Ley de propiedad privada en el Senado, en vivo: las últimas noticias del debate hoy, 6 de agostoLa sesión comenzará a las 14 horas, tal como se había pactado durante el cuarto intermedio solicitado en julio. El oficialismo espera conseguir la mayoría para avanzar con otra de las reformas claves para el Ejecutivo
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Joaquín Benegas Lynch ataca la caída de la ley de Tierras, mientras encabeza una madeja de sociedades para explotar y vender campos
Lejos de importarle las contradicciones, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch olfateaba, con un alto grado de certeza, que el gobierno de Javier Milei le crearía las condiciones para seguir creciendo en sus negocios. Es por eso que, en 2025, poco antes de asumir en la Cámara Alta, en un reportaje con el periodista entrerriano Federico Malvasio, confesó: “El campo tuvo un 70 por ciento de presión fiscal sobre la rentabilidad. En ese marco, los únicos argentinos que han podido comprar campos son políticos o sindicalistas; muy poca gente que venga del sector privado con fondos genuinos. Ya se empiezan a ver otros aires con Javier (Milei)”.
Ahora, con la lupa puesta sobre su firma Glocal Terra SRL, con la que se dedica a rastrear clientes extranjeros que quieran comprar tierras en Argentina, en realidad queda expuesto, una vez más, cómo se cruzan intereses particulares y políticos. Una fuente calificada en Entre Ríos lo definió como un “lobista” que, en los hechos, “al menos en La Paz administra la fortuna de su esposa, Eloisa Perea Muñoz”. Con ella comparte el control de Glocal, cuyo listado de clientes interesados en tierras de Argentina, Paraguay y la región se mantiene bajo siete llaves.
No es secundaria la mención a la ciudad entrerriana de La Paz ya que ahí comenzó su idilio en 2007 cuando desembarcó como integrante de la inmobiliaria Pampa Partners, que estaba vinculada a The Conservation Trust Land (hoy se llama Rewilding Argentina), fundación creada por el polémico estadounidense Douglas Tompkins.
El empresario norteamericano, según sus detractores, con Greenpeace a la cabeza, utilizaba la pantalla ecologista para acumular tierras en países extranjeros como Argentina y Chile, llegando a apoderarse del acceso al agua ya que debajo de las tierras que adquirió estaba el Acuífero Guaraní. Quienes lo estimaban destacaban su función en pos del medio ambiente.
En 2006, José Luis Niella, un sacerdote católico y activista social, dijo que la gente pobre de la región de los Esteros del Iberá ya no tiene acceso a las tierras donde sus antepasados vivieron libremente durante generaciones. Lo acusaron de cortar caminos estatales. En Chile las críticas tenían un tono similar. El entonces senador Antonio Horvath sostuvo que “en Chile hay lugares donde Tompkins ha comprado tierras desde la frontera en el mar, separando al país en dos”.
El socio de Benegas Lynch en Pampa Partners era Eduardo José Chorén, quien hoy está al frente de Estancia Lagunas Blancas SA, establecimiento agropecuario de 3000 hectáreas ubicado en Santa Elena, departamento de La Paz. Lagunas Blancas había sido propiedad del mencionado Tompkins. El Directorio de Lagunas Blancas quedó compuesto aparte de Chorén, por José Joaquín Aguirre, quien tiene pasaporte estadounidense, y por José Antonio Cilley.
Luego de que Tompkins muriera por hipotermia en 2014, su viuda, Kristine McDivit, comenzó a desprenderse de diferentes tierras. A fines de 2015, donó al Estado argentino 150 mil hectáreas para la creación de un Parque Nacional en los Esteros del Iberá. El traspaso se dio en un encuentro con el presidente Mauricio Macri.
The North Face y Esprit fueron las dos marcas que convirtieron a Douglas Tompkins en multimillonario. Ambas firmas del rubro de la ropa deportiva fueron vendidas por el empresario en los 80. Con los millones obtenidos de la venta de ambas compañías, el norteamericano comenzó su conversión al ecologismo. Compró tierras en Chile y Argentina. Acá, se quedó con la reserva natural Iberá, un área de más de 500.000 hectáreas. Debajo de esas tierras se encuentra el Acuífero Guaraní, considerado una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo. El proyecto de conservación impulsado en esa región fue fuertemente cuestionado por ambientalistas y comunidades que denunciaron que el empresario, en realidad, venía para apropiarse de esa reserva natural.
Joaquín Benegas Lynch, quien tiene una nula actividad legislativa en el casi año que lleva como senador nacional, siguió la escuela de Tompkins y constituyó Finca Luracatao S.A, la cual posee una extensa superficie territorial en los Valles Calchaquíes (Salta), abarcando zonas de los departamentos de Cachi y Molinos. Allí, quedó en el centro de una puja con las comunidades originarias por la explotación de una mina de oro, en la que la empresa del senador nacional aparece como titular del dominio.
Su socio en Finca Luracatao es Manuel José Biedma, funcionario del Ministerio de Transporte durante el gobierno de Mauricio Macri. También aparece en el directorio Cecilia Durán López Lecube y sus hijos Margarita María Freixas López Lecube y José López Lecube.
El amor por La Paz hizo que Benegas Lynch sedujera a su padre para que invirtiera en la ciudad y creara Concepción Agro SA. Esta empresa funciona en Entre Ríos, y tiene como socio al abogado porteño Agustín Seratti. Con él también tiene el control de Maita Agro Meras S.A.
Justamente, en La Paz, los pobladores locales se sorprendieron al ver que Joaquín Benegas Lynch y su entorno conformaron una especie de comunidad cerrada que tiene desde una escuela a su propio circuito cultural y, obviamente, seguridad privada.
