La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia revela algo más que una simple modificación de gabinete: señala el comienzo de una nueva fase del mileísmo, en la que la rosca política comienza a imponerse sobre la épica libertaria inicial. A lo largo de su trayectoria, Javier Milei siguió un patrón recurrente: primero desplazó a sus militantes y comunicadores originales para apoyarse en operadores como Carlos Kikuchi; después relegó al núcleo digital de Santiago Caputo en favor de armadores territoriales como Sebastián Pareja en las listas de las elecciones de medio término; y ahora privilegia a la “familia judicial” por sobre su propio aparato comunicacional.
El Presidente mantiene el discurso incendiario contra “los kukas” para su base, mientras negocia acuerdos en el Parlamento. Esa ambivalencia —gritar contra “la casta” y, a la vez, pactar con ella— fue la que le permitió acumular poder, pero también puede erosionar su credibilidad entre el núcleo duro libertario. Si la contradicción entre relato y práctica se vuelve demasiado evidente, el riesgo es que el mileísmo perciba que su mayor adversario no es sólo el kirchnerismo, sino la distancia entre palabras y hechos y la falta de resultados concretos en la economía.
Con la designación de Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, la geometría del poder dentro del gobierno parece haberse reconfigurado en torno a un esquema más compacto. Karina Milei ocupa ahora el vértice central de esa estructura política. A su costado actúan los Menem y algunos funcionarios cercanos al núcleo presidencial, como Manuel Adorni. Caputo quedó acotado. El desplazamiento de fuerzas dentro del llamado “triángulo de hierro” marca el cierre de una etapa del mileísmo. Comienza la etapa K.
La designación de Mahiques al mando del Ministerio de Justicia, promovida por Santiago Viola, abogado personal de Karina Milei, se impone en detrimento de Mariano Cúneo Libarona y de su segundo en el ministerio, Sebastián Amerio, señalado en el esquema informal de poder del gobierno como el operador judicial de Caputo.
Amerio se enteró de su cesantía en vivo, mientras presidía por Zoom una reunión de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura. A ese trato hacia el sector Caputo se suma otro episodio: durante las transmisiones de la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, la edición audiovisual en vivo, dirigida por gente de Karina, evitó mostrar el palco desde el que seguían la sesión Santiago Caputo y el Gordo Dan.
Paradójicamente, varios analistas interpretaron la confrontación de Milei con el kirchnerismo como un vuelco hacia la estrategia Caputo. Sin embargo, ambas lecturas no son incompatibles. El Gobierno parece haber aprendido a jugar en dos frentes: alimentar a su núcleo duro con un discurso incendiario y polarizante, mientras confía en la rosca política y las negociaciones para obtener resultados concretos en la gestión.
Fue precisamente esa rosca la que le permitió avanzar en el Parlamento con la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, entre otros proyectos. Y la necesitará si pretende reformar la ley electoral, considerada clave para remover las PASO y complicar la unificación opositora.
La jura del nuevo ministro dejó señales palpables de esa reconfiguración del poder. El saludo frío entre Karina y Caputo puso en escena la tensión entre ambos sectores y fue leído dentro del oficialismo como la confirmación de una derrota política para el asesor. Milei, en cambio, saludó a su colaborador con un abrazo prolongado que, al mirarlo con detalle, resultó más frío y forzado que en otras ocasiones.
Desde la óptica estratégica, la dinámica del poder mileísta siempre estuvo marcada por una ambivalencia estructural. Por un lado está el Milei de la confrontación permanente, el de la batalla cultural: entiende la política como un conflicto ideológico total contra el kirchnerismo, el socialismo y lo que denomina “la casta”. Ese costado se expresa con mayor claridad en el dispositivo comunicacional que conduce Caputo, en la lógica de polarización constante y en el ecosistema de militancia digital que amplifica el conflicto. Es el Milei que se dirige a su núcleo duro y construye identidad política a partir del antagonismo.
Pero convive con otra dimensión más clásica y pragmática del poder. Allí aparecen Karina, Martín y Eduardo “Lule” Menem y los armadores territoriales que se ocupan de cerrar acuerdos, ordenar listas, negociar con gobernadores y consolidar una estructura política capaz de sostener al oficialismo en el tiempo. Ese Milei acepta la lógica de la rosca, la acumulación gradual de poder y las transacciones inevitables de la política real. La tensión entre la confrontación ideológica y la negociación pragmática atraviesa toda la experiencia del gobierno libertario y explica muchas de sus decisiones recientes.
