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  • Gobierno provincial pone en duda el aumento del transporte interurbano y advierte por la caída de pasajeros

    Gobierno provincial pone en duda el aumento del transporte interurbano y advierte por la caída de pasajeros

    En el marco del reclamo empresario por la situación del transporte interurbano, el secretario de Transporte de la Provincia, Cristian Salsalone, fijó la postura oficial ante un eventual nuevo aumento del boleto: “Lo que van a lograr es que se sigan cayendo pasajeros”. Según explicó, la Provincia ya transmitió esa posición en las primeras conversaciones con las cámaras del sector.

    En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el funcionario afirmó que “hoy el bolsillo del usuario no tiene margen para soportar un nuevo aumento tarifario” y relacionó ese límite con la caída de la demanda.

    Cristian Salsalone - secretario de Transporte

    Partiendo de ese diagnóstico, Salsalone indicó que la Provincia busca alternativas para sostener el sistema. “Hay que ir generando una ecuación que sea equilibrada para todas las partes”, planteó, y añadió que la finalidad es que “el sistema pueda continuar girando” sin volcar todo el costo sobre el pasajero.

    La preocupación oficial: que el usuario deje de viajar

    Salsalone subrayó que la principal inquietud del Gobierno no es solo la situación de las empresas, sino el efecto sobre quienes abonan la tarifa común. “Lo que a nosotros nos preocupa como Gobierno es el usuario común”, sostuvo.

    En ese punto, advirtió que el problema no se resuelve automáticamente con una actualización tarifaria. “El usuario común, el que paga su boleto, hoy no tiene margen de que le sigan aumentando la tarifa”, remarcó. “Estamos tratando de que el usuario pleno no se vuelque a los boletos sociales”, precisó.

    Según su explicación, la línea oficial es mantener una tarifa accesible para recuperar demanda. “Estamos buscando generar un equilibrio en la tarifa que haga que la gente vuelva a usar el servicio de transporte”, sintetizó.

    Boletos sociales y esfuerzo provincial

    Salsalone afirmó que la Provincia ya realiza un esfuerzo significativo para sostener el sistema mediante los boletos sociales. Incluso sostuvo que, en algunos corredores, esos programas representan entre el 40% y el 50% de la recaudación.

    Por eso, insistió en que una suba del boleto no solo afecta al pasajero que paga tarifa plena. “Hoy aumentar la tarifa, nosotros a los programas sociales los pagamos más caros”, advirtió.

    En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de explorar otros mecanismos para acompañar la discusión salarial sin trasladar el costo al usuario. “Capaz que lo podamos hacer en otro concepto que no sea aumentándole el bolsillo a la gente”, dijo.

    Reuniones esta semana

    Ante este panorama, Salsalone confirmó que la Provincia llevará adelante nuevas reuniones para intentar destrabar el conflicto. Según anticipó, este martes será el encuentro con las cámaras empresarias y el miércoles una reunión con cámaras y gremios.

    Aunque aclaró que la paritaria corresponde a empresas y choferes, admitió que la Provincia interviene porque una falta de acuerdo impacta en todo el sistema. “Si no acuerdan, obviamente que nos afecta a todos”, señaló.

    Durante la entrevista, Salsalone también recordó que Córdoba dejó de recibir fondos nacionales para el transporte a fines de 2023. “Recibimos respuesta finalmente (…) diciendo que ya no existía más ese fondo”, afirmó al referirse a la gestión que hizo la Provincia ante la Nación para intentar recuperar esos recursos.

    Con ese marco, la señal oficial hoy es nítida: evitar que el conflicto con FETAP derive en una nueva suba del boleto. La apuesta de la Provincia, al menos por ahora, es mantener una tarifa estable y negociar con empresarios y gremios una salida que no profundice la caída de pasajeros.

    JB JF

  • Sin subsidios, el boleto mínimo del colectivo llegaría a $1.500, calculan empresarios del sector (AAETA)

    Sin subsidios, el boleto mínimo del colectivo llegaría a $1.500, calculan empresarios del sector (AAETA)

    El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está en proceso de reconfiguración, afectado por variaciones en los costos, en la demanda y en el rol del Estado como financiador. En ese escenario, el sector empresario presentó estimaciones sobre el valor del servicio sin asistencia pública.