El periodista Federico Malvasio, en un excelente artículo sobre el grupo que tiene como uno de sus integrantes a Benegas Lynch, lo describió así: “Joaquín fue un ferviente militante de la candidatura a gobernador de Sebastián Etchevehere en 2023. Antes había incursionado en política en las movilizaciones contra la Resolución 125, que fijaba un sistema de retenciones móviles que abrió un enfrentamiento político entre el sector rural y el gobierno nacional de entonces. Ese conflicto organizaría, luego, la política argentina hasta la actualidad. El hijo del prócer del liberalismo argentino Alberto Benegas Lynch fue un activista en los piquetes y, más acá, en 2020, fue uno de los principales convocantes a Santa Elena cuando el dirigente social Juan Grabois ingresó a uno de los campos de la familia Etchevehere como protesta ante un reclamo judicial de Dolores, la hermana de Sebastián y Luis Miguel, el ex ministro macrista, por la herencia familiar”.
Siguiendo con el listado de firmas que orbitan en derredor de Joaquín Benegas Lynch, aparece la que administra con la familia de su esposa y tiene ineludibles reminiscencias con la de Tompkins: Pampa Invesment SAS. La componen, también, Fernando Perez Muñoz, su ex socio en Pampa Partners Eduardo Choren y el abogado Fernando Mazzinghi.
Meses atrás, en abril, en La Paz, se sorprendieron al enterarse que Joaquín Benegas Lynch había comprado una casona tradicional, cuyo valor de mercado rondaba el medio millón de dólares. Medios locales se dejaron atacar un tanto menos por la sorpresa al cotejar que la nueva propiedad no formaba parte de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Lo definieron como un lobista, que “naturalmente va a aprovechar los espacios que pueda ocupar para defender sus intereses”.
Ayer, a última hora, en su cuenta de X, el senador nacional se enojó con el periodismo y salió a defender “la del argentino que quiere vender su campo y elegir a quién”. Una buena manera de garantizarle a sus clientes de Glocal Terra que no los iba abandonar.
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La matriz del despojo: ingeniería jurídica para un nuevo modelo de acumulación
La discusión pública sobre el rumbo económico actual suele fragmentarse en polémicas aisladas: la flexibilización de la Ley de Tierras se presenta como un debate inmobiliario, el RIGI como un régimen impositivo, Vaca Muerta como una promesa de exportación energética y la reforma del régimen societario como una simplificación administrativa. Esa lectura sectorial dificulta advertir que estas iniciativas forman parte de una misma arquitectura jurídica y territorial. En conjunto, configuran un andamiaje orientado a un modelo de acumulación basado en la extracción intensiva de recursos, la desregulación y la reducción de los márgenes de intervención estatal.
1. El RIGI: la extraterritorialidad jurídica
Presentado formalmente como un régimen de incentivos para las grandes inversiones, el RIGI funciona, en los hechos, como una suerte de constitución económica paralela. Su impacto central no reside únicamente en la reducción de alícuotas o en las exenciones fiscales, sino en el blindaje jurídico que otorga a los proyectos por treinta años, restringiendo la capacidad de decisión del Estado nacional y de las provincias sobre aspectos centrales de su regulación.
Al desplazar los potenciales litigios hacia tribunales arbitrales internacionales —como la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI— y limitar los márgenes de regulación en materia ambiental, cambiaria y fiscal, el régimen consolida un esquema de protección excepcional para las inversiones. El antecedente es conocido: según la base de datos del propio CIADI, Argentina es el país con mayor cantidad de demandas registradas ante ese organismo, con 56 casos entre concluidos y pendientes, y más de 16.000 millones de dólares abonados en las últimas dos décadas por controversias vinculadas a expropiaciones, pesificaciones y cambios regulatorios. El RIGI no inaugura esa lógica; la incorpora explícitamente al diseño jurídico de las futuras inversiones durante tres décadas. Los proyectos se desarrollan dentro del territorio argentino, pero bajo un régimen de garantías extraordinarias que reduce la capacidad del Estado para modificar las condiciones bajo las cuales fueron autorizados.
2. La Ley de Tierras y la Patagonia
La flexibilización de la Ley de Tierras adquiere su verdadera dimensión estratégica al ser leída en el mapa de la Patagonia. La concentración y extranjerización de grandes extensiones territoriales en zonas cordilleranas, de frontera y de riqueza estratégica responde a la privatización de la soberanía territorial.
atardecer costa sauce La prueba ya está documentada en un expediente judicial: en abril de este año, un empresario reconoció bajo juramento, en un juicio oral en Río Negro, haber comprado casi 20.000 hectáreas patagónicas —con ríos, glaciares y bosque nativo, en zona de seguridad de frontera— con fondos donados por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, a 106 dólares la hectárea. Controlar la superficie en áreas clave —cercanas a reservas de agua, recursos mineros, energéticos y pasos bioceánicos— permite neutralizar la capacidad de planificación estatal sobre los vectores logísticos y geopolíticos. La tierra deja de ser un bien social o productivo para convertirse en un cerco privado que garantiza el control absoluto sobre los accesos y los recursos del subsuelo.
A esa lógica patagónica se suma un dato que confirma un patrón territorial más amplio: hoy hay 13 millones de hectáreas en manos extranjeras en el país —casi el 5% del territorio nacional—, y 36 departamentos ya superan el límite legal vigente. El corredor del río Paraná, en Misiones, Corrientes y Entre Ríos, repite el mismo esquema que la Patagonia: control de las vías navegables y los recursos hídricos estratégicos, no de la producción agraria. La geografía cambia; la lógica de control territorial, no.
