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La selección argentina regresará la semana que viene al país y será recibida por cientos de miles de hinchas que celebrarán el camino que se hizo a lo largo de todo el Mundial. Sea cual sea el resultado. Es un escenario que las autoridades del Gobierno ya tenían en cuenta desde hace tiempo, pero más desde que la Scaloneta pasó a semifinales, ya que estaba asegurado un octavo partido.

En ese marco, el presidente Javier Milei dejó en claro que buscará generar todas las condiciones para que el combinado nacional tenga la opción de visitar la Casa Rosada y saludar a los hinchas argentinos desde el balcón que da hacia Plaza de Mayo, sin que haya presencia de funcionarios políticos.

“La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos”, sentenció esta mañana en diálogo con El Observador, y advirtió que sería “miserable” intentar utilizar un eventual triunfo de la Selección Argentina con fines partidarios.

La Selección Argentina fue recibida por las autoridades de facto cuando ganó la Copa Mundial de 1978 y por Raúl Alfonsín cuando lograron la misma gesta en 1986. Más en tiempo reciente, Cristina Kirchner también acogió a la camada del Mundial de 2014 cuando salieron en segundo lugar luego de perder la final con Alemania.

Milei recibió al único medallista olímpico de París 2024, el rider José “Maligno” Torres. Se sacaron fotos juntos en el despacho presidencial y estuvo con él saludando a las personas que pasaban por la Plaza de Mayo. Pero decidió que para este caso había más en juego. Pesó mucho lo acontecido durante la presidencia de Alberto Fernández.

En ese entonces, el manejo que hubo para la recepción de la Selección campeona del Mundo en Qatar fue, por demás, desprolija, y el plantel liderado por Lionel Messi decidió que no quería que una foto fuera utilizada para levantar una administración nacional que venía capa caída por los altos índices de inflación y la crisis política interna.

El operativo por la Selección

El Presidente ya dio la orden expresa de que la Casa Rosada quede totalmente desocupada si es que la Selección va al edificio. Es un pedido que maneja personalmente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tiene bajo su órbita el control de Casa Militar, la fuerza que maneja la custodia presidencial y de los edificios como la Rosada.

“Si quieren ir al balcón para poder interactuar con los argentinos, eso está disponible y está garantizado que no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro que es de este grupo extraordinario de jugadores que tanta alegría ha dado a los argentinos”, marcó Milei.

El Presidente también informó que están diseñando los mecanismos de seguridad ante todas las alternativas “para que la fiesta sea plena, sin eventos oscuros que lamentar.”

Fuentes del Gobierno Nacional comentaron que ya hubo contactos con autoridades de las administraciones de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La Selección puede llegar al Aeropuerto de Ezeiza -como sucedió en 2022- o a Aeroparque. Es algo que no está definido. En el primer caso, se debería esperar una coordinación tripartita si es que la delegación decide hacer una caravana o saludar a la gente en las calles.

“Hay diálogo con Nación, pero no hay ninguna propuesta sólida”, comentaron fuentes inobjetables del Gobierno de la Ciudad. En tanto, un importante funcionario de la Casa Rosada reconoció que están diagramados varios operativos hipotéticos, pero que “no hay novedades” de que se le vaya a presentar a la AFA estos informes.

Quien está trabajando sobre esa cuestión es la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, que según reveló el Presidente “está preparando un operativo especial por los festejos”.

Mientras tanto, en la Asociación del Fútbol Argentino no tuvieron contacto con emisarios de Nación por el momento. Desde el Gobierno es algo que se van a encargar desde áreas como Secretaría General de la Presidencia -para comentarles que pueden ir a la Casa Rosada- como el Ministerio de Seguridad Nacional -para diagramar una ruta segura para la vuelta a la Argentina-. Hasta ahora, no se buscaron ni de un lado ni del otro. Esto podría desbloquearse con la cercanía de la final del Mundial. En tanto, la Secretaría de Deportes no tiene contactos con la AFA. “Ellos se manejan de manera autónoma”, aseguran.