    En una entrevista en Infobae en Vivo, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, planteó que si se eliminaran completamente los subsidios, el boleto mínimo de colectivo se ubicaría en torno a los $1.500, en base al nivel actual de costos. Actualmente, el valor se ubica en 700 pesos.

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    “Si sacáramos todos los subsidios, el día de mañana el Estado diciendo que no hay más subsidios, el boleto mínimo se iría a $1.500 con el mismo sistema de transporte que tenés hoy”, sostuvo. Según detalló, ese valor surge de la suma entre lo que hoy pagan los usuarios y los aportes estatales.

    En ese sentido, explicó que actualmente el sistema percibe alrededor de $1.500 por pasajero, de los cuales un 37% corresponde a la tarifa y el resto a subsidios. En ese marco, indicó que la eliminación de la asistencia implicaría trasladar ese costo total al precio del boleto.

    Fusaro aclaró que ese nivel tarifario no implicaría una mejora en la calidad del servicio. Por el contrario, remarcó que corresponde al esquema actual, que presenta limitaciones en la oferta. “Es el que tenés ahora”, señaló, al describir el funcionamiento vigente.

    Además, el dirigente planteó que un esquema con mayor cobertura y frecuencia tendría un costo mucho más alto. Al comparar la situación vigente con la de años anteriores, sostuvo que recuperar un sistema similar al de hace una década —con más unidades en circulación y una oferta ampliada— exigirá un boleto mínimo cercano a los $2.000 en un escenario sin subsidios. “Nos obligaría a tener un boleto mínimo de dos mil pesos”, explicó, al referirse a un modelo con más kilómetros recorridos y presencia en franjas donde hoy la prestación se redujo, como la noche.

    Durante la entrevista, repasó la evolución del sistema en los últimos años y atribuyó la situación actual a varios factores, entre ellos el congelamiento tarifario prolongado y la caída de pasajeros durante la pandemia.

    En ese periodo, los colectivos circularon con baja ocupación por las restricciones sanitarias, mientras el boleto permaneció sin cambios. Esa combinación empujó el aumento de los subsidios para cubrir costos operativos, como salarios y combustible.

    Posteriormente se abrió un proceso de ajuste que redujo los subsidios y generó aumentos tarifarios. Sin embargo, Fusaro explicó que esos incrementos no alcanzaron para compensar totalmente la caída de los aportes estatales. “Se retiró más subsidio de lo que se agregó tarifa”, afirmó.

    Como consecuencia, la composición de los ingresos del sector cambió: si antes los subsidios representaban la mayor parte de los recursos, hoy la tarifa ganó participación sin revertir la caída real en los ingresos.

    Caída de pasajeros

    Ese escenario también se reflejó en la cantidad de pasajeros transportados. Según indicó, en la actualidad se registran alrededor de 8,5 millones y medio de viajes diarios, frente a los 9,5 millones que se observaban un año antes, lo que implica una reducción de aproximadamente un millón de pasajeros por día hábil.

    A lo largo de la última década la caída fue aún más pronunciada: Fusaro estimó que el sistema transporta un tercio menos de pasajeros que hace diez años, en un contexto de cambios en los patrones de movilidad y en la actividad económica.

    La menor demanda se combinó con una disminución de unidades en circulación. Hace tres años el sistema contaba con 18.300 colectivos, mientras que hoy la cifra no llega a 17.000, lo que representa la salida de más de 1.300 unidades.

    En paralelo, advirtió sobre el envejecimiento de la flota: cerca de un tercio de los colectivos supera los diez años de antigüedad, un límite que, según la normativa vigente, no debería superarse, pero que se mantuvo mediante prórrogas.

    Fusaro explicó que las empresas tienen dificultades para renovar unidades por la falta de recursos y que, en muchos casos, han tenido que recurrir a su propio capital para sostener la operación. “Se están comiendo el capital”, afirmó.

    Ese proceso también impactó en la prestación: uno de los cambios más visibles fue la reducción de frecuencias, sobre todo en horario nocturno, dado que las empresas ajustaron la oferta en función de la demanda para optimizar recursos.

    El sistema de subsidios también cambió su forma de asignación: desde octubre de 2024, los aportes se empezaron a distribuir según la cantidad de pasajeros transportados, en lugar de basarse en los kilómetros recorridos o en la cantidad de unidades en circulación, con el objetivo de evitar distorsiones operativas.

