La crisis que atraviesa el PAMI en Córdoba dejó de ser un conflicto sectorial para convertirse en un problema político de alcance nacional, con repercusiones en la interna del oficialismo y en las relaciones con las provincias. La protesta de jubilados, médicos y farmacéuticos frente a la sede de avenida General Paz, que provocó un corte total del tránsito, puso en evidencia una parálisis que tiene su raíz en la conducción y en el esquema de toma de decisiones del organismo.
En lo local, la conducción formal recae en el director de la delegación, Eduardo Frayre, un perfil técnico con escaso respaldo político propio. Su margen de maniobra está acotado por una estructura vertical donde las decisiones estratégicas se concentran en Buenos Aires. Esa dinámica limita la capacidad de respuesta ante problemas operativos urgentes, como la suspensión de cirugías por falta de insumos o el deterioro de la red de prestadores.
La presencia de Frayre responde además a una ingeniería política articulada con dirigentes del espacio libertario en Córdoba. En ese entramado, el diputado nacional Gabriel Bornoroni surge como el referente político más visible del oficialismo en la provincia, mientras que el ex titular regional Marcos Patiño Brizuela conserva influencia en la estructura interna. La superposición de roles y niveles de decisión termina generando un vacío operativo en la gestión cotidiana.
La centralización se profundizó después del cambio institucional que ubicó al PAMI bajo la órbita del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, lo que reordenó las prioridades del organismo. El control presupuestario asumió una lógica de ajuste fiscal que tensiona la capacidad prestacional. En ese escenario, el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, quedó con menor margen para intervenir directamente en la administración de recursos.
El resultado de esa reconfiguración es un sistema con dificultades para sostener su funcionamiento básico. La deuda con prestadores, que en algunos casos supera los seis meses, derivó en la interrupción de servicios críticos. Clínicas y proveedores dejaron de proveer insumos, lo que afecta cirugías programadas y tratamientos de alta complejidad. La fragmentación de la cadena de pagos, con adelantos parciales y saldos demorados, profundiza el conflicto.
En paralelo, el Gobierno nacional despliega una estrategia discursiva destinada a señalar irregularidades en el sistema de prestadores, con énfasis en auditorías y controles sobre médicos de cabecera. Esa narrativa busca legitimar cambios en el esquema de financiamiento y la revisión de convenios, aunque en la práctica no logra frenar el deterioro de la prestación.
La crisis también tiene una dimensión territorial política. En Córdoba, el recorte afecta al sistema público provincial y municipal, lo que genera presión sobre la gestión del gobernador Martín Llaryora. La derivación de pacientes desde PAMI hacia hospitales públicos eleva la demanda y tensiona la relación entre Nación y Provincia.
Ese efecto colateral tiene consecuencias electorales. Mientras el oficialismo nacional intenta convertir el conflicto en un argumento contra el sistema precedente, en lo local el desgaste puede redistribuirse según la percepción ciudadana sobre quién es responsable de la falta de atención. La disputa política se proyecta hacia el mediano plazo, con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027.
Adentro de la institución, la situación alimenta además un conflicto laboral en crecimiento. La postergación de paritarias, la pérdida del poder adquisitivo y la exposición de empleados a episodios de violencia en la atención al público agravan el malestar. La suspensión de medidas como los retiros voluntarios, en medio del escándalo por falta de pagos, revela la fragilidad de la gestión.
Con más de cinco millones de afiliados en todo el país y un financiamiento que combina aportes de trabajadores activos y jubilados, el PAMI constituye una de las cajas más relevantes del sistema estatal. La tensión entre su condición autárquica y el control centralizado de sus recursos se sitúa hoy en el centro de la crisis.
El conflicto en Córdoba, lejos de ser un episodio aislado, pone en evidencia las limitaciones de un modelo de gestión que prioriza el ajuste fiscal y la conducción política centralizada por encima de la capacidad operativa del organismo. En ese equilibrio inestable, los afiliados quedan atrapados en un sistema que no logra garantizar prestaciones básicas.
