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El radicalismo podría poner en jaque las posibilidades de La Libertad Avanza de darle media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, más conocida como ley de tierras.

El Comité Nacional del partido, presidido por Leonel Chiarella, emitió un comunicado en el que les pide a sus senadores que no acompañen la ley. El propio presidente del partido se reunió con cada uno de los legisladores para que adopten el posicionamiento partidario.

“Hay buen diálogo de Chiarella con los bloques tanto en Diputados como en el Senado”, explicó una fuente cercana a las conversaciones. “Desde hace unas semanas que se está conversando. Peteco —por Eduardo Vischi, presidente del bloque— participó de la mesa nacional. Hay buen diálogo”, agregaron.

Desde el Comité Nacional les explicaron a sus senadores que no están de acuerdo con el proyecto enviado por el Ejecutivo e instaron a que voten en contra.

“Hay tres sectores. Unos que ya hasta lo dijeron públicamente, otros que están en veremos y un tercero que apoya la provincialización. Estamos tratando de convencer a los últimos dos sectores”. Hasta ahora los que aseguraron que votarán en contra son Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama. Hay siete más que están en duda.

En ese esquema, el impulso del proyecto pierde fuerza. A pesar de que ya van por el decimoquinto borrador desde que ingresó el texto, el bloque que conduce Patricia Bullrich —con 21 senadores— no llegaría a conseguir los 37 que necesita para ir al recinto.

“Nosotros queremos sumar más senadores por la negativa, hasta ahora hay tres pero podría haber alguno más. Con esto ya vemos muy difícil su aprobación”, agregó una alta fuente radical.

Para avanzar, LLA necesita el apoyo del resto de los senadores que forman parte de los bloques provinciales que, aunque en general acompañan al oficialismo, presentarían un nivel de complejidad particular en las provincias de frontera y en aquellas que tienen grandes espejos de agua.

Según varias fuentes del Palacio Legislativo, hasta hoy estaría en duda la posibilidad de sesionar el próximo 6 de agosto porque el oficialismo no logra sumar los votos necesarios para que la norma obtenga media sanción.

El Comité Nacional señaló en un comunicado que “la soberanía se defiende cuidando nuestra tierra” y rechaza la ley porque elimina los límites “razonables” y “compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”.

“Nosotros hicimos un relevamiento de la postura de los EEUU, Australia, Francia y Brasil, que en el primero de los casos es el país referencia de este gobierno y en los otros casos son países de estructura similares a la Argentina. En la mayoría de los casos actualizaron sus normas en los últimos 24 meses. Estados Unidos lo tiene prohibido y el resto le pone límites. El Gobierno acá busca eliminar los límites y la tierra es algo finito, una vez que se vende ya no hay vuelta atrás”.

En medio de las discusiones que encabezó Chiarella, los sectores que se oponen a la norma pusieron sobre la mesa la inconsistencia de la política en cuanto a quiénes se benefician. “Todos son beneficios para los extranjeros, no hay nada para los productores locales que siguen pagando retenciones e impuestos. Pero no solo para los extranjeros sino para aquellos con capital, porque por un lado se les busca dar beneficios para comprar tierras pero a otros se les pide que paguen la salud y la educación. En este esquema, ¿a quién apunta la norma?”, se escuchó en algunas de las conversaciones.

El conflicto interno radica en que no es la primera vez que el Comité Nacional establece una postura y los senadores radicales toman un camino diferente. “Muchos responden a intereses locales y no a los partidarios en algunos casos. A los gobernadores más que al partido. En este caso, tenemos la expectativa de que a los tres que ya dijeron que votaban en contra se sumen algunos más”, reconocieron desde el Comité Nacional.

Un ataque ruso con misiles y drones contra varias ciudades de Ucrania mató en la madrugada del jueves a una familia entera cerca de Kryvyi Rih, la ciudad natal del presidente Volodímir Zelensky, en un bombardeo que el mandatario ucranio atribuyó a un misil balístico de origen norcoreano.

El proyectil impactó contra una vivienda en la localidad de Radushne, próxima a Kryvyi Rih, y dejó, según los servicios de emergencia ucranios citados por la agencia AFP, seis muertos confirmados y otras cuatro personas presuntamente fallecidas cuyos cuerpos aún no habían sido identificados formalmente. Zelensky identificó a la familia como los Voronov: la madre, Olena; el padre, Artem; siete hijos y un nieto. La víctima más joven, según el presidente, tenía apenas un año y medio.

