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El presidente de Líbano, Joseph Aoun, confirmó que viajará a la Casa Blanca antes de que termine julio para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de avanzar en el acuerdo marco entre Líbano e Israel. El anuncio llegó después de una conversación telefónica de 17 minutos que ambos mandatarios mantuvieron el domingo y que Aoun calificó como “buena”.

En una entrevista con el diario libanés An-Nahar, Aoun sostuvo que el acuerdo marco “no es ideal”, aunque explicó que la aceptación por parte del Gobierno libanés responde a la situación militar en el sur del país y al actual equilibrio de fuerzas, que favorece a Israel.

“Este es un marco, no un acuerdo con Israel… Nadie debe apostar por la división del Ejército libanés y no dejaré que mi pueblo muera“, afirmó el mandatario. También aseguró que el entendimiento “no impedirá que Líbano siga reclamando sus derechos y recupere los territorios ocupados”.

Aoun explicó que la transición de seguridad se desarrollará por etapas y comenzará con un despliegue piloto en Zawtar, en el distrito de Nabatieh. Según detalló, el plan prevé que el Ejército libanés asuma el control exclusivo de determinadas localidades para facilitar retiros graduales de las fuerzas israelíes.

El presidente indicó que este modelo también busca responder a la preocupación por un posible ataque israelí contra la colina de Ali Al-Taher, ubicada cerca de la zona donde comenzará el despliegue.

Además, señaló que funcionarios libaneses solicitaron al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que garantice que la colina permanezca bajo control del Ejército libanés y afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó esa propuesta.

Aoun también defendió la decisión del Gobierno libanés de enviar a un ministro al funeral del fallecido líder supremo de Irán. “Nuestras relaciones diplomáticas con Irán continúan y no están interrumpidas“, expresó.

La visita a Washington se producirá mientras el sur de Líbano continúa afectado por las consecuencias del conflicto con el grupo terrorista Hezbollah. Más de cuatro meses después del inicio de la tregua con Israel, unas 700.000 personas permanecen desplazadas y sin posibilidad de regresar a sus hogares, según informaron el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y la agencia humanitaria de la ONU.

Las organizaciones señalaron que el último alto el fuego, alcanzado a mediados de abril y prorrogado en varias oportunidades, no permitió restablecer la seguridad ni recuperar las condiciones necesarias para el retorno de la población.

Los ataques israelíes continuaron después del acuerdo de cese del fuego, con bombardeos, incursiones militares y destrucción de viviendas en distintas zonas del sur del país, incluso al sur del río Litani.

El Ministerio de Sanidad de Líbano informó que 4.298 personas murieron desde el 2 de marzo, entre ellas 135 profesionales sanitarios, mientras que más de 12.000 resultaron heridas.

Las áreas ocupadas por el ejército israelí y declaradas como zonas militares impidieron el regreso de miles de residentes. A ello se suman la presencia de munición sin explotar y los escombros que permanecen en numerosas localidades.

El NRC advirtió que “el regreso sigue sin ser un paso sencillo” para los habitantes del sur, quienes afrontan restricciones de acceso, falta de servicios básicos y viviendas destruidas.

La devastación resultó especialmente severa al sur del río Litani. Una evaluación preliminar estimó en 1.380 millones de dólares los daños directos en edificios, sin incluir otras infraestructuras ni el resto del territorio libanés.

La directora del NRC en Líbano, Maureen Philippon, afirmó que “la destrucción de viviendas, carreteras, sistemas de agua, centros sanitarios, escuelas e infraestructuras civiles provocó desplazamientos prolongados, pérdida de medios de vida, interrupción de la educación y un mayor endeudamiento de las familias“.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), a finales de junio permanecían desplazadas internamente 704.445 personas en todo el país, mientras que más de 523.000 iniciaron un regreso gradual.

El NRC indicó que numerosas familias utilizaron sus últimos ahorros para afrontar alquileres, comprar ropa tras abandonar sus hogares sin pertenencias y cubrir necesidades básicas en medio de la crisis económica que atraviesa Líbano.

La líder de la derecha francesa, Marine Le Pen, conocerá este martes el fallo de la Corte de Apelaciones que definirá si podrá presentarse como candidata en las elecciones presidenciales de 2027, después de la condena que recibió en primera instancia por un caso de empleos ficticios en el Parlamento Europeo.

