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  • La Justicia argentina suma una nueva dilación en torno a Edgardo Kueider: el juicio contra su banda pasará a Comodoro Py

    La Justicia argentina suma una nueva dilación en torno a Edgardo Kueider: el juicio contra su banda pasará a Comodoro Py

    El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) de San Martín resolvió este jueves declinar su competencia en el caso contra quienes integraban el grupo que colaboró con Edgardo Kueider en las presuntas maniobras delictivas por las que es investigado. En el mismo acto, decidió remitirlo a la Justicia Federal en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires. Este giro beneficia a los acusados, quienes ganan tiempo para enfrentar el juicio.

    La decisión se tomó por dos razones centrales. La primera fue que los hechos ventilados en las actuaciones se habrían cometido en Paraná, Concordia, CABA, Quilmes y Berazategui. “Es decir, ninguno en esta jurisdicción”, alegó el TOF 5. El cuerpo lo componen los jueces Javier Arzubi Calvo; Esteban Rodríguez Eggers y Juan Manuel Gaset Maisonave.

    En relación con este punto está la segunda razón: Buenos Aires sería el núcleo de la organización, así como de las condiciones que sustentan el agravamiento de cargos y los efectos jurídicos de las maniobras realizadas.

    Los socios y colaboradores del ex senador enfrentan cargos de lavado de activos, falsificación de balances y adulteración de documentos públicos. Todos estos delitos están relacionados con las maniobras que, para la Justicia, habría realizado Kueider a fin de ocultar su incremento patrimonial por encima de sus posibilidades.

    A comienzos de año, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y la jueza en lo Correccional y Criminal Sandra Arroyo Salgado recortaron esta parte de la investigación y la elevaron a juicio.

    Edgardo Kueider permanece detenido en Paraguay

    El acusador público y la magistrada iban a sentar en el banquillo a:

    1. Dos de sus supuestos testaferros de Kueider: Daniel González, alias “Gonzalito” o “Pajarito”, y Javier Rubel, primo del exsenador y albañil de profesión. Ambos fueron presidentes de Betail SA.
    2. José Carlos Noguera. Es el contador porteño cuyo estudio, según subrayó Arroyo Salgado, habría sido el “epicentro de la operatoria delictiva”. También está comprometida su esposa, Gabriela Patricia Saint Pierre.
    3. A ellos se suman Débora Ferreyra, empleada del estudio de Noguera, y Adriana Crucitta, pareja de “Gonzalito”.
    4. La imputación alcanza a cinco sociedades comerciales: Lectus SA, Felsir Biotecnológica SRL, Vijusa SA, Nopor Service SA y Vía SNP Logística.

    El ex legislador entrerriano y su pareja, Iara Guinsel, permanecieron al margen. Ambos están detenidos en Paraguay. Su extradición no se dará hasta que termine de ajustar cuentas con la Justicia del país vecino.

    Arroyo Salgado inició la pesquisa contra Kueider como desprendimiento del caso “Securitas”. En este otro expediente, se investiga el presunto pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada a funcionarios públicos. El objetivo era quedarse con los contratos de vigilancia. La maniobra habría incluido a Enersa, la distribuidora eléctrica estatal entrerriana. Kueider representaba las acciones del Estado en esa firma cuando era secretario General de la Gobernación (2015/2019).

    En “Securitas” hay un mensaje de uno de los empresarios involucrados que menciona al ex senador como un contacto clave para la maniobra. Con ese elemento, más una denuncia que se presentó en su Juzgado con datos de la declaración jurada de Kueider revelados por “El Disenso”, Arroyo Salgado armó el nuevo expediente.

    Jorge González junto al ex gobernador Gustavo Bordet.

    Este trámite avanzó y llegó a la instancia de elevación a juicio que ahora quedó en suspenso hasta que se defina un nuevo tribunal. En paralelo, la Corte Suprema avaló que tanto Arroyo Salgado como la Justicia de Entre Ríos continúen investigando a Kueider.

    El TOF 5 de San Martín tomó el criterio que el fiscal Domínguez siguió para definir el objeto de juicio en el dictamen de elevación a esa etapa.

    En ese sentido, concluyó que no se identificó un solo acto desplegado por los acusados en la jurisdicción de San Martín. Por el contrario: todo giraría en Buenos Aires.

    Como sustento, detalló:

    1. Las operaciones inmobiliarias se realizaron en Paraná. Los departamentos que Kueider adquirió y puso a nombre de la firma Betail SA están en la capital entrerriana. Asimismo, los testimonios de los dueños de la desarrolladora inmobiliaria acreditan que la negociación y la entrega del efectivo se concretaron en esa ciudad.
    2. El “ardid” ante la AFIP (hoy ARCA) a fin de ocultar el crecimiento patrimonial y dibujar balances de las empresas usadas como mascarada se concretaron en un estudio contable de Quilmes.
    3. Betail, la firma que Arroyo Salgado y Domínguez catalogaron como una “fachada” de Kueider para disimular su enriquecimiento, tiene sede en CABA. Los movimientos del directorio, que involucran a varios acusados en el caso, se inscribieron en la Inspección General de Justicia de Buenos Aires.
    4. La colocación y puesta en circulación de fondos que la Justicia sospecha tienen un origen espurio se concretó a través de la sucursal Quilmes del Banco Supervielle.
    5. La Justicia también sospecha que la compra de la camioneta Chevrolet Trailblazer a nombre de uno de los socios de Kueider sirvió a su vez para lavar dinero. La adquisición se hizo en la agencia Rudas de Concordia. Pero el registro se concretó en CABA.

    “Los hechos ventilados en estas actuaciones se habrían cometido en Paraná, Concordia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Quilmes y Berazategui. Es decir: ninguno en esta jurisdicción”, evaluó el TOF 5.

    Luego, completó: “Según el acusador público, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituía el centro de operaciones de la organización, ya que allí se localizaba la estructura desde donde se impartían las directivas que luego se ejecutaban en Quilmes, Paraná o ante la IGJ”. Más adelante, remarcó: “No hay dudas de que el mayor número de pruebas se recabó en el ámbito capitalino”.

    Por otro lado, señala que, a esta altura, no se registra la conectividad subjetiva entre el caso “Securitas” y la investigación sobre Kueider, ya que los imputados en un expediente no figuran en el otro y viceversa. El ex senador sería el nexo, pero al estar en Paraguay aun no pudo ser indagado ni imputado en ninguna de las causas.

    El TOF 5 de San Martín cambió su integración en junio. Luego de los acuerdos dados por el Senado, ingresaron Gaset Maisonave y Arzubi Calvo. Rodríguez Eggers viene de antes.

  • Una condenada por un fraude millonario al Estado denunció a un histórico dirigente del PJ

    Una condenada por un fraude millonario al Estado denunció a un histórico dirigente del PJ


    La causa por las compensaciones impositivas fraudulentas dentro de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), que investigó maniobras de corrupción realizadas durante una década, abrió un nuevo frente judicial. Una de las ex funcionarias condenadas por el fraude denunció penalmente al ex titular del organismo Marcelo Casaretto y a cinco integrantes de la conducción que lo acompañaron durante su gestión.

