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La difusión de la Clasificación Anual de Mercados (Annual Market Classification, en inglés) de Morgan Stanley Capital International (MSCI) despertó gran expectativa entre analistas e inversores, pero la Argentina seguirá siendo “mercado aislado” durante, al menos, 2026. Esta instancia era relevante para el mercado local ya que se evaluaba la posibilidad de iniciar una consulta pública para que el país obtuviera una mejor clasificación financiera, algo que finalmente no ocurrió.

El punto central radicaba en que la entidad decidiera o no habilitar un período de consulta, un requisito fundamental para avanzar hacia la categoría de “mercado de frontera” y, posteriormente, aspirar a la de “mercado emergente”.

La economía argentina se ubica actualmente en la categoría más baja del sistema de clasificación, denominada “Standalone Market” (mercado aislado). En este grupo también figuran países latinoamericanos como Panamá, Jamaica y Trinidad y Tobago, junto a naciones de otras regiones como Malta, Bosnia, Palestina, Nigeria, Zimbabue, Líbano y Ucrania, todos identificados por enfrentar crisis o por su limitada integración en los mercados financieros internacionales.

Este 23 de junio se definió si se iniciaba una consulta pública dirigida a los inversores, paso que hubiera habilitado un cambio en el estatus del país, aunque una resolución definitiva no se espera antes de 2027. Para cualquier modificación en la categoría, será necesario cumplir con ciertos requisitos técnicos y contar con el apoyo de la comunidad inversora internacional, condiciones que facilitarían la llegada de capitales y modificarían la percepción de riesgo sobre Argentina.

“El Marco de Clasificación de Mercados de MSCI determina si un mercado es desarrollado, emergente o de frontera según la accesibilidad y la posibilidad de inversión que experimentan realmente los inversores institucionales internacionales”, afirmó Raman Aylur Subramanian, jefe de Clasificación de Mercados y Taxonomías de MSCI.

Y agregó: “La inclusión en índices y la clasificación de mercados no son juicios estáticos. Deben evaluarse de manera continua frente a los cambios en el mercado y la experiencia de los inversores institucionales internacionales. Cuando el acceso al mercado o la experiencia empeoran, nuestro marco exige que respondamos de forma decidida. Y cuando la accesibilidad y la posibilidad de inversión mejoran de manera significativa y sostenida, los mercados pueden avanzar en la clasificación, como ocurrió con Bulgaria y Grecia”.

La semana pasada, la organización había publicado el Global Market Accessibility Review 2026, donde se constataron que no hubo cambios en los criterios de evaluación del país respecto a las dos ediciones anteriores.

El proceso de revisión llevado adelante por MSCI está basado en criterios técnicos y de accesibilidad para los inversores. El objetivo de las autoridades argentinas es que el país recupere la categoría de “mercado emergente”, estatus que ya ostentan Brasil, Chile, Colombia, México y Perú en la región.

Para aspirar a ese objetivo, la Argentina debe mostrar avances en la apertura a inversores extranjeros, la claridad regulatoria, la liquidez y la capitalización de sus empresas. Persisten, sin embargo, restricciones cambiarias para las firmas locales y, antes de alcanzar el nivel de emergente, existe una instancia previa: la de “mercado de frontera”.

Un eventual cambio de clasificación generaría que numerosos fondos de inversión ajusten sus carteras para reflejar la presencia argentina en los índices internacionales. De acuerdo con estimaciones, la inclusión en la categoría de mercado de frontera otorgaría al país una participación cercana al 5% dentro de ese segmento.

“En la revisión de este año, MSCI concluyó que no hubo mejoras suficientes en materia de acceso al mercado respecto de 2024 y, además, confirmó que el país no ingresará al proceso formal de revisión, un requisito indispensable antes de cualquier reclasificación”, determinó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

Bajo este escenario, Ritondale estimó que la ventana más probable para un ascenso recién aparece hacia 2028: “el supuesto base es que durante 2027 se consoliden nuevas medidas de apertura, MSCI abra una consulta y Argentina sea incorporada a la lista de revisión”.