La decisión, prevista para las 13:30 hora local (11:30 GMT), determinará si el tribunal confirma la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años que un tribunal inferior impuso a Le Pen, de 57 años, junto con una pena de prisión. Si el fallo queda firme en esos términos, la dirigente perderá la posibilidad de competir por la presidencia en unos comicios que aparecen como la mayor oportunidad de su partido para alcanzar el poder.

La sentencia también podría modificar la condena original. Entre las alternativas figura una inhabilitación de menor duración o una pena de arresto domiciliario. En ese escenario, la resolución también podría afectar la capacidad de la dirigente para desarrollar una campaña electoral.

Ante esa posibilidad, Le Pen anticipó que, si no puede competir, cederá el liderazgo de la campaña presidencial a Jordan Bardella, de 30 años, presidente de la Agrupación Nacional (RN) y principal figura emergente del partido.

Durante un acto partidario el fin de semana, la dirigente expresó su determinación de continuar con la actividad política. “Nunca nos desanimaremos, siempre lucharemos“, afirmó.

La dirigente también descartó que el proceso judicial modificara su postura frente a la contienda electoral. “No tengo miedo“, sostuvo la semana pasada. Además, agregó: ”Si puedo presentarme, lo haré, siempre que pueda hacer campaña“.

Le Pen ya compitió en tres elecciones presidenciales. Terminó tercera en los comicios de 2012 y luego accedió al balotaje frente al actual presidente Emmanuel Macron tanto en 2017 como en 2022. Como Macron no podrá buscar un nuevo mandato por el límite constitucional de dos períodos consecutivos, la elección de 2027 aparece como una oportunidad clave para la extrema derecha francesa.

El caso judicial se originó por un sistema que, según la Justicia, funcionó entre 2004 y 2016 para financiar con recursos del Parlamento Europeo a empleados del partido que desarrollaban tareas en Francia.

El tribunal de primera instancia declaró culpables a Le Pen, a otros 24 exdiputados europeos, asistentes y contadores, además de la propia Agrupación Nacional, por utilizar fondos europeos para contratar personal partidario fuera de las funciones previstas por el Parlamento Europeo.

La sentencia original también estableció una pena de cuatro años de prisión, de los cuales dos quedaron en suspenso. Tras el fallo, Le Pen calificó el proceso como una “caza de brujas” contra su partido. Posteriormente, algunos simpatizantes enviaron amenazas de muerte contra los jueces que participaron en la causa.

La dirigente, la formación política y otros diez condenados presentaron una apelación para revisar la sentencia.

Durante el juicio de apelación, Le Pen rechazó las acusaciones y negó la existencia de un mecanismo organizado para desviar recursos del Parlamento Europeo. También sostuvo que la Agrupación Nacional actuó con “completa buena fe“.

Sin embargo, la fiscalía sostuvo que la dirigente “profesionalizó” un mecanismo destinado a desviar fondos europeos que, según la acusación, comenzó de forma desordenada bajo el liderazgo de su padre, Jean-Marie Le Pen, cofundador del partido, antes de que ella asumiera la conducción de la fuerza en 2011.

Los fiscales solicitaron que la Corte mantenga la inhabilitación por cinco años y reclamaron además una condena de cuatro años de prisión, con tres años en suspenso. Si el tribunal confirma una prohibición para ejercer cargos públicos durante varios años, Le Pen no podrá competir en la primera vuelta presidencial prevista para el 18 de abril de 2027.

De igual forma, una eventual condena a un año de arresto domiciliario con tobillera electrónica también podría impedir una campaña activa y favorecer el traspaso de la candidatura a Bardella.

Las encuestas difundidas durante los últimos meses ubicaron a la extrema derecha como favorita para liderar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, aunque mostraron resultados divididos para una eventual segunda vuelta.

Algunos sondeos otorgaron un desempeño ligeramente superior a Bardella, mientras que otros dirigentes políticos consideraron que Le Pen representa una rival de mayor experiencia.

El dirigente de izquierda Jean-Luc Mélenchon expresó esa evaluación al afirmar: “Esta mujer es muy inteligente, no está aquí por casualidad. Y si también se presenta por cuarta vez, no será una oponente a la que podamos menospreciar“.

(Con información de AFP)

Con agenda algo alterada por el Mundial, el oficialismo vuelve a moverse en función del plan reeleccionista, un objetivo que el caso Adorni relegó durante más de cien días, entre otros efectos corrosivos para el Gobierno. Karina Milei lo expuso abiertamente en el fin de semana, como lo había hecho por primera vez apenas pasados los comicios del año pasado. El cuadro ahora es otro: el Gobierno dejó en el camino al funcionario que surgía como estrella a partir del éxito violeta en territorio porteño y, aunque parezca contradictorio, la secretaria General y hermana del Presidente concentra aún más el manejo del poder después de tener que sacrificar esa pieza suya en el tablero libertario.