“Los rusos usaron su misil balístico para destruir una casa corriente de una familia corriente”, escribió Zelensky en sus redes sociales. “Era una vivienda ordinaria, reducida a pedazos”, añadió. Sergei Kovtoniuk, portavoz del Servicio Estatal de Emergencias en la región de Dnipropetrovsk, dijo a AFP que se habían hallado 17 fragmentos de cuerpos en el lugar. “Puede afirmarse preliminarmente que las diez personas que estaban en la casa han muerto”, indicó.

Sobre el origen del arma, Zelensky dijo en su alocución nocturna: “Por supuesto, todavía habrá peritajes, todo será verificado, pero por ahora se trata de armamento balístico norcoreano”. La agencia Reuters, citando dos fuentes no identificadas, respaldó esa hipótesis y señaló que se trataría de la primera vez en casi un año que Rusia recurre a un misil norcoreano en la guerra, lo que apuntaría a que Moscú dispone de un nuevo suministro de este armamento procedente de Pyongyang.

Rusia y Corea del Norte firmaron en 2024 un tratado de asociación estratégica que incluye compromisos de asistencia militar mutua, y desde entonces Kiev y sus aliados occidentales han denunciado el envío de tropas, munición y misiles norcoreanos al Ejército ruso. Naciones Unidas y varios gobiernos han documentado anteriormente el uso de misiles balísticos norcoreanos contra objetivos ucranios, aunque Pyongyang y Moscú niegan sistemáticamente estas transferencias.

El bombardeo del jueves fue uno de los mayores de las últimas semanas: la fuerza aérea ucraniana contabilizó el lanzamiento de 74 misiles y 284 drones, de los que aseguró haber interceptado 55 y 265, respectivamente. Además de Kryvyi Rih, los ataques causaron muertos en Kiev, Poltava y Leópolis, según autoridades locales citadas por AFP, mientras que Zelensky cifró en ocho el número de fallecidos en todo el país, según recogió Reuters, una discrepancia que refleja el carácter todavía provisional de los balances.

En Kiev, más de 56.000 personas pasaron la noche refugiadas en las estaciones del metro, que desde 2022 funcionan como refugios antiaéreos. La onda expansiva del bombardeo llegó hasta Polonia, país miembro de la OTAN: la policía polaca localizó un cráter de diez metros de ancho en un campo a unos 80 kilómetros de la frontera ucrania. “Del análisis de la mayoría de los rastros, los fragmentos recuperados apuntan a un misil ruso Kh-101”, declaró el primer ministro polaco, Donald Tusk, junto al lugar del impacto.

El episodio se produce dos días después de que Zelensky se reuniera en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar la defensa antibalística de Ucrania. Trump ha planteado en el pasado autorizar la producción de interceptores Patriot para reforzar las defensas ucranias, aunque ni Washington ni Kiev han precisado los términos del plan.

El mes pasado fue el más letal para la población civil ucrania desde abril de 2022, según cifras oficiales, en un contexto de intensificación de los ataques rusos con misiles balísticos, un tipo de arma que las defensas antiaéreas ucranias tienen mayores dificultades para interceptar que los drones. La reaparición de armamento norcoreano en el campo de batalla, de confirmarse, añade una variable adicional a una guerra que combina el apoyo militar de Teherán y Pyongyang a Moscú con la creciente presión de Washington para alcanzar una negociación que, por ahora, ninguna de las partes da por cercana.

El 65% de las exportaciones de autos argentinos tienen por destino a Brasil, por lo que la producción nacional depende directamente de los movimientos que tenga el mercado más grande de Sudamérica.

La reciente decisión de Ford de reducir la velocidad de producción en General Pacheco, su única planta regional, está fundamentada en una proyección de ventas inferior a las que se habían obtenido en los meses anteriores para el mercado brasileño.

Según explicaron fuentes de la marca, no se trata de un mes puntual sino de una curva constante de varios períodos, y es una lectura sobre el impacto hacia 2027 y no sobre el mercado actual. Por ese motivo, la reducción del volumen se aplicará a partir de octubre, cuando ya se empiezan a fabricar las unidades que se venderán en los primeros meses del año siguiente.

El mercado brasileño tuvo en el primer semestre del año un notorio crecimiento de ventas que alcanzó el 20,1% en relación con el mismo período de 2025. Sin embargo, esa suba está dada principalmente por autos de pasajeros, compactos y SUV, que crecieron un 23,6%, y no tanto por los utilitarios, que solo registraron una suba del 7,7 por ciento. ¿Por qué? Una explicación al fenómeno podría ser que el crecimiento de los SUV, sobre todo chinos, impacta en la venta de pickups.

