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  • Sin subsidios, el boleto mínimo del colectivo llegaría a $1.500, calculan empresarios del sector (AAETA)

    Sin subsidios, el boleto mínimo del colectivo llegaría a $1.500, calculan empresarios del sector (AAETA)

    El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está en proceso de reconfiguración, afectado por variaciones en los costos, en la demanda y en el rol del Estado como financiador. En ese escenario, el sector empresario presentó estimaciones sobre el valor del servicio sin asistencia pública.

    En una entrevista en Infobae en Vivo, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, planteó que si se eliminaran completamente los subsidios, el boleto mínimo de colectivo se ubicaría en torno a los $1.500, en base al nivel actual de costos. Actualmente, el valor se ubica en 700 pesos.

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    “Si sacáramos todos los subsidios, el día de mañana el Estado diciendo que no hay más subsidios, el boleto mínimo se iría a $1.500 con el mismo sistema de transporte que tenés hoy”, sostuvo. Según detalló, ese valor surge de la suma entre lo que hoy pagan los usuarios y los aportes estatales.

    En ese sentido, explicó que actualmente el sistema percibe alrededor de $1.500 por pasajero, de los cuales un 37% corresponde a la tarifa y el resto a subsidios. En ese marco, indicó que la eliminación de la asistencia implicaría trasladar ese costo total al precio del boleto.

    Fusaro aclaró que ese nivel tarifario no implicaría una mejora en la calidad del servicio. Por el contrario, remarcó que corresponde al esquema actual, que presenta limitaciones en la oferta. “Es el que tenés ahora”, señaló, al describir el funcionamiento vigente.

    Además, el dirigente planteó que un esquema con mayor cobertura y frecuencia tendría un costo mucho más alto. Al comparar la situación vigente con la de años anteriores, sostuvo que recuperar un sistema similar al de hace una década —con más unidades en circulación y una oferta ampliada— exigirá un boleto mínimo cercano a los $2.000 en un escenario sin subsidios. “Nos obligaría a tener un boleto mínimo de dos mil pesos”, explicó, al referirse a un modelo con más kilómetros recorridos y presencia en franjas donde hoy la prestación se redujo, como la noche.

    Durante la entrevista, repasó la evolución del sistema en los últimos años y atribuyó la situación actual a varios factores, entre ellos el congelamiento tarifario prolongado y la caída de pasajeros durante la pandemia.

    En ese periodo, los colectivos circularon con baja ocupación por las restricciones sanitarias, mientras el boleto permaneció sin cambios. Esa combinación empujó el aumento de los subsidios para cubrir costos operativos, como salarios y combustible.

    Posteriormente se abrió un proceso de ajuste que redujo los subsidios y generó aumentos tarifarios. Sin embargo, Fusaro explicó que esos incrementos no alcanzaron para compensar totalmente la caída de los aportes estatales. “Se retiró más subsidio de lo que se agregó tarifa”, afirmó.

    Como consecuencia, la composición de los ingresos del sector cambió: si antes los subsidios representaban la mayor parte de los recursos, hoy la tarifa ganó participación sin revertir la caída real en los ingresos.

    Caída de pasajeros

    Ese escenario también se reflejó en la cantidad de pasajeros transportados. Según indicó, en la actualidad se registran alrededor de 8,5 millones y medio de viajes diarios, frente a los 9,5 millones que se observaban un año antes, lo que implica una reducción de aproximadamente un millón de pasajeros por día hábil.

    A lo largo de la última década la caída fue aún más pronunciada: Fusaro estimó que el sistema transporta un tercio menos de pasajeros que hace diez años, en un contexto de cambios en los patrones de movilidad y en la actividad económica.

    La menor demanda se combinó con una disminución de unidades en circulación. Hace tres años el sistema contaba con 18.300 colectivos, mientras que hoy la cifra no llega a 17.000, lo que representa la salida de más de 1.300 unidades.

    En paralelo, advirtió sobre el envejecimiento de la flota: cerca de un tercio de los colectivos supera los diez años de antigüedad, un límite que, según la normativa vigente, no debería superarse, pero que se mantuvo mediante prórrogas.

