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El Gobierno lanzó un nuevo programa para fortalecer el uso de las pulseras y tobilleras electrónicas en casos de condenados de prisión domiciliaria y otros acusados con restricciones a la libertad ambulatoria. El protocolo también incluirá a los adolescentes en conflicto con la ley penal, tras la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Así surge de la Resolución 434/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y publicada ayer en el Boletín Oficial. La medida apunta a mejorar la asistencia de jueces y fiscales de todo el país en la implementación de tecnología de monitoreo electrónico, y se enfoca en aquellos casos de acusados que no pasaron por una cárcel o alcaidía.

“Los jueces vienen reclamando la necesidad de contar con pulseras sobre todo para casos que necesitan monitorear pero que no aplican para ir a un establecimiento penitenciario”, deslizaron fuentes oficiales.

En sus considerandos, la decisión oficial remarca que la expansión del modelo acusatorio -encabezado por los fiscales- en la mayoría de las provincias hizo crecer la adopción de medidas de control alternativas a la prisión ante quienes enfrenten juicios penales, mientras el proceso judicial continúa.

Puntualmente, el programa resalta que estos mecanismos son de utilidad “tanto para supervisar medidas de coerción personal durante el proceso” judicial, como para “controlar modalidades de cumplimiento de penas o medidas privativas de la libertad fuera de establecimientos penitenciarios”, dice la resolución.

Lo saliente es que también plantea “acompañar la implementación de respuestas previstas por el régimen de responsabilidad penal juvenil”, que esta semana comenzó a aplicarse en todo el país, a excepción de la provincia de Buenos Aires, luego del habeas corpus colectivo dictado por la jueza Marta Pascual que suspendió la norma por 60 días.

A quiénes se les aplicará el nuevo protocolo

El alcance del Programa de Asistencia Tecnológica para la Supervisión de Medidas Restrictivas de la Libertad Ambulatoria -su nombre oficial- funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal de la cartera de Justicia, y tendrá como fin colaborar con el Poder Judicial en casos de asistencia tecnológica en personas que:

• Tienen restricciones procesales, por ejemplo, prohibición de acercamiento o arresto domiciliario sin haber estado presos.
• Cumplen detención domiciliaria por condena, sin ingresos previos a la cárcel.
• Afrontan medidas o sanciones según la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, es decir, adolescentes en conflicto con la ley.

En cada situación, la implementación dependerá de una orden judicial, previa evaluación de la situación personal y domiciliaria del acusado, y solo si la persona cumple con los requisitos del programa.

La implementación de las tobilleras y dispositivos es acotado para los delitos federales. Según los últimos datos disponibles del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), de un total de 12.643 personas con prisión domiciliaria en 2024, el 54,71% –es decir, 6.917 personas– estaban bajo vigilancia electrónica.

Cómo funcionará el programa

La responsabilidad del monitoreo efectivo recaerá en una empresa. Fuentes de la cartera de Mahiques indican que solo la firma Surely SA ofrece ese servicio. La función del Ministerio será la de intermediario entre la empresa y el Poder Judicial, por lo que no asumirá el control ni vigilancia directa de los arrestos o supervisión del dispositivo. En lo operativo, el Ministerio de Justicia centralizará la logística y el financiamiento con sus propios recursos. También ofrecerá capacitación a jueces y equipos judiciales.

Ante una alerta que surgiera en el monitoreo, la empresa proveedora de las tobilleras deberá dar aviso inmediato a la autoridad judicial que investiga el caso. También deberá compartir periódicamente toda la información al programa, que estará a cargo el abogado Brian Ezequiel Gallo en carácter ad honorem.

De esta forma, el programa permitirá realizar un sistema de seguimiento que controle el uso real de los dispositivos, el avance de los procesos judiciales y el nivel de cumplimiento de las restricciones.

Así, se centralizará información sobre la cantidad de dispositivos asignados y en stock, para detectar cuellos de botella y necesidades de compra; la etapa procesal en la que se encuentran los monitoreados; el delito investigado en cada caso; y datos demográficos de las personas bajo vigilancia electrónica.