“La experiencia reciente muestra que los países suelen permanecer más de un año en esa instancia, ya que MSCI busca comprobar que los cambios son permanentes y no susceptibles de revertirse. Una vez superado ese punto, Argentina cuenta con una ventaja relevante: ya cumple con los criterios de tamaño y liquidez exigidos para integrar categorías superiores”, añadió.

Hasta 2021, el país integró el segmento de emergente y dejó de pertenecer a ese grupo únicamente por la imposición de controles cambiarios, no por cuestiones vinculadas al tamaño de su mercado. Si MSCI evalúa que la flexibilización cambiaria se mantiene de manera sostenible, podría contemplarse un regreso directo a la clasificación de Mercado Emergente, sin necesidad de pasar previamente por la etapa intermedia.

Un informe de la consultora LCG determinó que la entidad no introdujo cambios en su revisión anual de accesibilidad y mantuvo a la Argentina en la categoría categoría, “por las restricciones cambiarias, las trabas a la repatriación de utilidades y la falta de información corporativa en inglés”.

“El informe técnico reveló que, a pesar de los recientes avances regulatorios, persisten trabas severas asociadas al cepo cambiario, los controles de capitales y la falta de infraestructura operativa para inversores extranjeros”, sumó Ignacio Morales, analista financiero de Wise Capital.

En efecto, MSCI había mantenido sin cambios los 18 puntos que integran la evaluación como mercado aislado, igualando los indicadores que figuraron en el reporte de 2025.

Las principales evaluaciones del MSCI

El informe de MSCI expone cada una de las condiciones vigentes para inversores internacionales en el mercado argentino:

• Derechos iguales para inversores extranjeros: la información empresarial no siempre está disponible en inglés.
• Restricción al flujo de capitales: la flexibilización de restricciones en abril de 2025 permitió repatriar nuevas ganancias, pero esto depende de la presentación de documentación y las utilidades previas siguen sujetas a restricciones.
• Liberalización del mercado cambiario: ausencia de mercado de divisas en el exterior y restricciones locales, como la obligación de vincular operaciones cambiarias a transacciones de valores.
• Registro de inversores y apertura de cuentas: toda la documentación debe ser presentada en español.
• Regulaciones de mercado: no todas las normativas están disponibles en inglés.
• Flujo de información: la información detallada del mercado bursátil no siempre se divulga en inglés.
• Compensación y liquidación: no existe la figura de custodio nominal y las facilidades de sobregiro permanecen prohibidas.
• Operaciones: la competencia entre agentes de bolsa es limitada, lo que puede traducirse en costos de negociación más altos.
• Transferibilidad: se permiten operaciones fuera de mercado, aunque existen restricciones.
• Disponibilidad de instrumentos de inversión: las limitaciones sobre el uso de datos bursátiles restringen la oferta de instrumentos.
• Estabilidad institucional: el informe menciona intervenciones gubernamentales que han puesto en duda la estabilidad de la economía de “libre mercado”, incluso en lo que respecta a la actividad de inversores extranjeros.

Las bolsas de Wall Street registraron el martes su peor jornada en más de una semana, arrastradas por una ola de ventas en el sector tecnológico que se originó en Asia y cruzó el Atlántico hasta los mercados estadounidenses, en medio de una creciente preocupación por el alza de tasas de interés y el endeudamiento masivo para financiar la inteligencia artificial.

El S&P 500 perdió 108,42 puntos, un 1,45%, para cerrar en 7.364,37 unidades. El Nasdaq Composite fue el índice más golpeado, con una caída de 578,76 puntos, equivalente a un 2,21%, hasta los 25.587,84 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones resistió mejor la presión y cerró con un descenso marginal de 44,67 puntos, un 0,09%, en 51.665,32 unidades.

Las caídas se concentraron en las empresas que más se habían beneficiado del auge de la inteligencia artificial. Micron Technology desplomó un 13,2%, mientras que Nvidia retrocedió un 4,1%. En el mismo grupo, Intel, Marvell Technology y Advanced Micro Devices también cerraron en terreno negativo, al igual que Alphabet. Tanto el índice de semiconductores de Filadelfia como el índice tecnológico del S&P 500 terminaron la sesión con pérdidas.