    Fusaro explicó que las empresas tienen dificultades para renovar unidades por la falta de recursos y que, en muchos casos, han tenido que recurrir a su propio capital para sostener la operación. “Se están comiendo el capital”, afirmó.

    Ese proceso también impactó en la prestación: uno de los cambios más visibles fue la reducción de frecuencias, sobre todo en horario nocturno, dado que las empresas ajustaron la oferta en función de la demanda para optimizar recursos.

    El sistema de subsidios también cambió su forma de asignación: desde octubre de 2024, los aportes se empezaron a distribuir según la cantidad de pasajeros transportados, en lugar de basarse en los kilómetros recorridos o en la cantidad de unidades en circulación, con el objetivo de evitar distorsiones operativas.

    Baja rentabilidad

    Fusaro señaló que el sector atraviesa un ajuste que también impacta en la estructura empresarial. “A nivel sistema no se gana plata”, sostuvo. Aclaró que hay empresas con situaciones particulares según su escala o grado de integración, pero que, en conjunto, el sector enfrenta dificultades para sostener la operación en las condiciones actuales.

    Mencionó además casos de empresas que dejaron de operar, lo que obligó a reasignar líneas: las autoridades convocaron a otras compañías para hacerse cargo de esos servicios, en algunos casos con condiciones vinculadas a la absorción de personal o deudas.

    En ese marco describió un proceso de reducción progresiva del sistema y advirtió que la cantidad de unidades podría seguir cayendo en los próximos años, en línea con la menor demanda y las dificultades para renovar la flota.

    Asimismo, indicó que el esquema vigente genera restricciones en franjas horarias y zonas específicas: en particular, la disminución de servicios nocturnos y la aparición de alternativas de transporte fuera del sistema formal.

    En materia de financiamiento, Fusaro afirmó que el sector considera necesario mantener algún nivel de subsidios, aunque con cambios en su diseño. Propuso avanzar hacia un esquema en que la asistencia se dirija directamente a los usuarios, en lugar de canalizarse por las empresas, lo que permitiría establecer distintos niveles de cobertura según las características de los pasajeros.

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    Mirá la entrevista completa a Luciano Fusaro

    El presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor analizó en detalle la profunda crisis que atraviesa el transporte en el AMBA. Explica cómo la combinación de tarifas congeladas, la caída de pasajeros y el ajuste en los subsidios ha llevado a una situación de desfinanciamiento y deterioro del servicio

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  • Crecimiento de apps sumó miles de choferes, pero la actividad dejó de ser rentable y piden regulación

    Crecimiento de apps sumó miles de choferes, pero la actividad dejó de ser rentable y piden regulación

    El auge de las apps de transporte en Argentina incorporó 500.000 choferes activos, aunque los ingresos y la rentabilidad se desplomaron

    El crecimiento de las aplicaciones de transporte alteró el mercado laboral en Argentina. Hoy, quienes tienen empleo registrado suelen buscar ingresos extra mediante plataformas de traslado, mientras que otros dependen exclusivamente de esos servicios para subsistir. Pablo León, presidente de la Asociación de Choferes de Aplicación, señaló a Infobae en Vivo que unos 500.000 conductores están activos en todo el país, entre quienes se dedican de manera exclusiva y quienes lo hacen como actividad complementaria.

    Según León, ese crecimiento no se traduce en mejores condiciones: “Esta es una actividad que ya lleva diez años en el país y ha tenido un crecimiento orgánico, primero en las sombras y después, en los últimos años, de manera exponencial”.

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    El titular de la Asociación de Choferes subrayó que, en la práctica, “la mayoría de las personas que hacen esta actividad no generan ingresos que permitan ser algo rentable. Lo hacen por una cuestión de flujo de dinero para el día a día y aceptan esas condiciones con la expectativa de que en algún momento no dependan de esto”. El perfil de los conductores es diverso, aunque predomina la entrada al sector por la imposibilidad de sostenerse únicamente con el ingreso principal.

    El ingreso por viajes y el impacto de los costos operativos

    León puntualizó que los ingresos diarios varían según la región, pero en la ciudad de Buenos Aires, “hoy un promedio ronda los diez mil a doce mil pesos por hora de facturación”. Al proyectar jornadas largas, un conductor que hace alrededor de cincuenta horas semanales puede alcanzar “$2.500.000 de facturación mensual”. No obstante, esa cifra no representa lo disponible, ya que debe descontarse combustible y mantenimiento.

