29 Ago, 2026 12:26 p. m. EST
Un nuevo episodio se sumó a la investigación sobre uno de los fraudes más grandes que tuvo lugar dentro del organismo recaudador de Entre Ríos.
Condenada por compensaciones tributarias fraudulentas y ex jefa del Departamento Despacho de ATER, María Estrella Martínez de Yankelevich inició una denuncia penal contra Marcelo Casaretto, quien fuera director ejecutivo del organismo, junto con otros cinco ex funcionarios de su gestión.
Dicha presentación incluyó también a Damián Alcides Zoff, quien dirigía Impuestos; César Del Castillo, a cargo de la Fiscalización Tributaria; Germán Gietz, jefe en Informática; Federico Borra, responsable del área Jurídico; y Manuel Valiero, responsable de Interior.
Lo distintivo es que la denuncia llega de una persona que participó directamente en la causa: ante la Justicia, Martínez de Yankelevich admitió su rol y recibió condena por esos hechos. En este momento argumenta que la operatoria no pudo haber sido culminada solo desde los escalafones administrativos a los que se atribuyó la responsabilidad y vincula la maniobra con la conducción de ATER.
La pesquisa, que abarcó actividades entre los años 2004 y 2014, derivó finalmente en tres voluminosos expedientes. Entre 2004 y 2007, el perjuicio calculado fue de cerca de $8 millones; desde 2008 hasta 2011, alcanzó los $20 millones; y en el periodo 2012-2014 superó los $18 millones.
La suma total, considerando los valores nominales de aquel entonces, ronda los $46 millones. Según una actualización tomada con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y segmentando cada periodo, esa cifra llegaría a $14.700 millones de agosto de 2026, lo que equivale actualmente a unos US$9,7 millones según el tipo de cambio mayorista.
Esta equivalencia responde únicamente a fines comparativos, no representa una actualización ordenada por la Justicia ni implica que Casaretto o los denunciados sean responsabilizados por haberse apropiado de esa suma.
La causa penal se originó en junio de 2014. Fue el propio Casaretto, entonces cabeza de ATER, quien hizo la denuncia inicial, la cual luego se amplió hasta englobar maniobras perpetradas desde 2004.
El dispositivo implicaba incluir datos ficticios en el sistema tributario, que colocaban a determinados contribuyentes como acreedores del Estado por montos inexistentes. Esos créditos simulados se empleaban para pagar deudas tributarias reales, de modo que el efectivo no ingresaba nunca a las cuentas provinciales.
En diciembre de 2017, se definió la situación procesal de 180 personas imputadas. Finalmente, el 21 de agosto de 2026, el juez Alejandro Diego Grippo, miembro del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 6 de Paraná, firmó la sentencia en un juicio abreviado. Entre quienes resultaron condenados se contaron Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión.
Tras conocerse la condena, Martínez de Yankelevich volvió a acudir a la Justicia. Aceptó su participación en los delitos por los que fue previamente juzgada, pero sostiene que la maniobra no resulta plausible de haberse montado apenas desde los escalafones administrativos.
La denuncia sostiene que tanto Casaretto como los otros ex directivos habrían estado al tanto de la adulteración de datos sobre contribuyentes e habrían influido en los procedimientos mediante los cuales las resoluciones y expedientes llegaban al personal que registraba las operaciones.
Martínez de Yankelevich asegura: “jamás” podría haber llevado a cabo las maniobras sin la “aprobación y consentimiento expreso y claro” de Marcelo Casaretto y de las máximas autoridades.
Refiere además que en 2012 un auditor y el director de Interior informaron a Casaretto acerca de movimientos inusuales en cuentas de contribuyentes y que el entonces administrador hizo “caso omiso” a esa observación.
Suma que Casaretto y sus directores tenían en su poder claves de mayor nivel en el sistema informático que les permitían operar sobre cuentas de contribuyentes y manejar compensaciones. Indica también que una pericia informática, según su presentación, habría probado vulnerabilidades en el sistema.
Además, Martínez de Yankelevich solicitó que se investigue tanto su propio patrimonio como el de Gaggión, Casaretto y los cinco ex directores mencionados. También pidió ser citada para ratificar y ampliar su denuncia y exponer qué papel habría jugado cada implicado.
Le corresponde ahora a la Justicia evaluar si existen fundamentos suficientes para avanzar contra los responsables de los niveles jerárquicos superiores en el organismo.
La denuncia contra Casaretto se enmarca en un escenario donde diversas causas penales involucraron a altos dirigentes del peronismo entrerriano en los últimos años.
En el llamado “Megajuicio”, Sergio Urribarri, ex gobernador, recibió en 2022 una condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua, aunque tal sentencia no se considera firme. El Superior Tribunal de Justicia, en enero de 2025, suspendió la prisión preventiva ordenada mientras continuaba la revisión del veredicto.
Por su parte, Adán Bahl, ex vicegobernador e intendente de Paraná, está investigado en la causa “Contratos Truchos II”, que procura establecer cuál fue la responsabilidad de las principales figuras políticas de la Legislatura entrerriana en el sistema de contrataciones entre 2008 y 2018. En 2026 fue convocado para designar abogado defensor y solicitó prestar declaración en el expediente. Hasta hoy no se dictó condena en su contra.
El caso de Edgardo Kueider sobrepasó incluso la frontera nacional. El ex senador fue hallado culpable por la Justicia del Paraguay en julio de 2026; recibió dos años de prisión —con ejecución de la condena suspendida— por tentativa de contrabando, tras ser hallado con más de US$200.000 sin declarar. La resolución fue apelada, permanece en prisión domiciliaria, enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y hay en curso un pedido de extradición a la Argentina.
Gustavo Bordet, mandamás entrerriano entre 2015 y 2023, igualmente es objeto de pesquisas por presunto enriquecimiento ilícito. En mayo reciente, la Justicia revisó bienes en propiedades suyas y tanto él como su esposa entregaron sus teléfonos celulares a la Fiscalía. El expediente sigue abierto y, según el estado procesal disponible públicamente, Bordet aún no cuenta con imputación formal.
En tales circunstancias surge la denuncia hacia Casaretto, quien desempeñó cargos de relevancia bajo diversas gestiones justicialistas y lideró ATER desde 2011 a 2015. La irrupción de una persona condenada dentro del propio caso vuelve a poner en el centro la actuación de los niveles políticos superiores y plantea un interrogante hasta aquí sin respuesta judicial: cuál fue el grado de conocimiento de la cúpula del organismo sobre las maniobras desplegadas en su interior.
Contador público y referente del peronismo de Entre Ríos, Marcelo Casaretto inició su carrera estatal en 1993 como director de Relaciones con las Provincias en el Ministerio de Economía nacional. Desde 1995 ejerció funciones en economía provincial y fue ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos entre 1997 y 1999, bajo el gobierno de Jorge Busti.
Entre los años 1999 y 2003 fue senador provincial por Tala, con la presidencia del bloque del PJ; luego, entre 2003 y 2007 se desempeñó como asesor de la Gobernación y, desde 2007 hasta 2011, como asesor de la Vicegobernación. En la segunda administración de Sergio Urribarri estuvo al frente de ATER entre 2011 y 2015, abarcando parte de la investigación.
Desde 2015 a 2017, bajo la gestión de Gustavo Bordet, se encargó del asesoramiento en asuntos políticos, fiscales y económicos y presidió el IAPV desde 2017 hasta 2019. Posteriormente, fue diputado nacional por el Frente de Todos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.