“Algunas de las noticias sobre la IA plantean dudas sobre todo el gasto que se está realizando, así como sobre la inversión en activos fijos y el aumento de la capacidad de producción de semiconductores”, declaró Thomas Martin, gestor sénior de carteras de Globalt.

La preocupación por el gasto en inteligencia artificial financiado con deuda ha sido uno de los detonantes de la corrección. SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk que debutó en bolsa hace menos de dos semanas, anunció una emisión de bonos para financiar, en parte, el desarrollo de IA, sumándose a una lista creciente de grandes firmas que recurren al mercado de deuda para obtener capital. Las acciones de SpaceX, que acumulaban tres sesiones consecutivas de pérdidas, cerraron con un alza del 1%.

Según el analista Brock Weimer, de Edward Jones, “un período de consolidación es razonable, a nuestro juicio, tras un movimiento al alza tan pronunciado”. El sector tecnológico del S&P 500 acumula una ganancia del 25,5% solo en los últimos tres meses y del 16,6% en lo que va de 2026.

La Reserva Federal ha señalado que podría elevar las tasas de interés al menos una vez antes de fin de año. Según datos de CME Group, los operadores asignan ahora una probabilidad del 85% a una subida del tipo de referencia en 2026, frente al 60% registrado apenas una semana atrás. Los datos de LSEG indican, además, que crece la apuesta por una segunda alza en diciembre, en contraste con las expectativas de hace dos semanas, que apuntaban a un único incremento de 25 puntos básicos.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó ligeramente hasta el 4,50% desde el 4,51% del lunes, mientras que el del bono a dos años retrocedió al 4,20% desde el 4,24%. Las tasas se mantienen en niveles elevados ante la persistencia de presiones inflacionarias.

La inflación ha repuntado a lo largo del año. Los aranceles frenaron y revirtieron la moderación que se había observado en los precios, y el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán impulsó los precios de la energía, incluida la gasolina, encareciendo también el transporte de mercancías. Se prevé que un informe sobre inflación previsto para el jueves —basado en el indicador preferido de la Fed— muestre que los precios subieron hasta el 4,1% en mayo.

Los precios del petróleo cedieron ante las negociaciones en curso para poner fin al conflicto. El barril de crudo estadounidense para entrega en agosto bajó un 0,9% hasta USD 73,21, y el barril de Brent para septiembre retrocedió en la misma proporción hasta USD 76,80, aunque ambas referencias se mantienen por encima de los USD 70 previos al inicio de la guerra.

El índice de volatilidad del CBOE, conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, alcanzó su nivel más alto en más de una semana. En Asia, el índice Kospi de Corea del Sur —uno de los grandes beneficiados del auge de la IA, con una ganancia cercana al 100% en lo que va de 2026— se hundió un 10% en la jornada. Las bolsas europeas también cerraron a la baja.

(Con información de AP y Reuters)

En medio de la crisis política vigente en el Senado por el desenlace de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una ley de ecocidio con penas de hasta 25 años de prisión dictaminada a inicios del corriente mes generó una fuerte polémica en las últimas horas, tras reciente el anuncio de la titular del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, del quite de rúbricas de parte de La Libertad Avanza.

La ejecución de ese movimiento no es para nada menor ya que choca de lleno con el artículo 106 del reglamento del Cuerpo y, con la jugada, se deja expuesta a toda la cadena que intervino en el despacho, que figura vigente como orden del día -lista para ir al recinto- y con las firmas de todos los legisladores que lo hicieron -incluida la porteña- en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Ambiente.

¿Por qué se llegó a esta instancia? La cronología comenzó durante la sesión en la que la salteña Flavia Royón solicitó una moción de preferencia -con dictamen de comisión- de una iniciativa empujada por la filo radical Edith Terenzi (Chubut). No hubo inconveniente alguno. El 9 de junio, el plenario se reunió y avanzó. De hecho, según pudo saber Infobae, hasta hubo cambios de legisladores de último momento para no perder la chance de firmar el despacho. Es decir, todo calculado y sin freno alguno.