Una fuente del Gobierno familiarizada con el tema tiene la sensación de la Selección no va a saludar desde la Casa Rosada. Esto, claro está, no es un motivo para descartar que pueda suceder. Otro funcionario que está involucrado de manera directa con el tema, marcó: “La relación con el Chiqui no es la mejor, pero creo que esta vez las cosas se hicieron de manera mucho más prolija y no debería haber ningún problema para que suceda. Se sabe que no hay mejores lugares que la Plaza de Mayo para que se pueda festejar, sea el escenario que sea”.

Como trasfondo de todo, la Justicia dejó firme este viernes el procesamiento del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. en la causa por retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos. El dirigente está embargado por 350 millones de pesos y tiene prohibida la salida del país -está de viaje por el Mundial con permiso judicial-. El Tribunal de Apelaciones confirmó también la acusación contra el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino. La AFA como persona jurídica también quedó con procesamiento firme.

Controlar la evasión en la Argentina es una de las grandes materias pendientes de las últimas décadas. Poco han hecho los últimos gobiernos para ampliar la base tributaria y tener algún mínimo margen para bajar impuestos. Incluso, muchos sectores vienen reclamando un mayor control de la informalidad, ya que el hecho de que muchos contribuyentes no paguen lo que les corresponde de impuestos hace que la presión sobre el sector formal de la economía sea mayor.

Es el caso del supermercadismo. Hace años que las grandes cadenas insisten con esta problemática y cada vez que se reúnen con el ministro de Economía, Luis Caputo, le vuelven a poner sobre la mesa el tema. Sucedió, incluso, en el encuentro de la semana pasada, en la que los empresarios se llevaron una grata sorpresa. El Gobierno respondió a este pedido y les anticipó que está avanzado un plan para controlar la informalidad en el sector.

Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), entidad que nuclea a las grandes cadenas, se le había sugerido al Gobierno adoptar un modelo similar al que había aplicado el gobierno porteño en 2019, cuando Andrés Ballotta presidía la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP).

En esa oportunidad, el objetivo era aumentar la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos y atacar al sector donde se registraba la mayor evasión en la ciudad de Buenos Aires: los supermercados de proximidad, dominados en su gran mayoría por ciudadanos de origen chino. Según los cálculos que se manejaban en ese momento en el gobierno porteño, la subdeclaración de impuestos superaba cómodamente el 50% en esta franja.

El mecanismo consistía en que era la Ciudad la que le indicaba a los comercios cuánto tenían que pagar de Ingresos Brutos por mes, en lugar de recibir la manifestación del contribuyente. Es un instrumento que ya se aplica en otros países, por el cual se calcula en base a distintos indicadores cuál es la facturación del local y cuánto debería tributar.

Los supermercados recuerdan ese plan y admiten que tuvo éxito. Por eso, buscan desde hace tiempo que se replique a nivel nacional. Fuentes oficiales y del sector confirmaron que el tema fue hablado en el encuentro de la semana pasada con Caputo y que el propio secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, les contó que estaban preparando el modelo para comenzar las pruebas piloto.

Cómo funcionará el nuevo esquema de control

Así como fue en CABA en 2019, lo que prepara el equipo económico es un modelo similar que se basa en métodos presuntivos. Con el dato de cuánto se produce de cada bien y cuánto se vende (ello puede saberse fácilmente en base a los grandes proveedores), la fórmula polinómica calcula cuánto debería venderse por metro cuadrado en función de la cantidad de comercios existentes. Entonces, se le cobra directamente impuestos en función de ese cálculo. Si el contribuyente no está de acuerdo, deberá argumentar y abrir los libros para demostrar que en realidad vendió menos.

“Los grandes proveedores facturan todo lo que venden, por lo que los remitos de compra los tienen que tener. ARCA puede cruzar toda la información y es fácil comprobar si el contribuyente dice la verdad”, planteó una fuente del sector del retail.

Lavigne le confirmó a los supermercadistas que se están haciendo las pruebas y que sólo quedaba ultimar algunos detalles de sistemas con ARCA. “Lo hemos venido planteado desde hace mucho tiempo. Pero éste es el primer gobierno que se lo ha tomado en serio”, dijeron las fuentes del supermercadismo. Y agregaron: “Ahora hay una decisión política de ampliar la base de contribuyentes. Y estos métodos presuntivos son bastante efectivos; en general, aciertan”.

