La adquisición demandó una inversión de 42.828.000 millones de pesos, financiada por el Gobierno de Entre Ríos. El equipo emplea movimientos manuales e hidráulicos continuos y cuenta con autonivelación, se opera mediante control remoto y es apto para su utilización en distintas especialidades, como cirugía general, ortopedia, urología, traumatología, cirugía maxilofacial y ginecología, entre otras.
En relación al impacto que tendrá en la atención, el coordinador del servicio de Traumatología y Quirófano, Gonzalo Jáuregui, explicó que se trata de “una herramienta que facilita la tarea de los profesionales a la hora de realizar una intervención, ya que entre sus funciones posee múltiples movimientos, con diversos tipos de inclinación, hacia izquierda, derecha, cabecera y pies, hacia adelante y hacia atrás”.
Finalmente, el profesional destacó que la mesa posee distintos accesorios que permiten su uso por diversas especialidades quirúrgicas. “Por ejemplo, dispone de un elevador de riñón, que eleva la región lumbar para facilitar el acceso quirúrgico al riñón, al uréter o al tórax. También incorpora complementos para cirugías maxilofaciales y un kit de tracción para procedimientos traumatológicos con uso de arco en C. Este sistema permite reducir fracturas, como las de tibia o fémur, y contribuye a acortar los tiempos quirúrgicos”, concluyó Jáuregui.
Un ataque de Irán dañó una planta de energía y desalinización de agua en Kuwait este viernes, al tiempo que el conflicto entre Teherán y sus vecinos del Golfo expone una vulnerabilidad que pocas veces aparece en los titulares: la fragilidad del suministro de agua potable en una región que depende casi por completo de la tecnología para producirla.
Según informó la agencia de noticias AP, el Ministerio de Electricidad, Agua y Energía Renovable de Kuwait confirmó que el ataque provocó un incendio y daños en un gran número de unidades de generación eléctrica.
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El incidente no fue aislado. Desde el inicio del conflicto, Irán ha atacado infraestructura cercana a varias plantas de desalinización del Golfo Pérsico. Kuwait ya había reportado daños en la planta de desalinización de Doha West a raíz de escombros de drones interceptados. En Bahréin, un dron iraní dañó una instalación de desalinización el 8 de marzo. En los Emiratos Árabes Unidos, ataques iraníes impactaron el complejo de energía y agua de Fujairah F1, a pocos kilómetros de una de las plantas desalinizadoras más grandes del mundo. De acuerdo con AP, las autoridades kuwaitíes activaron planes de contingencia de emergencia y lograron contener el incendio.
La razón por la que estos ataques generan alarma va más allá de los daños materiales inmediatos. Kuwait obtiene alrededor del 90% de su agua potable de la desalinización; Omán, el 86%; y Arabia Saudita, cerca del 70%. El proceso consiste en extraer la sal del agua de mar, principalmente mediante la técnica de ósmosis inversa, que empuja el agua a través de membranas ultrafinas. Sin estas plantas, las grandes ciudades del Golfo no podrían sostener sus poblaciones actuales.
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La concentración geográfica de esa infraestructura agrava el riesgo. Más del 90% del agua desalinizada del Golfo Pérsico proviene de apenas 56 plantas, todas ubicadas a lo largo de la costa y dentro del radio de alcance de misiles y drones iraníes. Un análisis de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de 2010, citado por AP, advirtió que ataques contra esas instalaciones podrían desencadenar crisis nacionales en varios estados del Golfo, y que interrupciones prolongadas podrían durar meses si se destruye equipo crítico. El documento señaló que “cada una de estas plantas es extremadamente vulnerable al sabotaje o a la acción militar”.
Muchas de estas instalaciones están físicamente integradas con centrales eléctricas en sistemas de cogeneración, lo que significa que un ataque a la red eléctrica puede interrumpir simultáneamente la producción de agua. Las plantas tienen múltiples etapas —sistemas de captación, tratamiento, suministro energético— y el daño a cualquier eslabón de esa cadena puede paralizar la producción completa.
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El conflicto también tiene una dimensión simétrica: Irán acusó a Estados Unidos de haber atacado una planta desalinizadora en la isla de Qeshm, en la provincia de Hormozgán, el 7 de marzo, con lo que se cortó el suministro de agua a 30 aldeas. Washington no reconoció el ataque. La revista Time reportó que los rebeldes hutíes de Yemen han atacado instalaciones de desalinización sauditas en el marco de las tensiones regionales previas al conflicto actual.
Fuera del Medio Oriente, la principal preocupación por la guerra con Irán ha sido el impacto sobre los precios de la energía. Los combates y los ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz han sacudido los mercados mundiales y llevado el precio del petróleo a máximos históricos. Pero la crisis del agua representa una amenaza de igual magnitud para la estabilidad regional.
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La guerra ha causado al menos 58.000 millones de dólares en daños a la infraestructura energética del Golfo, según datos publicados por Time, y ha recortado los ingresos turísticos en unos 600 millones de dólares diarios desde el inicio de las hostilidades. Esa sangría de recursos desvía la atención y el financiamiento de los gobiernos de las inversiones en resiliencia climática que sus poblaciones necesitan con urgencia.
A esas presiones se suma el cambio climático. Las plantas de desalinización son vulnerables a las marejadas ciclónicas y a las lluvias extremas que pueden colapsar la infraestructura, mientras que el calentamiento de los océanos eleva la probabilidad y la intensidad de los ciclones en el Mar Arábigo. La región ya registraba algunas de las sequías más severas inducidas por el clima antes del inicio del conflicto, con temperaturas que se proyecta aumentarán al doble del promedio global durante el siglo XXI, según informó Time.