Aun cuando el oficialismo debió retirar del debate legislativo el capítulo sobre la flexibilización del régimen de tierras ante la falta de consenso en el Senado, la matriz geopolítica y económica que impulsa la gestión no depende de esa única pieza. El RIGI, Vaca Muerta y la reforma societaria ya la consolidan con independencia de lo que ocurra con la Ley de Tierras.
3. Vaca Muerta: el enclave de exportación
En lugar de configurarse como un motor dinamizador del mercado interno y de la balanza comercial a través de la integración industrial, Vaca Muerta opera bajo la lógica de un enclave exportador.
El ejemplo más nítido lo dio la propia YPF en mayo de este año, al presentar LLL Oil, el mayor proyecto adherido al RIGI hasta la fecha: 25.000 millones de dólares de inversión, 1.152 pozos y una producción proyectada de 240.000 barriles diarios hacia 2032. La compañía fue explícita sobre el destino de esa producción: el 100% del crudo se exportará, sin reservar volumen alguno para el mercado interno. Su infraestructura está diseñada como un sistema de extracción y evacuación directa hacia los puertos de exportación, operando con insumos, tecnología y circuitos financieros fuertemente globalizados. La renta generada no fortalece el entramado productivo nacional: transita por carriles especializados hacia la liquidación externa, reproduciendo el clásico esquema de economía de enclave.
El propio FMI convalidó ese rumbo esta semana: su directora gerente, Kristalina Georgieva, recorrió Vaca Muerta junto al ministro de Economía y el presidente de YPF, y describió el yacimiento como la muestra de un «futuro energético brillante» para el país. Los medios ya lo resumen sin rodeos: es la usina de dólares con la que el Gobierno espera afrontar los pagos de la deuda externa. En simultáneo, el petróleo crudo desplazó por primera vez a la soja y al maíz como principal producto de exportación argentino, según cifras oficiales del INDEC
Foto: NA4. Las sociedades anónimas y los vehículos societarios
La simplificación y desregulación en materia de sociedades anónimas y estructuras jurídicas flexibles cumplen un rol instrumental indispensable dentro de esta matriz.
En Argentina, esa opacidad es una excepción normativa concreta: las sociedades anónimas que cotizan en oferta pública están exceptuadas por ley de declarar quién es su beneficiario final, y esa información ni siquiera se considera de acceso público. Las sociedades de responsabilidad limitada y las constituidas en el extranjero enfrentan controles todavía más laxos. En un esquema donde los recursos se extraen bajo regímenes de excepción y fluyen hacia circuitos externos, estas estructuras societarias opacas —incluidos entramados offshore y vehículos de participación anónima— actúan como el software legal que garantiza la velocidad y el anonimato en la transferencia de activos. Permiten diluir responsabilidades fiscales, ambientales y penales, asegurando que el control de los recursos y la propiedad del capital se muevan con absoluta fluidez, lejos de cualquier posibilidad real de auditoría pública o ciudadana.
La matriz completa
La sincronización entre el RIGI, la reforma en la tenencia de tierras, la organización de Vaca Muerta como enclave y la opacidad societaria evidencia que el propósito central de estas políticas no es la mera reactivación económica, sino una redefinición estructural del rol del Estado y del destino de los recursos estratégicos.
Al vaciar de contenido la soberanía territorial y jurídica, se consolida un modelo donde el territorio funciona como una plataforma de extracción de renta transnacional, obturando de antemano cualquier herramienta institucional destinada a orientar los recursos en función del desarrollo soberano. El 6 de agosto, el Senado vuelve a poner en juego esa arquitectura. Pero esa votación es apenas uno de los frentes de una transformación más amplia. El RIGI, Vaca Muerta y la reforma del régimen societario forman parte de un mismo entramado, cuyo alcance excede el debate parlamentario de ese día y seguirá definiéndose en el terreno de las disputas políticas y sociales.
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Qué impacto podría tener el conflicto diplomático con Brasil en la industria automotriz argentina
La escalada del conflicto diplomático entre los gobiernos de Argentina y Brasil sacude la matriz productiva de ambos países y, de manera particular, a la industria del automóvil, ya que la casi todas las terminales instaladas con producción en la región tienen plantas en ambos lados de la frontera. Además, en todos los casos de las marcas con producción en la Argentina, sus cuarteles generales también están en el vecino país.
Para tener una idea más precisa de la influencia que tiene el comercio automotor entre ambos países, la Argentina fabricó un volumen total de 490.876 vehículos en 2025 y exportó el 57% de ellos. Pero Brasil compró el 65% de la producción nacional de vehículos.
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En el otro sentido, las exportaciones de autos de Brasil a la Argentina son las más relevantes en el mercado local, ya que sobre un total de 336.806 autos importados que llegaron el año pasado, 268.358 unidades vinieron de ese país, es decir el 79%.
Los principales interesados en cuidar este ecosistema industrial son las terminales y autopartistas, nucleados en que en Anfavea y Sindipecas respectivamente por el lado de Brasil, y por ADEFA y AFAC en Argentina.
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La mirada del sector
“El acuerdo de complementación económica entre Argentina y Brasil es algo que viene desde 1990 y no es una política de un gobierno sino de dos Estados. En el caso de la industria automotriz, el actual acuerdo tiene vigencia hasta junio de 2029”, sostuvieron fuentes de la industria automotriz argentina en las últimas horas.