Desde el Gobierno, se había difundido que la “mesa política” volvería a reunirse este martes, en el mismo horario del partido de la Selección con Egipto, por el pase a cuartos, en Atlanta. Fue advertido después y la reunión debió ser postergada. Por supuesto, eso no desdibuja el tema de fondo. Es una nueva muestra, en pocos días, de que las convocatorias domésticas y la determinación de la agenda política del oficialismo corren por cuenta de Karina Milei. En este caso, con un agregado: se trata de la primera cita de este tipo en casi un mes. Las reuniones habían quedado en suspenso en el tramo final de la serie Adorni.

El gesto sigue a otro que tuvo características similares: el encuentro con diputados y senadores de LLA inmediatamente después de que Diego Santilli ocupara su nuevo despacho en la Casa Rosada. En las formas, fue armado para presentar al nuevo jefe de Gabinete. Tuvo el sentido de exponerlo como una especie de relanzamiento de gestión. Y a nadie escapó que la cita fue organizada desde las oficinas de la secretaría General.

Allí, con participación de Javier Milei en el tramo inicial, fue resumido la lista de proyectos centrales para el Gobierno. Un par está en elaboración -reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y mayores garantías para la inocencia fiscal- y dos deben ser reactivados: recorte de subsidios al consumo de gas en zonas frías y reforma electoral. Los dos demandan trabajo político sobre los gobernadores dialoguistas o aliados, algunos por el tema específico del gas y todos, por el objetivo político del Gobierno.

Es probable que en las próximas semanas se sumen otras iniciativas -Milei había prometido decenas de reformas, al hablar el 1° de marzo en el Congreso-, pero está claro que en cualquier caso, el principal objetivo política es el texto que busca anular las PASO. El oficialismo apunta a eliminar las primarias -bajo el supuesto de que sólo puede ser un mecanismo útil para un armado opositor- y a la vez, intenta ir cerrando acuerdos locales que sumen al plan reeleccionista y allanen los proyectos de continuidad de los jefes provinciales.

En ese contexto, como moneda de cambio apareció la alternativa de alentar listas colectoras -es decir, listas locales diferentes para un mismo candidato presidencial-, lo cual también buscaría favorecer la apuesta nacional al unificar los comicios en cada distrito. Por ahora, según fuentes vinculadas a gobernadores y lo que se trasmite desde el Gobierno, se trata de una “idea” no de un proyecto escrito y cerrado. En otras palabras, abriría una línea de negociación. En cualquier caso, un camino regresivo en materia electoral.

Las tratativas con los gobernadores representan la principal tarea de Santilli en su nuevo cargo. Por supuesto, tiene vínculos previos y, en algunos casos, largamente trabajados con jefes provinciales. También, de manera enganchada, está planteada la relación en el Congreso. Y en los dos tableros, juega Karina Milei, de manera directa o indirecta, por la vía de “los” Menem y de Ignacio Devitt, número dos de la jefatura de Gabinete.

Santilli, ya en su paso previo como ministro del Interior, debió surfear en la interna del círculo de Olivos. Y más. De hecho, responde al esquema que ratifica el poder de la secretria General, sin descuidar el trato con Santiago Caputo. De todos modos, está clara la línea operativa y no constituyen un dato menor sus declaraciones sobre el objetivo de la reelección presidencial, ni los cuidados sobre la definición de la candidatura bonaerense.

También en el intenso trabajo para asegurar respaldo legislativo de gobernadores debió manejar la relación con Luis Caputo. En la mesa de conversaciones con las provincias, el tema financiero ocupa los primeros renglones. Junio volvió a preocupar a los gobernadores por la fuerte caída de la recaudación nacional, por encima del 7 por ciento. Eso, por supuesto, impactó de manera directa en la coparticipación federal, que habría sufrido una baja de alrededor de 4 puntos porcentuales.

En ese contexto, las conversaciones políticas vienen girando además en torno de otro eje: los comicios provinciales. El año que viene, 22 de los 24 distritos pondrán en juego el poder local. Y un elemento de peso es si LLA dará batalla en las provincias de aliados o acordará alguna vía -acuerdo de fórmulas o repliegue- a cambio de un compromiso nacional y sostén legislativo. Eso incluye a la Ciudad de Buenos Aires, en el subibaja de la relación con el PRO.