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Seis personas resultaron heridas en los últimos ataques sobre Kuwait, entre ellas cuatro miembros de las fuerzas armadas, según un recuento de Asharq Al-Awsat. Las fuerzas kuwaitíes detectaron alrededor de 77 drones hostiles y 18 misiles en su espacio aéreo entre el miércoles y el jueves por la noche.
El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, encabezó este viernes el acto central por el 32° aniversario del atentado contra la mutual y pronunció un discurso marcado por fuertes cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia, reclamos para avanzar con el juicio en ausencia y un pedido al Gobierno para reforzar la seguridad en la Triple Frontera frente a la amenaza del terrorismo. Los planteos fueron formulados ante el presidente Javier Milei, quien asistió a la ceremonia acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Durante la ceremonia realizada en Pasteur 633, Armoza aseguró que “luego de 32 años, el terrorismo asesino no pudo vencernos”, aunque advirtió que “nos dejó una profunda herida que la impunidad no permite cicatrizar”. También dedicó sus primeras palabras a los familiares y sobrevivientes del ataque. “Ustedes nos han dado una lección de dignidad insuperable. No se dieron por vencidos. Nos han legado la herencia ética de no claudicar jamás en la búsqueda de lo que es justo”.
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El presidente Javier Milei, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y miembros del Gabinete nacional, participó del acto central en conmemoración del 32° aniversario del atentado contra la AMIA
Milei y Karina Milei siguieron la ceremonia desde las primeras filas, junto a funcionarios nacionales, dirigentes de la comunidad judía, familiares de las víctimas y sobrevivientes del atentado. El Presidente encabezó la comitiva oficial que asistió al homenaje realizado en Pasteur 633, donde a las 9:53 sonó la sirena que recordó el momento exacto de la explosión del 18 de julio de 1994.
Uno de los pasajes más duros del mensaje estuvo dirigido al estado de la investigación. “En este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Reitero: en este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada”, afirmó. Luego agregó que la institución mantiene “encendida” la búsqueda de respuestas frente a “una injusticia que nos quema por dentro”.
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En ese contexto, reclamó que el Congreso sancione legislación específica para combatir el terrorismo. “Argentina debe modificar su estructura legal de acuerdo a lo que los tiempos actuales demandan”, sostuvo.
Armoza también exigió que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva “de manera urgente y definitiva” la validez del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles”, expresó, antes de exhortar a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a resolver el expediente “con la mayor celeridad posible”.
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Además, cuestionó el desempeño del juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa. “Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando”, manifestó. También recordó que el Juzgado Federal N° 6 permanece desde hace seis años sin un magistrado titular y reclamó cubrir las vacantes judiciales.
El presidente de la AMIA también dirigió críticas al Ministerio Público Fiscal. Si bien valoró el impulso del fiscal Sebastián Basso para avanzar con el juicio en ausencia, pidió profundizar la investigación sobre otros aspectos del atentado. “¿Quién proveyó el explosivo utilizado? ¿Dónde se terminó de armar el coche-bomba? ¿Quiénes dieron apoyo local a los terroristas?”, preguntó. Además, sostuvo que el aporte del fiscal Miranda “ha sido absolutamente nulo” y solicitó al procurador general interino, Eduardo Casal, que designe funcionarios “idóneos”.
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En otro tramo del discurso, Armoza afirmó que “la verdad histórica y jurídica ya ha sido establecida” y aseguró que la Justicia argentina determinó que el atentado “se decidió, se planificó y se financió en el seno del régimen fundamentalista de Irán”. Agregó que “detrás del atentado estuvo Irán, y uno de sus brazos armados, la agrupación terrorista Hezbollah”, y reclamó a Interpol mantener vigentes las notificaciones rojas contra los acusados.
En materia de seguridad, pidió al Gobierno nacional “un refuerzo inmediato y riguroso de los controles en la Triple Frontera, así como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile”. “La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir”, sostuvo. También convocó a Brasil a declarar a Hezbollah como organización terrorista y afirmó que “la colaboración regional no es una opción geopolítica; es un deber de supervivencia para proteger la vida de nuestros ciudadanos”.
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Finalmente, reclamó acelerar el análisis de la documentación vinculada a la antigua SIDE, sostuvo que todavía existen “toneladas de papeles” pendientes de revisión y pidió a la Corte Suprema revocar la absolución de Carlos Telleldín al considerar que existe “prueba contundente y acumulada” que lo vincula con la conexión local del atentado.
Un colectivo de larga distancia de la empresa Vía TAC perdió el control en medio del temporal y cayó desde el puente del arroyo La Guardia, sobre la Ruta Nacional 7, en jurisdicción de la ciudad bonaerense de Carmen de Areco. Tras el accidente, que se registró durante la madrugada del viernes, habló el hombre que encontró a uno de los choferes caminando gravemente herido mientras buscaba ayuda para los pasajeros.
El conductor había logrado salir del micro siniestrado y recorrer aproximadamente un kilómetro y medio pese a presentar lesiones de consideración. Su prioridad, según relató Bustamante, era conseguir asistencia para quienes permanecían dentro del vehículo.
En diálogo con A24, Adrián Bustamante recordó el dramático momento en que se cruzó con el chofer al costado de la ruta.
“Me dijo que tenía el brazo quebrado”
Bustamante, jubilado del transporte de pasajeros, relató que inicialmente vio a un hombre caminando con dificultad por la banquina y decidió detenerse. “Se me acercó caminando, rengo. Me dijo que tenía el brazo quebrado y la pierna con dificultad”, recordó.