    La presentación fue realizada por María Estrella Martínez de Yankelevich, ex jefa del Departamento Despacho de ATER, quien el 21 de agosto pasado admitió su responsabilidad en los hechos y fue condenada en un juicio abreviado. Ahora, la ex funcionaria sostiene que las operaciones por las que fue responsabilizada no podrían haberse realizado sin conocimiento y autorización de los niveles superiores del organismo.

    Además de Casaretto -dirigente del PJ provincial y ex diputado nacional-, la denuncia alcanza a Damián Alcides Zoff, ex director de Impuestos; César Del Castillo, ex director de Fiscalización Tributaria; Germán Gietz, ex director de Informática; Federico Borra, ex director Jurídico; y Manuel Valiero, ex director de Interior.

    El planteo de Martínez de Yankelevich introduce así un nuevo interrogante en un expediente que hasta ahora había concentrado las responsabilidades penales en quienes intervinieron directamente en la instrumentación de las operaciones fraudulentas.

    La investigación reconstruyó un mecanismo mediante el cual se incorporaba información falsa al sistema tributario provincial para generar créditos fiscales inexistentes a favor de determinados contribuyentes. Esos saldos ficticios permitían posteriormente compensar y cancelar obligaciones impositivas reales, aunque el dinero correspondiente nunca ingresaba al Estado entrerriano.

    Las maniobras investigadas abarcaron el período comprendido entre 2004 y 2014 y quedaron distribuidas en tres grandes expedientes. El perjuicio calculado fue de unos $8 millones para las operaciones realizadas entre 2004 y 2007; otros $20 millones entre 2008 y 2011; y más de $18 millones correspondientes al período 2012-2014.

    Se trata de aproximadamente $46 millones a valores nominales de aquellos años. Si se realiza una actualización estimativa mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), diferenciando cada uno de los períodos, la cifra rondaría actualmente los $14.700 millones, equivalentes a unos US$9,7 millones al tipo de cambio mayorista de agosto de 2026.

    La investigación judicial se inició en junio de 2014. Con el avance de la pesquisa se incorporaron operaciones correspondientes a años anteriores y la investigación terminó retrocediendo hasta 2004.

    En diciembre de 2017 se definió la situación procesal de 180 imputados. Casi nueve años después, el 21 de agosto de 2026, el vocal Alejandro Diego Grippo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 6 de Paraná, dictó sentencia mediante un procedimiento de juicio abreviado. Entre los condenados quedaron Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión.

    Fue después de esa sentencia cuando la ex jefa de Despacho decidió avanzar contra quienes ocupaban los principales cargos de conducción del organismo.

    Casaretto se defendió públicamente tras esta nueva denuncia penal que lo menciona. Sostuvo que fue él quien descubrió y denunció en 2014 la maniobra de compensaciones fraudulentas en ATER. También afirmó que las acusaciones en su contra ya habían sido descartadas por la Justicia y que durante su gestión se recuperó “todo el dinero” defraudado.

    En su presentación, Martínez de Yankelevich no desconoce la responsabilidad que ella misma admitió ante la Justicia, pero asegura que la operatoria excedía ampliamente sus posibilidades de actuación. Afirma que “jamás” podría haber realizado las maniobras sin la “aprobación y consentimiento expreso y claro” de Casaretto y de las máximas autoridades de ATER.

    La denunciante sostiene además que los directores conocían los mecanismos mediante los cuales se modificaba la información de los contribuyentes y tenían intervención en el circuito administrativo por el que expedientes y resoluciones llegaban hasta quienes finalmente cargaban las operaciones en el sistema.

    Uno de los puntos que pide investigar se remonta a 2012. Según su versión, un auditor y el entonces director de Interior habrían advertido a Casaretto acerca de movimientos detectados en las cuentas corrientes de determinados contribuyentes. Martínez de Yankelevich asegura que el entonces director ejecutivo hizo “caso omiso” de ese aviso.

    También sostiene que Casaretto y los integrantes de su conducción disponían de claves informáticas con niveles de autorización superiores que permitían realizar movimientos sobre las cuentas de los contribuyentes y efectuar compensaciones. En respaldo de esa hipótesis menciona una pericia informática que, según afirma, habría expuesto vulnerabilidades en el sistema utilizado por el organismo.

    La ex funcionaria solicitó, además, que la Justicia investigue su propia evolución patrimonial y la de Gaggión, Casaretto y los otros cinco ex directores. También pidió ser citada para ratificar la denuncia, ampliar sus dichos y precisar cuál habría sido, según su versión, la participación de cada uno.

    La presentación deberá atravesar ahora una nueva instancia judicial para establecer si existen elementos que permitan abrir una investigación sobre los ex funcionarios señalados.

    Casaretto, contador público y dirigente del peronismo entrerriano, desarrolló buena parte de su carrera dentro del Estado. Comenzó en 1993 como director de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía de la Nación y posteriormente ocupó distintos cargos provinciales. Fue ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de Entre Ríos durante la gobernación de Jorge Busti, senador provincial y asesor de la Gobernación y la Vicegobernación.

    Entre 2011 y 2015, durante la segunda gobernación de Sergio Urribarri, estuvo al frente de ATER, período que coincide con una parte de las operaciones fraudulentas investigadas. Luego fue asesor durante la gestión de Gustavo Bordet, presidió el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, ocupó una banca como diputado nacional por el Frente de Todos.

  • Corrupción en Entre Ríos: una condenada por un fraude millonario denunció a un histórico dirigente del PJ

    Corrupción en Entre Ríos: una condenada por un fraude millonario denunció a un histórico dirigente del PJ

    Un nuevo episodio se sumó a la investigación sobre uno de los fraudes más grandes que tuvo lugar dentro del organismo recaudador de Entre Ríos.

    Condenada por compensaciones tributarias fraudulentas y ex jefa del Departamento Despacho de ATER, María Estrella Martínez de Yankelevich inició una denuncia penal contra Marcelo Casaretto, quien fuera director ejecutivo del organismo, junto con otros cinco ex funcionarios de su gestión.

    Dicha presentación incluyó también a Damián Alcides Zoff, quien dirigía Impuestos; César Del Castillo, a cargo de la Fiscalización Tributaria; Germán Gietz, jefe en Informática; Federico Borra, responsable del área Jurídico; y Manuel Valiero, responsable de Interior.

    Lo distintivo es que la denuncia llega de una persona que participó directamente en la causa: ante la Justicia, Martínez de Yankelevich admitió su rol y recibió condena por esos hechos. En este momento argumenta que la operatoria no pudo haber sido culminada solo desde los escalafones administrativos a los que se atribuyó la responsabilidad y vincula la maniobra con la conducción de ATER.

    La pesquisa, que abarcó actividades entre los años 2004 y 2014, derivó finalmente en tres voluminosos expedientes. Entre 2004 y 2007, el perjuicio calculado fue de cerca de $8 millones; desde 2008 hasta 2011, alcanzó los $20 millones; y en el periodo 2012-2014 superó los $18 millones.

    La suma total, considerando los valores nominales de aquel entonces, ronda los $46 millones. Según una actualización tomada con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y segmentando cada periodo, esa cifra llegaría a $14.700 millones de agosto de 2026, lo que equivale actualmente a unos US$9,7 millones según el tipo de cambio mayorista.

    Esta equivalencia responde únicamente a fines comparativos, no representa una actualización ordenada por la Justicia ni implica que Casaretto o los denunciados sean responsabilizados por haberse apropiado de esa suma.