La agenda legislativa no aparece muy nutrida en Diputados. Y en el Senado, este miércoles los jefes de bloque volverían a encontrase en Labor Parlamentaria para definir la vuelta al recinto, tal vez para mediados de la semana que viene. La última sesión fue frustrada en el marco de las tensiones por el caso Adorni. Está a la espera el proyecto sobre propiedad privada. También, la ley Hojarasca. Y más pliegos de jueces. Lejos, por ahora, de zonas frías y reforma electoral. En todo ese juego, se suma la movida de Karina Milei sobre Patricia Bullrich.

El Presidente buscará mostrar también una foto alejada de los que fueron las últimas celebraciones patrias. El 9 de Julio encabezará el acto central en Tucumán, sin Adorni. Habrá que ver cómo se maneja la repetida tensión con Victoria Villarruel. La intención, esta vez, es la imagen con gobernadores, en línea con lo que fue la asunción de Santilli y con el cortinado de fondo de la negociación por la reforma electoral. Algunos jefes provinciales, como el anfitrión, Osvaldo Jaldo, expresan reparos pero con canales abiertos para el trato político.

Por lo pronto, el mensaje violeta está claro. “Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el Presidente, Javier Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027”, dijo Karina Milei en Posadas. Habló en primera persona, para que no queden dudas de su reafirmación en el poder político.

Los mercados reaccionaron positivamente a la presentación del programa financiero que realizó el equipo económico. El riesgo país cayó otro escalón y quedó muy cerca de perforar los 400 puntos básicos, mientras que las acciones de bancos que cotizan en Wall Street subieron en promedio 5%.

El objetivo de Luis Caputo fue llevarle tranquilidad al mercado respecto a las distintas fuentes de financiamiento disponibles para hacer frente a los vencimientos de lo que resulta de 2026 y fundamentalmente lo que falta para el 2027.

Los pagos para el año que viene son abultados, lo que resulta una complicación adicional por tratarse de un año electoral entre capital e intereses, la Argentina debe hacer frente a la necesidad de cancelar deuda por casi USD 25.000 millones.

Caputo estuvo acompañado por su segundo en Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. El funcionario destacó que la salida al mercado internacional “El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que emitir deuda en el exterior es “una opción, no un objetivo”. Y agregó que esperará para conseguir las tasas más bajas posibles. En esa línea, explicó que no necesitan endeudarse solo para demostrar que tienen acceso al financiamiento, como sugiere la mayoría de los analistas.

Con una tasa en Estados Unidos a diez años a casi 4,5% anual, el riesgo país cercano a 400 puntos implicaría que el Gobierno podría tomar deuda en el mercado internacional a una tasa cercana al 8,5% anual.

Sin embargo, a Caputo le parece por ahora insuficiente y espera para colocar posiblemente a tasas más cercanas al 7% anual en dólares. Si bien no habló de un rendimiento específico, ponderó los próximos bonos que se colocarán con garantías de organismos multilaterales saldrán a una tasa de poco más de 6%.

La mejora de la calificación de riesgo por parte de dos compañías, a las que podría sumarse Moody’s en breve, alentó a una mejora de los bonos dolarizados y la consiguiente baja del riesgo país. Los 408 puntos de cierre de ayer representan el valor más bajo desde que gobierno Javier Milei y ya está en los mejores niveles de los últimos diez años.

Con vencimientos por USD 25.000 millones que habrá que enfrentar el año que viene, el panorama sigue luciendo desafiante si no se recurre al mercado internacional.

De acuerdo con el detalle brindado por Caputo, el Central deberá comprar unos USD 5.000 millones para hacer frente a vencimientos, a los que se suman otros USD 4.000 millones para el pago de Bopreales.

El problema es que estos USD 9.000 millones que debería adquirir el BCRA en teoría el año no se acumularán en las reservas. Por lo tanto, lo ideal sería refinanciar los vencimientos con la emisión de nueva deuda (de ser posible en el mercado internacional) y no con el uso de los dólares que el Central compra en el mercado.

Por otra parte, se anunció la emisión de un nuevo Bonar 2029, cuyo objetivo -según se adelantó- es en esta instancia captar los dólares que cobrarán los inversores en los próximos días. El 9 de julio vencen unos USD 4.200 millones y el objetivo es que parten se reinviertan en el nuevo título, que pagará intereses de manera mensual.