El chofer le explicó que el colectivo había volcado pocos minutos antes mientras atravesaba un puente en medio de intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo. “Me dijo que más o menos un kilómetro y medio atrás había volcado el micro con todos los pasajeros y con el compañero de él arriba”, relató.
La desesperación por los pasajeros
Según Bustamante, el conductor se mostró especialmente preocupado por la situación de quienes habían quedado dentro del ómnibus. “Me dijo que había una persona aplastada y que no sabía si el compañero estaba vivo. Tremenda desgracia“, expresó.
Tras escuchar el relato, decidió auxiliar al trabajador y dar aviso inmediato a los servicios de emergencia.
El hombre también lamentó la actitud de otros automovilistas que pasaban por el lugar. “Nadie lo quería asistir. Todos salían cuando veían que se acercaba a la ventanilla. Pensaban que los iba a robar”, afirmó.
El traslado hasta una estación de servicio
Bustamante explicó que no pudo regresar directamente al sitio del accidente debido a la disposición de los guardarraíles sobre la autovía.
Por ese motivo decidió trasladar al conductor hasta una estación de servicio ubicada en la rotonda de Carmen de Areco.
“No podía volver porque estaban los guardarraíles. Lo llevé hasta la rotonda y llamamos a la ambulancia porque no convenía seguir trasladándolo por las fracturas que tenía”, indicó.
Permaneció junto al chofer hasta la llegada del personal sanitario y previamente había alertado al 911 sobre el accidente. “Todo lo que pude hacer, lo hice. Así hay que ser en la calle”, concluyó.
Buscan a uno de los choferes
Mientras continúan las tareas de asistencia e investigación, uno de los pasajeros reveló que uno de los conductores permanece desaparecido.
Maximiliano, sobreviviente del siniestro, contó a TN que el chofer habría intentado abandonar el colectivo cuando advirtió que el vuelco era inevitable. “Intentó abrir la puerta lateral en marcha, intentó saltar”, aseguró.
Hasta el momento, bomberos y equipos de rescate continúan buscándolo en la zona donde cayó el colectivo.
Cómo ocurrió el accidente
El colectivo de la empresa Vía TAC había partido desde la ciudad cordobesa de Laboulaye con destino final a Moreno, en la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con las primeras investigaciones, mientras cruzaba un puente sobre la Ruta Nacional 7, una fuerte ráfaga de viento hizo que el conductor perdiera el control de la unidad, que terminó cayendo desde una altura estimada de entre seis y ocho metros.
Fuentes policiales informaron que viajaban alrededor de veinte pasajeros y que, si bien varias personas sufrieron heridas de distinta consideración, no se registraron víctimas fatales. Todos los lesionados fueron trasladados al hospital de Carmen de Areco para recibir atención médica.
Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 17 de julioEl billete al público sigue ofrecido sin variantes, a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El blue opera a $1.525. El BCRA compró ayer otros USD 230 millones
POSADAS, Misiones.- Una medida del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones puso en pie de rebelión a un amplio abanico de empresarios y productores que acusan a ese organismo de “poner palos en la rueda” de la producción. “Estamos hartos, queremos que nos dejen trabajar”, dijo a LA NACION Alfredo Gruber, un reconocido empresario forestal de Eldorado, que inició el reclamo a partir de la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (Repia) y luego fue apoyado por distintas cámaras empresarias de la provincia.
En el Repia, creado por la Resolución 182/26, el Ministerio de Ecología pretende incluir a cualquier productor, empresario o particular que tenga una infracción o simplemente un sumario por cualquier causa que el organismo -considere-, viola o podría llegar a violar las normas ambientales de Misiones.
Misiones es una provincia con una fuerte política orientada a la conservación de los bosques nativos y el manejo de áreas verdes, y con reglas tan estrictas para los privados sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer en sus propiedades, que los empresarios sienten que ahora Ecología tendrá una herramienta para ponerles aún más trabas de las que ya tienen.
La carta de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná
“Esto va a funcionar de esta manera, por cualquier pavada que ellos consideren que vos infringís alguna cuestión de sus regulaciones, te van a meter en este registro y hasta que no vayas a arreglar con ellos esa infracción vas a figurar como infractor y no te permiten hacer ningún trámite más en Ecología hasta que no arregles, básicamente con multas, son juez y parte”, indicó Rafael Scherer, de la empresa Pindó, de Puerto Esperanza, y otro de los empresarios que impulsó el reclamo.
Anteayer Amayadap (Asociación Maderera Aserraderos y Afines del Alto Paraná), una de las dos cámaras forestoindustriales más importantes de Misiones, salió a pedir en una carta que se suprima el Repia, al cual considera inconstitucional. También se reservó el derecho de ir a la Justicia Federal para pedir la suspensión, en caso de que el Ministerio de Ecología no escuche los reclamos. Horas después, Apicofom (Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y el Norte de Corrientes), la otra cámara del sector, salió a respaldar el pedido.
En cuestión de pocas horas, se sumó la estratégica Confederación Económica de Misiones (que aglutina a 27 cámaras en toda la provincia) y otra media docena de entidades. La rebelión rápidamente escaló, fue el catalizador de un malestar que ya existía de antes, y en Misiones todos lo comparan con lo que sucedió cuando hace tres años la Legislatura de Misiones prohibió la utilización del glifosato con una ley redactada sin consultar al sector productivo.
En Misiones, la forestoindustria, la yerba, el tabaco o el té, sencillamente no puede prescindir de ese insumo para producir, y su eliminación inconsulta terminó uniendo a todos en un reclamo común.