“La cadena productiva automotriz depende mucho de la especialización y complementación con Brasil, desde hace más de 30 años. Esos vínculos estrechos tienen la suficiente fortaleza como para estar más allá de tensiones coyunturales. Por ello mismo tenemos la expectativa que desde los niveles técnicos, como primer paso, se dé comienzo cuánto antes a la adecuación del contenido del ACE 14 con un horizonte al 2040”, dijo Juan Cantarella, presidente Ejecutivo de AFAC, la Asociación de Fabricantes Argentinos de Componentes.
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“No creo que tenga ningún tipo de impacto. Ni en el comercio actual, que es sólido y está garantizado por los acuerdos vigentes, ni tampoco en las inversiones automotrices que se están proyectando, tanto en Argentina como en Brasil. No creo que a ese nivel nadie esté mirando si hay o no embajador en alguno de los dos países. Esto es algo entre dos Gobiernos y tiene corto plazo. En dos meses hay elecciones en Brasil”, reflexionó Dante Sica, titular de la consultora Abeceb y exministro de producción de la Nación.
“De hecho, hasta me parecería lógico que en la actual situación que tiene Brasil con Estados Unidos y los aranceles que le ha impuesto, empresarios brasileños puedan estar mirando a Argentina y evaluando inversiones acá para poder mantener un mejor comercio con Estados Unidos por las mejores condiciones generadas a partir del acuerdo logrado por nuestro país”, finalizó.
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El escenario actual
Toyota, Volkswagen, todas las marcas de Stellantis, Renault y General Motors tienen fábricas en ambos países y se intercambian autos entre sí. Ford solo produce en la Argentina y exporta a Brasil, pero las oficinas centrales de la compañía en Sudamérica están en San Pablo. Nissan, Honda, Hyundai también tienen producción automotriz en Brasil, desde donde llega la mayoría de los modelos que se venden en Argentina.
En todos los casos, los autos que se fabrican en un país y se venden en el otro, se comercian normados por el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 14), que establece un funcionamiento en bloque, sin arancel de importación en el intercambio comercial, y protegiéndose con un arancel común extrazona del 35% para autos que provengan de otros continentes.
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Ese acuerdo vence el 30 de junio de 2029, por lo cual, la industria automotriz de ambos países, y su relación con el otro, debería estar a salvaguarda de conflictos entre gobiernos.
Hay formas de sortear parcialmente ese arancel impuesto por el acuerdo, pero son de bajo impacto en el comercio con el otro país. Una de ellas es crear cupos de determinado monto de dinero en precios FOB (como el que tenía Argentina con México), otra es un límite de unidades anuales o una exigencia de determinada tecnología.
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Este último es el caso del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos creado por el Gobierno argentino en 2025, y que tendrá validez, coincidentemente, hasta 2029. El otro tipo de cupo es el que se estableció en 10.000 autos anuales de cualquier tecnología que se acordó entre Argentina y Estados Unidos, que debería entrar en vigencia entre agosto y septiembre.
Brasil también lo hizo, al aceptar que los autos electrificados entren sin pagar arancel de importación durante 8 años, hasta que en 2024 comenzó gradualmente a subir ese arancel extrazona, primero con un 10%, después un 18%, un 25% y desde el 1 de julio pasado, pagando nuevamente el 35%.
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Actualmente, por su política de priorizar la instalación de un nuevo fabricante para darle tiempo después a conseguir una integración gradual de proveedores locales, Brasil admitió que varias marcas chinas se encuentren en la fase de importar los autos desarmados con preferencias arancelarias, para ser ensamblados completamente en el país. Esto es lo que se denomina CKD o SKD (completo o semicompleto), es decir, autos ensamblados sin partes locales.
Como se puede ver, ambos países tienen sus acuerdos bilaterales externos, y si bien en algunos casos se puede tratar de volúmenes importantes de vehículos que no pagan el arancel común del 35%, el impacto en el mercado automotor del bloque es inferior al 15%.
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Ucrania llevó a cabo el mayor ataque con drones contra Rusia desde el inicio de la guerra y afectó una refinería de YaroslavlLas autoridades regionales y medios independientes rusos reportaron daños en edificios, una vivienda y automóviles, además de la suspensión del tránsito hacia Moscú, sin víctimas, tras una ofensiva aérea sin precedentes
Ucrania alcanzó una refinería a 250 kilómetros de Moscú en ataque récord de más de 600 drones
Ucrania llevó a cabo el mayor ataque con drones contra territorio ruso desde el inicio de la guerra, incendiando una refinería en Yaroslavl y provocando daños en infraestructuras clave, según autoridades y medios independientes rusos. El gobernador de la región, Mijaíl Yevráev, informó que la ofensiva incluyó 88 drones neutralizados por las defensas locales, mientras que el Ministerio de Defensa de Rusia contabilizó 605 drones ucranianos derribados en 18 regiones, la península de Crimea y zonas de los mares Negro y Azov.
El ataque superó todos los registros anteriores, como los 556 drones derribados el 17 de mayo y los 555 el 18 de junio. Yevráev precisó que en Yaroslavl no se produjeron víctimas mortales ni heridos, aunque sí resultaron afectados varios edificios, una vivienda y automóviles, y aseguró que los damnificados recibirán compensaciones. A raíz de la ofensiva, el tránsito por la autopista a Moscú fue suspendido y se recomendó a la población evitar la zona o buscar rutas alternativas.
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El gobernador de Yaroslavl indicó que, pese a la magnitud del ataque, no se confirmó oficialmente el impacto de drones en infraestructuras críticas. No obstante, el canal independiente ruso Astra difundió imágenes de densas columnas de humo que, según el medio, procedían de la refinería Slavneft-YANOS, una de las cinco mayores del país, que procesa 15 millones de toneladas de crudo anuales. El canal ucraniano Exilenova+ también confirmó el incendio y publicó material visual de la zona afectada.