El Gobierno sigue recurriendo así al financiamiento en el mercado local: ya se emitieron USD 4.000 millones entre los Bonares 2027 y 2028 y ahora van por otros USD 2.000 millones del Bonar 2029. Así, el total financiado en el mercado local ascendería a USD 6.000 millones.

En cuanto al FMI, el año que viene se aceleran los vencimientos de capital e intereses por USD 7.700 millones. El organismo a su vez realizará desembolsos pero por un monto mucho menor, por un total de USD 1.900 millones. Caputo aclaró que no está previsto solicitarle al organismo que refinancie los vencimientos, una posibilidad que había empezado a circular pero sin confirmación oficial.

Un petrolero fue alcanzado este lunes por un proyectil no identificado frente a la costa de Omán, en la zona del estrecho de Ormuz, donde el impacto provocó un incendio sin dejar heridos ni daños ambientales, informó la agencia marítima británica UKMTO. El incidente ocurrió pese al acuerdo de tregua entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La UKMTO informó que el ataque ocurrió a ocho millas náuticas al este de Limah, cerca de la costa omaní, cuando el buque navegaba hacia el sur.

“Un petrolero indicó haber sido alcanzado por un proyectil desconocido en el costado de babor, lo que provocó un incendio, mientras navegaba hacia el sur“, señaló la agencia marítima en un comunicado.

La entidad agregó que el incidente no dejó víctimas ni afectó al medioambiente. “Se aconseja a los buques transitar con precaución y reportar cualquier actividad sospechosa a la UKMTO“, indicó el organismo, que precisó que las autoridades investigan lo ocurrido.

El medio estadounidense Axios informó la noche del lunes que Irán “disparó al menos dos misiles contra barcos comerciales”, con base en declaraciones de dos funcionarios estadounidenses. Según uno de ellos, un segundo buque también recibió el impacto de un misil y sufrió daños de consideración. Hasta el momento, el Pentágono no realizó ninguna declaración.

El estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales focos de tensión desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán. Durante el conflicto, Teherán bloqueó el paso por esa vía marítima, lo que impulsó un fuerte aumento de los precios internacionales del petróleo.

En condiciones normales, cerca del 20% de la producción mundial de crudo transita por el estrecho de Ormuz.

El paso de buques se reanudó después de que Washington y Teherán firmaron en junio un protocolo de acuerdo para poner fin al conflicto. Sin embargo, Irán sostuvo que no existirá un regreso a la situación previa a la guerra, cuando los barcos navegaban libremente por esa ruta estratégica.

En paralelo al siniestro marítimo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país está dispuesto a alcanzar un acuerdo con Irán, pero advirtió que, si la vía diplomática fracasa, Washington avanzará para “terminar el trabajo”.

“Vamos a hacer un acuerdo o vamos a terminar el trabajo. Y no será difícil terminar el trabajo”, declaró Trump ante periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca.

El mandatario agregó que preferiría una solución negociada porque busca evitar consecuencias para la población iraní. “Prefiero hacer un acuerdo, porque no quiero afectar a 91 millones de personas”, sostuvo.

Trump aseguró además que Estados Unidos conserva una capacidad militar significativa frente a Irán y mencionó posibles objetivos estratégicos si no prosperan las negociaciones. “Podemos derribar sus puentes en una hora, podemos eliminar su suministro de energía”, afirmó, al señalar que Teherán enfrenta dificultades económicas debido a las sanciones internacionales.

(Con información de AFP y EFE)

El decreto que reordenó la cartera que conduce Mario Lugones finalmente salió hoy en Boletín Oficial, tal como había adelantado Infobae. Rodrigo Sbarra fue nombrado viceministro de Salud tras haber presentado su renuncia al cargo de subsecretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gestión Administrativa de dicha área.

Los movimientos en el Ministerio de Salud se dieron a partir de la inesperada salida de Guido Giana a siete meses de haber asumido el cargo. Según trascendió, hubo motivos personales que lo llevaron a tomar la decisión que se conoció este lunes.

Sbarra se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa desde diciembre del año pasado cuando fue designado por el decreto 874/2025. El anticipo de los cambios lo confirmaron fuentes oficiales a este medio, los cuales se concretaron mediante el decreto 579/2026: “Designase, a partir del 7 de julio de 2026, en el cargo de Secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud al licenciado Rodrigo Alberto Sbarra”, describe el documento oficial.

En tanto, Giana había asumido como viceministro un mes antes y su nombramiento quedó asentado a través del decreto 783/2025 publicado en el Boletín Oficial para reemplazar a Cecilia Loccisano, quien había presentado su renuncia tras la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas del 26 de octubre de ese año.