    Baja rentabilidad

    Fusaro señaló que el sector atraviesa un ajuste que también impacta en la estructura empresarial. “A nivel sistema no se gana plata”, sostuvo. Aclaró que hay empresas con situaciones particulares según su escala o grado de integración, pero que, en conjunto, el sector enfrenta dificultades para sostener la operación en las condiciones actuales.

    Mencionó además casos de empresas que dejaron de operar, lo que obligó a reasignar líneas: las autoridades convocaron a otras compañías para hacerse cargo de esos servicios, en algunos casos con condiciones vinculadas a la absorción de personal o deudas.

    En ese marco describió un proceso de reducción progresiva del sistema y advirtió que la cantidad de unidades podría seguir cayendo en los próximos años, en línea con la menor demanda y las dificultades para renovar la flota.

    Asimismo, indicó que el esquema vigente genera restricciones en franjas horarias y zonas específicas: en particular, la disminución de servicios nocturnos y la aparición de alternativas de transporte fuera del sistema formal.

    En materia de financiamiento, Fusaro afirmó que el sector considera necesario mantener algún nivel de subsidios, aunque con cambios en su diseño. Propuso avanzar hacia un esquema en que la asistencia se dirija directamente a los usuarios, en lugar de canalizarse por las empresas, lo que permitiría establecer distintos niveles de cobertura según las características de los pasajeros.

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    Mirá la entrevista completa a Luciano Fusaro

    El presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor analizó en detalle la profunda crisis que atraviesa el transporte en el AMBA. Explica cómo la combinación de tarifas congeladas, la caída de pasajeros y el ajuste en los subsidios ha llevado a una situación de desfinanciamiento y deterioro del servicio

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  • Subsidios y competencia feroz empujan a autos chinos al mundo; en latinoamérica ensamblan y venden sin aranceles

    Subsidios y competencia feroz empujan a autos chinos al mundo; en latinoamérica ensamblan y venden sin aranceles

    Mientras se difunden nuevas cifras de ventas de autos en su propio país —con Geely por segundo mes por delante de BYD en enero y febrero—, el mundo occidental, y en especial Latinoamérica, comienza a experimentar el efecto de una puja entre fabricantes chinos que los empuja a conquistar mercados externos para absorber su sobreproducción de vehículos.

    Como sucede en muchos otros terrenos, la estrategia de las automotrices chinas se aprecia más por los números que por los anuncios. En el último año, las ventas globales de autos de ese origen aumentaron de 10,5 a 13,1 millones de unidades, un crecimiento del 23,9 por ciento.

    “No debe sorprender el avance que tuvo la industria china porque si uno mira varios años atrás, ellos fueron impulsores de la llegada de fabricantes occidentales a instalar plantas con beneficios pero con la condición de hacerlo en alianza o asociación con marcas chinas. Eso les dio el conocimiento que necesitaban de un mundo que no dominaban, como es el de lo autos, y luego le agregaron su tecnología”, dijo uno de los más importantes ejecutivos de la industria argentina del auto.

    “Lo que pasa ahora es que se están peleando entre ellos para dominar el mercado interno y se están ‘matando’ entre sí con precios que no pueden sostener para seguir vendiendo. Por eso salieron a expandirse de una manera tan agresiva a nuevos mercados”, explicó.

    Subvenciones con premio extra

    Ese avance se sostiene en gran parte por un fuerte incentivo a las exportaciones que ofrece el propio Gobierno chino a sus fabricantes. No obstante, el método no es el que muchos imaginan —subvenciones directas—, sino un mecanismo que los obliga a vender más para ganar más.

    “Ellos pueden pagar sus ventas a 300 días de plazo a casa matriz, lo cual es una locura para los tiempos de la industria. Imaginen que en 2023, prácticamente se paralizó la producción de autos aquí en Argentina porque nadie podía sostener una operación industrial pagando a 180 días, porque los proveedores no lo aceptan. Ellos, en cambio, pueden ‘hacer caja’ con ventas a precios muy competitivos porque a sus proveedores les paga el propio Estado, que hace las veces de financiera”, explicó un ejecutivo brasileño a Infobae.

    Sin embargo, como los aranceles de importación siguen limitando esa expansión, cinco marcas ya establecieron presencia en Brasil (BYD, Geely, Great Wall, Chery y Leapmotor) para producir localmente, y una sexta automotriz (GAC) está avanzando en la misma dirección. Si logran una integración mínima del 10% de contenido de partes locales, podrán exportar dentro de la región – Argentina incluida – sin pagar arancel y sin cupos de unidades.