Esta pulsación entre dos “almas” del Gobierno ya tuvo varios ciclos en la carrera del Presidente. Milei llegó a la política rodeado por un núcleo reducido de militantes digitales, economistas libertarios y activistas antiestablishment que lo acompañaron desde sus primeras apariciones televisivas. Sin embargo, cuando el proyecto debió convertirse en una estructura electoral competitiva, optó por apoyarse en operadores con experiencia territorial y desplazó a quienes le habían abierto el camino.
En esa etapa se impuso la figura de Kikuchi, que se transformó en el principal armador de La Libertad Avanza en 2021 y 2022. Esa decisión implicó relegar a varios de los primeros militantes libertarios provenientes del activismo mediático y las redes. Al mismo tiempo dejó espacio para Santiago Caputo y nuevas figuras en ascenso, como el Gordo Dan y el canal de streaming “Carajo”.
Tras la asunción, la tensión interna se repitió. El armado territorial del oficialismo gravitó en torno a Pareja, que fue consolidando poder dentro del partido y, en particular, en la provincia de Buenos Aires. Su ascenso se dio en conflicto con el sector comunicacional y digital del mileísmo, vinculado al estratega Caputo y a figuras mediáticas del ecosistema libertario como el streamer Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan.
Ese enfrentamiento quedó cristalizado en las elecciones de medio término. Mientras el núcleo de Caputo buscaba listas que preservaran la identidad original del movimiento, Pareja avanzó con acuerdos con dirigentes territoriales y estructuras políticas tradicionales. La disputa dejó en evidencia la tensión entre el mileísmo militante de redes y el pragmatismo del armado electoral.
La misma lógica se percibe ahora en el reciente cambio en el Ministerio de Justicia. La designación de Mahiques, vinculado a sectores de la llamada “familia judicial” y con lazos históricos con operadores del sistema, se interpretó como un nuevo gesto hacia la política tradicional. El movimiento implicó desplazar del área a funcionarios próximos al sector de Caputo, como el viceministro Amerio, símbolos de la influencia del núcleo estratégico del mileísmo.
En un momento en que el Gobierno enfrenta conflictos judiciales y disputas institucionales, el Presidente volvió a apostar por un perfil con capacidad de interlocución en los tribunales. Así, en cada etapa de su recorrido político —la construcción electoral, el armado territorial y ahora la gestión judicial—, Milei ha mostrado que, cuando está en juego el poder, su opción tiende a favorecer la rosca política por sobre la lealtad al núcleo duro que lo impulsó.
La influencia sobre ese organismo incide directamente en el funcionamiento del sistema judicial. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura participa en decisiones clave sobre jueces y presupuesto del Poder Judicial. Controlar ese espacio implica contar con una herramienta central en la relación entre política y justicia. La nueva conducción del ministerio asumirá ese rol en un momento especialmente sensible por el avance de la investigación por la criptoestafa $Libra y el escándalo en ANDIS, que involucra a Karina.
Según reveló la periodista Irina Hauser, un peritaje sobre dispositivos del trader Mauricio Novelli encontró un acuerdo confidencial que habría firmado Javier Milei con el empresario Hayden Davis para recibir asesoramiento en blockchain, criptomonedas e inteligencia artificial. Ese documento contradice la versión del Presidente, que afirma no haber tenido vínculos con el proyecto $Libra ni conocimiento de la maniobra. Para la periodista, estos elementos refuerzan la hipótesis de que el mandatario estaba “muy empapado” en el tema y que el vínculo entre las partes resulta difícil de negar, lo cual complica la situación del mandatario en la criptoestafa.
La idea de que la designación de Mahiques pueda servir como un mecanismo de blindaje político se apoya en su profunda inserción en el sistema judicial argentino. Mahiques no es un outsider: proviene de una familia con múltiples cargos dentro del Poder Judicial y con vínculos de décadas en tribunales federales y provinciales.