La semana pasada en una reunión en la sede de Amayadap, se acordó salir a reclamar públicamente a Ecología que “deje de poner palos en la rueda” de la producción
Al final, en ese caso del glifosato, el gobernador Hugo Passalacqua optó por conceder una prórroga por unos años, a la prohibición del herbicida, ante el férreo frente común que armó el arco productivo.
Empresarios y productores consultados por LA NACION coincidieron en lo mismo: sienten una falta de empatía de funcionarios que arman reglamentos y normas de conservación sin consultar a la producción, dificultando cada vez más el trabajo en chacras, campos e industrias.
Rafael Scherer, de Puerto Esperanza, está al frente de Pindó
“Consideramos necesario un urgente cambio de actitud hacia el sector productivo porque creemos firmemente que el único camino para el crecimiento de Misiones es el desarrollo productivo e industrial”, explicó Apicofom, cuyo presidente es Guillermo Fachinello, un empresario dialoguista, que a menudo tiene que trabajar para contener el malestar de las bases con el Gobierno provincial por motivos similares a estos.
“Instamos al gobierno provincial a mantener canales de diálogo abiertos, dinámicos y resolutivos, evitando demoras burocráticas en temas críticos que necesitan soluciones inmediatas para seguir generando empleo genuino”, completó Apicofom.
La CEM, la entidad más importante del empresariado misionero, salió a respaldar el reclamo.
La carta de Amayadap y las otras cámaras llegó días después de una reunión encabezada por Gruber, Scherer y otros empresarios y productores, acompañados por dirigentes de la oposición como Miguel Núñez, Ramón Amarilla y Martín Arjol, tras la cual pidieron al gobierno provincial “deje de poner palos en la rueda con sus normas burocráticas”.
Alfredo Gruber, empresario forestoindustrial, es dueño de uno de los mayores aserraderos del Alto Paraná y critica las políticas de Ecología, que considera “antiproductivas”
El malestar no solo apunta al recién creado Repia, sino también porque Ecología viene demorando permisos de cambio en el uso del suelo, vital para que, por ejemplo, un productor forestal pueda poner un rozado y utilizarlo para otro cultivo. “Nos impiden disponer de nuestra propia tierra”, dijeron en la reunión celebrada en la sede de Amayadap, en Eldorado.
Además, afirmaron que el gobierno provincial está forzando a los dueños de bosques nativos y tierras aptas para certificar créditos de carbono a entrar al programa REDD+, en el cual el reparto de recursos generados para los privados es considerado muy desfavorable. El gobierno local también es “juez y parte” en ese programa oficial, porque, por un lado, fomenta que todos entren al programa REDD+, pero al mismo tiempo, cierra los caminos al no permitir los cambios en el uso del suelo.
Con esos permisos, cada privado puede realizar su propia gestión ambiental y acceder a los créditos de carbono si certifica por su cuenta, cumpliendo todos los requisitos que acrediten que sus políticas de manejo sirvieron para capturar carbono y mitigar el cambio climático.
El Senado de la provincia de Entre Ríos aprobó la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, en un plenario marcado por la tensión política, las protestas callejeras y solo unas horas del partido de la Selección Argentina ante Inglaterra. El proyecto de ley de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” obtuvo la media sanción por 10 votos afirmativos contra 7 negativos, tras un debate que se extendió por varias horas en medio de un clima enrarecido pro protestas.
La aprobación fue posible por el apoyo de dos senadoras del peronismo que rompieron filas con la oposición para acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo. El voto nominal replicó el mismo resultado: 10 a 7 en cada caso, lo que consolidó una victoria legislativa que el oficialismo festejó como un paso clave para garantizar la sostenibilidad del sistema jubilatorio provincial, se argumentó.
Las legisladoras que votaron a favor fueron Gladys Domínguez (Peronismo Federal) y Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), y defendieron públicamente su posición en el debate. Domínguez advirtió sobre los costos de no encarar la reforma, al aseverar que “el verdadero riesgo es mirar para otro lado mientras la Caja se vuelve cada vez más difícil de sostener”. Y agregó: “La peor injusticia sería no hacer nada porque no hacer nada también es tomar una decisión. Es permitir que el déficit siga creciendo, que la Caja se debilite y colapse”.
Aclaró que su respaldo no fue al proyecto original, sino a una versión modificada tras el debate parlamentario. “Si este proyecto hubiera llegado al recinto tal como fue presentado originalmente, yo no lo hubiese acompañado”, señaló. Los cambios incorporados incluyen la reducción del período de cálculo del haber inicial de 20 a 15 años, el mantenimiento de la edad jubilatoria diferencial de 65 años para varones y 60 para mujeres, la eliminación de la jubilación a los 68 años para nuevos ingresantes al Estado, y un esquema diferenciado de aportes patronales para municipios: 1,5% para los que no generan déficit y 3% para los que sí.
Miranda no solo confirmó su voto a favor, sino que lanzó una dura crítica contra el Partido Justicialista y cuestionó a su conducción. Responsabilizó al peronismo por no haber resuelto el déficit previsional cuando tenía todas las herramientas a su alcance. “Teníamos gobierno nacional, gobierno provincial y mayoría en ambas Cámaras”, recordó, cuestionando por qué durante esos años no se avanzó en una solución.
Aunque consideró la reforma como “un comienzo” insuficiente, la legisladora defendió que “alguien se tiene que animar” a tomar decisiones difíciles. El momento más crítico fue cuando Miranda cuestionó el mandato partidario que amenazó con expulsar a legisladores que acompañaran la reforma. Denunció una doble vara: en 2017, dos peronistas votaron a favor de la reforma jubilatoria de Macri sin ser sancionados. “Me queda la duda de si cuando votan dirigentes de departamentos grandes es por gobernabilidad pero cuando el norte toma otra decisión es traición”, planteó.