Desde el 28 de marzo de 2026 hasta la fecha, la refinería Slavneft-YANOS ha sufrido al menos seis ataques, según los registros. Las autoridades locales advirtieron que en las inmediaciones podrían hallarse restos de drones y solicitaron a la población no acercarse a ellos.
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En paralelo al ataque en Yaroslavl, Ucrania intentó por segunda vez en tres días atacar el centro logístico de Wildberries, conocido como el “Amazon ruso”, en la región de Tver, situada a menos de 200 kilómetros al noroeste de Moscú. El gobernador Vitali Koroliov comunicó que la defensa antiaérea derribó el dron antes de que alcanzara el objetivo, aunque los restos provocaron daños menores en la fachada del edificio y no se registraron víctimas.
Un almacén de Wildberries cerca de San Petersburgo se incendió tras un ataque con drones ucranianos Durante las últimas semanas, Ucrania ha intensificado las acciones contra la red logística de Wildberries, con la destrucción de más de 20 centros, lo que representa cerca del 20 % de la capacidad operativa de la empresa.
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El ataque de hoy representa la mayor ofensiva con drones lanzada por Ucrania contra Rusia desde el inicio del conflicto, afectando tanto a infraestructuras industriales como logísticas y aumentando la presión sobre las defensas aéreas rusas, según autoridades y medios independientes rusos.
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Fingió estar secuestrado en Concordia, le pidió $25.000 de rescate a su madre y terminó detenido
Un joven habría fingido su propio secuestro en Concordia y, junto a otro hombre, exigió a su madre el pago de $25.000 para supuestamente recuperar la libertad. La maniobra fue descubierta durante un allanamiento y ambos quedaron detenidos.
La investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por una mujer domiciliada en Montes Caseros, provincia de Corrientes. La denunciante había perdido contacto con su hijo desde el domingo y posteriormente recibió un video intimidatorio en su teléfono celular.
En las imágenes aparecía un hombre que amenazaba al joven mientras exhibía un arma de fuego. El sujeto exigía la transferencia del dinero como condición para liberarlo, por lo que la mujer realizó el pago solicitado.
La transferencia condujo a una vivienda
Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal siguió el recorrido del dinero y determinó que había sido acreditado en la cuenta de un hombre domiciliado en Concordia.
Con los elementos reunidos, el juez de Garantías Francisco Ledesma autorizó un allanamiento en una vivienda situada en la intersección de las calles Guarumba y Chile. El inmueble pertenecía al destinatario de la transferencia.
Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un teléfono celular, una caja con cartuchos calibre .32 y un revólver del mismo calibre. El arma se encontraba escondida dentro de una de las habitaciones.
La perra Kira encontró el arma utilizada en el video
La búsqueda contó con la intervención de la Sección Canes y de Kira, una perra entrenada para detectar armas. El animal marcó el lugar donde estaba oculto el revólver que habría sido exhibido durante la grabación enviada a la mujer.
Los investigadores también establecieron que la habitación donde apareció el arma coincidía con el espacio utilizado para filmar el video intimidatorio.
La perra Kira ayudó en el operativo.
Sin embargo, el principal descubrimiento se produjo cuando los policías encontraron dentro de la propiedad al joven que supuestamente permanecía secuestrado. Estaba acompañado por el hombre señalado como autor de la filmación y destinatario del dinero.
No existía una privación de la libertad
Las actuaciones permitieron determinar que el joven no se encontraba retenido contra su voluntad. Según la investigación, ambos hombres habrían organizado la escena para engañar a la madre y conseguir que transfiriera los $25.000.
Ante esta situación, el fiscal José Arias ordenó la detención de los dos involucrados. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación por la presunta maniobra extorsiva.
Los elementos secuestrados durante el allanamiento realizado en Concordia, incluido el teléfono utilizado para la grabación, serán sometidos a peritajes para reconstruir cómo se planificó el falso secuestro.
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Contratos truchos II: movimientos, estrategias e incertidumbres
Mientras la causa gruesa por los contratos truchos legislativos marcha hacia el juicio oral con 18 imputados, la parte II muestra los primeros movimientos, aunque todavía hay cierta incertidumbre sobre su futuro respecto de las responsabilidades políticas del mayor desfalco de las cuentas públicas, según pudo averiguar Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) a través de distintas fuentes judiciales.
Los señalados (por ahora ni siquiera imputados) son las autoridades de ambas Cámaras durante el período investigado: los expresidentes del Senado (exvicegobernadores) José Eduardo Lauritto, José Cáceres y Adán Bahl, y los expresidentes de Diputados, Sergio Urribarri y José Ángel Allende, y el exvicepresidente primero del senado, Aldo Ballestena.
A diferencia de la causa Contratos I, donde se comprobó mediante una enorme cantidad de documentación, testimonios y comunicaciones entre los involucrados, el aceitado esquema de desvío de fondos públicos, en este caso la prueba es la función pública misma de cada sospechado, su potestad sobre el funcionamiento de uno de los poderes del Estado y, en algunos casos, la firma de contratos.
Desde ese punto de partida, y ocho años después de que se descubriera el mecanismo de corrupción, la Fiscalía debe demostrar que las autoridades legislativas tenían participación o, al menos, conocimiento del mismo, o que no podían no saber ni observar cómo millones y millones de pesos del presupuesto de cada Cámara se escurría sin que se encontrara en algún lado su contraprestación.