    Sobre la conformación de los gastos, León indicó: “El gasto de combustible representa cerca del 30% del costo operativo. A eso se suman otros gastos de la unidad. Los que alquilan autos pagan entre $350 y $400 semanales, más el combustible, y llegan a tener un gasto de hasta $2.000.000 por mes solo en alquiler”.

    La presión de costos fijos como el alquiler pesa especialmente sobre quienes no poseen vehículo propio y deben asegurar una cantidad mínima de viajes diarios para cubrir gastos y obtener algún margen.

    Reducción de la rentabilidad y variaciones tarifarias

    La rentabilidad de los conductores cayó en los últimos dos años: “Bajaron las tarifas, lo que nos pagaban por cada viaje o por cada kilómetro recorrido, lo han reducido directamente. Por ejemplo, para hacer cinco kilómetros con un viaje, más ir a buscar al pasajero, el pago es de $2800. Hace poco implementaron una prueba con tarifas de $2.000 para recorridos de hasta dos kilómetros”.

    El exceso de oferta es uno de los motivos principales del descenso de ingresos. León lo definió así: “La sobresaturación de choferes hace que busquen el mejor número y vayan probando para bajar las tarifas continuamente”. Además, las aplicaciones emplean algoritmos que miden la disposición de los conductores a aceptar distintos precios y recorridos.

    Comparando precios entre años, Pablo León ejemplificó: “Por ejemplo, un viaje desde La Plata a Aeroparque hoy se paga alrededor de $20.000 a $23.000, cuando antes estaba en $30.000”. León añadió: “Antes, la economía de los conductores se basaba en sumar lo que generaban más lo que pagaban por dinámica. Hoy esa dinámica se está perdiendo y eso hace que el ingreso nominal baje continuamente”.

    Al mismo tiempo descartó que la caída tarifaria responda a una baja en la demanda. “Cada vez hay más usuarios, porque los precios para los pasajeros casi se igualan con el transporte público. Lo que más afecta es la sobreoferta de autos”.

    El rol de las comisiones y la falta de regulación

    Las comisiones que aplican las plataformas acentúan la presión sobre los conductores: “Hoy las comisiones van del 25% al 50%, y el algoritmo cobra según el pasajero. Si el pasajero solo pide el auto y no revisa el costo, puede pagar comisiones más altas. Todo eso lo mide la aplicación”.

    León aclaró que no existe posibilidad de negociación directa con las empresas: “Por eso creamos la agrupación en agosto del año pasado, porque no tenemos ningún tipo de representación. La idea es generar un canal de diálogo con las empresas y el gobierno, para buscar un marco regulatorio para la actividad”.

    Sobre la formación, señaló que ingresar a trabajar como chofer es “engañosamente fácil”. “Los filtros están muy bajos y no hay una capacitación. Al principio, la mayoría de la gente entra sin saber, hasta que aprende o se va porque no le sirve”, afirma.

    Deterioro del servicio y perspectivas del sector

    Para el titular de la asociación, la situación tiene tendencia a agravarse. “La situación económica del país y la competencia entre empresas hace que bajen el precio del viaje, pero no mejoren el servicio”. Ese deterioro se refleja en decisiones cotidianas: “Un chofer ya no prende el aire acondicionado porque gasta un 30% más. O si tiene un auto antiguo, no lo cambia porque factura lo mismo que uno nuevo”.

    La Asociación de Choferes de Aplicación impulsa abrir el debate sobre la regulación. León concluyó: “Queremos un canal de diálogo. No decimos que todo debe manejarlo el Estado, pero hace falta un marco mínimo de reglas para que la actividad se desarrolle. Cualquiera puede sacar un auto y empezar mañana, pero no hay ningún tipo de control. Tiene que haber algún tipo de regulación”.