Su diagnóstico sobre el justicialismo entrerriano fue lapidario: lo describió como “un partido acéfalo” durante los últimos ocho años. “Las veces que se reúnen es para ver a quién pueden expulsar”, disparó, en lugar de acompañar a quienes trabajan en territorio.
El PJ activa el Tribunal de Disciplina
El peronismo entrerriano no perdonó a las senadoras y el bloque de diputados de Más para Entre Ríos repudió y activó el Tribunal de Disciplina del PJ para evaluar sanciones contra ambas. La decisión fue calificada por sus propios compañeros de bloque como un voto “a título personal”, desconectado de la postura que el Congreso Provincial del Partido Justicialista había fijado con claridad: oponerse a la iniciativa.
Con su voto afirmativo, Miranda y Domínguez, desconocieron el mandato del Congreso Provincial y avalaron una reforma que carga el peso del déficit sobre quienes sostienen y sostuvieron el sistema jubilatorio entrerriano.
El comunicado del bloque fue directo: “Cada legislador o legisladora deberá asumir la responsabilidad política e institucional de la decisión que tomó. Porque detrás de cada voto hay miles de docentes, trabajadores de la salud, policías, empleados públicos, jubilados y familias entrerrianas cuyo futuro previsional se verá afectado por esta reforma”. El PJ aclaró que nunca se negó al debate y que presentó un proyecto alternativo que proponía garantizar la sustentabilidad de la Caja sin tocar derechos adquiridos.
Las sanciones posibles van desde un apercibimiento hasta la expulsión del partido, según la Carta Orgánica del PJ. El resultado definirá no solo el futuro político de las dos senadoras, sino también el nivel real de cohesión que el peronismo entrerriano puede sostener de cara a los próximos desafíos electorales.
Protestas en la calle
Mientras los legisladores debatieron en el recinto, sindicatos y organizaciones sociales protestaron en las inmediaciones de Casa de Gobierno en rechazo a la reforma. Las movilizaciones multisectoriales denunciaron que la iniciativa afecta los derechos de los trabajadores y jubilados, aunque el gobierno provincial sostiene que es indispensable para evitar el colapso de la caja previsional.
Con la media sanción en el Senado, el proyecto será enviado en los próximos días a la Cámara de Diputados, en donde se prevé una votación reñida. El oficialismo deberá negociar voto a voto para asegurar los apoyos necesarios, ya que la oposición peronista adelantó que buscará sanciones internas contra legisladores que apoyen la reforma. La incertidumbre sobre el resultado final mantiene en vilo a los sectores involucrados.
El paralelo con Santa Fe
El escenario entrerriano contrasta con el de la vecina provincia de Santa Fe, en donde la reforma previsional aprobada en 2024 enfrenta un capítulo judicial decisivo, fruto de cuestionamientos a varios artículos. El gobierno de Maximiliano Pullaro elevó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para insistir con la recusación de cuatro ministros de la Corte Suprema provincial, a quienes acusa de tener un interés directo o indirecto en el fallo que resolverán en las próximas semanas.
Pullaro argumentó que “en la Caja de Jubilaciones de la provincia tenemos déficit fiscal que no tiene por qué ser pagado por el sector privado”. El gobernador sostuvo que la reforma busca “terminar con todos los privilegios, principalmente de los que más ganan y que se creían que tenían coronita, que son los jueces y empleados del Poder Judicial de nuestra provincia”. Según sus propias palabras, “no está bien que alguien gane 32 veces más que la mínima, no es correcto y no es justo para un sistema que tiene que ser solidario y equilibrado”.
Pullaro enfatizó que “el que más gana, más va a pagar” y que “a la inmensa mayoría de los trabajadores del Estado, fundamentalmente los que menos ganan, no tienen casi ninguna modificación con este proyecto de ley”. La Caja de Jubilaciones de Santa Fe arrastra un déficit estructural histórico que supera los $800 mil millones acumulados, una de las cajas que no fueron transferidas a las AFJP y a las que el Estado nacional debe compensar.
La recusación se fundamenta en que varios jueces del máximo tribunal santafesino se encuentran alcanzados -de modo actual o inminente- por el régimen previsional que está bajo análisis. Entre ellos se mencionan Rubén Weder, que ya estaba jubilado cuando fue designado y deberá volver a ese régimen, y Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez, que tienen iniciados sus trámites de jubilación y se retirarán a fin de año.
El gobierno santafesino advirtió que, si la Corte provincial falla con magistrados que no debían intervenir, el resultado podría verse cuestionado. La mayoría de las causas que judicializaron la ley fueron presentadas por exmagistrados y camaristas que solicitan la inconstitucionalidad de la cuota solidaria y el tope de jubilaciones, fijado en 20 haberes mínimos (unos $12.600.000).
Un joven de 26 años fue detenido durante la madrugada de este viernes después de sustraer una parrilla de cama de un hotel e intentar escapar cuando fue interceptado por efectivos policiales. El hecho ocurrió cerca de las 5:30 en inmediaciones de calle Eva Perón en Concepción del Uruguay.
La intervención comenzó a partir de un llamado recibido por la Sala del Comando Radioeléctrico, en el que se alertó sobre el robo del elemento perteneciente al establecimiento. A partir de esa comunicación, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona.
Pocos minutos después, los uniformados localizaron a un sospechoso en la intersección de bulevar Yrigoyen y Eva Perón. El hombre caminaba por la vía pública mientras transportaba una parrilla de cama de madera de una plaza.
Intentó escapar al ver a la Policía
Cuando los agentes se acercaron para identificarlo, el joven abandonó su marcha y comenzó a correr. La fuga duró apenas unos metros, ya que los efectivos lograron alcanzarlo, reducirlo y proceder a su aprehensión.