En segunda instancia, o como premio consuelo, se debería demostrar la imprudencia de estos dirigentes políticos al no controlar lo que sucedía en la administración a su cargo. Si no lo sabían, deberían haberlo hecho.
Para la primera hipótesis, la Fiscalía podrá trazar los vínculos entre las autoridades de las Cámaras con los imputados que serán juzgados próximamente por el desfalco: Aguilera, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lázzaro, Gustavo Hernán Pérez y Sergio Cardoso. Tenían el control total de los fondos públicos en un ámbito institucional verticalista, sin cabos sueltos ni independientes del esquema del poder. La Justicia dirá si esto alcanza o no.
Si hay una causa Contratos II con estos funcionarios y exfuncionarios acusados, es porque en la I no aparecieron indicios directos (mensajes, correos, testigos, transferencias, etc.) que los involucren en aquella maniobra. Se podría decir, por ejemplo, en el caso de Sergio Urribarri, que su cuñado Juan Pablo Aguilera no era un cuentapropista de la mafia. Pero esto tampoco fue suficiente para involucrarlo al exgobernador en la primera parte de la investigación.
Cabe recordar que en la causa Vialidad por la cual se condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los tribunales hicieron una valoración integral de indicios y pruebas documentales, administrativas y contextuales que consideraron convergentes para sostener su rol en la maniobra que durante muchos años favoreció a las empresas de Lázaro Báez. No hubo una prueba directa irrefutable.
El caso Bahl
El primero que se movió en la causa fue Adán Bahl, defendido por el abogado Marcos Rodríguez Allende.
Durante su período como presidente del Senado, entre el 11 de diciembre de 2015 y octubre de 2018, cuando salta el escándalo, apunta que se firmaron en esta Cámara un total de 48 contratos. Según las entrevistas a muchos de estos contratados, habría surgido que 47 eran contratos auténticamente truchos. Pero señala que a todos estos los firmó quien era vicepresidente primero de la Cámara alta, Aldo Ballestena.
El único que firmó Bahl, según sostiene, es de una persona que afirma que trabajaba para él.
En tal situación, Bahl busca sacarse de encima la responsabilidad directa sobre la administración de los contratos y quedará solo a merced de la acusación por la responsabilidad política: que los fiscales demuestren que sabía lo que pasaba a su alrededor, sin un elemento adicional que observar. Y quedará sobre Ballestena la tarea de explicar por qué firmó tantos contratos truchos.
El hombre del PJ de La Paz fue uno de los que visitó a Juan Pablo Aguilera cuando estuvo detenido en la Unidad Penal de Paraná, aunque luego intentó desmentirlo En la investigación surge que entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018 fue a cobrar personalmente al Banco de Entre Ríos un total de 6.970.000 pesos, a través de 445 cheques del Senado. Y varios de sus familiares directos también se vieron favorecidos. Su mujer, Silvia Flores, cobró en ese mismo período 5.800.000 pesos en contratos y su hija Virginia Ballestena, 2.200.000 pesos, publicó Daniel Enz en el libro La Banda de los Contratos.
Ballestena, quien fue presidente del Ente Portuario de La Paz durante la segunda gestión de gobierno de Gustavo Bordet, tiene además una causa en trámite por enriquecimiento ilícito originada tras una publicación de la revista ANÁLISIS en 2018, cuando recién comenzaba a realizarse la pericia contable.
En este marco, Bahl pidió declarar para argumentar esto y eventualmente solicitar el sobreseimiento. No se descarta que de aquí a fin de año se produzca esta primera indagatoria. Pero ni siquiera está formulado el hecho que le imputan a cada uno de esos exfuncionarios, del cual deberían defenderse en esa instancia. La apertura de causa tiene una descripción genérica que orienta la investigación, pero no hay nada concreto. Tampoco hay un juez de Garantías: si sigue Marina Barbagelatta de la causa Contratos I o si se designa otro magistrado o magistrada, lo debería definir la OGA oportunamente.
Los demás acusados, José Cáceres que es defendido por Rodríguez Allende, Urribarri, asistido por Miguel Ángel Cullen, Lauritto y Allende, defendidos por Leopoldo Lambruschini, se mantienen expectantes a esta situación, bajo el mismo postulado: nadie sabía lo que ocurría en las cámaras que presidían.
¿Y la Fiscalía de Estado?
La Fiscalía de Estado de la provincia, a cargo del resguardo y la tutela de los bienes, el patrimonio y los recursos de los entrerrianos, es actor civil en la causa Contratos I. En esta segunda causa de la misma investigación aún no se presentó como tal, pero lo hará luego de los últimos trámites pendientes para que la primera llegue finalmente a juicio. Por ejemplo, este miércoles hubo una audiencia de apelación donde el excamarista Hugo González Elías pidió que se levante el embargo sobre los bienes de la esposa de Jorge De Breuil, María Alejandra Camisassa, por no estar imputada en la causa, tal como publicó ANÁLISIS. Se trata de tres departamentos ubicados en calle Alsina de Paraná. La vocal Carolina Castagno deberá resolver al respecto.
El fiscal de Estado sostiene que esto favorece los tiempos, ya que esperar a que concluya un proceso penal de muchos años para luego comenzar una demanda civil, los plazos para recuperar el dinero se estiran demasiado. Sobre todo es causas de esta complejidad y montos sustraídos al erario público, la idea es aprovechar la investigación penal para luego, con todas las discusiones terminadas en una sentencia, ir a la instancia civil.