En el sector calcular que la irregularidad ronda entre el 50% y el 60%. Son meras estimaciones que se realizan a partir de situaciones que detectan las propias cadenas grandes de supermercados cuando recorren otros comercios cercanos. Es habitual ver precios de productos de primera marca inferiores al costo en la góndola; o llegar a la caja y que el ticket no sea emitido. Son varias las señales que les hacen inferir a las cadenas que muchas ventas no son declaradas.

“Hay una serie de puntos negros en la cadena de distribución. Toman mercadería de canales formales y las distribuyen en un canal informal”, aclararon las fuentes.

Si la reciente Ley de Unidad Nacional busca integrar y condicionar ideológicamente a la sociedad china y el Decreto 835 responde a la extraterritorialidad de otros Estados y la posibilidad de desconocer las leyes de otros países, el Decreto 837 busca crear un marco integral para controlar y orientar las inversiones chinas en el exterior bajo una lógica de “seguridad nacional”. Bajo ese paraguas nebuloso y difuso la discrecionalidad del régimen es absoluta.

Formalmente, la norma aprobada por Consejo de Estado sobre la Inversión en el Exterior tiene cuatro objetivos: promover la inversión exterior; proteger a los inversores chinos; fortalecer la supervisión estatal; y proteger la seguridad nacional y los intereses estratégicos del país. Sin embargo, a medida que se avanza en el texto aparece un elemento que hoy caracteriza buena parte del derecho chino: la seguridad nacional deja de ser una materia excepcional y pasa a convertirse en un principio transversal de regulación económica.

Es el Artículo 3 el que lo explicita. Dispone que todas las inversiones en el exterior deben coordinarse con lo que el régimen llama “seguridad del régimen”. Textual: “La política relativa a la inversión en el exterior se regirá por el principio fundamental de apertura al exterior, aplicará el Concepto General de Seguridad Nacional, coordinará el desarrollo con la seguridad, armonizará las dimensiones interna e internacional, perfeccionará el sistema de gestión y de servicios para la inversión en el exterior, elevará la calidad y el nivel de dichas inversiones y promoverá la apertura, la cooperación, el beneficio mutuo y las relaciones de ganancia compartida”.

Este concepto, bajo el comando de Xi Jinping, tiene un alcance mucho más amplio que la “seguridad nacional” en la tradición occidental. Abarca no solo la defensa o el terrorismo, sino también la tecnología, los datos, las finanzas, las cadenas de suministro, la energía, la cultura y la estabilidad política.

“Estos decretos amplían aún más la idea del Partido Comunista Chino (PCC) de que los huaqiao, o chinos en el extranjero, siguen estando sujetos a la ley interna china“, explica Leland Lazarus, fundador y CEO de Lazarus Consulting, un think tank enfocado en el accionar Beijing. “Se fundamenta en la Ley Nacional de Inteligencia de 2017, que obliga a todos los ciudadanos y empresas chinas a apoyar las actividades de inteligencia del PCC, y en la Ley de Seguridad Nacional de 2020 que penaliza la secesión, la subversión, el terrorismo o la colusión con fuerzas extranjeras”, remarca.

Uno de los aspectos más polémicos del decreto es que numerosas decisiones quedan en manos del Consejo de Estado y de los ministerios competentes. El omnipresente régimen chino tiene potestad para definir qué inversiones son promovidas y cuáles no. Tiene el poder de restringir otras y prohibir determinadas operaciones. E incluso ordenar desinversiones. Es decir: no sólo podría desautorizar alguna operación futura, sino desarmar alguna que ya esté operativa.

El decreto 837 prohíbe además exportar o utilizar en el exterior determinados bienes, tecnologías, servicios y datos sin autorización estatal. Incluso alcanza formas indirectas de transferencia, como el desplazamiento de personal técnico, la capacitación o la asistencia técnica transfronteriza. Lo remarca en su Artículo 13.

El punto 15 del decreto también es restrictivo para ciudadanos y compañías. Establece un sistema de revisión de seguridad para inversiones exteriores y obliga a corporaciones y personas a colaborar plenamente. Consultado por Infobae, Lazarus estima que se está observando “una consolidación de la filosofía del PCC de que todos los chinos —individuos, empresas y gobierno— sirven como instrumentos del poder nacional integral del país”.