Durante el procedimiento, una mujer de 46 años se presentó en el lugar y reconoció el objeto recuperado como propiedad del hotel. La parrilla de cama fue secuestrada de manera preventiva mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.
La Policía también efectuó registros fotográficos del lugar y del elemento recuperado. Ese material fue remitido a la División Criminalística para incorporarlo a la investigación.
El sospechoso fue ubicado en la intersección de bulevar Yrigoyen y Eva Perón.
El objeto fue devuelto al hotel
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Auxiliar en turno, conducida por el fiscal Juan Pablo Gile. Desde el Ministerio Público se ordenaron las diligencias de rigor y la restitución inmediata de la parrilla de cama a su propietaria.
En el procedimiento también intervino personal de la Sección Asuntos Judiciales, que llevó adelante las actuaciones vinculadas con la identificación del detenido y la recuperación del bien.
El joven quedó alojado en la alcaidía de la Comisaría Primera. La Fiscalía dispuso que permanezca detenido mientras avanza la investigación.
Qué cargos enfrenta el detenido
El sospechoso quedó acusado por los delitos de hurto en flagrancia y resistencia a la autoridad. La segunda imputación está relacionada con el intento de fuga que protagonizó al momento de ser interceptado.
La Justicia deberá determinar ahora cómo ingresó al hotel y de qué manera logró retirar la parrilla de cama sin ser advertido inicialmente. También se analizarán las pruebas incorporadas por la Policía.
El hecho terminó con el objeto recuperado, la inmediata devolución a la damnificada y el acusado a disposición judicial.
Aunque provincias como Córdoba, Mendoza y Santa Fe ya están transcurriendo el receso desde el 6 de julio, y lo concluirán con el final de esta semana, los dos distritos más poblados de Argentina, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comenzarán las vacaciones de invierno el próximo lunes, con lo cual no habrá coincidencia con el Mundial de Futbol que termina justo un día antes.
Por ese motivo, gran parte de los turistas argentinos están programando sus viajes en el propio interior del país, con particular foco en los centros turísticos de deportes invernales como Bariloche, San Martín de los Antes, Esquel, Tierra del Fuego y Mendoza, aunque también en lugares tradicionales para el descanso de mitad de año como Salta y Misiones.
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Y aunque el viaje en auto a esos destinos suele ser uno de los que elige la mayor parte de las familias, entre el costo del combustible por encima de los $2.200 el litro y los cuatro días promedio que demanda el traslado a las ciudades turísticas más lejanas -contemplando una parada a mitad de camino-, el plan de alquilar en destino es una nueva alternativa.
En ese escenario la tendencia a adoptar el sistema conocido como “Fly & Drive”, volar y manejar un auto alquilado para los recorridos locales, se está transformando en un nuevo hábito que parece generalizarse a gran velocidad.
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Según estimaciones de empresas de e-commerce de turismo y la propia Aerolíneas Argentinas, este año está previsto un incremento de un 7% en la oferta total de asientos durante julio 2026 respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando 1.449.476 asientos ya vendidos. Mientras que la oferta de vuelos de cabotaje prevé un crecimiento de 12% en destinos con nieve.
Cuánto cuesta alquilar un auto
Las rentadoras tradicionales tienen oficinas con flotas voluminosas en todos los destinos turísticos, y en esas flotas hay dos grandes grupos de vehículos. Por un lado, están los SUV o autos compactos; y por el otro, los vehículos más grandes que son SUV medianas o pick ups.
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En general, esos vehículos se pueden retirar directamente en el aeropuerto, se alquilan con kilometraje ilimitado y se devuelven también en el mismo aeropuerto, de modo tal que los turistas bajen del avión y tengan resuelta la movilidad inmediatamente.
Alquilar por 13 días un auto compacto como un Citroën Basalt, un Chevrolet Onix o un Fiat Cronos tiene un precio que ronda $1.400.000, si se lo paga de manera adelantada, y puede subir a $1.700.000 si se elige pagarlo al llegar al destino elegido para las vacaciones de invierno.
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Si se pretende un vehículo más voluminoso como un SUV tipo Chevrolet Spin o un Toyota Corolla Cross, que tienen mayor capacidad de carga, el precio puede subir y variar entre los $2.500.000y los $3.000.000 si se paga por adelantado, y no todas las rentadoras aseguran disponibilidad si se elige llegar y alquilar en el momento, ya que son autos con menos demanda, y, por lo tanto, tienen también menor cantidad de unidades.
Algo similar ocurre con las pick ups, que tienen menor cantidad de unidades y es recomendable reservar y pagar por adelantado para asegurarse la disponibilidad. En este caso, tanto una Toyota Hilux como una Ford Ranger o Volkswagen Amarok pueden tener un costo para los mismos 13 días de aproximadamente $3.300.000.
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El sistema Kinto Share de Toyota es otra alternativa. Se trata de una flota de vehículos que la compañía tiene distribuida en todo el país, con unidades de la propia marca y también de distintos segmentos.
Esta plataforma brinda beneficios especiales para alquileres de corto y largo plazo a través de una aplicación con la cual se puede reservar, pagar y retirar el vehículo de manera completamente digital. Este invierno, los usuarios pueden acceder a un 10% de descuento en reservas de siete días o de 20% para alquileres de un mes completo.
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Los precios de este sistema son menores que los de las rentadoras oficiales, aunque las unidades se deben retirar en un concesionario o punto Kinto, y no en el aeropuerto de las ciudades mismas.