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  • Federico Poli advierte que la Argentina enfrenta una acelerada desindustrialización con cierres y despidos

    Federico Poli advierte que la Argentina enfrenta una acelerada desindustrialización con cierres y despidos

    La industria argentina atraviesa una etapa crítica. Cierres de fábricas, reducción de planteles y suspensiones de actividades en empresas de distintos rubros configuran un fuerte retroceso de la actividad manufacturera. Este proceso se produce en un marco donde las políticas económicas, el atraso cambiario, la falta de crédito y la apertura comercial juegan un papel decisivo.

    En ese contexto, el economista Federico Poli, director de la consultora Sistémica, advirtió que Argentina vive un proceso de acelerada desindustrialización que afecta a empresas de todos los sectores y tamaños.

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    Según dijo en una entrevista en Infobae en Vivo, la situación no responde únicamente a factores sectoriales o puntuales de gestión empresarial, sino que corresponde a un fenómeno generalizado. “Publicamos en diciembre y actualizamos un cuadro con empresas que se achicaron o que cerraron o que están suspendiendo gente. La verdad es que atraviesa a todo el conjunto de los sectores industriales”, afirmó el especialista. La consultora recopiló datos de despidos que alcanzan a cientos de trabajadores en empresas textiles, automotrices, de autopartes, materiales de construcción, lácteos, alimentos y otras ramas productivas.

    “No hay un problema sectorial ni microeconómico aislado; cuando mirás el conjunto y la cantidad de gente que queda en la calle, el fenómeno es mucho más amplio”, detalló Poli. El economista subrayó que los datos oficiales suelen homogeneizar situaciones muy disímiles, ya que cuentan de la misma manera la apertura de una pequeña empresa de dos empleados y el cierre de una planta que emplea a centenares. Para el director de Sistémica, esa forma de medir “compara peras con manzanas” y oculta el impacto real sobre el empleo.

    Según Poli, la explicación de este fenómeno está en la política macroeconómica vigente, que incorpora un esquema de anclaje cambiario como herramienta antiinflacionaria. Al respecto señaló: “La Argentina conoce las consecuencias de esos esquemas: Martínez de Hoz con la tablita, Domingo Cavallo con la convertibilidad en los ´90 y la primera etapa de Mauricio Macri con el inflation targeting del Banco Central”.

    El impacto de China

    A diferencia de episodios previos de apertura comercial, Poli enfatizó que el escenario actual se agrava por la presencia de China como actor dominante en el comercio mundial y por la tendencia internacional hacia el cierre de mercados. “Hoy la apertura con un tipo de cambio bajo se hace en un mundo que se está cerrando y con la emergencia de un jugador como China, que no existía antes. Ni Estados Unidos, ni Europa, ni Japón tenían la escala, los subsidios ni el capitalismo de Estado planificado y exitoso que tiene China, con salarios bajos y una moneda depreciada”, puntualizó.

    El economista describió que el ingreso masivo de importaciones se produce en un contexto de mercado interno deprimido, atraso cambiario, falta de crédito y tasas de interés muy altas para la actividad productiva. “Aumentaste 53% las cantidades importadas del año pasado a este en un mercado achatado, con atraso cambiario y sin crédito. Para capital de trabajo, el crédito no existe y para bienes de capital, menos”, sostuvo. También cuestionó la naturalización de la ausencia de herramientas de financiamiento para la industria.

    Poli sostuvo que el Gobierno actual prioriza la baja de la inflación y utiliza el anclaje cambiario como instrumento, lo que facilita la importación de productos a precios locales muy bajos. No obstante, advirtió que esa estrategia erosiona la competitividad de la industria nacional. “El atraso cambiario funciona como un impuesto a las exportaciones y un subsidio a las importaciones. Nosotros estamos subsidiando las importaciones”, explicó.

    El director de Sistémica vinculó la política económica con un intento de reconfigurar la matriz productiva, orientada hacia sectores como Vaca Muerta, la minería, el agro y ciertos servicios transables, con la expectativa de un nuevo ciclo exportador. Sin embargo, señaló que ramas como el textil, el calzado, la metalmecánica, los electrodomésticos y los materiales de construcción quedan fuera de esa estrategia. “No es deseable que la Argentina resigne su diversificación productiva ni su acumulación de capital de tanto tiempo y su tradición industrial en pos de una promesa ilusoria”, opinó.