    El año chino en números

    Un informe reciente de Jesús A. Rodríguez Albornoz, consultor mexicano especializado en estrategia y datos con foco en el sector automotriz, permite apreciar el cambio que se produjo a nivel mundial en el último año, y especialmente en Latinoamérica.

    Según el documento, el mercado global de vehículos chinos de nuevas energías (NEV), esencialmente de autos electrificados, mostró un crecimiento sostenido y significativo entre 2024 y 2025. El volumen total alcanzó las 23.686.728 unidades, con una expansión interanual del 23,9%, ya que en 2024 se habían vendido 10.580.075 automóviles y el año pasado esa cifra subió hasta las 13.106.653 unidades. En base a esta tendencia expansiva, la proyección que se hace es de alcanzar los 16,2 millones de automóviles para finales de 2026.

    Dos tipos de líderes

    Las marcas que lideran ese crecimiento se dividen en dos categorías: los líderes de volumen y los de un crecimiento acelerado. En el primer grupo están BYD como la de mayor volumen de ventas con 4.500.000 unidades anuales; Geely, con 1.690.000; y SAIC, con 1.643.000.

    En cambio, las que registraron el mayor crecimiento fueron Dongfeng un 80% para llegar a 900.000 vehículos; GAC con un 70% y 850.000 unidades, y Changan, que vendió más autos, 1.200.000 vehículos, pero con una tasa del 64,8% de mejora interanual. Sorprende el bajo volumen de la marca que más autos vendió en 2025 en Argentina, BAIC, que alcanzó las 220.000 unidades, aunque con un crecimiento del 46 por ciento.

    La industria automotriz china se focalizó en 2025 en una región en particular, Latinoamérica, donde ya alcanzó el 85% del mercado de autos electrificados, según resalta el mismo informe. La significación del dato toma más fuerza al compararlo con su propio país de origen, donde las marcas nacionales tienen el 94%, mientras que en Europa apenas llegan al 13 por ciento.

    Un dato final que presenta el estudio indica que a pesar del crecimiento de los autos híbridos, el mayor porcentaje de autos chinos son eléctricos, un 61,8%, mientras que los PHEV (Híbridos enchufables) alcanzan el 38,2%.

    Los principales fabricantes así lo confirman con sus números. En el acumulado de los últimos dos años, BYD produjo 8,8 millones de autos de los cuales el 62% son eléctricos y el 38% híbridos; mientras que Geely fabricó 3.4 millones de unidades y SAIC 2,8 millones y ambas mantienen la misma proporción de cada tecnología.

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  • Servicios públicos subieron 11,4% en marzo: cuánto necesita una familia para luz, gas, agua y transporte

    Servicios públicos subieron 11,4% en marzo: cuánto necesita una familia para luz, gas, agua y transporte

    El costo de vida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un nuevo salto en marzo, impulsado por una actualización generalizada de las tarifas de los servicios básicos. Según el último Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), una familia promedio necesitó en marzo $213.557 para cubrir sus necesidades de luz, gas, agua y transporte público.

    Ese monto implica un aumento del 11,4% respecto de febrero y consolida una tendencia al encarecimiento del gasto regulado que impacta directamente en el presupuesto de los hogares. El informe destaca que “los incrementos de tarifas en todos los servicios explican el aumento de la canasta”, marcando una dinámica en la que el Estado continúa reduciendo su participación en el financiamiento de los costos operativos de las empresas prestadoras.

    En términos interanuales, la escalada es aún más pronunciada. La canasta de servicios públicos del AMBA aumentó un 445% frente a marzo de 2025, un porcentaje que se ubica significativamente por encima de la inflación general del periodo (el IPC interanual de febrero fue de 33,1%), reflejando el proceso de recomposición tarifaria y la quita de subsidios que se profundizó en el último año.

    El transporte como principal eje del gasto

    Dentro de la estructura de gastos analizada por el IIEP, el transporte público se consolidó como el rubro con mayor peso relativo y el que registró el incremento mensual más agresivo. Para un hogar promedio del AMBA, el gasto en transporte alcanzó los $101.026 por mes, lo que implica una suba del 14,8% en comparación con febrero y un salto del 70% respecto a marzo del año pasado.