Un año antes, en junio de 2025, la situación era exactamente la opuesta, ya que el primer semestre había mostrado una suba general del mercado automotor liviano del 5% pero con un crecimiento de solo el 3,5% en autos y un 10,7% en utilitarios.

De hecho, a fin de 2025, el acumulado de todo el año registró una suba total del 2,6% con un crecimiento de autos del 2,5% y de utilitarios del 2,9%, lo que marca el cambio de situación en tan solo 6 meses.

En números netos, las pickups argentinas siguen teniendo protagonismo en el mercado brasileño, aunque no es el mismo que tenían un año atrás o incluso tres meses atrás, al finalizar el primer trimestre de 2026.

La pickup Toyota Hilux es la mejor posicionada, lidera las ventas de camionetas medianas en Brasil con un volumen de 23.363 unidades en lo que la del año, que equivalen al 8,5% del mercado de vehículos utilitarios livianos. Pero el año pasado, con un volumen menor de unidades de 23.151 unidades en el mismo período, el porcentaje representaba el 9,1% del mercado, y exactamente esa misma cuota se mantenía también en marzo de este año, al finalizar el primer trimestre.

La otra pickup que tiene relevancia en Brasil y que puede comparar sus resultados de 2025 con los de 2026 es justamente la Ford Ranger. Este año lleva vendidas 16.970 unidades hasta junio, lo que representa el 6,2% del mercado de utilitarios livianos. Si se compara con los números de junio de 2025, el volumen era menor, 15.973 ventas, pero la cuota era la misma.

Sin embargo, en marzo de este año, cuando empezó a apreciarse la tendencia a la baja en Brasil, la cuota de Ranger bajó al 5,8%. Si bien hay una leve recuperación entre abril y junio, el crecimiento que se esperaba no se está dando.

Aunque con volúmenes menores, dos de las otras tres camionetas argentinas que se venden en Brasil están obteniendo cifras similares. La única que tiene parámetros de comparación con 2025 es la Volkswagen Amarok, que en el primer semestre del año pasado tenía el 0,8% del mercado, pero en marzo de este año había bajado al 0,5%, cifra que se mantiene también al computar las ventas hasta el mes de junio.

Las restantes pickups no tienen referencia del primer semestre del año pasado porque no estaban en el mercado, aunque si tienen un punto de comparación con el resultado tras el primer trimestre de 2026.

La Fiat Titano había alcanzado una cuota del 11,5% en marzo y bajó al 10% luego de finalizar junio. En cambio, la Ram Dakota terminó marzo con una participación del 0,4% en el mercado de utilitarios, y tras los primeros seis meses completos tiene ahora una cuota del 0,7%.

Al solo efecto de obtener una referencia de otra camioneta mediana de venta masiva, pero de origen brasileño, los números de la Chevrolet S10 muestran que en el primer semestre del año pasado tenía el 5,4% del mercado, en el primer trimestre de este año había bajado al 4,8%, pero al completar los primeros seis meses del año volvió a subir al 5,4 por ciento.

La camioneta más vendida de Brasil es de producción local también, aunque es una pickup de media tonelada. Se trata de la Fiat Strada, que en el primer semestre de este año registró un total de 83.032 unidades, el equivalente al 30,4% del mercado de utilitarios livianos. Tomando las mismas referencias, en el primer semestre del año pasado su cuota era mucho menor, del 24,8%, pero ya al finalizar el primer trimestre de este año volvió a subir al 30,6%.

El segmento de pickups está creciendo menos que el de autos y SUVs, así lo reflejan los números de Fenavrabe, la entidad que publica los informes de patentamientos de cada mes. Pero en ese contexto, las pickups brasileñas crecen a la par del mercado y las argentinas no.

Si es un tema de competitividad de la industria automotriz argentina por la carga impositiva o no, es algo que se podrá comprobar con el correr de los meses. No deja de ser el tema por el cual reclaman constantemente los ejecutivos de las automotrices argentinas.

Se abrió un espacio de negociación entre el dueño del Hotel Provincial de Salta, Carlos Issa, que podría cerrar el establecimiento que fundó su familia en 1971 si tiene que pagar 100 millones de pesos en indemnizaciones, y los empleados despedidos por haber bloqueado su empresa y que la Justicia imputó penalmente por considerar que la protesta excedió el marco protegido por el derecho de huelga.