“Cuando organizaciones o personas establecidas en el territorio de la República Popular China participen en procedimientos arbitrales o judiciales relacionados con inversiones en el exterior, o sean objeto de investigaciones por parte de autoridades judiciales o de aplicación de la ley de otros países o regiones, y necesiten proporcionar pruebas u otros materiales a entidades situadas en el extranjero, deberán cumplir las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la protección de secretos de Estado, la seguridad de los datos, la protección de la información personal, la administración de la exportación de tecnologías, el control de exportaciones y la asistencia judicial internacional”, señala el Artículo 22. Es un claro límite para los ciudadanos, inversores y ejecutivos de empresas chinas en el extranjero.

Este polémico artículo podría generar conflictos para corporaciones que operan simultáneamente bajo la legislación china y la de otros países, especialmente cuando deben responder a requerimientos judiciales o regulatorios extranjeros. ¿Deben pedir permiso a Beijing para cumplir una ley en Rio de Janeiro? Al parecer.

Un patrón claro de control

En las últimas normas analizadas en Infobae aparece un patrón claro. Mientras la Ley de Unidad Nacional controla la cohesión ideológica y social, el Decreto 835 se refiere a la relación jurídica entre empresas chinas y medidas adoptadas por otros Estados, el Decreto 837 revisa cómo el capital chino sale al exterior y bajo qué condiciones puede hacerlo.

En conjunto, estas normas reflejan una tendencia a integrar la política económica, la seguridad nacional y acción exterior bajo un mismo marco regulatorio. Estados Unidos y Europa también tiene leyes sobre exportaciones sensibles, pero lo hacen en un marco específico y para determinados sectores y riesgos delimitados. Los decretos chinos, en cambio, incorporan la noción de “seguridad nacional” y se proyecta sobre un abanico mayor de decisiones con amplia discrecionalidad por parte del estado.

“Las leyes chinas realmente no tienen fuerza si los gobiernos locales no las cumplen. Pero también hemos visto cómo China está dispuesta a ejercer presión económica y política para lograr que los países las acaten. Esta ley podría disuadir a las organizaciones en el extranjero que promueven los derechos de Taiwán, los uigures, el Tíbet o Hong Kong, si los líderes de esas organizaciones temen que el PCC pueda tomar represalias contra sus familias en su país de origen”, concluye Lazarus.

X: @TotiPI

El Gobierno del Reino Unido dio una respuesta a la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” por parte de jugadores de la Selección argentina tras la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Desde Downing Street reiteraron el pedido para que la FIFA investigue el episodio y reafirmaron la posición británica sobre el archipiélago.

La portavoz del primer ministro, Keir Starmer, fijó la postura oficial durante la habitual conferencia de prensa con periodistas parlamentarios. “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”, afirmó. Y agregó: “Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas”.

La vocera también sostuvo que el compromiso del Reino Unido con los habitantes del archipiélago “nunca flaqueará”. En ese sentido, recordó la posición histórica del Gobierno británico respecto de las islas, cuya soberanía permanece en disputa con la Argentina.

Durante la conversación con los medios también le consultaron si la FIFA debía intervenir por la exhibición de la bandera. La portavoz respondió que coincidía con las declaraciones formuladas previamente por el ministro de Ciencia, Peter Kyle, y señaló que cualquier decisión corresponde al organismo rector del fútbol mundial.

Horas antes, Kyle calificó el gesto de los futbolistas argentinos como “totalmente inapropiado”. “La política debe mantenerse al margen del fútbol”, sostuvo en declaraciones a la BBC. Además, expresó: “Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”, al considerar que la exhibición de un mensaje de contenido político podría contravenir las normas que regulan las competiciones organizadas por la entidad.

La controversia surgió luego del triunfo argentino frente a Inglaterra en Atlanta. Finalizado el encuentro, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero desplegaron una bandera blanca con letras negras que decía “Las Malvinas son argentinas”. Los tres futbolistas la mostraron durante los festejos junto al resto del plantel y frente a los hinchas argentinos presentes en el estadio. Más tarde, Lo Celso también la extendió sobre el césped.

Según trascendió, la bandera se encontraba en una de las tribunas y fue entregada a los jugadores durante la celebración posterior al partido.