    La causa penal se originó en junio de 2014. Fue el propio Casaretto, entonces cabeza de ATER, quien hizo la denuncia inicial, la cual luego se amplió hasta englobar maniobras perpetradas desde 2004.

    El dispositivo implicaba incluir datos ficticios en el sistema tributario, que colocaban a determinados contribuyentes como acreedores del Estado por montos inexistentes. Esos créditos simulados se empleaban para pagar deudas tributarias reales, de modo que el efectivo no ingresaba nunca a las cuentas provinciales.

    En diciembre de 2017, se definió la situación procesal de 180 personas imputadas. Finalmente, el 21 de agosto de 2026, el juez Alejandro Diego Grippo, miembro del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 6 de Paraná, firmó la sentencia en un juicio abreviado. Entre quienes resultaron condenados se contaron Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión.

    Tras conocerse la condena, Martínez de Yankelevich volvió a acudir a la Justicia. Aceptó su participación en los delitos por los que fue previamente juzgada, pero sostiene que la maniobra no resulta plausible de haberse montado apenas desde los escalafones administrativos.

    La denuncia sostiene que tanto Casaretto como los otros ex directivos habrían estado al tanto de la adulteración de datos sobre contribuyentes e habrían influido en los procedimientos mediante los cuales las resoluciones y expedientes llegaban al personal que registraba las operaciones.

    Martínez de Yankelevich asegura: “jamás” podría haber llevado a cabo las maniobras sin la “aprobación y consentimiento expreso y claro” de Marcelo Casaretto y de las máximas autoridades.

    Refiere además que en 2012 un auditor y el director de Interior informaron a Casaretto acerca de movimientos inusuales en cuentas de contribuyentes y que el entonces administrador hizo “caso omiso” a esa observación.

    Suma que Casaretto y sus directores tenían en su poder claves de mayor nivel en el sistema informático que les permitían operar sobre cuentas de contribuyentes y manejar compensaciones. Indica también que una pericia informática, según su presentación, habría probado vulnerabilidades en el sistema.

    Además, Martínez de Yankelevich solicitó que se investigue tanto su propio patrimonio como el de Gaggión, Casaretto y los cinco ex directores mencionados. También pidió ser citada para ratificar y ampliar su denuncia y exponer qué papel habría jugado cada implicado.

    Le corresponde ahora a la Justicia evaluar si existen fundamentos suficientes para avanzar contra los responsables de los niveles jerárquicos superiores en el organismo.

    La denuncia contra Casaretto se enmarca en un escenario donde diversas causas penales involucraron a altos dirigentes del peronismo entrerriano en los últimos años.

    En el llamado “Megajuicio”, Sergio Urribarri, ex gobernador, recibió en 2022 una condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua, aunque tal sentencia no se considera firme. El Superior Tribunal de Justicia, en enero de 2025, suspendió la prisión preventiva ordenada mientras continuaba la revisión del veredicto.

    Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos condenado en 2022

    Por su parte, Adán Bahl, ex vicegobernador e intendente de Paraná, está investigado en la causa “Contratos Truchos II”, que procura establecer cuál fue la responsabilidad de las principales figuras políticas de la Legislatura entrerriana en el sistema de contrataciones entre 2008 y 2018. En 2026 fue convocado para designar abogado defensor y solicitó prestar declaración en el expediente. Hasta hoy no se dictó condena en su contra.

    El caso de Edgardo Kueider sobrepasó incluso la frontera nacional. El ex senador fue hallado culpable por la Justicia del Paraguay en julio de 2026; recibió dos años de prisión —con ejecución de la condena suspendida— por tentativa de contrabando, tras ser hallado con más de US$200.000 sin declarar. La resolución fue apelada, permanece en prisión domiciliaria, enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y hay en curso un pedido de extradición a la Argentina.

    Gustavo Bordet, mandamás entrerriano entre 2015 y 2023, igualmente es objeto de pesquisas por presunto enriquecimiento ilícito. En mayo reciente, la Justicia revisó bienes en propiedades suyas y tanto él como su esposa entregaron sus teléfonos celulares a la Fiscalía. El expediente sigue abierto y, según el estado procesal disponible públicamente, Bordet aún no cuenta con imputación formal.

    En tales circunstancias surge la denuncia hacia Casaretto, quien desempeñó cargos de relevancia bajo diversas gestiones justicialistas y lideró ATER desde 2011 a 2015. La irrupción de una persona condenada dentro del propio caso vuelve a poner en el centro la actuación de los niveles políticos superiores y plantea un interrogante hasta aquí sin respuesta judicial: cuál fue el grado de conocimiento de la cúpula del organismo sobre las maniobras desplegadas en su interior.

    Contador público y referente del peronismo de Entre Ríos, Marcelo Casaretto inició su carrera estatal en 1993 como director de Relaciones con las Provincias en el Ministerio de Economía nacional. Desde 1995 ejerció funciones en economía provincial y fue ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos entre 1997 y 1999, bajo el gobierno de Jorge Busti.

    Entre los años 1999 y 2003 fue senador provincial por Tala, con la presidencia del bloque del PJ; luego, entre 2003 y 2007 se desempeñó como asesor de la Gobernación y, desde 2007 hasta 2011, como asesor de la Vicegobernación. En la segunda administración de Sergio Urribarri estuvo al frente de ATER entre 2011 y 2015, abarcando parte de la investigación.

    Desde 2015 a 2017, bajo la gestión de Gustavo Bordet, se encargó del asesoramiento en asuntos políticos, fiscales y económicos y presidió el IAPV desde 2017 hasta 2019. Posteriormente, fue diputado nacional por el Frente de Todos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

  • Uno por uno: qué diputados votaron a favor y cuáles en contra de la Ley de Inocencia Fiscal II

    Uno por uno: qué diputados votaron a favor y cuáles en contra de la Ley de Inocencia Fiscal II

    La Libertad Avanza consiguió aprobar este miércoles, en la Cámara de Diputados, la nueva ley de Inocencia Fiscal con la que el Gobierno busca expandir el universo de contribuyentes que podrán sumarse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La media sanción de esta iniciativa tuvo 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones.

    Al oficialismo lo ayudaron sus aliados del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo; en contra votó Unión por la Patria, la izquierda y legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

    Diputados aprueba Inocencia Fiscal en general

    Cómo votaron los diputados la ley de Inocencia Fiscal II

    Votos Afirmativos:

    1. Guillermo Agüero, UCR
    2. Sabrina Ajmechet, LLA
    3. Carlos Almena, LLA
    4. Lisandro Almirón, LLA
    5. Claudio Álvarez, AF
    6. Bárbara Andreussi, LLA
    7. Pablo Ansaloni, LLA
    8. Damián Arabia, LLA
    9. Martín Ardohain, PRO
    10. Alberto Arrúa, AF
    11. Belén Avico, LLA
    12. Fernanda Avila, EC
    13. Karina Banfi, ADB
    14. Atilio Basualdo, LLA
    15. Mónica Becerra, LLA
    16. Beltrán Benedit, LLA
    17. Bertie Benegas Lynch, LLA
    18. Emmanuel Bianchetti, PRO
    19. Bernardo Biella, AF
    20. Rocío Bonacci, LLA
    21. Alejandro Bongiovanni, LLA
    22. Gabriel Bornoroni, LLA
    23. Adrián Brizuela, LLA
    24. Eliana Bruno, LLA
    25. Mariano Campero, LLA
    26. Sergio Capozzi, PU
    27. Alejandro Carrancio, LLA
    28. Giselle Castelnuovo, LLA
    29. Abel Chiconi, LLA
    30. Gerardo Cipolini, UCR
    31. Facundo Correa Llano, LLA
    32. Fernando De Andreis, PRO
    33. María Florencia De Sensi, PRO
    34. Romina Diez, LLA
    35. Nicolás Emma, LLA
    36. Eduardo Falcone, MID
    37. Alejandro Fargosi, LLA
    38. Daiana Fernández Molero, PRO
    39. Elia Fernández, IND
    40. Alida Ferreyra, LLA
    41. Sergio Figliuolo, LLA
    42. Alejandro Finocchiaro, PRO
    43. María Gabriela Flores, LLA
    44. Alicia Fregonese, PRO
    45. Maira Frías, LLA
    46. Virginia Gallardo, LLA
    47. Álvaro García, LLA
    48. Carlos García, LLA
    49. José Luis Garrido, PSC
    50. Antonela Giampieri, PRO
    51. Silvana Giudici, LLA
    52. Rosario Goitia, LLA
    53. Alfredo Gonzáles, LLA
    54. María Luisa González Estevarena, LLA
    55. Álvaro González, PRO
    56. Diógenes González, UCR
    57. Gerardo González, AF
    58. Maura Gruber, LLA
    59. Jairo Guzmán, LLA
    60. Diego Hartfield, LLA
    61. Óscar Herrera, AF
    62. Patricia Holzman, LLA
    63. Gerardo Huesen, LLA
    64. Gladys Humenuk, LLA
    65. María Cecilia Ibáñez, LLA
    66. Carlos Jaime Quiroga, PyT
    67. Andrés Laumann, LLA
    68. Lilia Lemoine, LLA
    69. Andrés Leone, LLA
    70. Mercedes Llano, LLA
    71. Enrique Lluch, LLA
    72. Johanna Longo, LLA
    73. Lorena Macyszyn, LLA
    74. Álvaro Martínez, LLA
    75. Martín Matzkin, LLA
    76. Karina Maureira, LN
    77. Nicolás Mayoraz, LLA
    78. Gladys Medina, IND
    79. Julieta Metral Asensio, LLA
    80. Soledad Molinuevo, LLA
    81. Soledad Mondaca, LLA
    82. Fernando Monguillot, EC
    83. Guillermo Montenegro, LLA
    84. Juan Pablo Montenegro, LLA
    85. Francisco Morchio, LLA
    86. Julio Moreno Ovalle, LLA
    87. Gabriela Muñoz, LLA
    88. Lisandro Nieri, UCR
    89. Miriam Niveyro, LLA
    90. Sebastián Nóblega, EC
    91. Javier Noguera, IND
    92. José Núñez, PU
    93. Joaquín Ojeda, LLA
    94. Pablo Outes, AF
    95. Sebastián Pareja, LLA
    96. Marcos Patiño Brizuela, LLA
    97. Santiago Pauli, LLA
    98. Agustín Pellegrini, LLA
    99. Federico Pelli, LLA
    100. José Peluc, LLA
    101. Luis Petri, LLA
    102. María Lorena Petrovich, LLA
    103. Luis Picat, LLA
    104. Nancy Picón Martínez, PyT
    105. María Celeste Ponce, LLA
    106. Manuel Quintar, LLA
    107. Valentina Ravera, LLA
    108. Verónica Razzini, LLA
    109. Karen Reichardt, LLA
    110. Gastón Riesco, LLA
    111. Cristian Ritondo, PRO
    112. Jorge Rizzotti, PU
    113. Gonzalo Roca, LLA
    114. Laura Rodríguez Machado, LLA
    115. Miguel Rodríguez, LLA
    116. Yamila Ruíz, AF
    117. Javier Sánchez Wrba, PRO
    118. Juliana Santillán Juárez Brahim, LLA
    119. Santiago Santurio, LLA
    120. Gisela Scaglia, PU
    121. Darío Schneider, UCR
    122. Laura Soldano, LLA
    123. Yamile Tomassoni, LLA
    124. Rubén Darío Torres, LLA
    125. Aníbal Tortoriello, LLA
    126. José Tournier, LLA
    127. César Treffinger, LLA
    128. Hernán Urien, LLA
    129. Daniel Vancsik, AF
    130. Patricia Vásquez, LLA
    131. Yolanda Vega, AF
    132. Andrea Vera, LLA
    133. Pamela Verasay, UCR
    134. Lorena Villaverde, LLA
    135. Gino Visconti, LLA
    136. Martín Yeza, PRO
    137. Óscar Zago, MID
    138. Carlos Zapata, LLA
    139. María Inés Zigarán, PU

    Votos negativos:

    1. Hilda Aguirre, UxP
    2. Ernesto Alí, UxP
    3. Cristian Andino, UxP
    4. Javier Andrade, UxP
    5. Jorge Araujo Hernández, UxP
    6. Martín Aveiro, UxP
    7. Jorge Ávila, PU
    8. Marcelo Barbur, UxP
    9. Luis Basterra, UxP
    10. Carolina Basualdo, PU
    11. Gustavo Bordet, UxP
    12. Alejandrina Borgatta, UxP
    13. Myriam Bregman, FIT-U
    14. Juan Brügge, PU
    15. Santiago Cafiero, UxP
    16. Celia Campitelli, UxP
    17. Julieta Campo, UxP
    18. Lucía Cámpora, UxP
    19. Florencia Carignano, UxP
    20. Sergio Casas, UxP
    21. Carlos Castagneto, UxP
    22. Jorge Chica, UxP
    23. Carlos Cisneros, UxP
    24. Mariela Coletta, PU
    25. Ricardo Daives, UxP
    26. María Graciela De la rosa, UxP
    27. Natalia De la Sota, DC
    28. Nicolás del caño, FIT-U
    29. Romina Del Plá, FIT-U
    30. Fernanda Díaz, UxP
    31. Sergio Dolce, UxP
    32. Gabriela Estévez, UxP
    33. Emir Félix, UxP
    34. Jorge Fernández, PSL
    35. Abelardo Ferrán, UxP
    36. Maximiliano Ferraro, CC
    37. Andrea Freites, UxP
    38. Sebastián Galmarini, UxP
    39. Ignacio García Aresca, PU
    40. María Teresa García, UxP
    41. Juan Carlos Giordano, FIT-U
    42. Diego Giuliano, UxP
    43. José Glinski, UxP
    44. Juan Grabois, UxP
    45. Carlos Gutiérrez, PU
    46. Ramiro Gutiérrez, UxP
    47. Raúl Hadad, UxP
    48. Itai Hagman, UxP
    49. Ana María Ianni, UxP
    50. Pablo Juliano, PU
    51. Máximo Kirchner, UxP
    52. Aldo Leiva, UxP
    53. Cecilia López Pasquali, UxP
    54. Jimena López, UxP
    55. Martín Lousteau, PU
    56. Juan Pablo Luque, UxP
    57. Marcelo Mango, UxP
    58. Mario Manrique, UxP
    59. Marianela Marclay, UxP
    60. Varinia Marín, UxP
    61. Juan Marino, UxP
    62. Germán Martínez, UxP
    63. Nicolás Massot, EF
    64. Guillermo Michel, UxP
    65. Fernanda Miño, UxP
    66. Juan Carlos Molina, UxP
    67. Matías Molle, UxP
    68. Rroxana Monzón, UxP
    69. Cecilia Moreau, UxP
    70. Hugo Antonio Moyano, UxP
    71. Jorge Mukdise, UxP
    72. Estela Neder, UxP
    73. Kelly Olmos, UxP
    74. Blanca Osuna, UxP
    75. Marcela Pagano, CO
    76. Sergio Palazzo, UxP
    77. Claudia Palladino, UxP
    78. María Graciela Parola, UxP
    79. Esteban Paulón, PU
    80. Gabriela Pedrali, UxP
    81. Paula Penacca, UxP
    82. Horacio Pietragalla Corti, UxP
    83. Lorena Pokoik, UxP
    84. Luciana Potenza, UxP
    85. Agustina Propato, UxP
    86. Ariel Rauschenberger, UxP
    87. Santiago Roberto, UxP
    88. Agustín Rossi, UxP
    89. Marina Salzmann, UxP
    90. Nancy Sand, UxP
    91. Juan Schiaretti, PU
    92. Sabrina Selva, UxP
    93. Adriana Serquis, UxP
    94. Vanesa Siley, UxP
    95. Guillermo Snopek, UxP
    96. Julia Strada, UxP
    97. Jorge Taiana, UxP
    98. Rodolfo Tailhade, UxP
    99. Caren Tepp, UxP
    100. Paulo Tita, UxP
    101. Pablo Todero, UxP
    102. Victoria Tolosa Paz, UxP
    103. Nicolás Trotta, UxP
    104. Eduardo Valdés, UxP
    105. Elena Velázquez, UxP
    106. Luana Volnovich, UxP
    107. Hugo Yasky, UxP
    108. Pablo Yedlin, UxP
    109. Natalia Zaracho, UxP
    110. Christian Zulli, UxP

