El gobierno de Javier Milei enfrenta una paradoja política. Mientras el Gobierno exhibió esta semana junto al FMI un superávit fiscal como la prueba del éxito de su programa económico y las cuentas públicas, dentro de la Casa Rosada crece la preocupación porque el deterioro de la recaudación comenzó a complicar la negociación con los gobernadores aliados, justo cuando el Presidente necesita votos para dos proyectos considerados estratégicos: la eliminación de las PASO y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Según pudo saber iProfesional, los pedidos de los gobernadores para apoyar esas dos leyes son mayores transferencias a las provincias, en distintas especies, en un momento de caída de la recaudación: en junio el IVA cayó 4,9% en términos reales frente al mismo mes de 2025 y los ingresos totales del semestre cayeron 8,6%. Malas noticias para la coparticipación federal y las transferencias no automáticas. La recaudación total junio se desplomó 11,6%.
“No hay consumo y entonces la actividad está parada y esto dificulta toda negociación con los gobernadores”, se sinceró un funcionario que sigue de cerca la negociación.
No obstante, un gobernador más optimista y muy cercano al Gobierno señaló que “el IVA bajó, pero en julio aumentó ganancias y la coparticipación viene un poquito mejor que en junio, estarán en estos días los números”.
El otro requisito de los gobernadores es político: que Milei apoye sus candidaturas a la reelección en sus provincias sin poner candidatos “violetas” para que no gane el kirchnerismo. Incluso muchos adelantarán las elecciones a mayo o junio de 2027 para no atarlas a la discusión nacional. Si la Casa Rosada cumple ellos respaldarán la reelección de Milei.
Javier Milei necesita aliados en el Congreso para sacar las reformas
En los despachos oficiales admitieron a iProfesional que el Congreso se transformó en un verdadero embudo y que el Gobierno se debilitó en términos de adhesiones parlamentarias. Temen que esto se profundice a medida que avance el año y llegue la campaña para 2027.
Se anuncian numerosas iniciativas: este jueves fue el turno de la Cadena Nacional de Milei por el proyecto de ley de Carta Orgánica del Banco Central, pero cada vez cuesta más convertirlas en ley. En el Senado reconocen que, hoy por hoy, tanto la reforma electoral como la de extranjerización de tierras no reúnen los votos necesarios para ser aprobadas. El reverdecer patriótico del Mundial de Fútbol y la reivindicación de las Islas Malvinas dificultaron el trámite.
El problema no es solamente parlamentario. Los gobernadores aliados comenzaron a incorporar nuevas condiciones a la negociación. Ya no alcanza con discutir recursos, obras o transferencias. También piden definiciones políticas. La principal demanda apunta directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que opera en tándem con el subsecretario Eduardo “Lule” Menem.
Los mandatarios quieren garantías de que La Libertad Avanza no impulsará candidatos propios -los llamados “violetas”- para competir contra ellos en las elecciones provinciales y nacionales de 2027, poniendo en riesgo sus posibilidades de reelección. La división del voto de centroderecha podría provocar el triunfo del kirchnerismo.
Entre quienes mantienen canales permanentes de diálogo con la Casa Rosada figuran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Alberto Weretilneck (Río Negro), además de otros mandatarios provinciales que acompañaron iniciativas del oficialismo.
La alarma fiscal que llega desde las provincias
El verdadero motivo de inquietud aparece en los números de la ejecución presupuestaria del primer semestre. La desaceleración de la actividad económica (en mayo, según INDEC, cayó 0,5% mensual) comenzó a reflejarse con fuerza en la recaudación tributaria y eso repercute directamente sobre la coparticipación federal.
Un informe de Cristian Módolo de la Fundación de Estudios Políticos y Estratégicos (Funepe), sobre la base de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía, que dirige Luis “Toto” Caputo, muestra números preocupantes.
Los gobernadores y Milei tienen motivos para preocuparse. La recaudación impositiva cayó un 8,6% en términos reales durante el primer semestre (frente a 2025) y 11,6% sólo en junio. Si se miden los recursos corrientes (que suman ingresos por privatizaciones y ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad FGS) en junio los ingresos públicos descendieron 2,5% real y acumularon en el semestre una baja de 3,7% respecto del primer semestre de 2025.
Los recursos corrientes incluyen los impositivos (en baja), la seguridad social (que retrocede) pero agregan las rentas de propiedad (FGS) y otros ingresos (privatizaciones, tasas). Con esto último inflan los ingresos corrientes.