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ANSES: cuándo cobro en agosto 2026 si mi DNI termina en 3
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para agosto de 2026, con haberes y asignaciones actualizados conforme al índice de movilidad. Las personas con DNI terminado en 3 podrán acceder a la mayoría de las prestaciones el miércoles 13 de agosto, mientras que los pagos para jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo se realizarán el miércoles 26 de agosto. Los montos incluyen la actualización prevista y, en algunos casos, un bono extraordinario.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y tienen DNI finalizado en 3 cobrarán el miércoles 13 de agosto. Para agosto de 2026, el haber mínimo es de $419.775,93. Este monto se complementa con un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total para estos beneficiarios asciende a $489.775,93.
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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
Las personas que reciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo percibirán el pago el miércoles 26 de agosto si su DNI termina en 3. El monto correspondiente se ajusta según la escala vigente, con una suba del 1,89% respecto al mes anterior. El haber máximo quedó fijado en $2.824.694.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) se pagan el miércoles 13 de agosto para titulares con DNI terminado en 2. Para agosto de 2026, la AUH tiene un valor de $150.848 por hijo, mientras que la Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos familiares) es de $75.433. La AUH por hijo con discapacidad asciende a $491.173. En la zona patagónica, ambos importes alcanzan los $196.103 por hijo.
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Asignación Por Embarazo
Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 3 cobrarán el miércoles 13 de agosto. El monto actualizado es de $150.848. En la zona 1, el valor es de $196.103.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
La Asignación por Prenatal se paga el miércoles 12 de agosto para quienes tengan DNI terminado en 2. El monto para ingresos familiares de hasta $1.146.199 es de $75.431,40 y disminuye en escalas para ingresos superiores. La Asignación por Maternidad también se abona a partir del 11 de agosto, sin distinción por terminación de documento, con el mismo valor base para el primer rango de ingresos.
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Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se encuentran disponibles entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre para todos los beneficiarios. Los montos vigentes son: Nacimiento $87.925,24, Adopción $525.680,06 y Matrimonio $131.650,55.
Pensiones No Contributivas
Las Pensiones No Contributivas (PNC) se acreditan el miércoles 11 de agosto para titulares con DNI terminado en 2. El monto por invalidez y vejez, incluyendo el bono extraordinario, es de $363.843,15. Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el ingreso es de $405.820,74.
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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre, sin cronograma diferenciado por terminación de documento. Los montos dependen del tipo de asignación y la composición familiar, siguiendo los valores vigentes.
Desempleo Plan 1
La Prestación por Desempleo Plan 1 se paga el martes 25 de agosto a quienes tengan DNI finalizado en 3. El monto varía según la situación laboral previa y los topes establecidos oficialmente.
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Desempleo Plan 2
La Prestación por Desempleo Plan 2 mantiene el mismo cronograma que el Plan 1, con pago el martes 25 de agosto para documentos terminados en 2. Los montos se determinan conforme a la normativa vigente.
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Frío extremo: preocupación en una región de Santa Cruz luego de intensas nevadas
Las intensas nevadas registradas durante las últimas semanas en Santa Cruz dejaron un escenario dispar en la provincia. Mientras algunas regiones comenzaron a deshelar y recuperaron cierta normalidad, otras permanecen cubiertas de nieve y hielo, con caminos rurales intransitables que complican el acceso a los establecimientos ganaderos. Productores consultados describieron una situación de creciente preocupación si las bajas temperaturas persisten, especialmente por las dificultades para alimentar la hacienda y por el deterioro de la infraestructura vial.
Marcelino Díaz, productor de Pampa Alta, al norte del río Santa Cruz, explicó que las condiciones cambiaron según la región. “La mayoría de la zona se deshieló. Acá, en el sur, en Río Gallegos, deshieló y hay agua por todos lados. En Puerto Deseado llovió. Pero en Las Heras y Perito Moreno no deshieló y en la zona de Río Mayo, en Chubut, también está complicado”, dijo.
Según contó, la nieve comenzó a fines de julio, más tarde de lo habitual. “Hace más o menos 20 días empezó a nevar. Primero cayó una nevada a la que no le dimos importancia y después cayó otra que sí quedó. La última fue hace cinco días. El sábado y el domingo estuvo nevando y recién el lunes pudimos salir al campo para ver cómo estaba la hacienda”, relató.
El nivel de nieve en la ruta 16 sobre el tramo las Heras- subida de Camerón Aunque las comunicaciones se mantienen gracias al acceso a internet, los productores aseguran que el mayor problema es la imposibilidad de circular por los caminos rurales. “Tenemos comunicación porque ahora hay internet en todos lados. Lo que no tenemos es acceso. El camino no está transitable, no existe. No repasan los caminos”, afirmó Díaz.
El productor sostuvo que el estado de la red vial secundaria es un problema estructural que se agrava durante el invierno. “No se les puede pedir ayuda porque no tienen máquinas. No repasan los caminos en verano, menos los van a pasar en invierno. La ruta 32 no existe, la 31 en San Martín está detonada y la ruta 1 hace un año que no pasa una máquina. En Pampa Alta hace 12 años que no pasa una máquina y hay un guardaganado roto desde hace 12 años”, aseguró.
Así están varios puntos de Santa Cruz por el tema de la nieve En ese sentido, indicó que solo las rutas nacionales principales reciben mantenimiento. “Las rutas 3 y 40 las limpian, pero los caminos internos, que son los que usamos para movernos dentro de la provincia, no”.
“Los caminos vienen así desde hace años. No es toda culpa de este gobernador (Claudio Vidal), sino de la malversación de fondos de gobiernos anteriores. Se pagaron rutas dos veces y nunca se hicieron. Incluso las pocas que hicieron hoy están destruidas porque nadie controla la calidad del trabajo. El problema es el estado de los caminos y la dejadez”, reflexionó el productor.