En la previa del encuentro, tanto la FIFA como las autoridades de seguridad de Estados Unidos habían prohibido el ingreso al estadio de banderas, carteles o insignias con contenido político, incluidas aquellas vinculadas al reclamo por las Islas Malvinas. Sin embargo, el elemento ingresó al estadio y terminó en manos de los futbolistas al finalizar el encuentro.

La reacción británica también motivó una respuesta del presidente Javier Milei. Durante una entrevista radial, el mandatario afirmó que “la política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos” y sostuvo que sería “miserable” intentar utilizar un eventual título mundial con fines partidarios.

Al referirse específicamente a la bandera exhibida por algunos integrantes del plantel, Milei consideró que se trató de “un sentimiento que está dentro de todos los argentinos” y afirmó que era “perfectamente válido y lícito” que los jugadores se expresaran de esa manera.

No obstante, el Presidente marcó diferencias entre esa manifestación y el reclamo diplomático por la soberanía de las islas. “La recuperación de las Islas se logrará en el plano diplomático con inteligencia”, expresó. Además, destacó las gestiones realizadas por la Cancillería y aseguró que esos avances permitieron que la ONU instara al Reino Unido a retomar las negociaciones con la Argentina.

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno británico impulsara sanciones contra los futbolistas argentinos por el episodio, Milei consideró que cualquier eventual consecuencia quedaría limitada al ámbito deportivo y no afectaría el proceso diplomático entre ambos países. También reiteró que la Casa Rosada permanecerá a disposición de la Selección si el plantel decide celebrar allí una eventual consagración, aunque remarcó que los festejos corresponderán “exclusivamente a los jugadores y a los argentinos”, sin participación de dirigentes políticos.

El presidente de EEUU Donald Trump ordenó aplicar un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones de Brasil desde el 22 de julio, una decisión que profundiza la disputa comercial entre ambos países después de una investigación de un año de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus iniciales en inglés) que concluyó que Brasil incurrió en prácticas “irrazonables y discriminatorias” contra agricultores, trabajadores, innovadores y exportadores estadounidenses.

En el centro del conflicto comercial entre EEUU y Brasil aparece Pix, el sistema de pagos digitales más utilizado por los brasileños y también por los millones de argentinos que hacen turismo en el país vecino. Según las actuaciones de la USTR, el funcionamiento de Pix impacta en forma negativa contra proveedores de pago de EEUU.

Lo que está en juego excede un nuevo arancel. Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Brasil y una de las pocas grandes economías con las que el país sudamericano mantiene un déficit comercial: en 2025, Brasil importó más de USD 45.000 millones en bienes estadounidenses, un alza de 11% interanual, mientras sus exportaciones cayeron casi 7%, con el petróleo concentrando 12,5% de los envíos.

La medida excluye las importaciones de café, carne vacuna y algunos productos derivados del etanol, según informó un alto funcionario de la administración antes del anuncio oficial. El etanol, de todos modos, sí quedará alcanzado por los nuevos aranceles.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvo en un comunicado que la decisión busca “corregir estas prácticas comerciales desleales y garantizar que los trabajadores y las empresas estadounidenses puedan competir en igualdad de condiciones”. También afirmó que las negociaciones mantenidas con Brasil durante el último año no resolvieron esos problemas, aunque Washington sigue dispuesto a continuar el diálogo, según Bloomberg.

La investigación sobre Pix

La Casa Blanca avanzó con esta decisión tras un informe publicado el 1 de junio al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Ese documento propuso un arancel adicional del 25% sobre las importaciones brasileñas y acusó a Brasil de aplicar medidas que discriminan y perjudican al comercio estadounidense.

El foco principal del informe fue Pix, el sistema de pagos electrónicos usado a diario por millones de brasileños. Según la investigación, Brasil perjudicó de forma injusta a proveedores estadounidenses de servicios de pagos competidores al adoptar políticas que favorecen a esa plataforma, que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha presentado en reiteradas ocasiones como un emblema de soberanía tecnológica e independencia financiera.

El informe de junio también acusó a Brasil de dar trato preferencial a productos de México e India y de aplicar de manera insuficiente normas contra la corrupción y de protección de la propiedad intelectual. Horas antes del anuncio, Greer ya había anticipado en una entrevista con Bloomberg que Trump se disponía a “firmar algo” vinculado con los aranceles a Brasil.