Pero lo que interesa para medir la marcha de la economia son los recursos impositivos, que desnudan la caída de la actividad real. La recaudación de IVA cayó en junio 4.9%, Ganancias (-14,5%), Comercio exterior (-37,4%), Impuesto al cheque (-0.3%); y el resto de impositivos (combustibles, monotributo, etc.) que creció un 3,7%.
“En Ganancias, junio recaudó sólo $900.000 millones, o $0.9 billones. En el semestre llevan 7,8 billones. No alcanza para pagar los intereses de la deuda”, señaló Módolo.
Traducido en porcentaje, en junio subió 2,2% principalmente porque vencían las declaraciones juradas del período fiscal 2025 para las sociedades con cierre de balance en diciembre. Pero respecto de mayo 2026, cayó 14,5%. En mayo se había liquidado el grueso de ganancias.
En el Gobierno no descartan la postergación de algunos vencimientos. El dato que más inquieta es la evolución del IVA, que retrocedió 4,9% durante junio y constituye uno de los mejores indicadores del nivel de consumo interno.
También se desplomó la recaudación vinculada al comercio exterior: 37,4% interanual en junio. En el semestre, los derechos de exportación retrocedieron 40,4% y los derechos de importación disminuyeron 19%.
Para las provincias, esos números significan menos recursos coparticipables y mayores dificultades para sostener sus propios presupuestos. A ello se suma el crecimiento de la deuda flotante.
La Nación mantiene obligaciones reconocidas, pero todavía impagas con las provincias por $1,756 billones en junio último y asciende a $6,2 billones en el acumulado semestral.
La deuda flotante total del Estado llegó en junio a $3,63 billones y acumula $15,37 billones durante los primeros seis meses del año. Esos pasivos diferidos permiten exhibir una mejora ficticia en el resultado fiscal, aunque patean pagos y tensiones financieras hacia adelante. Son gastos asumidos y consumidos por el Estado, pero no pagados, equivalente a no pagar la cuenta del almacenero o la tarjeta de crédito.
Los números que no entusiasman a las provincias
El Gobierno sostiene que atraviesa “los mejores 18 meses del mandato”. El FMI también destacó el cumplimiento de las metas fiscales, aunque su directora gerente, Kristalina Giorgieva, marcó la cancha y dijo: que la Argentina no necesitará más préstamos para cubrir los vencimientos hasta 2027 (año electoral) y que, si bien crecen la energía y la minería, cayó demasiado el empleo registrado y es necesario que la economía real y las Pymes “sean más vibrantes” para mejorar el trabajo registrado.
Por eso varios gobernadores sostienen que el deterioro de la actividad económica comienza a sentirse en sus distritos mucho antes que en los indicadores nacionales. Un mandatario provincial resumió esa preocupación durante una conversación reservada.
“Es un tema permanente de conversación. Hoy preocupa más al Gobierno nacional que a las provincias. La Nación se está fondeando en dólares porque las exportaciones de hidrocarburos y minería le aseguran los vencimientos de deuda. Pero la recaudación baja porque cae el consumo. Si eso no se reactiva, el malhumor social va a ir creciendo”, señaló un gobernador oficialista.
Un par de él también aseguró que “la caída de la recaudación es la principal preocupación”. Otro gobernador hizo una distinción entre las economías regionales.
“Las provincias petroleras tienen un pequeño veranito gracias a las regalías. El precio del barril ayuda. Pero las provincias del norte y las que dependen mucho más de la coparticipación seguramente están sintiendo mucho más fuerte la caída”, dijo el mandatario de fluido diálogo con Milei.
Un cuarto mandatario introdujo una cuota de optimismo. “Este mes viene mejorando”, comentó, aunque admitió que todavía resulta prematuro hablar de una recuperación consolidada.
El Presupuesto muestra quiénes absorbieron el ajuste
La ejecución presupuestaria también permite observar dónde se concentró el esfuerzo fiscal. El mayor recorte volvió a recaer sobre programas sociales, con una caída del 23,6%. Allí se incluyen la Tarjeta Alimentar, Becas Progresar, el programa Volver al Trabajo y la atención médica destinada a pensiones no contributivas.
Las transferencias a las provincias disminuyeron 51,7% durante el semestre. En algunos casos, como la Ciudad de Buenos Aires, la reducción llegó al 86,4%.
La obra pública retrocedió 29,8%. La asistencia financiera al PAMI cayó 14,2%. Los salarios públicos disminuyeron 3,9% en términos reales como consecuencia de aumentos inferiores a la inflación y reducción del empleo estatal.
Durante junio, además, las prestaciones sociales bajaron 9,7%, mientras que las transferencias a provincias mostraron un descenso cercano al 84% respecto del mismo mes del año anterior.