Alquilar un auto compacto como un Toyota Yaris tiene un costo semanal de $507.049 ($990.000 por 13 días), un Yaris Cross sube a $773.363 por semana ($1.510.000 por 13 días), un Corolla Cross pasa a un costo semanal de $1.171.800 ($2.287.000 13 días) y una pickup Toyota Hilux tiene un precio semanal que va desde los $835.355 hasta los $1.227.870 la semana según la versión y que puede sumar casi el doble cuando se alquila por 13 días.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un duro discurso este jueves por la noche, donde denunció injerencias del régimen de Beijing en las elecciones norteamericanas desde 2020. “Durante un período de años, que comenzó durante el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se cree que fue la mayor vulneración de datos electorales de la historia”, afirmó Trump. Según indicó, la documentación desclasificada muestra que la autocracia comandada por Xi Jinping obtuvo de forma ilícita 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. El presidente no presentó durante el discurso detalles adicionales sobre el contenido de esos documentos.
Sin embargo, no es la primera vez que se acusa a Beijing de intentar influir en los procesos democráticos de otros países. Tal como hace Rusia -su socio en diversas arenas internacionales, como Ucrania-, el régimen intenta colocar candidatos afines en naciones distantes o generar caos y desconfianza popular en el sistema electoral.
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Diversos informes y análisis, entre ellos el documento “Interferencia electoral extranjera de China: una visión general de su impacto global” del think tank sueco Swedish National China Centre, advierten sobre una estrategia sistemática de intervención electoral desplegada por el régimen chino en múltiples países. Este fenómeno involucra una combinación de métodos tradicionales, tácticas de inteligencia y el aprovechamiento de nuevas tecnologías, con el objetivo de favorecer a partidos y candidatos alineados a los intereses de Beijing o debilitar posturas críticas.
Según el documento, la piedra angular de la injerencia china es el trabajo del Frente Unido, una estructura político-ideológica del Partido Comunista Chino (PCC) orientada a influir en actores fuera del partido y, especialmente, fuera de las fronteras nacionales. El Frente Unido moviliza a la diáspora china, establece redes entre empresarios, académicos y asociaciones culturales, y mantiene canales fluidos con cámaras de comercio y grupos comunitarios. Estos actores operan como vehículos para transmitir mensajes, canalizar recursos y presionar a figuras políticas en los países anfitriones.
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El caso de Taiwán se describe como el laboratorio principal de la injerencia electoral china, donde se ha aplicado casi la totalidad del repertorio de tácticas, incluyendo amenazas militares, financiamiento ilegal, manipulación mediática y uso de empresas y crimen organizado local. Ejemplos concretos incluyen la coordinación para influir en alianzas electorales, la apertura de cientos de miles de cuentas falsas para atacar a candidatos rivales y la presión directa sobre empresarios como el fundador de la gigante Foxconn, Terry Gou Tai Ming. La experiencia taiwanesa demuestra que la interferencia china puede llegar a definir el terreno político y polarizar a la sociedad, aunque no siempre logra su objetivo de favorecer a candidatos pro-Beijing.
Fuera de Taiwán, el informe documenta casos relevantes en Canadá y Australia, donde se han detectado donaciones electorales a candidatos específicos, campañas de intimidación y esquemas de compra de votos dentro de la diáspora china. En el caso canadiense, la interferencia buscó favorecer al Partido Liberal, mientras que en Australia se han registrado intentos de financiación ilícita y ciberataques dirigidos a partidos y parlamento. En ambos países, estas acciones han generado debates públicos sobre la integridad democrática y la necesidad de mayor vigilancia y regulación ante la sofisticación y persistencia de la injerencia china.
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Un ejemplo paradigmático se observa en Australia, donde las investigaciones de The Sydney Morning Herald y ABC News han documentado cómo empresarios vinculados al Frente Unido realizaron donaciones millonarias a partidos políticos, generando alertas sobre la influencia de intereses chinos en la agenda nacional. En 2017, el caso del senador Sam Dastyari llevó a su dimisión tras revelarse que había aceptado fondos de empresarios conectados a Beijing y había adoptado posiciones favorables a China en temas sensibles, como el Mar de China Meridional.
Un ejercicio práctico e interesante para cada país: ¿cuáles son los políticos y dirigentes que más aplauden o se preocupan por abrir más puertas a China? Quizás allí se encuentren vínculos llamativos.
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Donaciones, presión y cooptación política
El financiamiento encubierto de campañas y la cooptación de figuras políticas constituyen otra táctica frecuente. La inteligencia australiana advirtió que China intentó “comprar” influencia a través de donaciones políticas no declaradas y esquemas de lavado de dinero. En Nueva Zelanda, un informe de inteligencia de 2023 señaló: “Existe un pequeño número de estados que llevan a cabo injerencia extranjera en Nueva Zelanda, pero su capacidad para causar daño es significativa“, señaló el informe, citando a China, Rusia e Irán como los principales responsables. “Lo más notable es el continuo objetivo sobre las diversas comunidades chinas étnicas de Nueva Zelanda. Observamos que estas actividades son realizadas por grupos e individuos vinculados al brazo de inteligencia de la República Popular China“.
En Canadá, The Globe and Mail publicó informes de organismos de inteligencia que habían detectado intentos de manipulación electoral en distritos con alta densidad de votantes de origen chino, incluyendo campañas de presión para orientar el voto hacia candidatos prorrégimen y el uso de incentivos económicos. Según el documento analizado, la movilización de la diáspora es un componente central: líderes comunitarios transmiten directrices sobre a quién apoyar y, en ocasiones, operan esquemas de compra de votos. La investigación del Canadian Security Intelligence Service (CSIS) identificó que el consulado chino en Vancouver utilizó donaciones en efectivo no declaradas, campañas de desinformación y coacción de inmigrantes chinos vulnerables para influir en las elecciones de 2021.
