productores neerlandeses cuestionan las políticas ambientales impulsadas por las autoridades, especialmente las medidas destinadas a reducir las emisiones de nitrógeno, que consideran perjudiciales para la actividad agrícola.
En medio de la creciente preocupación por el Súper Niño, que desencadenaría, según distintas proyecciones, lluvias abundantes, hoy se conoció que el bloque Unión y Libertad del Senado bonaerense, que conforman Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Paola Silvana Ventura, presentó un proyecto de ley para que los municipios puedan destinar, de manera excepcional, recursos viales descentralizados a obras hídricas urgentes. Explicaron que la iniciativa propone habilitar el uso de hasta el 100% de esos fondos durante 180 días corridos.
Según se explicó, el proyecto busca flexibilizar temporalmente el destino de los fondos y permitir que los intendentes atiendan las necesidades hídricas más urgentes. “Viene El Niño y nosotros seguimos con un manual de reglas viejo. Si sabemos que se van a desbordar los drenajes, ¿por qué obligamos a los municipios a gastar sus recursos en emparejar calles de tierra?”, planteó Carlos Kikuchi.
Desde ese bloque señalaron que se busca modificar temporalmente el esquema previsto por la Ley 13.010. Se trata de la norma que fija el destino de los recursos descentralizados del Impuesto Inmobiliario Rural al mantenimiento de la red vial.
Paola Silvana Ventura, Carlos Kikuchi y Sergio VargasGentileza
“Lo que pedimos es sentido común. Los intendentes son los que están más cerca de los damnificados y saben mejor que nadie qué medidas tomar. No estamos pidiendo más plata ni creando nuevos impuestos, estamos pidiendo que puedan usar los recursos que ya tienen para prevenir las consecuencias de las inundaciones”, dijo Sergio Vargas.
Con la propuesta se podrían ejecutar obras críticas de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación de alcantarillas y adquisición de equipamiento hídrico. Para el bloque, “la rigidez de la normativa vigente puede impedir que los municipios atiendan las necesidades más urgentes frente a eventos climáticos severos”.
La iniciativa pone el foco en el impacto de El NiñoGza.
Agregaron: “No resulta suficiente destinar recursos al mantenimiento de los caminos rurales si los canales y desagües se encuentran desbordados o no cuentan con las condiciones necesarias para conducir los excesos de agua”.
Argentina alcanzó en apenas nueve meses el cupo de 100.000 toneladas de carne vacunacon acceso preferencial habilitado por EEUU y, de esta manera, cumplió antes de que termine el año con el volumen exportador asignado por el país norteamericano.
El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, durante la celebración por los 30 años del Día de la Exportación organizada por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). “Argentina ya vendió 100.000 toneladas de carne vacuna a EEUU y dio cumplimiento a la cuota de exportación incluso antes de lo previsto”, dijo.
PUBLICIDAD
El resultado, según el funcionario, se alcanzó luego de la puesta en marcha de Argentina B2B Week, una estrategia de promoción comercial diseñada para posicionar la oferta exportable argentina en mercados estratégicos.
En ese marco se realizaron dos ediciones de la Semana de la Carne Argentina en EEUU, que recorrieron seis ciudades —Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, Miami, Atlanta y Houston— y reunieron a 23 frigoríficos nacionales con importadores y distribuidores de EEUU. En total, se generaron más de 500 contactos comerciales directos.
PUBLICIDAD
El cumplimiento anticipado de la cuota genera expectativas de cara al próximo año. Según destacó PromArgentina, el interés demostrado por los compradores de EEUU permite prever que Argentina podría acceder a un cupo mayor en 2027, en un mercado considerado uno de los más relevantes y exigentes para el sector a nivel global.
Los datos de la industria muestran el fuerte avance de las ventas al mercado estadounidense. De acuerdo con la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), durante los primeros siete meses del año Argentina exportó a EEUU 65.500 toneladas de carne vacuna, equivalentes al 19,5% del total vendido al exterior en ese período. El volumen significó un crecimiento interanual de 211,5%, con 44.500 toneladas adicionales.
PUBLICIDAD
A su vez, el precio promedio de esas operaciones aumentó 13,1% interanual, hasta alcanzar los USD 8.257 por tonelada.
En julio, EEUU se ubicó como el segundo destino de las exportaciones de carne vacuna, con una participación de 20,8% y ventas por USD 92,8 millones.
PUBLICIDAD
En términos generales, los ingresos generados por las exportaciones de carne vacuna alcanzaron USD 446,6 millones en dicho mes. El resultado implicó una mejora de 4,4% frente a junio y de 34% respecto de julio de 2025, equivalente a USD 113,4 millones adicionales, impulsada tanto por un aumento de las cantidades comercializadas como por la mejora de los precios.
El récord de las exportaciones argentinas
Durante el encuentro de CERA, Sucalesca también destacó el desempeño general del comercio exterior. “Estamos viviendo el mejor comienzo de año en exportaciones de nuestra historia”, afirmó, y señaló que entre enero y julio Argentina exportó por USD 58.365 millones, un 22,9% más que en el mismo período del año pasado. Además, indicó que el valor por tonelada aumentó casi 15%.
PUBLICIDAD
En este contexto, CERA proyecta que las exportaciones argentinas superarán los USD 103.000 millones durante 2026, lo que marcaría por primera vez que el país atraviesa el umbral de los USD 100.000 millones en ventas externas.
Sucalesca también destacó: “Hoy tenemos 7.931 empresas exportadoras, un 4,1% más que en 2025 y 7,6% más que en 2023. Todo esto demuestra que estamos en presencia de una plataforma exportadora sólida, una plataforma exportadora que suma e integra capacidades”, sostuvo.
PUBLICIDAD
Nuevas rondas comerciales
La agenda de promoción comercial continuará durante los próximos meses con nuevas rondas de negocios en mercados estratégicos. La próxima actividad será el 2 de octubre en París, en el marco de Argentina Week, la estrategia de promoción económica, comercial y de atracción de inversiones internacionales impulsada por el Gobierno y encabezada por el presidente Javier Milei.
Ese día, PromArgentina organizará Argentina B2B Week | Seafood Edition, una jornada de negocios que reunirá a empresas pesqueras argentinas exportadoras de langostinos salvajes y vieiras con importadores franceses. El objetivo será generar nuevos contactos y ampliar las oportunidades comerciales para el sector en Francia.
