Los Mazzacane, los patrones del Turismo Carretera, procesados: el entramado de empresas fantasma para evadir $4.000 millones Hugo y Gastón Mazzacane, presidente y el vicepresidente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC), en problemas.
Empresa fantasma, fideicomiso y un software
Un complejo entramado administrativo y comercial diseñado para eludir cargas impositivas habría permitido a la familia de Hugo y Gastón Mazzacane, presidente y vice de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), evadir el pago de casi $4.000 millones en pocos años.
La Justicia Federal de La Plata logró desentrañar esa estructura, que incluía el traspaso de bienes entre empresas “fantasma”, la creación de un fideicomiso para ocultar el flujo de fondos y el uso de un software destinado a llevar una “contabilidad paralela” de la facturación. Todas estas maniobras orbitaban bajo el paraguas de una firma que lleva el nombre de una reconocida marca de bebidas: Quilmes Tolosa S.A.
La cervecera histórica no tenía participación en estas operaciones. La empresa de los Mazzacane era distribuidora. El esquema, según la investigación, funcionaba como un mecanismo diseñado para eludir compromisos fiscales.
Los Mazzcane, procesados
Cinco integrantes de la familia Mazzacane fueron procesados por el juez Alejo Ramos Padilla por los delitos de evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta, en una investigación iniciada en 2024 que alcanza a varias empresas que integraban un holding familiar.
Hugo Héctor Mazzacane (79) es el presidente de la entidad que organiza uno de los eventos más convocantes del país: las carreras del Turismo Carretera. Su hijo Gastón (50) es vicepresidente de esa entidad y tuvo un paso por la Fórmula 1, sin mayores resultados deportivos. Liliana Mónica Videla (74) es la esposa del jefe del clan y figuró como presidenta de la empresa, además de firmar contratos y actos administrativos.
El otro hijo del matrimonio, Juan Manuel (48), y un sobrino, Marcelo Oscar (50), también están procesados por su presunta participación en parte de las maniobras evasivas.
Según la Justicia, los integrantes de la familia desempeñaban “roles centrales y coordinados” dentro de un entramado societario que funcionaba como un grupo económico-familiar destinado a la evasión tributaria y al vaciamiento de una firma para promover una “insolvencia fiscal fraudulenta”.
Arquitectura empresarial
Dentro de este esquema, la firma insignia Quilmes Tolosa S.A. operaba comercialmente mientras era llevada a una situación de insolvencia para frustrar los cobros de la agencia recaudadora (ARCA).
La arquitectura empresarial y financiera permitió un sistema de simulación de bienes mediante “titularidad fingida”: los camiones e inmuebles necesarios para la actividad comercial de Quilmes Tolosa S.A. se registraban a nombre de otras firmas del grupo (Maverick, MDNAJMM, CEAGA), con el objetivo de evitar embargos.
La firma CEAGA S.A., presidida por Videla, era utilizada como mandataria para realizar pagos a proveedores y salarios, evitando así que el dinero ingresara a las cuentas embargadas de la empresa principal.
Además, se habría diseñado un sistema informático de contabilidad paralela, denominado “Chess/D-Plus”, para registrar ventas en efectivo “en negro” y ocultar hasta el 40% de la facturación real.
El objetivo habría sido colocar a Quilmes Tolosa S.A. en una situación de aparente impotencia patrimonial. Los bienes eran adquiridos con fondos de la empresa, pero registrados a nombre de otras sociedades del grupo, lo que impedía el accionar del fisco sobre la deudora principal. También se detectó una “inactividad bancaria deliberada”: la firma mantenía sus cuentas sin movimiento desde 2014-2015, coincidiendo con el inicio de fiscalizaciones y causas previas.
Asimismo, se creó el fideicomiso Quilbeb Sur para canalizar movimientos por más de $4.400 millones, cuya trazabilidad y origen están bajo investigación por presuntas ventas no declaradas.
De acuerdo con peritos judiciales, el sistema permitía a los imputados mantener el control real de sus negocios mientras exhibían ante el Estado una estructura operativa deliberadamente reducida o sin activos.
A partir de una denuncia de la ex AFIP en noviembre de 2024, sumada a informes, allanamientos e indagatorias, la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, solicitó el procesamiento, que el juez Ramos Padilla dictó el jueves pasado para cinco directivos del grupo y las empresas involucradas, como coautores de evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta. El perjuicio al fisco nacional fue estimado en $3.965.225.508.
Apelación
La decisión fue apelada por los abogados de Mazzacane. El estudio de Alfredo Gascón Coti representa a los empresarios. Allí sostuvieron ante Clarín que “el procesamiento es una exageración, que desconoce la nueva ley de inocencia fiscal y pone en riesgo la continuidad empresarial. Además, estando en trámite el pago de regularizaciones aceptadas por ARCA, no hay elementos para suponer delito alguno”.
En el dictamen, la Justicia dictó la falta de mérito para algunos de los montos de evasión simple (como los de Liliana Videla, Eduardo Gómez y Juan Manuel Mazzacane como contribuyentes individuales), ya que tras la reforma de la Ley 27.799 no alcanzaban el nuevo umbral mínimo de $100 millones para ser considerados delito.
Fuentes judiciales indicaron que no se solicitarán detenciones, ya que no existen riesgos procesales y las penas previstas no contemplan esa medida. Además, señalaron que los imputados respondieron a todas las requisitorias del juzgado.