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Amenazas, intimidación y represión transnacional
El régimen chino recurre también a la intimidación directa contra candidatos, activistas y familiares, tanto en el país objetivo como en China. El caso de Taiwán es ilustrativo: en cada ciclo electoral, Beijing despliega campañas de hostigamiento público y privado contra políticos críticos, acompañadas de amenazas a familiares residentes en territorio chino. El documento destaca que esta táctica busca disuadir la participación o forzar la moderación de discursos incómodos para los intereses del PCC.
En Estados Unidos, el FBI ha reportado casos en los que agentes chinos intentaron presionar a disidentes y activistas a través de amenazas telefónicas y vigilancia, incluso organizando “visitas” de funcionarios chinos para advertir sobre las consecuencias de mantener ciertas posturas políticas. La denuncia de Trump parecería dar volumen a esa investigación y las hechas en otras latitudes.
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Campañas de información, desinformación y manipulación mediática
La manipulación del flujo informativo es otro pilar de la injerencia electoral china. El PCC utiliza una combinación de medios estatales, portales digitales, redes sociales y “granjas de contenido” para difundir mensajes favorables, desacreditar a rivales y sembrar confusión. Plataformas como WeChat, muy popular entre la diáspora china, han sido empleadas para propagar noticias falsas y orientar la opinión pública.
Un caso documentado ocurrió durante las elecciones presidenciales de Taiwán en 2020. Según el informe “Interferencia electoral extranjera de China”, Beijing promovió campañas de desinformación que incluían la difusión de rumores sobre la salud de la expresidenta Tsai Ing-wen y teorías conspirativas sobre supuestos complots occidentales. Reuters informó que estas maniobras estuvieron acompañadas de una intensa actividad en redes sociales y la circulación de videos manipulados para erosionar la confianza en el proceso democrático.
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“Las campañas de información en línea, incluidas las de desinformación, han aumentado exponencialmente en importancia a nivel mundial en los últimos años. En la última década, la manipulación de información en las redes sociales se ha convertido en un método estándar de injerencia política extranjera. En China, tales acciones se consideran una rama de la actividad militar, conocidas de diversas maneras como ‘guerra de la opinión pública’, ‘guerra psicológica’ o ‘guerra cognitiva‘”, señala el informe elaborado por Alexis von Sydow para la Swedish National China Centre.
Ciberataques y sabotaje digital
El uso de ciberataques constituye una herramienta cada vez más sofisticada en el arsenal de injerencia china. El documento analizado señala que actores vinculados al Ejército Popular de Liberación y al Ministerio de Seguridad del Estado han ejecutado campañas de hackeo contra partidos, funcionarios y sistemas electorales. Estas operaciones incluyen el robo de información sensible, ataques de phishing y sabotaje de infraestructura digital.
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Durante las elecciones intermedias de Estados Unidos en 2018, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) advirtió sobre intentos de hackeo dirigidos a bases de datos electorales y plataformas de registro de votantes. Aunque no se reportaron alteraciones en los resultados, las autoridades subrayaron la capacidad china para comprometer la integridad de los sistemas.
“Antes de la era de las campañas de información en línea, la principal amenaza de interferencia digital eran los ciberataques“, señala el informe.
Presión económica y coacción empresarial
Además de estas maniobras descriptas, China utiliza su peso económico como instrumento de presión política. El documento describe casos en los que empresas con intereses en el gigante asiático han sido inducidas a financiar campañas o respaldar a candidatos específicos, bajo amenaza de restricciones comerciales o incentivos para quienes colaboren. En República Checa, el ex presidente Miloš Zeman promovió una agenda pro-China tras recibir apoyo de empresarios con inversiones en ese país, lo que generó cuestionamientos sobre la autonomía de la política exterior checa.
En algunos contextos, la injerencia china se ha vinculado a redes de crimen organizado. En Taiwán, investigaciones de The Taipei Times han revelado la colaboración entre agentes del Frente Unido y grupos criminales locales para distribuir propaganda, intimidar a opositores y movilizar fondos ilícitos durante campañas electorales.
La presión militar directa ha sido empleada principalmente contra Taiwán. Cada ciclo electoral en la isla va acompañado de ejercicios militares, sobrevuelos de aviones y declaraciones públicas que buscan generar un clima de inestabilidad e influir sobre el electorado. Reuters reportó que estas maniobras forman parte de una estrategia de “zona gris” cuyo propósito es erosionar la moral pública y minar la confianza en el liderazgo local.
El documento destaca que, si bien Taiwán ha sido el laboratorio principal, las tácticas chinas se han exportado y adaptado a contextos como Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, países de Europa Oriental y naciones del Sudeste Asiático. El patrón común es la articulación de múltiples métodos de forma simultánea, la rápida adaptación táctica y el aprovechamiento de vacíos legales en materia de financiamiento político y regulación digital.
Diversos países han comenzado a adoptar medidas para frenar la injerencia china, desde la aprobación de leyes de transparencia en donaciones, la supervisión de actividades de la diáspora y el fortalecimiento de capacidades de ciberseguridad. No obstante, el documento advierte que la sofisticación de las operaciones chinas y la combinación de presión política, manipulación informativa y capacidad tecnológica representan un desafío creciente para las democracias.
“El trabajo del Frente Unido es una de las amenazas más subestimadas para la integridad electoral global”, señala el informe del think tank con base en Estocolmo, que urge a los gobiernos a coordinar respuestas y compartir inteligencia para contrarrestar la influencia de Beijing.
