Acreedores externos pidieron ante tribunales de Estados Unidos la transferencia de la titularidad de activos comerciales de La Rioja. La demanda apunta a compensar impagos de títulos públicos mediante la ejecución de participaciones estatales en el sector financiero y en la generación de energía renovable.
Un grupo de fondos de inversión, que detenta una porción de la deuda riojana, inició una acción legal en Estados Unidos para intentar obtener el control de las acciones del banco público provincial y de un complejo de energía renovable. La presentación se realizó en Massachusetts y apuntó directamente al capital social de Banco Rioja y del Parque Eólico Arauco (PEA). Los demandantes sostienen que esos activos son bienes comerciales y, por tanto, pueden ser embargados para satisfacer sentencias previas impagas por la administración provincial.
El abogado Dennis Hranitzky representó a este grupo de bonistas, que integró el Comité Ad Hoc de Bonistas de La Rioja. El colectivo controló alrededor del 8,5% de los títulos conocidos como “Bonos Verdes”, con vencimiento original en 2028. La provincia declaró el default sobre esos compromisos en febrero de 2024, cuando dejó de pagar una cuota de capital por 16 millones de dólares. Desde entonces, el distrito acumuló otros cuatro incumplimientos en los pagos semestrales de intereses y capital.
La elección de la justicia de Massachusetts obedeció a una estrategia legal concreta. Los abogados de los acreedores invocaron una cláusula de la normativa de ese estado denominada reach and apply, que les permitió acelerar el cobro mediante la afectación de activos pertenecientes al deudor. Aunque los fallos originales contra la provincia fueron dictados en tribunales de Nueva York, la inscripción de esas sentencias en Massachusetts buscó habilitar la ejecución sobre las acciones de las empresas mencionadas.
En su presentación, los bonistas sostuvieron que la provincia disponía de recursos suficientes para evitar el cese de pagos. El escrito remarcó que la mayor parte de los fondos obtenidos con la emisión de los Bonos Verdes en 2017 se destinó a la construcción de los parques eólicos a través de PEA. Además, recordaron que, antes del default, la provincia vendió una de sus plantas de energía a Pampa Energía por 171 millones de dólares y afirmaron que ningún porcentaje de ese ingreso se aplicó al cumplimiento de las obligaciones con los tenedores de bonos.
La situación fiscal de la jurisdicción mostró signos de deterioro en los últimos períodos informados. Según datos oficiales correspondientes al tercer trimestre de 2025, las cuentas públicas riojanas registraron un déficit financiero equivalente al 0,4% de sus ingresos totales, en contraste con el superávit del 10,7% registrado el año anterior. Ese desequilibrio se produjo aun sin que la administración pagara los intereses de la deuda en moneda extranjera.
El analista Sebastián Maril, de LATAM Advisors, evaluó la evolución del conflicto y los montos en disputa. Al respecto, Maril explicó: “Los fondos acreedores de deuda en default de la Provincia de La Rioja, presentan una demanda con el objetivo de tomar posesión del Banco de La Rioja y del Parque Eólico Arauco. Los fondos son beneficiarios de un fallo que originalmente fue por USD 16 millones que, tras varios defaults, hoy se eleva a USD 75 millones”. Esa diferencia se debe a la acumulación de intereses diarios y a los nuevos vencimientos impagos desde el inicio del proceso judicial.
El origen de la deuda se remontó a 2017. En febrero de ese año la gestión provincial colocó títulos por 200 millones de dólares y, en agosto, realizó una ampliación por otros 100 millones. La tasa inicial se fijó en 9,75% anual. Posteriormente, en 2021, el instrumento fue reestructurado tras el canje de la deuda soberana, con un cupón que bajó al 3,5% y un cronograma de aumentos escalonados que preveía alcanzar 8,5% anual en 2028.
Frente a la nueva embestida en tribunales estadounidenses, el gobierno de Ricardo Quintela sostuvo que la disputa se resolvería únicamente por la vía judicial a través de sus representantes legales. Fuentes de la gobernación indicaron que la provincia siguió buscando una instancia de negociación con los bonistas para reestructurar la deuda. Sobre una eventual venta de las acciones de las empresas públicas, las autoridades aclararon que no existió ninguna operatoria concreta, pese a versiones en medios locales sobre la necesidad de obtener liquidez.
El comunicado de los bonistas incluyó una advertencia para eventuales compradores de activos riojanos: cualquier adquirente potencial de las acciones de Banco Rioja o del Parque Eólico Arauco debe tener en cuenta la existencia de esta moción judicial. Los acreedores sostuvieron que la provincia permaneció en default mientras provincias vecinas cerraron proyectos de inversión extranjera directa y mantuvieron al día sus perfiles de deuda.
La justicia de Nueva York ya dictó fallos favorables a los demandantes el 11 de septiembre de 2024 y el 7 de julio de 2025, reconociendo la validez de los reclamos por pagos omitidos. Al no registrarse movimientos voluntarios de pago por parte del distrito emisor, el grupo representado por el estudio Quinn, Emanuel Urquhart and Sullivan, LLP presentó el pedido de embargo y entrega de acciones. Los demandantes insistieron en que Banco Rioja y Parque Eólico Arauco operan como entidades comerciales y no gozan de inmunidad frente a este tipo de ejecuciones.
La crisis fiscal llevó a la provincia a adoptar medidas excepcionales durante 2024, entre ellas la emisión de una cuasimoneda denominada “Chachos”. Ese contexto de restricciones condicionó la relación con los mercados internacionales. Mientras tanto, los bonistas ratificaron su intención de agotar todos los recursos judiciales disponibles para recuperar el valor de sus créditos. La presentación en Massachusetts constituyó un nuevo paso en la estrategia de los fondos para presionar el cobro de la sentencia neoyorquina mediante la incautación de empresas vinculadas al desarrollo económico y financiero de la provincia.
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