    Abstenciones:

    1. Lourdes Arrieta, PU
    2. Alejandra Torres, PU

  • La Justicia pedirá autorización al Congreso para peritar el celular del exgobernador entrerriano Gustavo Bordet

    La Justicia pedirá autorización al Congreso para peritar el celular del exgobernador entrerriano Gustavo Bordet

    Aníbal Lafourcade, vocal del Tribunal de Apelaciones de Concordia, en Entre Ríos, resolvió este martes suspender la apertura de los celulares del exgobernador Gustavo Bordet y de su pareja, Mariel Ávila, actual diputada provincial. La medida se tomó ante un planteo de la defensa. El argumento fue que se necesita autorización previa, ya que los teléfonos se usaron para la actividad legislativa.

    Ahora, la Fiscalía a cargo de José Arias deberá pedir al Congreso nacional y a la Legislatura de Entre Ríos el permiso correspondiente para realizar la pericia.

    Mientras tanto, la defensa del exmandatario justicialista anticipó que recusará a Arias. Considera que el funcionario judicial perdió objetividad para el seguimiento del caso. Y entiende que lo que sostiene abierta la investigación es animadversión en contra de Bordet.

    Arias ya fue removido de tres causas que se seguían a otro dirigente del PJ. Se trata del exintendente de Concordia, Enrique Cresto. En todas, la Cámara de Casación Penal provincial entendió que el fiscal había perdido el estricto apego al principio de objetividad que se exige a la acusación pública.

    El trámite tiene que ser resuelto por los plenarios de ambos cuerpos legislativos. El proceso suele llevar tiempo ya que es una medida judicial pero con impacto político. Más aún estando a las puertas de una competencia electoral.

    En lo formal, será una cuestión de interpretación legal. La norma que regula los fueros establece que para que se abran los teléfonos de un legislador este tiene que estar imputado de un delito. Bordet no lo está. La investigación se abrió hace dos años y Fiscalía no ha presentado un caso en contra del exgobernador. La raíz del expediente abierto es una denuncia de un particular. El material está tomado de su declaración jurada en el Congreso.

    Si llegado el caso de que ambas Cámaras den el aval, la Fiscalía deberá pedir al Juez de Garantías la apertura y el análisis de los celulares. Los teléfonos quedaron a resguardo en la Justicia. Es que el juez Lafourcade negó el pedido de la defensa de para que les sean devueltos.

    Gustavo Bordet (izquierda) en una foto de archivo (Gustavo Gavotti)

    En un primer momento, Bordet y su esposa habían entregado por propia voluntad los aparatos y las claves correspondientes. Fue durante los procedimientos realizados en propiedades del exgobernador de Entre Ríos entre 2015 y 2023.

    En esa instancia, ambos habían dado luz verde para que Fiscalía y Policía realizaran la inspección en sus casas de Paraná y Concordia sin el desafuero previo. Pero, según evalúan en el entorno del exmandatario, a partir de ese momento la causa se desnaturalizó.

    Una vez dentro, personal judicial y de seguridad registró hasta los datos de los electrodomésticos a fin de investigar quién y cómo los habían comprado.

    Durante los procedimientos en los domicilios, Bordet y Ávila fueron requisados por el personal policial. Los palparon de pies a cabeza. A la esposa del exgobernador la llevaron a un baño y la obligaron a quedarse en ropa interior.

    Hubo quejas por este accionar de la Policía bajo dirección de Fiscalía. Ávila las presentó en la Legislatura provincial. Y, por otras vías, llegaron a oídos del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y del gobernador Rogelio Frigerio.

    Tras estas acciones que consideró desatinadas, la defensa de ambos planteó que los celulares habían sido utilizados para la actividad legislativa. Eso obligaba a que tanto la Cámara de Diputados de la Nación como la de Entre Ríos deban autorizar en forma previa su análisis.

    En una primera instancia, el Juez de Garantías Ives Bastián rechazó el planteo de la defensa. Para ello, invocó la doctrina de los actos propios. En su resolución publicada por El Entre Ríos, el magistrado subrayó: “Fue la Defensa quien consintió el allanamiento y el secuestro de los dispositivos” y la que “instó a prescindir del trámite ante las Cámaras”.

    Bastián también señaló que la representación de Bordet “convino día y hora de la diligencia”. Asimismo, apuntó que fueron “los propios legisladores quienes, asistidos por su letrado, ratificaron la medida, dispusieron de la protección de sus fueros y aportaron voluntariamente las contraseñas de los aparatos para que la Justicia accediera a su contenido”. Por último, sentenció que fue “la Defensa quien consintió la resolución que autorizó el análisis”.

    Los abogados de Bordet y Ávila apelaron. Y en la revisión de la decisión de la primera instancia logró un fallo favorable que frenó el peritaje.

  • Pena en suspenso. Condenaron al exsenador Kueider y a su secretaria por contrabando en Paraguay

    Pena en suspenso. Condenaron al exsenador Kueider y a su secretaria por contrabando en Paraguay

    El exsenador nacional entrerriano Eduardo Kueider y su pareja Iara Guinsel fueron condenados hoy en Paraguay por contrabando por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay.

    Kueider recibió una pena de dos años de prisión, mientras que Iara Guinsel, un año y diez meses. Ambas penas son en suspenso, por lo que no deberán cumplirlas en una cárcel, según informó TN. Los dos fueron detenidos por no haber declarado US$200.000 al ingresar a Paraguay.