Actualmente, el ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, tiene bajo su órbita funciones similares. Según informaron desde esa cartera, la medida del ministerio de Justicia “complementa” las atribuciones del área. Cuando haya “solapamiento” de casos, el protocolo establece su derivación.

El “costo” de aplicar el sistema

Aunque no suelen contar con el visto bueno de la opinión pública, las tobilleras permiten resolver situaciones procesales y de condena de diferente índole. Desde un punto de vista técnico, el costo de aplicar estos dispositivos electrónicos frente a una prisión preventiva carcelaria resulta “significativamente inferior” en términos de gasto estatal para controlar a un imputado o condenado, argumenta la resolución.

En lo jurídico, el ministerio de Justicia también defiende este tipo tipo de medidas alternativas. La resolución cita el fallo “Nápoli” de la Corte Suprema de Justicia y los tratados internacionales vigentes, que limitan el encierro preventivo a los casos estrictamente necesarios y es una medida de “carácter excepcional destinada exclusivamente a asegurar los fines del procedimiento, sin que pueda asumir naturaleza punitiva anticipada”, sostiene el documento.

Para la persona investigada o condenada en el régimen domiciliario, le permite conservar sus vínculos familiares, laborales y educativos, y evita los efectos negativos del primer ingreso al encierro. Una dimensión que suele ser tenida en cuenta para los adolescentes que infringen la ley, y que el sistema penal, al menos de lo declarativo, busca resocializar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma escalonado de pagos para el mes de septiembre de 2026, y los beneficiarios con DNI terminado en 9 ya tienen fechas confirmadas para cada una de las prestaciones que administra el organismo. El esquema, que se extiende a lo largo de todo el mes, distribuye las acreditaciones según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular, con el fin de ordenar el flujo de pagos y evitar concentraciones en una sola jornada.

Los haberes del período se actualizaron un 2,11%, en línea con el mecanismo previsto en el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El ajuste impacta sobre jubilaciones, pensiones y la mayoría de las asignaciones que gestiona ANSES, y rige para todos los beneficiarios con independencia de la terminación de su documento.

El calendario de septiembre abarca un abanico amplio de prestaciones de distinta naturaleza: desde jubilaciones y pensiones hasta asignaciones familiares y por situaciones específicas, además de prestaciones por desempleo. En algunos casos, el pago no está segmentado por terminación de DNI y está disponible durante una ventana de tiempo extendida para todos los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo y DNI terminado en 9 cobrarán el 21 de septiembre de 2026. La acreditación se realiza de forma automática en la cuenta bancaria registrada por cada titular ante el organismo.

El haber mensual actualizado asciende a $428.633,20. A ese importe se suma un bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben el ingreso mínimo, con lo que el total a cobrar alcanza los $498.633,20.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo cobrarán el 28 de septiembre de 2026, fecha que comparten con los titulares de documentos terminados en 8.

La jubilación máxima establecida para este período asciende a $2.884.295,54, de acuerdo con los valores fijados por la normativa vigente. Este grupo no percibe el bono extraordinario de $70.000, ya que ese refuerzo está destinado exclusivamente a quienes cobran el haber mínimo.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con DNI terminado en 9 recibirán el pago el 21 de septiembre. Ambas prestaciones comparten el mismo esquema de acreditaciones, ordenado según el último número del documento.

El valor de la AUH para septiembre es de $154.031 por hijo. En el caso de hijos con discapacidad, el monto asciende a $501.537. Para la SUAF, el importe correspondiente al primer tramo de ingresos es de $77.025.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) tendrán acreditado el pago el 23 de septiembre de 2026. El monto vigente de esta prestación durante el mes es de $154.031. Para las beneficiarias residentes en zona 1 —que comprende las provincias patagónicas de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén y Río Negro, y algunos municipios del sur de la provincia de Buenos Aires, donde ANSES reconoce un mayor costo de vida— el valor diferencial asciende a $200.241.

