Tras la promulgación de la reforma laboral, numerosos trabajadores quieren saber cómo afectarán las nuevas normas a quienes ya están contratados bajo el régimen anterior. Los cambios en la contratación, los despidos y el registro de personal concentran la mayor atención, porque inciden tanto en la estructura de costos de las empresas como en los derechos ya consolidados de los empleados.
La ley de Modernización Laboral extiende las nuevas pautas a los contratos preexistentes, especialmente en lo relativo a la finalización de la relación laboral. Si bien la regla general prohíbe la retroactividad, en el ámbito laboral existen matices cuando los contratos siguen vigentes y subsisten efectos u obligaciones pendientes de ejecución.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lo sentenció con contundencia: “La reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos”. De este modo, ratificó que los cambios contemplados alcanzarán tanto a los contratos previos como a los que se celebren después de la promulgación de la ley.
Despidos e indemnizaciones
Uno de los principales debates gira en torno a la transformación del régimen indemnizatorio. La ley habilita reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones por fondos de cese laboral o modelos de capitalización, análogos a los del sector de la construcción. Así, para las relaciones laborales vigentes la fecha de entrada en vigor resulta determinante: si la desvinculación ocurre después de la promulgación, el cálculo se realizará conforme a las nuevas reglas.
Abogados laboralistas y previsionalistas advierten que la posibilidad de impugnar la aplicación inmediata de estos cambios es reducida. Su fundamento es que, aunque la relación laboral se hubiera iniciado bajo otra norma, el hecho generador —el despido— acontece ya bajo la nueva normativa. Por lo tanto, los nuevos criterios para calcular indemnizaciones, la eliminación de recargos por empleo no registrado y los topes fijados por la reforma serán aplicables a quienes ya estaban contratados, lo que podría reducir los montos a pagar por la finalización de la relación.
Período de prueba y banco de horas
El texto también amplía el período de prueba, que pasará de tres meses a seis u ocho meses, según el tamaño de cada empresa. En este punto la distinción entre contratos anteriores y posteriores es clara: quienes ya hayan superado el período de prueba mantienen su estabilidad laboral, un derecho adquirido que no puede ser revertido por la reforma sin entrar en conflicto con la Constitución.
La normativa incorpora la figura del “banco de horas”, que permite compensar las horas extra con días libres en lugar de pagos adicionales. Para quienes ya están empleados, la adopción de este sistema dependerá de acuerdos entre empleador y trabajador y no será automática.
En materia de responsabilidad solidaria en esquemas de subcontratación, la normativa restringe la posibilidad de reclamar a la empresa principal a los casos de fraude o negligencia grave. Así, la protección de quienes trabajan para empresas tercerizadas quedará acotada una vez que la ley entre en vigor, sin que importe la antigüedad del vínculo.
Plataformas digitales y registro laboral
La reforma también modifica la situación de quienes trabajan en plataformas digitales de reparto y transporte, excluyéndolos de la Ley de Contrato de Trabajo y reconociéndolos como independientes con un régimen especial. Esto dificultará futuros reclamos por el reconocimiento de una relación de dependencia.
En el terreno de la informalidad, la ley busca promover el registro de trabajadores no declarados, ofreciendo a los empleadores la condonación de deudas y sanciones. No obstante, la regularización se efectuará bajo un esquema que facilita la desvinculación en comparación con el régimen anterior.
En definitiva, la reforma laboral no se limita a las nuevas contrataciones: establece nuevas reglas para la resolución de conflictos, los despidos y la organización de los vínculos laborales, abarcando también relaciones iniciadas en el pasado y ofreciendo un marco más flexible para las empresas.
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