    Al comparar con otros países de la región, Poli observó que modelos como el de México se apoyan en la maquila y la integración con el mercado estadounidense, mientras que Brasil mantiene una política comercial más próxima a la argentina en el marco del Mercosur. “Destruir es muy fácil, construir lleva mucho tiempo y es muy complejo”, afirmó.

    Para el economista, la crisis industrial no es el resultado de ineficiencias abstractas, sino de la confluencia de apertura comercial acelerada, atraso cambiario y tasas que resultan insostenibles para producir. “Se están cerrando muchas plantas en sectores industriales diversos. Hay inversiones en capacidades empresariales y formación de recursos humanos que se pierden cuando una planta deja de ser viable por las condiciones macroeconómicas. No es porque sean ineficientes en abstracto”, advirtió.

    Políticas para la reconversión

    Poli también destacó la falta de instrumentos para la reconversión de empresas y trabajadores. “No hay ningún instrumento para la reconversión, empezando por el crédito, pero siguiendo por la posibilidad de que los trabajadores que quedan desocupados puedan reciclarse o capacitarse, que pueda haber un seguro de desempleo”, señaló.

    Durante el diálogo, resaltó la ausencia de debate y de consulta a los sectores productivos en la definición de políticas económicas. “La Argentina cerró un acuerdo con una de las dos potencias mundiales y no consultó al sector productivo. No podés despreciar el conocimiento específico que tienen los empresarios en los sectores. Es información muy valiosa para negociar aperturas de mercado y facilidades”, apuntó.

    El economista insistió en que la relación comercial con China exige un tratamiento diferenciado respecto de otros socios. “No podés tratar igual las importaciones provenientes de Europa o Estados Unidos con las de China. No lo está haciendo ningún país en el mundo”, resaltó.

    Consultado sobre eventuales cambios de rumbo, Poli afirmó que la política de anclar el tipo de cambio ha sido recurrente en gobiernos de diferentes signos. “El atraso cambiario es la política de Estado de la Argentina. Gobiernos liberales, gobiernos populistas, todos se enamoran del atraso cambiario y eso explica los problemas históricos de la industria”, comentó.

    En cuanto a medidas concretas, el director de Sistémica propuso liberalizar el mercado cambiario, acumular reservas y mejorar el acceso al crédito productivo. “El Gobierno ha hecho mucho en materia fiscal y monetaria, y eso es importante para poder avanzar hacia un mercado libre para la fijación del tipo de cambio. También es necesario acumular reservas para pagar los intereses de la deuda y para tener reservas en el Banco Central”, precisó.

    El informe de Sistémica busca alertar sobre la desindustrialización y poner el foco en su impacto sobre el empleo y la estructura productiva. “Todavía estamos a tiempo”, expresó el economista, que reclamó un debate abierto con los sectores afectados y una revisión de las políticas vigentes.

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    El economista de la consultora Sistémica describió el alarmante panorama marcado por cierres, suspensiones y despidos, y explicó cómo el actual esquema macroeconómico y la apertura comercial están afectando negativamente al sector.

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  • Superávit energético amortigua la crisis, pero el invierno obligará a importar hasta 20 barcos de GNL

    Superávit energético amortigua la crisis, pero el invierno obligará a importar hasta 20 barcos de GNL

    El superávit energético en Argentina atenúa la vulnerabilidad externa frente al aumento del precio internacional del petróleo

    El mercado energético argentino encara el alza internacional del petróleo y un escenario mundial convulso con una fortaleza poco habitual, sustentada por un superávit que limita el efecto de las crisis externas. Según explicó el especialista y presidente de SAESA, Juan Bosch, en Infobae en Vivo A las Nueve, la solidez actual del mercado se traduce en una menor exposición a la volatilidad global, aunque la llegada del invierno exigirá una logística mayor y elevará costos por la importación de gas natural licuado.

    “Esto nos encuentra con una Argentina más robusta en términos energéticos. Si esto nos hubiera pasado hace unos años, nos encontraba con un déficit de siete mil o más millones de dólares por año en energético, y esta volatilidad nos hubiera pegado mucho más fuerte. Hoy nos encuentra con un superávit superior a siete mil millones de dólares, entonces es mucho menor el impacto que puede tener esta crisis en las cuentas argentinas”.