Previamente, había sido gerente económico-financiero del INSSJP-PAMI durante la gestión de Mauricio Macri y tuvo un breve paso por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de su llegada al Ministerio de Salud, también había tenido una trayectoria política dentro del PRO: fue concejal en el municipio de Presidente Perón y candidato a intendente bajo la coalición Juntos por el Cambio.

En esa línea, desde la cartera sanitaria señalaron que la llegada de Sbarra continuará impulsando la agenda de transformación que llegó con la gestión del ministro Mario Lugones. Además, aclararon que el objetivo es profundizar las políticas de desburocratización, eficiencia, transparencia y modernización del sistema de salud.

Por su parte, en un comunicado oficial, la cartera agradeció a Giana “por su trabajo, compromiso y profesionalismo durante su gestión” y señaló que su aporte “fue fundamental para sentar las bases de esta nueva etapa”.

Quién es el nuevo administrador

Sbarra se presenta en su perfil de LinkedIn como economista especialista en implementación de políticas públicas, con una larga carrera en la administración pública nacional. Su último cargo antes de incorporarse a la gestión libertaria fue en el Ministerio de Desarrollo Productivo, durante la presidencia de Mauricio Macri, donde permaneció más de cuatro años: como subsecretario de Coordinación entre diciembre de 2015 y octubre de 2018, y luego como secretario de Coordinación hasta diciembre de 2019.

Con anterioridad, ejerció como asesor financiero del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con funciones en la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico porteño entre mayo de 2012 y diciembre de 2015. Entre julio de 2009 y ese mismo mes de 2012, ocupó el rol de asesor económico y enlace parlamentario en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, desde donde articuló el vínculo entre esa cartera y el Honorable Congreso de la Nación.

Su trayectoria en el sector público arranca en marzo de 2005, cuando se incorporó como asistente en la Unidad Ministro del Ministerio de Economía y Producción, cargo que mantuvo hasta diciembre de 2008, para pasar luego a la Unidad Ministro del Ministerio de Producción hasta julio de 2009. Entre agosto de 2010 y abril de 2011, además, actuó como consultor externo delINTA, con participación en el Programa Global Biopact.

China lanzó este lunes un misil balístico estratégico desde un submarino de propulsión nuclear hacia el océano Pacífico, en lo que Pekín describió como un ejercicio de entrenamiento rutinario, pero que desató el rechazo de varios países de la región y la “gran preocupación” de Washington ante el acelerado crecimiento del arsenal nuclear chino.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en un comunicado que “el rápido y opaco aumento del arsenal nuclear de Pekín es motivo de gran preocupación para la región y para el mundo”, y exigió a China entablar “discusiones sustantivas sobre el control de armas”. La declaración se produce en un contexto de creciente tensión nuclear global: el último acuerdo de control de armamento entre Washington y Moscú, el tratado Nuevo START, ya expiró, y el presidente Donald Trump anunció en octubre de 2025 que Estados Unidos se preparaba para reanudar pruebas nucleares por primera vez desde 1992.

El misil fue disparado a las 12:01 hora local (04:01 GMT) y transportaba una ojiva simulada de entrenamiento, según informó la agencia estatal Xinhua, cuyo despacho fue reposteado por el Ministerio de Defensa chino. El proyectil cayó con precisión en la zona marítima prevista, de acuerdo con la misma fuente. El comunicado oficial no precisó el modelo del misil, la clase del submarino ni la zona exacta de impacto.

El portal especializado Defense Mirror indicó que el arma probada es “probablemente” un JL-3, misil balístico de tercera generación, de combustible sólido y alcance intercontinental superior a 10.000 kilómetros. Según el diario hongkonés South China Morning Post, se trata de la primera prueba conocida de un misil lanzado desde un submarino chino desde 1982 y la primera efectuada desde un sumergible de propulsión nuclear.

Lyle Morris, investigador del Centro para el Análisis de China del Asia Society Policy Institute, precisó que es el primer test públicamente reconocido con ojiva simulada desde un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear de la Armada china que llega tan adentro del Pacífico. Morris advirtió además que el ensayo demuestra que “el disuasivo nuclear de China ya no se centra únicamente en misiles terrestres” y subrayó que Japón, Nueva Zelanda y Australia recibieron notificaciones previas, pero no Estados Unidos.