    La detención en diciembre de 2024 con dinero no declarado en Paraguay derivó en su desafuero en el Senado y en pedidos de extradición que ya fueron concedidos por la Justicia paraguaya en relación con otras causas conexas en la Argentina, donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito y el cobro de sobornos.

    Kueider fue figura de confianza del gobernador justicialista Gustavo Bordet en Entre Ríos, fue secretario general en su gobernación -cercano a Alberto Fernández-, fue concejal y funcionario en Concordia. Su última actuación en el Senado fue en favor del gobierno de Javier Milei al votar la Ley Bases.

    Edgardo Kueider al ingresar a la fiscalía en Ciudad del Este, en 2024, cuando fue detenido
    Edgardo Kueider al ingresar a la fiscalía en Ciudad del Este, en 2024, cuando fue detenidoFredy Flores / ABC

    El tribunal que juzgó a Kueider está integrado por la jueza Elsa García,Adriana Planás y Matías Garcete Piris.

    El fiscal Ysrael Villalba durante su exposición repasó la imputación y anticipó al tribunal que evalúa ampliar el encuadre legal del caso, incorporando otras modalidades de contrabando previstas en la legislación paraguaya, además de la tentativa de contrabando de divisas por la que Kueider y Guinsel llegaron a juicio.

    Villalba pidió expresamente que el tribunal notifique a la defensa sobre esa eventualidad, para que pueda prepararse frente a un posible agravamiento de los cargos. Si la fiscalía reformula la acusación, podría modificar la estrategia de defensa y la pena que enfrentan los acusados.

    Kueider fue juzgado porque la madrugada del 4 de diciembre de 2024, en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad, el viaducto que conecta Ciudad del Este con Foz do Iguazú en Brasil fue detenido con 200.000 dólares que estaban en el baúl de su auto.

    Según el acta elaborada ese día por el fiscal Edgar Benítez Delgado, personal naval, funcionarios aduaneros y agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional paraguaya incautaron el vehículo y valores en efectivo que estaban en poder de Kueider y Guinsel.

    Según el acta, fueron secuestrados 211.102 dólares estadounidenses, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos. Esos montos debían ser declarados ante la Dirección Nacional de Aduanas paraguaya, trámite que no se hizo, indica la acusación contra Kueider y su pareja.

    Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria en Paraguay mientras se desarrolla el proceso. El entrerriano había sido electo por el Frente de Todos como senador y luego rotó por distintos espacios y terminó cercano al oficialismo libertario en su última votación en la Cámara alta, antes de su peculiar viaje a Paraguay.

    En la Argentina, Kueider enfrenta dos expedientes por supuesto enriquecimiento ilícito. Uno tramita en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia y otro en el Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro, bajo la titularidad de Sandra Arroyo Salgado, quien ya solicitó la extradición del exsenador.

  • Por lavado de dinero. El exsenador Edgardo Kueider suma una nueva causa en Paraguay

    Por lavado de dinero. El exsenador Edgardo Kueider suma una nueva causa en Paraguay

    El exsenador Edgardo Kueider, procesado por presunto enriquecimiento ilícito, sumó este miércoles una nueva causa en su contra por supuesto lavado de dinero a través de la compra de seis departamentos en Paraguay, país donde cumple prisión domiciliaria por el desarrollo del juicio oral por contrabando.

    Según informó el medio ABC, el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, procesó Kueider; a su exsecretaria Magdalena Guinsel Acosta y a los ciudadanos paraguayos Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat por presunto lavado de activos a través de ina operación inmobiliaria.

    Según la nueva imputación presentada, existen indicios de que los imputados habrían introducido al sistema legal financiero y comercial paraguayo sumas de dinero que tendrían origen ilícito y con el cual habrían adquirido un total de seis departamentos con sus respectivas cocheras.

    El edificio de los inmuebles que investiga la Justicia (Foto: Gentileza ABC)
    El edificio de los inmuebles que investiga la Justicia (Foto: Gentileza ABC)

    Los departamentos pertenecen al edificio Innova Las Mercedes, ubicado en la intersección de la avenida General Santos y Marco de Brix de la ciudad de Asunción.

    Según esta nueva causa, los imputados habrían llevado a cabo desde 2027 una serie de actividades para introducir sumas de dinero ilícito al sistema comercial y financiero de Paraguay.

    Las maniobras se habrían llevado adelante a través de la empresa “Golsur SA”, una firma que ya había quedado bajo investigación de la Justicia cuando Kueider y su exsecretaria habían sido detenidos en diciembre de 2024 con 200 mil dólares sin declarar.

    La detección de Kueider en la frontera

    Kueider y Guinsel están siendo juzgados por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción por la detención de ambos en diciembre de 2024 con dinero no declarado.

    El caso derivó en su desafuero en el Senado y en pedidos de extradición que ya fueron concedidos por la Justicia paraguaya en relación con otras causas conexas en la Argentina, donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito y el cobro de sobornos.

    Kueider fue figura de confianza del exgobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet, de quien fue funcionario en la Gobernación. Su última actuación en el Senado había sido a favor del gobierno de Javier Milei al votar la Ley Bases.

    Efectivos de Interpol comienzan la extradición del exsenador Edgardo Kueider desde Paraguay
    Efectivos de Interpol comienzan la extradición del exsenador Edgardo Kueider desde Paraguay

    En algún momento de su detención, Kueider atribuyó incluso la causa en su contra al impulso que como senador había hecho del proyecto de Boleta Única de Papel (BUP), sancionado por el Congreso e implementado por primera vez en las elecciones legislativas del año pasado.

  • Escándalo en el Concejo Deliberante. Quién es Martín Ruiz, el intendente entrerriano agredido por un concejal

    Escándalo en el Concejo Deliberante. Quién es Martín Ruiz, el intendente entrerriano agredido por un concejal

    Martín Ruíz, intendente de la localidad de Pueblo Brugo, en Entre Ríos, fue agredido el martes por la tarde por un concejal durante una acalorada discusión que surgió a raíz del cobro de un canon por la instalación de puestos para un festival.

    Pueblo Brugo es una localidad del departamento de la capital entrerriana, sobre la costa del río Paraná. Ruiz, de afiliación peronista, llegó al gobierno local en 2019, poco después de que la población obtuviera el rango de municipio mediante el Decreto 501/19 del entonces gobernador Gustavo Bordet. La norma determinó que en la localidad viven 1600 personas, suficientes para que el lugar sea un municipio. Hasta entonces era considerado un puerto.

    Así, Ruiz se convirtió en el primer intendente de la historia de Pueblo Brugo. El dirigente peronista fue reelegido en 2023 para un segundo mandato por la lista Más Entre Ríos, junto a la viceintendenta Betina Cosnard. Antes de llegar a la función pública, trabajaba como empleado de maestranza en una escuela de la localidad.

    El intendente suele referirse a esta mayor autonomía como una oportunidad para revertir el estancamiento económico y demográfico del pueblo a lo largo del siglo XX, cuando llegó a tener unos 4500 habitantes. En distintas entrevistas puso el foco en el turismo, la pesca, los balnearios y la infraestructura como motores para impulsar el desarrollo local.

    Su carrera política se desarrolló casi exclusivamente en el ámbito municipal, sin buscar proyección provincial. Sus apariciones en medios entrerrianos suelen estar vinculadas a inauguraciones, obras públicas o reclamos de infraestructura.

