El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar sostuvo que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger “miente descaradamente” y que “todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional son falsos”.
Servicio Meteorológico Nacional
“Las cesantías que pretenden no solo dejarán a cientos de familias en las calles, sino que ponen en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y producción agropecuaria”, agregó el sindicalista en declaraciones difundidas por el gremio.
Paro nacional
Tras los polémicos dichos del funcionario, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas en el sector para el próximo jueves 30 de abril.
“La ignorancia que tiene este funcionario es tan grande como su soberbia. Cree saber más que los propios meteorólogos, pero lo que dijo son todas burradas”, aseveró Aguiar
“No hay 100 estaciones meteorológicas, hay 120 y le faltó contar que en su gestión ya cerraron 5. Además, es el desguace y la falta de financiamiento e inversión la que provocó que más de la mitad ya no observen de noche, dejando una ventana de entre 9 y 12 horas descubierta. El apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 10 de diciembre de 2023”, subrayó el gremialista.
“La falta de conocimiento es muy grande, dice que son sólo 20 meteorólogos los que integran este organismo. Si realmente se interesara en saber cómo funciona, sabría que se trata de una estructura compleja de primer nivel que incluye meteorólogos, observadores, técnicos en instrumental, especialistas informática y procesamiento de datos, entre otros. Las estaciones combinan sistemas automáticos con observación humana, algo que sigue siendo indispensable en todo el mundo”, insistió.
“Sólo plantea recorte, motosierra y destrucción”
Además, señaló que Sturzenegger “dice que el sistema es obsoleto pero lejos de proponer una mejora o inversión o actualización, sólo plantea recorte, motosierra y destrucción”.
“Exigimos la continuidad de todos los trabajadores del SMN y redoblamos la apuesta. Si el Gobierno realmente quiere modernizar el funcionamiento del organismo, debe invertir inmediatamente en más equipos, mejorar salarios y reincorporar a todos los ilegítimamente cesanteados. No podemos perder un servicio vital para nuestro país”, cerró el secretario general de ATE nacional.
Fuentes legislativas confirmaron la información a la Agencia Noticias Argentinas, y precisaron que ambos proyectos ingresaron por la Cámara deSenadores.
La estrategia se definió tras una reunión de la “mesa chica” en Casa Rosada, en la que participaron Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
La opción de presentarlos por el Senado responde a la mayoría sólida que el oficialismo logró consolidar en esa cámara. Así, la Cámara alta funcionará como origen por si se introducen modificaciones durante el debate en Diputados.
La Libertad Avanza consiguió una mayoría en el Senado que le permitirá debatir sus propuestas sin sobresaltos
Agenda parlamentaria y prioridades
Con el foco en la agenda legislativa, el oficialismo en el Congreso de la Nación busca recuperar la iniciativa política de cara al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese contexto, el Poder Ejecutivo evalúa impulsar nuevos proyectos y acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca.
El plan del Gobierno contempla tratar el proyecto de Hojarasca el próximo martes en comisión, con la intención de llevarlo al recinto al día siguiente si el debate no presenta obstáculos.
En cuanto a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la discusión sigue abierta en el Senado, sin fecha definida para el dictamen. Las objeciones provienen de sectores de la oposición dialoguista, que cuestionan cambios incorporados tras la exposición del ministro Federico Sturzenegger en las comisiones.
La oposición aguarda impaciente la presencia de Manuel Adorni en el Congreso el próximo 29 de abril para su informe de gestión
Según los plazos reglamentarios, el oficialismo estima que el proyecto llegará al recinto ya en mayo, en un contexto marcado por negociaciones políticas y revisiones técnicas.
Qué es la Ley Hojarasca que impulsa el Gobierno de Javier Milei
El proyecto de ley conocido como “Ley Hojarasca”, impulsado por el gobierno de Javier Milei y elaborado por el ministro Federico Sturzenegger, plantea una revisión integral del marco normativo vigente con el objetivo de eliminar leyes consideradas obsoletas o sin aplicación práctica. La iniciativa fue enviada al Congreso en 2024 como parte del programa de desregulación del Estado.
El núcleo del proyecto consiste en la derogación de entre 60 y 70 normas sancionadas a lo largo del siglo XX, muchas vinculadas a regulaciones que, según el Ejecutivo, quedaron desactualizadas ante cambios tecnológicos, económicos y sociales. Entre los fundamentos oficiales se alude a la necesidad de “limpiar” el sistema legal para reducir la burocracia y eliminar costos innecesarios para el Estado y los contribuyentes.