Drew Thompson, investigador de la Escuela S. Rajaratnam de Estudios Internacionales de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, atribuyó la preocupación regional a la falta de información: “La modernización y construcción militar de China han ocurrido sin incrementos paralelos en apertura y transparencia”, lo que genera incertidumbre sobre las intenciones de Pekín.

Australia calificó la prueba de “desestabilizadora y preocupante”. La canciller australiana Penny Wong declaró ante la prensa en Fiyi que su país “ha sido claro con China en que consideramos esto desestabilizador para la región”, según recogió The Associated Press. El lanzamiento ocurrió el mismo día en que Australia y Fiyi firmaron un nuevo tratado de defensa mutua concebido para contrarrestar la influencia china en el Pacífico.

El gobierno de Nueva Zelanda señaló que fue informado horas antes del disparo y advirtió que el misil fue lanzado hacia la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur, establecida por el Tratado de Rarotonga de 1986. China ratificó los protocolos de ese tratado en 1987, comprometiéndose a no realizar pruebas nucleares dentro de la zona. “Parece que, a pesar de nuestras preocupaciones de larga data sobre este tipo de actividad, China llevó a cabo el ensayo horas después de informarnos”, afirmó el canciller neozelandés Winston Peters en declaraciones a The Associated Press.

El Ministerio de Defensa de Japón expresó su inquietud por la creciente actividad militar china y pidió a Pekín “reconsiderar” sus pruebas de misiles para que los proyectiles no sobrevuelen territorio japonés. El secretario jefe del Gabinete nipón, Minoru Kihara, calificó las actividades militares chinas de “grave preocupación para Japón y la comunidad internacional”, en alusión también a las maniobras de buques chinos cerca de la isla de Yonaguni, ubicada a poco más de 150 kilómetros de Taipéi.

La Presidencia de Taiwán condenó el lanzamiento al considerar que Pekín intenta “intimidar a la comunidad internacional”. La portavoz presidencial Karen Kuo acusó a China de realizar maniobras militares continuadas, “acoso de zona gris” y “coerción marítima” contra países vecinos. El director de la Oficina de Seguridad Nacional taiwanesa, Tsai Ming-yen, advirtió de una “tendencia al alza” en los despliegues navales chinos y señaló que entre julio y septiembre se concentra la temporada de mayor intensidad de ejercicios militares del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Taiwán identificó este lunes cuatro agrupaciones navales del EPL activas en el Pacífico occidental: una en el Pacífico Sur, dos al sur de la isla japonesa de Amami Oshima y otra al noreste de Filipinas. El Pentágono estimó en su último informe al Congreso, publicado a finales de 2025, que China contaba con alrededor de 600 ojivas nucleares en 2024 y que el EPL mantiene el ritmo para superar las 1.000 ojivas en 2030.

El ensayo balístico coincidió con el inicio de ejercicios navales conjuntos entre China y Rusia en aguas próximas a la ciudad china de Qingdao, que se extenderán por el mar Amarillo y el Pacífico hasta el 13 de julio. El Ministerio de Defensa ruso confirmó la llegada a ese puerto del crucero de la Guardia Variag, la corbeta Rezkiy, el submarino Ufa y el buque de rescate Igor Belousov. Por parte china participan, entre otros, los destructores Anshan y Kaifeng, la fragata Wuhu y un submarino diésel-eléctrico de clase Yuan.

Las maniobras incluirán operaciones de reconocimiento conjunto, defensa aérea y antimisiles, guerra antisubmarina y prácticas con uso real de armamento. La cooperación militar entre Pekín y Moscú se ha intensificado desde que los presidentes Xi Jinping y Vladímir Putin proclamaron en febrero de 2022, días antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania, una relación bilateral “sin límites”.

La energía nuclear suele asociarse con la producción de electricidad, pero en Argentina también sostiene desarrollos vinculados con la medicina, la industria y la investigación científica. Sin embargo, detrás de esos avances, el sector atraviesa un escenario que, según sus propios protagonistas, pone en riesgo la continuidad de capacidades construidas durante décadas.

Ese fue el diagnóstico que planteó el investigador superior de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y del CONICET, Andrés Kreiner, durante una entrevista en Infobae al Regreso. Allí sostuvo que el principal problema hoy no pasa por la falta de conocimiento ni de infraestructura, sino por la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores y la salida de personal altamente calificado.

“El sector nuclear estatal se está asfixiando salarialmente”, resumió. Según explicó, los salarios “perdieron más del 50% de su capacidad adquisitiva frente al IPC” en los últimos dos años, una situación que ya comenzó a reflejarse en la estructura del organismo. “Ha producido un éxodo del orden de 500 personas. Algunas se jubilaron, pero la mayoría se fueron porque no pueden vivir con esos salarios”, aseguró.