    Si bien nunca había alcanzado repercusión nacional, Ruiz protagonizó otro conflicto durante su gestión. Uno de los más resonantes ocurrió en 2023, cuando denunció la contaminación del balneario municipal pocos días antes de su inauguración. En ese momento responsabilizó a una firma ganadera por el vertido de líquidos que obligó a suspender actividades previstas para la temporada, según publicó el medio Costa Paraná.

    La agresión

    Ruíz señaló al concejal Ariel Lemos, integrante de su propio espacio político, como responsable de la agresión y mostró que terminó con lesiones en su cabeza. “Estaba todo el grupo del Concejo Deliberante, que están de testigos de cómo fue la cosa”, dijo el jefe comunal. Tras el episodio, presentó una denuncia por daños físicos.

    Según informó el medio local El Entre Ríos, la pelea surgió a partir del cobro del canon por la instalación de cierta cantidad de puestos en un festival de jineteada que se desarrollará el próximo fin de semana. La discusión se produjo en el ámbito del Concejo Deliberante.

    De acuerdo con el relato de Ruíz, él se había acercado al Concejo para consultar de qué manera se implementaría el cobro del canon. La ordenanza aprobada establecía que los puesteros debían efectuar el pago antes del viernes 19 de junio. Sin embargo, sostuvo que resultaba más conveniente permitir que quienes participaran del evento abonaran el importe correspondiente el mismo día de la actividad.

    El intendente Pueblo Brugo fue atacado por un concejal
    El intendente Pueblo Brugo fue atacado por un concejalElEntreRios

    A partir de ese intercambio de posiciones, y según consignó el medio local citado, Lemos atacó al intendente con golpes de puño. Los impactos alcanzaron la zona del cráneo del mandatario municipal. Tras eso, Ruiz se realizó una revisión médica para constatar las lesiones.

    “Tuve una agresión por parte de un concejal, un golpe de puño, en una reunión a tratar unos temas de relevancia para el pueblo. Hubo un enojo de un concejal y un puñete en la cara”, afirmó Ruíz al medio Uno de Entre Ríos al referirse a lo ocurrido durante el encuentro.

  • El PJ Federal le hizo un guiño al campo y vuelve a poner en debate el programa económico del peronismo

    El PJ Federal le hizo un guiño al campo y vuelve a poner en debate el programa económico del peronismo

    El PJ Federal, que se presentó el 1 de mayo en Parque Norte e impulsó un debate sobre el plan económico que debe tener el peronismo si vuelve a ser gobierno, sumó un segundo acto para consolidar la propuesta y dar cuenta, hacia el interior del país, que el espacio, sin candidato nacional, tiene los brazos abiertos para recibir propuestas y nombres propios.

    En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el esquema que lideran Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achával, le hizo un guiño al campo, al ponerlo en el vértice de las prioridades que debe tener la actualización del programa económico del peronismo. Un sector que ha vivido momentos de mucha tensión con el PJ durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

    “Debemos aprender de los errores del pasado. Las restricciones sobre el trigo y la carne no bajaron el precio al consumidor y dañaron a dos producciones centrales de la economía nacional”, indicaron los federales en el documento emitido este lunes, bajo el título “Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria”, en el cierre del acto central. Fue, claro está, un mensaje sobre las decisiones del pasado que tuvieron el sello K.

    El peronismo federal quiere cerrar la grieta que existe con el campo desde el 2008 a esta parte. Con altibajos, pero con tensiones sistemáticas, el PJ ha tenido una relación marcada por las descalificaciones y los reproches con el sector agropecuario. Entre las heridas que este espacio considera que hay que suturar está el vínculo con los productores y sus representantes institucionales y políticos, que tiempo atrás confluyeron en lo que fue llamada la Mesa de Enlace.

    PJ Federal en Entre Rios

    La idea que manifiestan tiene que ver con “dejar atrás las miradas que conciben al sector agroindustrial únicamente como una fuente de recursos para resolver desequilibrios coyunturales” y “plantear la necesidad de consolidarlo como un motor estratégico del desarrollo nacional”, según expresó uno de los dirigentes presentes a este medio.

    “La Argentina necesita dejar de pensar a la agroindustria como una fuente extraordinaria de recursos para cubrir desequilibrios coyunturales y empezar a verla como una palanca estratégica para el desarrollo nacional. El equilibrio fiscal se alcanzará potenciando su crecimiento”, explicaron los federales, dándole mayor volumen al debate de la fuerza política respecto al plan económico que debe tener el justicialismo si logra volver al poder.

    En el documento final, enumeraron ocho propuestas para mejorar las condiciones del sector agropecuario. Se refirieron a una reforma integral impositiva; una nueva ley de semillas; la modificación en la ley de riego; una modernización de rutas, puertos, caminos rurales y ferrocarriles para tener una mejor logística de conectividad; darle mayor impulso a las economías regionales; el fortalecimiento de organismos técnicos; incentivos y financiación para renovar la maquinaria agrícola; y mayor capacitación y formalidad en el trabajo rural.

    “La política para el sector agropecuario y agroindustrial debe estar firmemente orientada a generar mayor producción de todas y cada una de las cadenas productivas, de la soja al girasol, de las peras al limón, de las nueces a las almendras, de la carne bovina a la aviar, de las semillas de última generación a la producción orgánica”, expresaron los dirigentes en el documento.

    PJ Federal en Entre Rios

    Al igual que en el encuentro en Parque Norte, uno de los presentes más destacados fue el co-secretario general de la CGT, Christian Jerónimo. También acompañaron el diputado mendocino Emir Félix; el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso; el legislador puntano Ernesto “Pipi” Alí; el diputado nacional y ex gobernador entrerriano Gustavo Bordet; los legisladores santafesinos Roberto Mirabella y Marcelo Lewandowski; la diputada porteña Kely Olmos y el diputado jujeño Guillermo Snopek.

    En la lista aparecen también el senador nacional por San Luis Fernando Salino; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; el secretario de Integración Territorial del Gobierno de Córdoba, Nadir Nifuri, que fue enviado por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el diputado misionero Alberto Arrúa, la legisladora correntina Celeste Ascúa y varios dirigentes de Chaco como Josefina Gonzalez, Javier Martínez, Marcela Duarte y Judith Gómez.

    En el grupo que estuvo arriba del escenario hubo también varios intendentes y legisladores del peronismo entrerriano como Isa Castagnino, Gustavo Bastian, Adriana Meza Torres, Adrián Fuertes, Rosario Romero, Lorena Arrozogaray, Martín Oliva, Adán Bahl, Marianela Marclay, José Lauritto, Juan José Bahillo, Enrique Cresto, Ricardo Bravo

    En el PJ federal consideran que con la propuesta de debate que hicieron en Parque Norte, un mes y medio atrás, abrieron una discusión que no estaba instalada en el peronismo. La principal tiene que ver con la importancia del equilibrio fiscal en el plan económico. El kirchnerismo dio su mirada pública y puso sobre la mesa otra postura. Lo más importante de ese movimiento fue desempolvar los prejuicios y las miradas ideologizadas para empezar a discutirlas con tiempo y de cara a la gente.