La propuesta también se apoya en un criterio conceptual: que todo aquello que no esté prohibido por la Constitución no requiere una ley específica. Bajo esa lógica, el Gobierno plantea que numerosas regulaciones vigentes generan trabas al desarrollo económico o limitan libertades individuales, por lo que su eliminación permitiría simplificar el funcionamiento del sistema jurídico.
Entre los ejemplos citados en el debate público figuran normas vinculadas a actividades o contextos superados —como regulaciones sobre enfermedades erradicadas o tecnologías en desuso—, lo que refuerza el argumento oficial de que se trata de legislación sin impacto real en la actualidad.
Federico Sturzenegger está al frente de los proyectos de ley “Hojarasca” e “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”
En términos técnicos, el proyecto contempla no solo derogaciones totales, sino también modificaciones parciales de otras leyes, en un intento por reordenar el entramado normativo vigente y avanzar en una reforma del Estado más amplia.
Qué es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno
El proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” también fue elaborado por el ministro Federico Sturzenegger, y pretende reforzar las garantías jurídicas del derecho de propiedad en la Argentina. La iniciativa ingresó al Senado a fines de marzo de 2026 y forma parte del paquete de reformas estructurales orientadas a la desregulación económica.
El eje central del proyecto apunta a modificar el régimen de expropiaciones y limitar la capacidad del Estado para intervenir sobre bienes privados. En paralelo, propone ampliar las compensaciones a los propietarios en esos casos y establecer reglas más exigentes para avanzar sobre activos particulares, bajo el argumento oficial de otorgar mayor previsibilidad jurídica.
Otro punto clave es la agilización de los desalojos ante situaciones como falta de pago de alquileres u ocupaciones de inmuebles. El texto plantea procedimientos más rápidos y con menos requisitos judiciales, en línea con la intención del Ejecutivo de reducir tiempos y costos en conflictos de propiedad.
Según estimaciones provinciales, en 2026 se quemaron más de 200 mil hectáreas en los incendios de la Patagonia
La iniciativa también introduce cambios en normativas vinculadas al uso del suelo y a la propiedad de tierras rurales. Entre ellas, se incluye la flexibilización de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
Dentro del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los capítulos más sensibles es el referido a la modificación de la normativa sobre manejo del fuego. El texto propone cambios concretos a las restricciones vigentes para el uso de tierras afectadas por incendios.
En particular, la iniciativa busca eliminar limitaciones establecidas por la legislación actual que impiden cambiar el destino de terrenos incendiados durante largos períodos. Hasta ahora, la ley prohíbe modificar el uso del suelo —por ejemplo, para desarrollos inmobiliarios o productivos— durante décadas tras un incendio, con el fin de evitar prácticas especulativas.
El proyecto del Gobierno plantea suprimir esos plazos, que hoy alcanzan hasta 60 años en algunas zonas y 30 años en otras, lo que permitiría vender, subdividir o reconvertir esas tierras sin las restricciones actuales.
Desde el enfoque oficial, esta modificación busca “liberar” el uso productivo de los terrenos y evitar que las regulaciones funcionen como un obstáculo económico para los propietarios. En ese sentido, la reforma se inscribe dentro de una lógica más amplia de reducción de regulaciones sobre la propiedad privada.
En términos técnicos, implica alterar el régimen diseñado para desalentar incendios intencionales con fines de especulación inmobiliaria o agropecuaria. La discusión en el Congreso se centra, precisamente, en el impacto que podría tener esa flexibilización sobre el uso del suelo en las zonas afectadas por incendios.
Un depósito de garrafas que funcionaba sin habilitación explotó este miércoles por la mañana en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, y provocó al menos dos heridos de gravedad. El episodio reavivó las advertencias sobre la proliferación de operadores clandestinos en el sector.
El siniestro desató una serie de explosiones que se prolongó por más de dos horas, generando pánico entre los vecinos: garrafas salían despedidas por el aire y viviendas quedaron en riesgo. Diez dotaciones de bomberos trabajaron para controlar el incendio.
Según pudo saber PERFIL, el depósito, ubicado sobre la calle Constituyentes al 1400, se dedicaba a la compra y reventa de garrafas sin contar con habilitación. El reporte oficial, según indicó Clarín, señaló que el fuego habría comenzado cuando se enchufó una pava eléctrica en un ambiente con posible pérdida de gas, lo que habría provocado una explosión inicial y quemaduras de segundo y tercer grado en los trabajadores.
Tres empleados resultaron heridos y fueron trasladados a centros de salud; dos de ellos permanecen en terapia intensiva, en estado reservado. La investigación quedó en manos de la UFI N° 2 de Morón, que interviene bajo la carátula de incendio.