Los únicos rubros que crecieron fueron los subsidios energéticos (+74,1%), los intereses de la deuda (+39,5%), las Universidades Nacionales (+18,3%), la AUH (+16,9%) y las jubilaciones y pensiones (+1,2% en el semestre y +3,2% en junio). El pago de intereses volvió a convertirse en el componente del gasto que más aumentó.
Superávit primario, déficit financiero
Las cuentas públicas también reflejan otra realidad. La Administración Nacional obtuvo un superávit primario de $8,7 billones. Sin embargo, después de cancelar intereses de deuda, el resultado financiero terminó mostrando un déficit de $700.000 millones. Sin embargo, ese resultado fiscal no computa la deuda flotante de 15,37 billones de pesos, con lo cual para muchos economistas resulta ficticio
Durante junio los ingresos ascendieron a $13,9 billones. Pero los gastos alcanzaron $18,8 billones. Es decir, no se pudieron cubrir con ingresos unos 5 billones de gastos, dentro de los cuales está la deuda flotante de 3,6 billones.
Mientras tanto, la deuda externa ascendió a US$474.192 millones. Desde diciembre de 2023 aumentó US$103.500 millones, equivalente a un crecimiento del 28%.
Malvinas cambió el clima político
Como si la negociación fiscal no alcanzara, apareció otro factor inesperado. La reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas durante el Mundial de fútbol modificó el clima político alrededor de la Ley de Propiedad Privada.
Varios senadores reconocen que la bandera “Las Malvinas son Argentinas”, que levantaron los jugadores de la selección argentina tras ganarle a Inglaterra 2 a 1, incrementó la sensibilidad pública respecto de cualquier iniciativa vinculada con la extranjerización de la tierra.
En el oficialismo existe preocupación por la movilización popular convocada para el próximo 6 de agosto, cuando organizaciones sociales, políticas y sindicales buscarán instalar el debate sobre la soberanía territorial y la eventual extranjerización de tierras.
Muchos legisladores temen quedar expuestos a ser acusados de “vendepatria” si impulsan una norma que flexibilice las restricciones actualmente vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros.
El bloque de la UCR está en conflicto: el comité nacional de la UCR nacional, que preside Leonel Chiarella, se opone a la Ley de Tierras y les pidió a los senadores que voten en contra. Muchos senadores tienen presiones de sus provincias.
Por otra parte, la Iglesia tambien rechazó la “extranjerización de la tierra”. El Gobierno no pierde de vista que en noviembre vendrá a la Argentina el papa Leon XIV, cuya última encíclica Magnifica Humanidad advierte de los peligros de los efectos de la Inteligencia Artificial y pidió que se la utilice para generar más empleo y no para deshumanizar la economía.
El rechazo fue expresado por un documento de junio, que lleva las firmas de Caritas, Pastoral Social y ENDEPA (Pastoral Aborigen) y fue avalado por el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo mendocino Marcelo Colombo.
La iniciativa propone eliminar varios límites existentes, entre ellos el tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y diversas restricciones vinculadas a operaciones inmobiliarias y desalojos.
Silicon Valley entra en la discusión
El debate adquirió además una dimensión geopolítica. Sectores de la oposición y algunos gobernadores comenzaron a advertir que una eventual flexibilización podría facilitar la llegada de grandes inversores tecnológicos interesados en desarrollar infraestructura para inteligencia artificial, centros de datos y proyectos energéticos.
Entre los empresarios mencionados aparecen Sam Altman (OpenAI), Dario y Daniela Amodei (Anthropic), Mustafa Suleyman (Microsoft AI), Jensen Huang (Nvidia), Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), Elon Musk (xAI), Marc Andreessen y Peter Thiel, uno de los principales accionistas de Palantir. Se sabe que esos tecno magnates buscan tierras, emergía, agua, viento, frío, y minerales críticos como silicio para fabricar millones microchips.
También comenzaron a mencionarse inversiones vinculadas con Hamid Ansari y Meitner, firma que adquirió el 40% de INVAP junto con otros inversores privados y que incorporó a 13 de los 17 egresados del Instituto Balseiro del último año.
Por ahora, sin embargo, ninguna de esas discusiones podrá avanzar mientras el Gobierno no resuelva el problema político de fondo. En el Senado aseguran que las dos leyes siguen sin votos y algunos ponen en duda la sesión del jueves 6 de agosto.
Los gobernadores dejaron en claro que antes de hablar de PASO o de propiedad privada quieren respuestas sobre la caída de la recaudación, la deuda con las provincias, la recuperación del consumo y el futuro político de sus distritos. La negociación recién empieza, pero en la Casa Rosada ya saben que el superávit, por sí solo, dejó de alcanzar para ordenar la política.