Asignación Prenatal

Quienes cobran la Asignación Prenatal y tienen el DNI terminado en 8 o 9 recibirán el pago el 16 de septiembre; el cronograma agrupa a ambas terminaciones en una misma fecha.

El importe base de la prestación es de $77.025 para familias con ingresos de hasta $1.192.505. Para los grupos familiares ubicados en tramos superiores, el valor disminuye progresivamente.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad se abona el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI, sin distinción por el último número del documento. El cobro está disponible desde el 10 de septiembre y se extiende hasta el 9 de octubre de 2026. El monto equivale al salario que percibía la trabajadora antes de iniciar la licencia, por lo que varía según cada beneficiaria y no es posible consignar un valor único.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único —por nacimiento, adopción y matrimonio— tampoco se dividen según la terminación del DNI. El período de cobro para la primera quincena va del 9 de septiembre al 9 de octubre; para la segunda quincena, del 21 de septiembre al 9 de octubre.

Los montos fijados para estas prestaciones son: $89.782 por nacimiento, $536.774 por adopción y $134.430 por matrimonio.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 8 o 9 cobrarán el 14 de septiembre. El cronograma comprende las pensiones por invalidez y vejez.

El haber total para septiembre asciende a $370.043,24: incluye $300.043,24 por el haber mensual actualizado más un bono extraordinario de $70.000.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas no aplican el criterio de segmentación por terminación de DNI. El período de disponibilidad para todas las terminaciones de documento se extiende desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026. Los montos varían según el tipo de asignación familiar de que se trate —por hijo, por hijo con discapacidad, por ayuda escolar, entre otras— y según la composición del grupo familiar de cada beneficiario.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 8 o 9 cobrarán el 28 de septiembre. Por su parte, la Prestación por Desempleo Plan 2 tiene un período único de acreditación para todas las terminaciones de DNI: los beneficiarios podrán cobrar entre el 1 y el 9 de octubre de 2026, independientemente del último número de su documento.

En ambos planes, el monto se calcula en función del salario que percibía el trabajador antes de quedar desempleado y de la cantidad de años de aportes acreditados, por lo que el importe varía según cada beneficiario. El pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria registrada ante ANSES.

Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, informó que al cierre del 30 de junio de 2026 casi la mitad de su cartera declarada de acciones en Estados Unidos estaba concentrada en Apple, American Express y Coca-Cola, un dato que expone hasta qué punto el “Oráculo de Omaha” mantiene su apuesta por tres negocios de consumo con capacidad para subir precios y sostener resultados.

El dato surge del último formulario 13F de la compañía, publicado el 14 de agosto. Según el documento, esas tres posiciones equivalen en conjunto a cerca del 50% de la cartera reportada por Berkshire.

La presentación incluye solo posiciones largas en acciones cotizadas en Estados Unidos. Quedan afuera el efectivo, los bonos del Tesoro, negocios operativos controlados en forma total como BNSF, GEICO y Berkshire Hathaway Energy, y cualquier exposición a valores que no coticen en ese mercado.

Es decir, no se trata de la mitad del capital total, del patrimonio neto ni de la fortuna del fondo Berkshire Hathaway, sino de la mitad de su cartera de acciones declarada. Las posiciones, además, reflejan una foto al cierre del trimestre y pudieron haber cambiado desde entonces.

Apple concentró el mayor peso con el 22% de la cartera declarada

La principal posición fue Apple, con 227.917.808 acciones y una ponderación del 22,04%. Berkshire la mantiene como su ancla dentro de la cartera reportada, en línea con la visión pública de Buffett, que la ha presentado más como una franquicia de consumo que como una apuesta puramente tecnológica.

La compañía fabrica el iPhone, la línea Mac, el iPad, dispositivos portátiles y un negocio de servicios basado en suscripciones recurrentes. Ese esquema, junto con los costos de cambio para los usuarios, es parte de la lógica con la que Buffett ha justificado su presencia en el papel.