Por el momento, los establecimientos cuentan con reservas de forraje, aunque el inconveniente es poder llegar hasta los animales. “Tenemos alimentos guardados porque ya sabemos lo que puede pasar en estos inviernos, pero hoy no tenés acceso para repartirlos”, dijo.
Productores ovinos mueven los animales por la nieve La situación puede ser aún más delicada para los productores de menor escala. “El que no tiene stock tiene que salir a comprar, pero muchas veces no tiene los medios económicos para hacerlo. Los establecimientos chicos están muy complicados. Los números no dan, hay mucha presión impositiva y los costos laborales son muy altos”, resumió.
Esto también se suma a las dificultades logísticas propias de la Patagonia. “Solo para traer el forraje desde Bahía Blanca tenemos 2000 kilómetros de flete y, en algunos casos, hasta 3200 kilómetros. Todos nuestros costos son mucho más altos”, enumeró.
Los productores de Santa Cruz comenzaron a reflejar el estado de los caminos La situación también fue descripta por Sergio Poklepovic, productor ovino-ganadero de Gobernador Gregores, quien señaló que la nieve se combinó con un prolongado período de heladas. En la zona alta se acumularon entre 35 y 40 centímetros de nieve, y en las bajas entre 20 y 25 centímetros.
Sin embargo, aseguró que el mayor problema ha sido la escarcha. “Hace como un mes que está escarchando y se congelaron las entradas de agua de las casas. Hay mucha gente que se quedó sin agua. No solo pasó en Gregores, pasó lo mismo en otras localidades”, dijo.
Esta situación, dijo, expone problemas que exceden el temporal. “Estamos muy mal. Hay una decadencia. Más allá de los gobiernos anteriores, que no hicieron absolutamente nada, la provincia está muy mal. Los maestros hicieron muchos paros, la policía estuvo acuartelada. Es un desastre”, describió.
La cantidad de nieve comenzó a complicar la circulación de la gente Por último, Díaz, volvió a advertir sobre el crecimiento de la población de guanacos, un problema que, según afirmó, limita cada vez más la producción ovina. “Tenemos más del 50% del campo ocupado por guanacos. No producen nada y cada vez podemos tener menos ovinos. Ya estamos en tres millones de guanacos contra 2,2 millones de ovinos en la provincia. Hay más del 60% del campo ocupado por los guanacos y no tenés forma de producir con el poco lugar que queda para una majada”, dijo.
El presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas (FIAS), César Guatti, señaló que el impacto del temporal no es uniforme en toda la provincia. Explicó que la franja costera logró recuperarse tras un fuerte deshielo, mientras que las mayores complicaciones se concentran en sectores del centro y noroeste santacruceño, donde todavía persisten importantes acumulaciones de nieve.
Así está la situación en Santa Cruz, en Las Heras Según precisó, la denominada Pampa Alta —la zona intermedia entre la cordillera y el mar— presenta establecimientos con dificultades de acceso, especialmente en el área de Perito Moreno y Los Antiguos. “Hay algunos productores que no pueden salir del campo ni entrar, pero la hacienda no estaría corriendo por ahora peligro”, afirmó.
Guatti advirtió que la situación más delicada se registra en la zona de Las Heras, en el norte provincial. “Ahí sí hay mucha nieve. Les está costando entrar, no hay máquinas para generar accesos y poder darle de comer a las ovejas. Puede haber algo de mortandad en esa zona”, sostuvo. Según indicó, la falta de equipos para despejar los caminos dificulta las tareas de asistencia a los establecimientos ganaderos.
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Dónde serán los cortes por la movilización en el Congreso contra la Ley de Tierras y qué ocurrirá con el transporte público que pasa por all
La movilización contra la Ley de Propiedad Privada que se debatirá este jueves en el Senado se concentrará frente al Congreso y tendrá un importante operativo de seguridad coordinado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y las autoridades de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), en las inmediaciones del lugar se colocará un gran vallado y habrá decenas de efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad para impedir cualquier clase de cortes de calle que intenten realizar los manifestantes.
Además, las fuerzas de seguridad también realizarían controles preventivos en las avenidas Rivadavia, Entre Ríos y Callao, que comprende desde Hipólito Yrigoyen hasta Riobamba.
Las concentraciones más importantes arrancarán entre las 12 y las 14, pero se prevé que el pico de la movilización ocurra a las 17 horas.
Según Infobae, las organizaciones de izquierda, como el MTS, el Polo Obrero y Frente Piquetero concentrarán en Avenida Rivadavia y Entre Ríos; la CGT concentrará en Hipólito Irigoyen y Solís; UTEP en Hipólito Irigoyen y Virrey Ceballos; Camioneros en Sáenz Peña y Alsina; ATE concentra en Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña; el Frente Sindical Unidos en Avenida de Mayo y Salta; y las dos CTA en Salta y Avenida Belgrano.
Por ese motivo, se recomienda evitar circular este jueves en vehículos particulares dentro del cuadrante que comprenden las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy Pueyrredón y 9 de Julio; además, las personas que usen el transporte público deberán tener en cuenta un detalle muy importante: las líneas que atraviesan la zona del Congreso este jueves presentarán desvíos en sus recorridos habituales.
Qué dice la Ley de Tierras
La Ley de Tierras en Argentina quiere modificar los límites históricos para la compra de campos por capitales extranjeros para potenciar las inversiones, pasando de una estricta protección de los recursos naturales a un esquema más flexible.
La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que el dictamen final del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tendrá un tope del 25% a la extranjerización de tierras a nivel nacional, 10 puntos porcentuales más que con la norma que está vigente en la actualidad.