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    Este ítem representa por sí solo el 47% de la canasta total de servicios públicos. La suba está vinculada a la actualización de los boletos de colectivos y trenes, en un contexto donde el Gobierno busca equiparar los costos del área metropolitana con los valores vigentes en el interior del país.

    El informe subraya que la incidencia del transporte es determinante en la configuración del gasto mensual, ya que “el gasto en Transporte es el rubro con mayor peso y que tuvo un incremento del 14,8% respecto del mes anterior”. Esta situación impacta con mayor dureza en los trabajadores que dependen diariamente de la red de transporte para movilizarse entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

    Energía y agua: los aumentos en las facturas hogareñas

    El resto de los componentes de la canasta también mostró variaciones al alza durante marzo. En el caso de la energía eléctrica, un usuario de ingresos medios (Nivel 1) enfrentó una factura promedio de $49.462 mensuales (3,2% más que en febrero). Por su parte, el servicio de gas natural por red se ubicó en los $28.025 por mes para el mismo perfil de consumo (14% de suba mensual).

    En cuanto al servicio de agua potable, que en el AMBA es prestado por la empresa AySA, la factura media para un hogar sin subsidios alcanzó los $35.045 en marzo (12,6% de incremento). “En el mes de marzo un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gasta $213.557 en la canasta de servicios públicos”, detalla el documento del IIEP, evidenciando que la suma de los servicios energéticos y el agua totaliza $112.531, superando incluso el ya elevado costo del transporte.

    La evolución de estos precios responde a una política de “sinceramiento” de costos. Actualmente, los hogares del AMBA pagan tarifas que, en promedio, cubren el 65% de los costos de los servicios, mientras que el 35% restante sigue siendo financiado por el Estado Nacional a través de subsidios directos a las empresas. Sin embargo, esta cobertura estatal ha retrocedido considerablemente en comparación con el 52% que representaba en el mismo mes del año anterior.

    Cobertura de costos y subsidios estatales

    Uno de los puntos centrales del informe es el análisis de cuánto del costo real del servicio es afrontado por el usuario. En el sector eléctrico, el precio que pagan los usuarios cubrió en marzo el 72% de los costos de generación, mientras que en el gas natural la cobertura tarifaria fue del 97%.

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    “El esfuerzo fiscal por el pago de subsidios se redujo significativamente en el primer bimestre del año”, señala el informe. Según los datos oficiales procesados por la UBA y el Conicet, los subsidios energéticos cayeron un 38% en términos reales durante enero y febrero de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. Esta caída se explica principalmente por el diferimiento de pagos a la administradora del mercado eléctrico (Cammesa) y a las empresas productoras de gas, sumado al incremento en el precio estacional que pagan los usuarios finales.

    A pesar de los aumentos, el reporte advierte que la persistencia de la inflación genera una presión constante sobre los costos de los servicios. Además, en el caso de la energía, el costo de producción está dolarizado, lo que implica que cualquier movimiento en la paridad cambiaria se traduce, tarde o temprano, en una mayor necesidad de subsidios o en nuevos ajustes tarifarios para mantener el nivel de cobertura actual.

    Impacto en los ingresos y perspectivas

    El peso de la canasta de servicios públicos sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) o sobre los salarios medios se ha incrementado de manera notable. Mientras que hace un año la canasta representaba un 10,8% en los ingresos de un trabajador formal promedio, hoy esa cifra llega al 12,3%, obligando a las familias a reconfigurar sus patrones de consumo en otros rubros como alimentos o esparcimiento.

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    El estudio del IIEP concluye que la dinámica de precios regulados continuará siendo un factor de presión sobre el índice de precios al consumidor durante el primer semestre de 2026. Con un Estado decidido a alcanzar el equilibrio fiscal, el traslado de los costos de producción a las facturas finales parece ser la herramienta principal, lo que sitúa a los hogares en una situación de vulnerabilidad ante la pérdida de poder adquisitivo frente a las tarifas.

    La canasta de $213.557 se consolida así como un nuevo piso para el gasto fijo de las familias en el AMBA, una cifra que, según las proyecciones de los especialistas, seguirá ajustándose en los próximos meses en función de la evolución de los precios mayoristas y la programación de las audiencias públicas para los servicios de transporte y agua.

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