En los múltiplos y retornos operativos, Apple mostró un PER (siglas del inglés Price to Earnings Ratio o ratio precio-beneficio) de 42, una rentabilidad sobre el capital del 171,4% y una rentabilidad sobre el capital invertido del 53,3%. En el trimestre de junio facturó USD 109.420 millones, un 16,4% más interanual, y ganó USD 2,02 por acción, por encima de la estimación de USD 1,89.

Tim Cook, el ahora ex director ejecutivo de Apple, definió ese período con una frase que la empresa destacó en sus resultados: “Fue el trimestre de junio más sólido de la historia de la compañía, con un crecimiento de ingresos de dos dígitos en iPhone, Mac y Servicios, y en todos los segmentos geográficos”.

La empresa también recompró acciones por USD 62.090 millones durante los primeros nueve meses del ejercicio fiscal 2026. Ese movimiento elevó automáticamente la participación económica de Berkshire sin necesidad de que la holding comprara una sola acción adicional.

American Express y Coca-Cola completaron el núcleo histórico de Buffett

La segunda posición fue American Express, con 151.610.700 acciones, equivalentes al 17,14% de la cartera declarada. Se trata de la apuesta más antigua entre las grandes posiciones actuales de Buffett y sigue ocupando un lugar central en la estructura revelada por Berkshire.

La compañía opera una red de pagos de circuito cerrado y un negocio de tarjetas orientado sobre todo a consumidores de alto poder adquisitivo. En el segundo trimestre registró ingresos por USD 19.640 millones y una ganancia por acción de USD 4,53, por encima de los USD 4,40 esperados.

El presidente ejecutivo Stephen Squeri afirmó: “Otro trimestre excelente, con un crecimiento de los ingresos del 10%, un BPA de 4,53 dólares y un crecimiento del gasto de los titulares de tarjetas del 9%, la tasa más alta que hemos visto en tres años en términos ajustados por tipo de cambio”.

La dirección elevó su previsión de crecimiento anual de ingresos al 10% y mantuvo la guía de ganancia por acción en un rango de USD 17,30 a USD 17,90. También aumentó el dividendo trimestral desde USD 0,60 en 2023 hasta USD 0,95 en 2026, mientras el número de acciones diluidas sigue bajando.

La tercera gran posición fue Coca-Cola, con 400 millones de acciones y un peso del 10,86%. Esa participación se ha mantenido sin cambios durante muchos años y convierte la inversión original de 1988 en una fuente de rentabilidad creciente sobre el costo, apoyada por la suba del dividendo trimestral de USD 0,16 en 1999 a USD 0,53 en 2026.

En el segundo trimestre, la compañía informó ingresos por USD 13.380 millones, un avance interanual del 6,74%, y una ganancia de USD 0,97 por acción frente a una previsión de USD 0,93. El volumen global de cajas unitarias subió 5%.

El nuevo director ejecutivo Henrique Braun dijo que hubo “una sólida primera mitad del año” y que la empresa estaba “bien posicionada para cumplir con nuestra previsión elevada para 2026”. Esa guía contempla un crecimiento orgánico de ingresos de alrededor del 5% y un aumento comparable de la ganancia por acción de entre 7% y 8%, sin contar el efecto del tipo de cambio.

Dentro de ese desempeño, el volumen de la marca Coca-Cola avanzó 5% en el trimestre. La empresa lo describió como su mayor crecimiento de volumen en 17 años, excluida la recuperación posterior a la COVID, impulsado por la activación de la Copa Mundial de la FIFA en más de 180 mercados.

La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que las comisiones avancen con proyectos sobre discapacidad y morosidad. La votación reunió 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención. El cronograma prevé debates sobre discapacidad el 16 y 23 de septiembre, y sobre morosidad el 29 de septiembre. Así lo afirmó en Infobae A las Nueve Pablo Juliano, diputado nacional de Provincias Unidas.