Para Kreiner, la magnitud del problema se entiende mejor cuando se observan casos concretos. Mencionó el de Paula Alderete, una técnica que opera un microscopio electrónico de alta complejidad y que, según indicó, percibe entre 600.000 y 700.000 pesos mensuales. “Estos salarios son realmente salarios de hambre”, afirmó. También señaló que un ingeniero con algunos años de experiencia cobra alrededor de 1,2 millones de pesos y que incluso la remuneración más alta dentro de la Comisión, correspondiente a su categoría como investigador superior, se ubica entre 2,4 y 2,5 millones de pesos.

El investigador remarcó que el impacto no alcanza únicamente a científicos e ingenieros. “Se está echando a profesionales, técnicos y también administrativos”, sostuvo, y explicó que en una institución con el nivel de complejidad de la CNEA cada una de esas funciones resulta indispensable para sostener el funcionamiento cotidiano.

Una actividad que va mucho más allá de las centrales nucleares

Durante la entrevista, Kreiner también buscó poner en contexto la importancia que tiene el sector para el país. Recordó que Argentina cuenta con tres centrales nucleares en operación que generan aproximadamente el 10% de la electricidad consumida a nivel nacional, aunque insistió en que esa es apenas una parte de la actividad que desarrolla el sistema nuclear.

Uno de los campos donde esa capacidad resulta más visible es la medicina. Allí, explicó, la producción de radioisótopos permite realizar diagnósticos y tratamientos de alta complejidad. Como ejemplo mencionó el tecnecio-99, “uno de los radioisótopos más utilizados”, que se administra junto con un fármaco y “se localiza preferencialmente en tejidos tumorales”, permitiendo detectar lesiones a partir de la radiación que emite.

A ese desarrollo se suma el Centro Argentino de Protonterapia, que se encuentra en construcción frente al Hospital Roffo. Según explicó Kreiner, esa tecnología representa un salto respecto de los tratamientos convencionales porque utiliza haces de protones que permiten concentrar la radiación con mucha mayor precisión sobre el tumor y reducir el daño en los tejidos sanos.

Las aplicaciones tampoco se limitan al ámbito sanitario. En el Centro Atómico Constituyentes, agregó, también se irradian celdas solares destinadas a misiones espaciales y componentes electrónicos que deben soportar niveles extremos de radiación, una tarea que forma parte del desarrollo tecnológico de distintos sectores industriales.

El debate sobre las inversiones y la pérdida de capacidades

Consultado sobre la posibilidad de una mayor participación privada en el desarrollo nuclear, Kreiner aclaró que el sistema argentino nunca funcionó exclusivamente bajo control estatal. Como ejemplo mencionó a CONUAR, empresa dedicada a la fabricación de combustibles nucleares, donde la CNEA participa con algo más del 30% del paquete accionario mientras que el resto pertenece al grupo Pérez Companc.

Sin embargo, consideró que el deterioro salarial modifica por completo ese escenario. “Hay una mano de obra muy calificada que está regalada”, advirtió. En ese contexto, explicó, una empresa extranjera podría instalarse en el país y, ofreciendo salarios apenas dos o tres veces superiores, incorporar recursos humanos que demandaron años de formación dentro del sistema público.

Por eso, aclaró que no rechaza la llegada de inversiones privadas, aunque sostuvo que deberían orientarse hacia esquemas de cooperación. “Si hubiera una asociación en la que una empresa pone el dinero y la Comisión aporta sus recursos humanos altamente capacitados para desarrollar proyectos en conjunto, lo veríamos de otra forma”, planteó.

Sobre el final de la entrevista, Kreiner extendió esa preocupación hacia la política energética de largo plazo. Recordó que Argentina desarrolló durante décadas una línea tecnológica basada en reactores de uranio natural y agua pesada, una característica que, según señaló, le permitió construir autonomía en un área considerada estratégica.

En ese sentido, expresó su preocupación por el destino del único predio habilitado para construir una nueva central nuclear en el país. “Ese sitio se lo están ofreciendo graciosamente a una empresa”, cuestionó, antes de insistir en que preservar las capacidades acumuladas resulta clave para mantener la independencia tecnológica. “La Argentina tiene una línea tecnológica del uranio natural y agua pesada que nos independiza tecnológicamente y nos da seguridad energética”, concluyó.

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