Tras ello, y mientras el Congreso analiza más propuestas del Poder Ejecutivo que, entiende, ayudarán a propulsar la actividad económica -por ejemplo, el súper RIGI-, desde diversos sectores productivos estallaron de furia al conocer la velocidad de este asunto. Los teléfonos fueron colapsados ante un inminente tratamiento de la ley.

¿Qué plantea el texto? La normativa establece que “será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa equivalente al valor en pesos de 30 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la condena, el que, violando cualquier normativa vigente de protección ambiental y sus reglamentaciones, provoque daños especialmente graves, extensos y duraderos sobre el ambiente”. Y agrega: “Si el daño ambiental fuera irreversible, las penas serán de prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa equivalente al valor en pesos de 70 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la condena”.

Otra modificación en el Código Penal impondría: “Si como consecuencia del delito tipificado en el artículo precedente se produjera la muerte de una persona, la pena será de prisión de cinco (5) a veinticinco (25) años. Si el resultado fuera la muerte de dos o más personas, el mínimo de la pena se elevará a diez (10) años. En todos los casos, se impondrá además una multa equivalente al valor en pesos de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de la condena”.

¿Qué dice el reglamento en su artículo 106? Señala que “las comisiones comunicarán al presidente de la Cámara los asuntos dictaminados” y que “una vez que los dictámenes de comisión ingresan a la Mesa de Entradas, los senadores no pueden retirar su firma de éstos”. Por eso el alarma y preocupación en muchos despachos en las últimas horas tras el movimiento de Bullrich.

Ante una eventual bola de nieve en poco tiempo, las soluciones lógicas y dentro del reglamento viables son: dormir el tema, solicitar un regreso a comisión en la próxima sesión, o trabajar sobre el mismo despacho para modificarlo a gusto y abrir la comisión -en el recinto- para anunciar un renovado texto. Nunca lo sucedido horas atrás.

Lo que ocurre ahora en el Senado, por fuera de las observaciones y elogios que se puedan realizar sobre la propuesta, es el problema de prometer leyes a dialoguistas -como Terenzi y Royón- y que, después, haya extraños retrocesos. Mucho peor, si van en contra del reglamento. Todo esto confirma lo que este medio contó el fin de semana pasado: legisladores aliados que empiezan a desconfiar y prefieren reanudar líneas directas con la Casa Rosada.

El poder adquisitivo de los trabajadores argentinos mostró una señal positiva en abril. Tras el mal resultado de marzo, los salarios registrados crecieron por encima del nivel general de precios y tuvieron su mayor suba mensual desde el inicio del año.

Según un informe publicado por el Indec por el organismo, los ingresos de los empleados formales tuvieron un aumento del 3,5% en el cuarto mes del año. La inflación de abril, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 2,6%, lo que implica una ganancia real de casi un punto porcentual para el conjunto de los trabajadores relevados por la estadística oficial.

El crecimiento de abril estuvo impulsado principalmente por el sector privado. Los trabajadores registrados del sector privado obtuvieron una suba mensual de 4 por ciento. El sector público, en cambio, tuvo un incremento más moderado: 2,3% en el mes, con diferencias significativas según el nivel de gobierno.

Dentro del Estado, los empleados de las administraciones provinciales tuvieron una actualización de 2,5% en abril, en tanto que los del subsector nacional registraron apenas 1,6%. Esta brecha entre jurisdicciones refleja distintos calendarios de negociación y capacidades fiscales, y es una constante que el índice viene registrando desde hace varios meses.

Más terreno por recorrer

El buen dato de abril, sin embargo, no alcanza para revertir el balance del primer cuatrimestre. En los primeros cuatro meses del año, el total del sector registrado acumuló una suba de 10,7%, por debajo del 12,3% que registró la inflación en el mismo período. Eso implica que, pese a la recuperación de abril, los trabajadores formales terminaron el cuatrimestre con una pérdida real en sus ingresos.

El desglose por sector muestra matices. El privado registrado acumuló entre enero y abril un alza de 10,1%, mientras que el público llegó a 12,0%. Este último logró prácticamente empatar con la inflación del período, en tanto que el privado quedó cerca de dos puntos por debajo. En ambos casos, el punto de partida es diciembre de 2025.