La explicación oficial de Washington fue reforzada por el secretario de Estado Marco Rubio, que en una publicación en X acusó al gobierno brasileño de no negociar de buena fe. Rubio escribió: “Hoy, el presidente Trump instruyó a la USTR para imponer un arancel de 25% sobre la mayoría de las importaciones brasileñas. Que no haya confusión sobre el por qué: el presidente Lula y su gobierno no han negociado con Estados Unidos de buena fe”.

Rubio agregó que “las políticas económicas de Lula son malas tanto para los estadounidenses como para los brasileños” y que “durante el último año Lula antepuso su propio ego a un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio de esa decisión”.

El rechazo de Brasil

El gobierno brasileño condenó la decisión y afirmó que tomará medidas para proteger su economía de sus efectos. En un comunicado, sostuvo: “No existe justificación para la adopción de medidas unilaterales contra nuestro país”.

En esa misma respuesta, el gobierno de Lula afirmó que seguirá diversificando sus relaciones comerciales y abriendo nuevos mercados para sus productos. Brasil ya había rechazado las acusaciones sobre Pix, aseguró que esas críticas carecen de fundamento y anunció que buscará aplicar aranceles recíprocos y recurrirá a la Organización Mundial del Comercio.

Pese al deterioro de la relación, las conversaciones no se interrumpieron. En los últimos meses, Greer se reunió en repetidas ocasiones con el ministro de Comercio de Brasil, Márcio Elias, para intentar una salida negociada.

El objetivo de Brasil es sostener las conversaciones hasta el último momento posible, aunque sin aceptar concesiones que considere política o jurídicamente inadmisibles. Entre esas líneas rojas figura cualquier modificación del sistema Pix, según una persona familiarizada con las negociaciones citada por Bloomberg.

El antecedente más cercano de esta pulseada se remonta al año pasado, cuando Trump impuso aranceles del 50% a una amplia gama de productos brasileños para presionar a las autoridades del país por el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro. La mayor parte de esas medidas fue revertida después de negociaciones entre Brasilia y Washington, en un resultado que fortaleció diplomáticamente a Lula.

El conflicto comercial también entró de lleno en la política brasileña de cara a las elecciones de octubre. Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, aparece como principal rival de Lula en esa contienda.

El gobierno brasileño afirmó en su comunicado que la familia Bolsonaro colaboró con las autoridades estadounidenses para facilitar la imposición de los aranceles. Flávio Bolsonaro, a su vez, declaró durante una audiencia de la USTR que sería difícil revertir los aranceles en la víspera electoral y que la medida podría influir sobre el escenario político.

Qué es el sistema Pix y cómo funciona

El Banco Central de Brasil implementó en noviembre de 2020 el sistema de pagos instantáneos Pix, que realiza transferencias inmediatas en cualquier momento del día durante todo el año. Un elevadísimo porcentaje de la población brasileña ya lo utiliza para hacer pagos de todo tipo.

El sistema opera sin interrupciones, 7 por 24, y se destaca por ser gratuito para personas físicas y tarifas mínimas para empresas en comparación con otras opciones electrónicas, informó el Banco Central de Brasil. Además, Pix elimina la necesidad de ingresar datos bancarios complejos: basta con ingresar una clave (en general, el celular del receptor del pago) o escanear un código QR.

La expansión internacional del sistema aceleró la adopción en comercios de Argentina, Uruguay y Paraguay, donde los turistas de Brasil pueden pagar con Pix y abonar directamente en la moneda local del país receptor, un proceso gestionado automáticamente.

En la Argentina el uso de Pix se popularizó, con numerosas billeteras virtuales que lo incorporaron a sus servicios. Según el Monitor KamiPay, un relevamiento entre más de 6.200 viajeros, el 61% de los argentinos que viajan a Brasil utiliza Pix para pagar productos y servicios, superando tanto al efectivo (49%) como a las tarjetas (45,7%). El 80,6% de los usuarios de Pix lo emplea para pagar al menos la mitad de sus consumos, y el 40,5% planea usarlo para prácticamente todos sus gastos del viaje.