Su padre, Carlos Mahiques, es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los tribunales más influyentes del país, y además fue ministro de Justicia bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal. A ese entramado familiar se suman otros integrantes del clan, como su hermano Ignacio Mahiques, fiscal federal que intervino en causas de alto impacto político, lo que configura una red con presencia en distintos niveles del poder judicial.
En ese marco, su llegada al Ministerio de Justicia podría resultar útil para el Gobierno porque combina dos factores: conocimiento interno del funcionamiento judicial y relaciones personales dentro del sistema. Antes de ser ministro, Mahiques fue representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura y luego fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cargos que le permitieron tejer vínculos con jueces, fiscales y operadores del mundo judicial.
Además, su carrera estuvo vinculada a espacios políticos con capacidad de incidencia institucional, primero durante el gobierno de Mauricio Macri y luego en estructuras ligadas al poder judicial y al Ministerio Público. Ese recorrido lo convierte en una figura capaz de interpretar los tiempos y las lógicas de Comodoro Py, algo valioso para un gobierno que enfrenta potenciales conflictos judiciales o que necesita gestionar nombramientos y vacantes en tribunales.
El Ministerio de Justicia tendrá, además, la responsabilidad de impulsar la designación de cerca de doscientos jueces federales y nacionales. La cobertura de esas vacantes será una de las decisiones institucionales más relevantes de los próximos años. Esos nombramientos pueden condicionar el funcionamiento del sistema judicial durante décadas. Hasta ahora, la administración de Javier Milei no había avanzado en ese proceso.
Sin embargo, el nuevo ministro no está exento de polémicas. Su designación reavivó la controversia por el viaje a Lago Escondido, uno de los episodios más discutidos de su trayectoria. El caso involucró a jueces, empresarios y funcionarios que visitaron la estancia del magnate británico Joe Lewis, presuntamente invitados por directivos del Grupo Clarín. El episodio generó cuestionamientos porque algunos magistrados presentes habían tomado decisiones judiciales favorables a empresas o actores vinculados a ese entorno.
La polémica se intensificó cuando se filtraron chats de un grupo de Telegram integrado por jueces, funcionarios y empresarios que participaron del viaje. En esas conversaciones analizaban cómo reaccionar públicamente ante la revelación y evaluaban estrategias para justificar los gastos del vuelo privado y la estadía. Entre los mensajes apareció un audio de Mahiques en el que sugería “hacer una facturita” para justificar la visita a Lago Escondido.
Viola, segundo de Mahiques y abogado personal de Karina, también arrastra antecedentes comprometidos. Durante la investigación a Cristina Fernández de Kirchner en la causa del juez Sebastián Casanello, conocida como la Ruta del Dinero K, presentó dos testigos que afirmaron haber visto a Casanello en la Quinta de Olivos, con la intención de desplazar al magistrado. Luego se comprobó que se trató de una operación fraudulenta contra el juez.
Otro indicio del viraje hacia una estrategia más política, orientada a achicar frentes de conflicto, es que al asumir Mahiques pidió la renuncia de varios funcionarios políticos del equipo de Cúneo Libarona. Entre los cambios más notorios figura la salida de Daniel Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), quien había ganado visibilidad por la ofensiva del Gobierno contra la AFA y por promover el envío de veedores a la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
Aunque desde la Casa Rosada sostuvieron que la postura oficial hacia la asociación del fútbol no variará, la designación de Mahiques generó interrogantes por sus vínculos previos con dirigentes del fútbol, entre ellos Tapia y Pablo Toviggino, a quienes dijo conocer “socialmente”, aunque negó una relación de amistad. En paralelo, el nuevo ministro anticipó que revisará el expediente que solicitaba el envío de veedores a la AFA antes de definir una postura definitiva.
Esto representa una descompresión del conflicto con “Chiqui” Tapia, que además ganó espacio tras gestionar la vuelta al país del gendarme Nahuel Gallo, entonces preso del chavismo en Venezuela.
El modelo Caputo encarna la pureza ideológica y el ataque permanente, mientras que el ala política, representada por los Menem y Karina Milei, simboliza la negociación y el consenso. El Gobierno optó por una estrategia ambivalente: mantener el discurso incendiario mientras se abren y fortalecen vías de negociación. La crítica del caputismo más puro es que se reincide en un problema clásico de la política: la hipocresía.