El funcionario indicó que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de que el respaldo parlamentario creciera. “No quisieron dar la foto de más de 133”, sostuvo al referirse al número de legisladores que había apoyado una propuesta previa.

Juliano señaló que la Cámara alcanzó el quórum con 135 diputados, mientras integrantes de La Libertad Avanza permanecían de pie en el recinto. Según su interpretación, el Gobierno evaluó que no podía quedar fuera de una sesión centrada en asuntos que afectan a personas con deudas y a beneficiarios de prestaciones por discapacidad.

El emplazamiento fijó fechas para discapacidad y morosidad

El emplazamiento obliga a las comisiones a tratar los proyectos dentro de un calendario definido. La Cámara debatirá iniciativas sobre discapacidad los días 16 y 23 de septiembre. Las comisiones abordarán la morosidad el 29 de septiembre.

El diputado sostuvo que el debate sobre morosidad acumuló demoras. Indicó que presentó la misma propuesta 15 días antes de la sesión y que entonces obtuvo 133 votos. Para Juliano, ese antecedente permitió convocar la reunión parlamentaria que definió el nuevo cronograma.

Juliano cuestionó la posición inicial del oficialismo frente al quórum. Relató que representantes del Gobierno contactaron a su espacio durante la mañana de la sesión para comunicar que asistirían. También afirmó que La Libertad Avanza discutió internamente quiénes concurrirían al recinto.

El legislador vinculó la decisión con el respaldo de bloques provinciales. Dijo que esos espacios aportaron votos para alcanzar el quórum y para aprobar el emplazamiento. A su vez, planteó que las dificultades financieras tienen expresiones distintas en cada región del país.

Deudas y acceso al crédito

El funcionario planteó que el Congreso debe buscar una respuesta para las personas con morosidad sin afectar el acceso al crédito. “Yo quiero que el Congreso pueda colocar alguna especie de solución”, afirmó. Su propuesta busca combinar herramientas de refinanciación, criterios de segmentación y un mecanismo no judicial para resolver conflictos.

Al mismo tiempo sostuvo que la Comisión de Presupuesto podía demorar el debate. Explicó que el Gobierno propuso sumar a ese cuerpo junto con las comisiones de Usuarios y Consumidores y Finanzas. Juliano pidió excluirla para evitar iniciativas con impacto fiscal y acelerar la elaboración de un dictamen.

Según explicó, el tratamiento debe concentrarse en medidas que no expongan el proyecto a un veto presidencial. Propuso revisar experiencias de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja. Mencionó planes de refinanciación y programas dirigidos a trabajadores del sector público.

El legislador también propuso crear una instancia extrajudicial inspirada en la mediación. Ese procedimiento buscaría ofrecer una salida para quienes acumulan deudas y evitar nuevas situaciones de mora. Juliano afirmó que la medida podría reunir consensos entre bloques con posiciones distintas.

Consecuencias de la mora

Juliano advirtió que las deudas impagas pueden dejar a personas fuera del sistema financiero durante años. Señaló que su proyecto, llamado Segunda oportunidad, busca revisar ese efecto. La iniciativa apunta a distinguir entre quienes acumulan obligaciones de bajo monto y quienes registran incumplimientos mayores.

El diputado afirmó que el 40% de las personas con morosidad tiene menos de 25 años. Consideró que una deuda inicial no debería impedir el acceso posterior a créditos. También cuestionó que una persona quede registrada durante cinco años por obligaciones que luego regularizó.

Aismimos citó cifras que, según dijo, surgen de estudios del Banco Central. Indicó que las personas con más de tres meses de mora arrastran entre $370.000 y $420.000. Añadió que cerca de 1,8 millones no logran salir de esa situación.

El legislador diferenció los niveles de morosidad según el tipo de prestador. Afirmó que los bancos registran cerca de 7%, las billeteras virtuales entre 19% y 21%, y los prestadores no bancarios alcanzan 36%.

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