En paralelo, los testimonios reflejaron la magnitud del hecho. “Estoy encerrado en mi local, me da miedo porque vibra todo. Vuela todo por el aire”, relató un vecino en diálogo con Todo Noticias, mientras se escuchaban detonaciones constantes. Otros habitantes de la zona describieron la caída de garrafas en patios y techos e incluso denunciaron que un joven resultó gravemente herido al ser golpeado por uno de los cilindros.
Las advertencias de un circuito clandestino
Tras el hecho, desde el sector empresario volvieron a vincular el incidente con el aumento de la informalidad en la actividad. En diálogo con PERFIL, el titular de la Cámara Federal Argentina de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores del Gas Licuado (Cafadigas), Darío Simonetti, fue categórico: “Es totalmente clandestino. Hacían trasvaso de garrafas, todo lo que veníamos denunciando”.
El dirigente agregó que no se trata de un caso aislado: “Ya es el segundo. Hace poco hubo uno en Tucumán con las mismas características”. Según explicó, la entidad analiza presentar el episodio como un “hecho nuevo” en la causa judicial que impulsa contra la desregulación del sector impulsada por la gestión de Federico Sturzenegger.
El episodio se inscribe en las alertas que el propio sector venía planteando desde hace meses. Tal como adelantó PERFIL en noviembre de 2025, la desregulación del mercado del gas envasado había empezado a generar un escenario de “descontrol”, con la aparición de operadores informales y la relajación de los mecanismos de fiscalización.
En esa ocasión, Cafadigas llevó el caso a la Justicia mediante una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el esquema normativo impulsado por el Gobierno, advirtiendo que el desmantelamiento de controles facilitaba prácticas irregulares en un rubro de alto riesgo.
El diagnóstico incluía un mapa de irregularidades en distintos puntos del país: garrafas vencidas, depósitos montados en viviendas, transporte sin habilitación y comercialización sin trazabilidad.
“El 47% de la población usa garrafa y prácticamente no hay controles”, había señalado entonces Simonetti, al comparar la fiscalización del gas envasado con la del gas natural.
Seguridad pública y vacío regulatorio
Desde la Cámara sostienen que el problema excede lo económico y se inscribe en el terreno de la seguridad pública. El gas envasado, señalan, es un producto inflamable que exige protocolos estrictos en toda su cadena: fraccionamiento, almacenamiento, transporte y venta.
Según la entidad, la desregulación dejó el esquema sin un sistema alternativo de control, lo que facilitó la aparición de depósitos clandestinos como el que explotó en Merlo.
El caso, ahora bajo investigación judicial, vuelve a colocar en el centro del debate el impacto de esos cambios y las consecuencias de un mercado que, según advierten desde el sector, comenzó a operar sin los resguardos mínimos.
Marcelo Molas, de la Asociación Cordobesa de Profesionales de Turismo (AcoProTur), repudió las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había calificado a los guías de turismo bonaerenses como “una mafia”.
“Una falta de respeto”
“Obviamente que tratar de mafia a un colegio de profesionales de la provincia de Buenos Aires, en este caso es cuanto menos una irresponsabilidad y una falta de respeto de parte del ministro”, aseguró en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio”.
“Él tiene una profesión, él es doctor, supongamos que en economía, porque él es economista. Si nosotros tratáramos de mafia al Colegio de Profesionales de Economía, creo que no le gustaría para nada“, agregó en diálogo con Julio Kloppenburg.
Además señaló que “un agente de viajes, un guía, un licenciado, cualquier profesional del área del turismo exige esa profesionalidad, una capacitación académica que es importante y que lleva mucho tiempo, lleva esfuerzo y lleva una dedicación constante y permanente porque el turismo es evolución, el turismo es crecimiento, el turismo es desarrollo”.
“Una afrenta”
“Nosotros desde la Asociación Cordobesa apoyamos al Colegio de Profesionales de Buenos Aires y a todos los colegios profesionales de turismo de todo el país. Y realmente que este señor los trate de mafia y los minimice o ridiculice, nos parece realmente una afrenta“, recalcó Molas.
Al referirse a la importancia de la matriculación y los colegios profesionales, expresó: “Cualquier profesional, hablemos de abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, odontólogos, tienen sus colegios profesionales y obviamente para poder ejercer la profesión se pide que se matriculen y se registren. Es importantísimo que cada profesional esté matriculado en el colegio de la zona de su injerencia y de su jurisdicción“.