Si llega a percibirse que Milei “habla para la tribuna” mientras “negocia con la casta política”, podría iniciarse una etapa de desmoralización entre las filas de su núcleo duro. Al mismo tiempo, la polarización ya es leída por aliados políticos como un rasgo distintivo de Milei que, en definitiva, no resulta determinante por sí solo.
Los insultos y la denostación pública a los “kukas” durante la apertura de sesiones admiten dos lecturas. Para algunos fueron gritos de impotencia ante las crecientes dificultades económicas. Para otros, una estrategia para construir un terreno político, señalando a Cristina como enemiga principal. De ese modo, Milei recuerda a sus seguidores que él es, por ahora, el adversario principal del kirchnerismo y se posiciona al frente del antikirchnerismo, que hoy parece hegemónico en el país.
Ayer, durante una entrevista en La Nación+, Luis Majul le preguntó por la confrontación en el Parlamento, y el Presidente respondió: “El kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina en su historia” Resulta llamativa una declaración tan rotunda, ya que, aunque se pueda ser opositor al kirchnerismo, la dictadura de Jorge Rafael Videla fue indudablemente más gravosa: en ese período se aplicó terrorismo de Estado, se violaron derechos humanos de forma sistemática y desaparecieron 30.000 personas.
Algunas versiones afirman que Milei, en su afán refundacional, estaría preparando indultos para genocidas. Sería un tema extremadamente sensible para la historia política argentina, más aún en el 50° aniversario del golpe militar. La ambivalencia de Milei también responde a la fragilidad de sus puntos de apoyo.
El mileísmo transita un momento de gran fortaleza política, pero enfrenta crecientes dificultades económicas. Esas tensiones afectan su imagen, que ya muestra signos de desgaste en las encuestas, y probablemente han debilitado el liderazgo de Caputo al frente de la comunicación dentro del denominado “triángulo de hierro”.
Por ahora, el Gobierno mantiene el control del dólar, logró abastecerse de reservas y cuenta con el respaldo explícito de Donald Trump. Además conserva la capacidad de instalar temas en la agenda pública. Sin duda, el oficialismo sigue teniendo la iniciativa política.
No obstante, la economía real no presenta resultados equivalentes. En una columna reciente en Cenital, Ernesto Tenembaum y Alfredo Zaiat advierten que la historia argentina registra momentos de aparente hegemonía que luego se diluyeron —gobiernos como los de Carlos Menem, Cristina o Macri en distintos momentos parecían invencibles—. El problema no es la concentración del poder en sí, sino cuánto tiempo puede sostenerse.
Los indicadores económicos empiezan a mostrar tensiones en el programa oficial tras más de dos años de gestión. En ese lapso se perdieron cerca de 300.000 empleos privados registrados, mientras la masa salarial real cayó y la inflación mensual se estancó más cerca del 3 que del 2 por ciento. El esquema antiinflacionario descansó en buena medida sobre el salario como ancla, y el tipo de cambio osciló entre crawling peg, bandas cambiarias impulsadas por el FMI y ajustes atados a la inflación pasada, cada mecanismo generando nuevas expectativas en el mercado.
El dilema es claro: si el Gobierno relaja esas anclas, la inflación puede acelerarse; pero si las endurece, profundiza la recesión, en una economía donde la morosidad crece, el crédito no despega y la rentabilidad financiera sigue siendo más atractiva que la inversión productiva. El respaldo parlamentario que facilitó sus triunfos recientes parece haberse convertido en su nueva base de sustentación.
En este contexto de inestabilidad económica, como en un mar embravecido, el Gobierno se aferra a la balsa que representa la hegemonía lograda en el Parlamento mediante la negociación política. No solo la afinidad une; también lo hace el espanto. La posibilidad de una nueva crisis funciona como pegamento para aliados inconsecuentes que no quieren que todo se desplome o que no perciben una alternativa clara.
El gobierno de Milei parece entrar en una fase en la que la construcción de poder político se vuelve su único punto de apoyo estable. ¿Será suficiente para capear las olas de una economía adversa hasta que soplen vientos favorables? La evolución de esa combinación entre política y economía definirá el futuro del experimento libertario.
Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira
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