En la medición respecto del mismo mes del año anterior, el sector registrado mostró en abril una variación de 29,4%, por debajo del 32,4% de inflación interanual registrado ese mes. Tanto el privado como el público quedaron en terreno similar: 29,3% y 29,6%, respectivamente. Es decir, medidos contra doce meses atrás, los salarios formales todavía no logran ponerse a la par de los precios.

Noticia en desarrollo…

Los precios del petróleo cayeron cerca de un 1% este martes, impulsados por señales de recuperación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz tras la desescalada bélica entre Estados Unidos e Irán, aunque los mercados mantienen cautela ante la fragilidad del acuerdo provisional alcanzado entre ambas partes.

El crudo Brent del mar del Norte para entrega en agosto retrocedió un 1,05%, hasta los USD 77,08 por barril al cierre de la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. Su referente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para la misma entrega, perdió un 0,9%, hasta los USD 73,21 por barril.

Al menos 36 buques de materias primas cruzaron el lunes por ese paso estratégico, una cifra que la plataforma Kpler calificó como tráfico marítimo récord desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. No obstante, ese volumen representa apenas el 40% de los cruces registrados en tiempos de paz, cuando transitan unos 120 buques diarios.

El embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Ali Bahreini, aseguró este martes que el estrecho estaba “totalmente abierto” para el comercio y que los barcos no deberán efectuar ningún pago para utilizarlo. En paralelo, la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció la activación de su plan de evacuación para 11.000 marineros varados en el paso, en el marco de una “operación a gran escala” coordinada con Irán, Omán, Estados Unidos y el resto de países del golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz estuvo cerrado durante tres meses como consecuencia de la guerra con Irán, lo que privó al mercado mundial de millones de barriles de crudo y gas natural licuado (GNL). El paso concentra aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de ambas materias primas. Tras la firma de un memorando provisional de entendimiento, la administración del presidente Donald Trump autorizó el lunes la venta de crudo iraní hasta el próximo 21 de agosto. Trump señaló además que ese día se extrajeron 19 millones de barriles del estrecho y celebró en redes sociales la caída de los precios.

Omán e Irán acordaron este martes continuar las conversaciones sobre la futura gestión de la navegación en el estrecho. El secretario de Estado Marco Rubio descartó que Irán pueda cobrar peajes como parte de un acuerdo definitivo, al argumentar que tal arreglo contravendría el derecho internacional.

A pesar del optimismo inicial, los analistas advierten que la recuperación plena del flujo energético no será inmediata. “Los armadores y operadores de buques exigirán garantías de que las amenazas que representan las minas han sido eliminadas por completo. Los puertos dañados, los escombros en el agua y la congestión son más obstáculos para un aumento incondicional del tráfico”, afirmó Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

Ole Hvalbye, analista de mercado de SEB Research, coincidió en que la flexibilización de las sanciones no afectaría de forma sustancial a los precios a corto plazo, dado que el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán “aún es reciente y frágil”. Abdelaziz Albogdady, gerente de investigación de mercado y estrategia en FXEM, señaló en un análisis remitido a EFE que “un progreso continuo podría mantener la presión a la baja sobre los precios, mientras que cualquier retroceso podría desencadenar una nueva volatilidad”.

David Morrison, analista de Trade Nation, subrayó que “todo apunta a que el estrecho de Ormuz está ahora abierto y que los buques vuelven a transitar por él”. Gregory Daco, economista de EY-Parthenon, proyectó que la normalización de las condiciones de suministro energético “debería ser progresiva” y que, en consecuencia, los precios del petróleo se mantendrán “hasta finales de año, por encima de los niveles registrados antes del conflicto”.

Los inversores siguen atentos a la rapidez con que los productores de Oriente Medio puedan reanudar su producción y exportaciones tras los daños sufridos durante la guerra, así como a las condiciones de acceso de nuevos buques a la región. Una fuente militar iraní indicó a la agencia de noticias Fars que por el momento se permite el paso de un número limitado de embarcaciones por día, en coordinación con la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)