    PJ Federal en Entre Rios

    Durante su discurso, Tolosa Paz consideró que “las decisiones del peronismo que viene se deben tomar en función de representar y reflejar a la Argentina federal” y remarcó que el espacio que representa tiene la voluntad de profundizar el debate sobre “los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro”. En ese sentido, agregó: “No hay economía que funcione con la gente pasándola mal”.

    A su turno, Juan Manuel Olmos aseguró: “Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos”. En su presentación, hizo una referencia a la ex presidenta de la Nación y su condena. “Creen que con una condena injusta contra Cristina van a silenciar al peronismo, pero nuestra historia demuestra que vamos a levantarnos y volver a ser gobierno en la Argentina en 2027″, sentenció.

    La aparición de Cristina Kirchner en un par de discursos fue uno de los cambios que hubo en los mensajes de la jornada. En Parque Norte nadie la había nombrado. Parece ser una señal de cercanía, lo que no implica poner su causa política y penal en el principal lugar de la agenda política.

    Por su parte, Guillermo Michel dio un mensaje de futuro electoral. “Lo que está en juego en esta elección no es únicamente un programa económico, sino el modelo social que queremos para nuestro país”, afirmó. Además, planteó que el desafío de la fuerza política en su conjunto es construir una alternativa amplia y convocante: “Tenemos que trabajar pensando cómo ampliar el peronismo y representar a la mayoría de los argentinos. El futuro de este país le pertenece al peronismo”.

    PJ Federal en Entre Rios

    Uno de los discursos más potentes del acto fue el del mendocino Emir Félix. “No podemos caer en la trampa de quedar presos de las internas y los candidatos. Tenemos que abrazar a todos. Los peronistas tenemos que estar cerca, entender lo que sucede y tener propuestas claras, para construir un andamio que pueda elevar a nuestros candidatos”, precisó.

    Además, autocrítica mediante, consideró: “Tenemos que readaptar las ideas a la nueva realidad de la Argentina. Tenemos que recalcular lo que hemos venido planteando. No podemos ir hacia un 2027 con una foto vieja de lo que sucedió anteriormente en la Argentina. Hay una realidad nueva. Hay que entender cuál es la realidad en cada rincón e interpretarla”

    El PJ Federal propuso, en primera instancia, debatir sobre la importancia del equilibrio fiscal en un eventual gobierno peronista. Ayer sumó a esa agenda de debate el vínculo político y productivo con el campo, y las reformas que deberían realizarse para que el sector tenga una mejora en sus condiciones productivas y de conectividad. Temas centrales de un programa económico que debe ser debatido hacia el interior del peronismo. Porque, en el fondo, la intención principal es construir una alianza en unidad con todos las ramas internas, para poder ser competitivos en el 2027.

  • Segundo encuentro. La pata peronista que se abre de La Cámpora y de Kicillof exhibió su apertura al campo

    Segundo encuentro. La pata peronista que se abre de La Cámpora y de Kicillof exhibió su apertura al campo

    Con el lema “El peronismo debate”, la nueva vertiente justicialista que buscan instalar dirigentes como Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel se acercó al sector agropecuario. Un mes y medio después del acto de lanzamiento, esta pata justicialista que se diferencia de las ramas centrales de la interna partidaria (identificadas con Cristina Kirchner y con Axel Kicillof), puso en marcha su dispositivo de campaña en el interior del país, con un encuentro en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que tuvo como eje las problemáticas del campo. En un documento, sintetizaron ocho propuestas para el sector, entre ellas, sobre las retenciones.

    En el documento que difundieron tras la reunión, los dirigentes peronistas propusieron una “reforma integral impositiva del sector agropecuario”. En ese punto, profundizaron: “Nos comprometemos a discutir una reforma integral de costos e impuestos distorsivos en el sector agropecuario. El debate sobre la competitividad incluye: las retenciones, los impuestos, la cadena de costos desde la eficiencia logística, el acceso a las semillas y fertilizantes para incentivar el volumen exportable de nuestra producción”.

    Los restantes puntos de la propuesta para el campo del peronismo federal son “Nueva Ley de Semillas para fortalecer la innovación y garantizar el acceso de los productores”; “Ley de Riego”; “Eficiencia logística” (para “modernizar rutas, caminos rurales, ferrocarriles, puertos, energía y conectividad”); “Potenciar las economías regionales”; “Fortalecer organismos técnicos” (INTI, Senasa e Inase), “Incentivos para la renovación y competitividad de la maquinaria agrícola”, y Trabajo rural, capacitación y formalización laboral”.

    La reunión con representantes gremiales por la situación de Granja Tres Arroyos
    La reunión con representantes gremiales por la situación de Granja Tres Arroyos

    En el documento final del encuentro de Concepción del Uruguay, se subrayó el mensaje de respaldo al sector agropecuario. “Debemos aprender de los errores del pasado. Las restricciones sobre el trigo y la carne no bajaron el precio al consumidor y dañaron a dos producciones centrales de la economía nacional. La Argentina necesita dejar de pensar a la agroindustria como una fuente extraordinaria de recursos para cubrir desequilibrios coyunturales y empezar a verla como una palanca estratégica para el desarrollo nacional. El equilibrio fiscal se alcanzará potenciando su crecimiento”.

    “No se trata de elegir entre campo e industria, o exportaciones y mercado interno; sino de construir una estrategia nacional que integre producción, innovación, valor agregado, trabajo y desarrollo federal”, se indicó en el documento. “Cuando el agro crece junto a la industria, la ciencia, la tecnología y el trabajo, crece la Argentina”, concluyeron los dirigentes reunidos en Entre Ríos.

    En el arranque de la jornada, realizada en el Salón Malvinas Argentinas del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay, con unos 1600 asistentes, los dirigentes presentes recibieron a referentes sindicales del gremio de la alimentación para tratar la crisis de la empresa avícola Granja Tres Arroyos, que a fines de mayo cerró su planta “La China”, ubicada en la misma ciudad.

    El desarrollo del encuentro peronista incluyó debates en comisiones temáticas, un acto principal y la difusión de un documento con propuestas para el campo, titulado “Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria”. En una de esas comisiones se hizo presente el exministro de Ambiente Juan Cabandié, dirigente que estuvo enrolado en La Cámpora, pero se alejó de esa estructura.

    El diputado Michel, una de los protagonistas de este incipiente armado, representa a la provincia de Entre Ríos en el Congreso. “[Javier] Milei no está aplicando un programa económico, quiere imponer un modelo social peruanizando la economía argentina. Un país sin clase media, sin industria sin educación ni salud pública de calidad”, señaló. En un sentido similar, Olmos dijo que el Gobierno “defiende un solo empleo, el del Jefe de Gabinete [Manuel Adorni]”. Añadió que el PJ y debe defender “a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que están perdiendo el trabajo por culpa de Milei”.

    Durante el encuentro, Tolosa Paz destacó la importancia de que “las decisiones del peronismo que viene se tomen en función de representar y reflejar a la Argentina federal”.

    Este sector peronista que busca transitar por fuera de la interna justicialista hizo su presentación en sociedad el 1º de Mayo, en el predio porteño de Parque Norte. En Concepción del Uruguay, se volvieron a hacer presentes dirigentes que estuvieron en ese encuentro fundacional, como el intendente de Pilar, Federico de Achával, la diputada Raquel “Kelly” Olmos y uno de los secretarios generales de la CGT, Cristian Jerónimo. El exgobernador entrerriano Gustavo Bordet también se acercó a los debates.