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    El especialista destacó que, por un lado, los números podrían incluso mejorar: “un mayor precio de petróleo nos permite mayor superávit aún”. Bosch apuntó que el petróleo explica en buena medida el superávit. Y, por otro lado, advirtió que “tenemos que comprar ese GNL en las, en el pico de la demanda de invierno, hacia junio, julio, unos veinte barcos aproximadamente, y eso es probable que nos salga más caro que años anteriores”.

    Estrategia de compra de GNL para el invierno y su impacto en la industria

    Bosch analizó la logística necesaria para abastecer gas en los meses de mayor consumo: “Si fueran veinte los barcos, que de eso se habla, cada barco, es el equivalente a 70 millones de metros cúbicos, que es la mitad de lo que produce en promedio en un día la industria argentina de gas natural. Entonces, si son veinte barcos, estaríamos importando la producción de diez días de Argentina concentrada en el pico de invierno”.

    El presidente de SAESA explicó que la intención del Gobierno “es que lo compren los privados, no solo que lo importe un privado, sino que lo compren a este GNL, grandes consumidores y generadores de energía privados”. Sobre el funcionamiento del sistema, precisó que la red sigue siendo la misma: “Es de uso público, entonces este GNL va a entrar por el mismo ducto de siempre, a la misma red de siempre. El tema es a quién le asigno este gas importado”.

    Consultado sobre la posibilidad de cortes en el suministro, Bosch aclaró que no debería ocurrir debido a que el proceso de reconexión de gas es complejo.

    Diversidad de proveedores, contratos e impacto en precios

    Sobre el mercado de proveedores, Bosch señaló que hay muchos productores de gas: “Por primera vez, en Argentina, estos productores tienen realidades muy diferentes. Dentro de los productores ya tenés una diversidad de opciones. Y además de los productores hay comercializadores. Hay más de cien comercializadores que compran el gas y después lo venden a industrias. Entonces, no hay un mercado cartelizado, hay un mercado bastante líquido, bastante ofertado, con muchas opciones”.

    Comparó además el contexto argentino con el de otros países de la región: Brasil, por ejemplo, no dispone de suministro propio de gas. “Europa está viendo precios de gas que han disparado muchísimo. Entonces, es un desafío, pero de nuevo, seamos conscientes que partimos de una base donde Argentina es superavitaria y donde tiene un gas abundante y muy competitivo que se estresa en el pico de invierno”, afirmó.

    Sobre la exportación e importación simultánea de gas, precisó que Argentina cuenta con una escala reducida de GNL: “Hay una empresa tecnológica argentina que ya produce GNL y se la provee a una central térmica ubicada en en el país”, explicó.

    Además recordó que “hay un gran proyecto que es de exportar GNL al mundo. Ese va a entrar en producción en 2028 y años siguientes. Aun cuando estemos exportando GNL desde la zona de Chubut hacia el mundo, igual, como el centro de nuestra demanda, la parte más importante de la demanda está entre Buenos Aires y Córdoba, llamémosle, va a haber cuellos de invierno donde vos vas a necesitar inyectarle algo de GNL, que puede venir de Argentina o de otro lugar, en esos días específicos”.

    Variación de precios y regulación estatal

    Acerca de la diferencia de precios, Bosch señaló: “Hoy en Argentina estamos en un gas de entre 2 dólares y medio y 3 dólares y medio, según cuenca, productor, distintos tipos de contrato, pero más o menos estamos en ese orden de magnitud. Y se mide en dólares por millón de BTU. El GNL que importamos solía rondar entre 12 y 16 dólares el millón de BTU. Antes del conflicto, y estoy hablando incluso de los años anteriores”

    Respecto de la política regulatoria, el experto aclaró: “Es una decisión de política regulatoria y es una decisión que el gobierno ha tomado, veremos cómo sigue esta historia, de que sean los compradores privados”. Añadió: “En la regulación actual, eso es lo que está buscando el gobierno. Es la primera puesta a prueba y vamos a ver cómo funciona esta primera prueba en este mercado volátil y convulso que estamos viviendo”.

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