La instancia se abrió este jueves durante una audiencia entre ambas partes, presidida por la jueza Paola Marocco y el fiscal Rodrigo Guerra, en donde, tras escuchar las posiciones de Issa y de los ex empleados, la magistrada propuso un cuarto intermedio hasta dentro de 10 días para que se explore una solución al conflicto.

Pablo Abdón Torres Barthe, abogado del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que estuvo en la audiencia en Salta para asesorar a Issa, dijo a Infobae que la fórmula propuesta por la jueza consiste en que el dueño del hotel desista de la denuncia penal a cambio de que la otra parte renuncie a los juicios laborales.

Se trata de un mecanismo de resolución alternativa del conflicto llamado conciliación penal, que rige en algunas provincias y mediante el cual la víctima y el imputado, con intervención del fiscal y control judicial, pueden llegar a un acuerdo que pone fin al proceso penal o evita que continúe. Su finalidad principal es reparar el daño causado a la víctima y resolver determinados conflictos penales sin necesidad de llegar a un juicio.

Según Torres Barth, la jueza dejó la causa “lista para ir a juicio” si no hay un entendimiento entre las partes.

El abogado señaló que hay que revisar la situación de quienes ya cobraron resarcimientos por los despidos dispuestos tras el bloqueo del hotel. Hasta ahora, precisó, a valores actualizados por inflación, Issa ya pagó 68 millones de pesos en indemnizaciones y todavía quedan 7 juicios laborales más contra Issa que podrían elevar el monto por abonar a unos 100 millones de pesos.

Torres Barth afirmó que la defensa de los despedidos pidió la inconstitucionalidad del delito de turbación de la posesión, como está caratulada la acusación penal contra los 17 empleados que bloquearon el hotel, junto con 2 dirigentes que pertenecen a la Seccional Salta de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

El argumento en contra de la imputación penal es que afectaba el derecho a huelga, pero la jueza, según Torres Barthe, “rechazó ese planteo de inmediato”.

De todas formas, el abogado insistió en que desde el MEAB buscarán una reunión con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a quien le pidieron una audiencia que aún no fue concedida, para explicarle en detalle los problemas que atraviesa el empresario: “Le está pagando indemnizaciones a los que están imputados por la Justicia y que probablemente -estimó- salgan condenados en el juicio penal, algo que es una locura”.

Además, advirtió que Issa “no tiene margen para pagar” 100 millones de pesos a los imputados penalmente por los bloqueos, por lo que, en ese caso, debería cerrar el hotel, uno de los más tradicionales de la capital salteña.

El abogado Nicolás Corregidor, que representa a 15 de los 17 empleados despedidos, había anticipado que en la audiencia iba a plantear el sobreseimiento de sus defendidos ya que la investigación fue mal conducida, parte de los acusados no estuvo en el lugar de los hechos y el conflicto tuvo origen salarial y laboral.

Corregidor aseguró que hubo un exceso en las imputaciones formuladas por la fiscalía y cuestionó un requerimiento previo de elevación a juicio porque, según dijo, no se ajustó a lo ordenado por el juez y aun así derivó en nuevas imputaciones contra trabajadores.

Uno de los ejes de la defensa es que las filmaciones del hotel ubican a los imputados en la vereda y en la calle, no en la puerta del establecimiento. Para el abogado, esa ubicación descarta la hipótesis de bloqueo contra el hotel respecto de las personas que representa y debe diferenciarse de la eventual actuación del Sindicato de Gastronómicos de Salta durante la protesta.

En noviembre pasado, el juez Diego Nicolás Rodríguez Pipino, a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 de Salta, dio por probado que entre el 10 y el 27 de abril de 2021 el hotel sufrió “el bloqueo de las puertas principales, la imposibilidad de ingreso y egreso de empleados, huéspedes y alumnos de la escuela hotelera, así como daños con pintadas en puertas y muros”.

Ese fallo se basó en declaraciones testimoniales, informes policiales, inspecciones oculares, fotos y filmaciones. El juez advirtió, además, que el derecho constitucional de huelga no ampara “actos como daños materiales ni turbación de la posesión” y que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por ese derecho que consagra la Constitución Nacional.

Según Issa, los 18 días que duró el bloqueo contra su hotel le causó pérdidas por 600 millones de pesos ya que tuvo que derivar huéspedes y cancelar reservas.