“Cuando obviamente alguien pretende contratar el servicio de un profesional del área que sea, va a pretender que esté matriculado en ese colegio y el colegio va a defender esa institución, pero que él venga tan liviana e irresponsablemente a ridiculizar prácticamente que se exija esa matriculación del profesional es una afrenta lisa y llanamente”, insistió Molas.
Desregulación
También explicó que “la actividad turística es transversal” y que “todos somos parte del turismo y que este ministro de Desregulación desregule tan abierta y livianamente todo, no es realmente aceptable”.
“Tanto los otros colegios como la propia FACAPTur contestamos el repudio enérgico y enfático ante estas expresiones que realmente esperamos sinceramente que él medite, analice y pida disculpas del caso porque agredió y ofendió a mucha gente“, reclamó.
“Él dice que cualquiera puede dar [servicios]… no, no cualquiera. No cualquiera hace un tratamiento de conducto, no cualquiera hace un plano para una construcción o un edificio. Para eso se estudia, para que haya profesionales”, cerró Molas.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, declaró un aumento significativo de su patrimonio durante 2024 en su última declaración jurada presentada ante los organismos de control. Según la información difundida, el funcionario registró un incremento cercano a los 970 millones de pesos respecto del año anterior y conserva más de 1,4 millones de dólares en depósitos en el exterior.
La información proviene de la documentación presentada por el economista que integra el Gabinete del presidente Javier Milei. El reporte forma parte del sistema de declaraciones juradas que deben presentar anualmente los funcionarios para detallar sus bienes, inversiones y la evolución patrimonial.
Los datos difundidos indican que el patrimonio total declarado por Sturzenegger está compuesto por depósitos bancarios, inversiones financieras, inmuebles y otros activos. No obstante, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la elevada proporción de sus ahorros radicados fuera del país.
Según los registros disponibles, la mayor parte del dinero declarado está depositado en cuentas en el exterior, que superan el equivalente a 1,4 millones de dólares. Ese monto representa una porción significativa de su patrimonio total.
Cómo está compuesto el patrimonio de Sturzenegger
El informe patrimonial detalla que gran parte de los bienes del ministro corresponden a depósitos bancarios e instrumentos financieros, en pesos y en dólares. En particular, sobresalen las cuentas y depósitos radicados en el extranjero, que constituyen el eje de su liquidez.
Este tipo de activos suele aparecer en las declaraciones juradas de funcionarios con trayectoria en el sector financiero o en organismos internacionales. Sturzenegger, economista formado en Estados Unidos, desarrolló una larga carrera en el ámbito académico y en instituciones económicas antes de incorporarse al actual Gobierno.
El funcionario ya ocupó cargos de relevancia en gestiones anteriores. Entre 2015 y 2018 fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, periodo en el que encabezó la política monetaria y la implementación del esquema de metas de inflación.
Informes publicados en años anteriores también mostraban que una porción importante de su patrimonio estaba radicada fuera del país. En esa declaración jurada, por ejemplo, se consignó que casi el 99% de sus depósitos se encontraban en el exterior, en cuentas y plazos fijos en moneda extranjera.
En ese momento, el patrimonio total declarado ascendía a unos 1.770 millones de pesos, de los cuales más de 1.400 millones correspondían a depósitos financieros, en su mayoría fuera de la Argentina.
El rol de Sturzenegger en el Gobierno
Desde su ingreso al Gabinete de Javier Milei, Sturzenegger se convirtió en una figura central del programa económico oficialista. El ministro está a cargo de aplicar reformas destinadas a reducir regulaciones estatales, simplificar trámites administrativos y avanzar con la “motosierra”, el plan de recortes libertario.
Su área es clave dentro del esquema de reformas impulsado por el Gobierno, sobre todo tras la aprobación de la Ley Bases y otras iniciativas vinculadas a la desregulación económica. En ese marco, el funcionario participa en el diseño de medidas para modificar regulaciones laborales, comerciales y administrativas, con el objetivo declarado de “mejorar la competitividad y atraer inversiones”.
Las declaraciones juradas suelen provocar debate público, sobre todo cuando muestran aumentos significativos del patrimonio o una alta proporción de activos en el exterior. No obstante, especialistas señalan que tener cuentas o inversiones fuera del país no constituye en sí mismo una irregularidad, siempre que los bienes estén debidamente declarados y se cumplan las obligaciones fiscales correspondientes.
El sistema de declaraciones juradas en Argentina pretende permitir el control público de la evolución patrimonial de los funcionarios, con el fin de detectar posibles inconsistencias o conflictos de interés. En el caso de Sturzenegger, los datos difundidos muestran una marcada variación patrimonial durante 2024 y una estructura de activos dominada por depósitos financieros en moneda extranjera, muchos radicados fuera del país.
