La investigación por el escándalo de las inversiones financieras que involucra fondos públicos en Chaco sumó nuevos capítulos con los allanamientos ordenados por la Justicia federal en la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y en oficinas vinculadas a la Bolsa de Comercio del Chaco.
En ese marco, el intendente Bruno Cipolini ofreció una conferencia de prensa para defender la gestión municipal y afirmar que el municipio no es responsable de las maniobras bajo investigación, sino que resultó damnificado por decisiones adoptadas en el ámbito bursátil.
“Es saludable que la Justicia investigue y llegue hasta las últimas consecuencias”, expresó el jefe comunal al referirse a las medidas judiciales.
Allanamientos y búsqueda de documentación
Los procedimientos se desarrollaron en diversas dependencias de la ciudad, entre ellas la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Economía del municipio, donde los investigadores secuestraron papeles vinculados a la colocación de fondos públicos en instrumentos financieros.
La causa busca determinar eventuales irregularidades en operaciones realizadas a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, en particular en inversiones asociadas a cheques o instrumentos financieros que habrían carecido de garantías suficientes.
En paralelo, se supo que el gerente general de la Bolsa, Julio Barrios Cima, fue interceptado en un peaje cuando se dirigía a Sáenz Peña para declarar en otra causa relacionada con el mismo expediente. Por orden judicial, se dispuso el secuestro de su teléfono celular para extraer información pertinente al proceso.
Una causa que investiga el destino de fondos públicos
La investigación se inició tras una denuncia del diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien alertó que el municipio habría perdido cerca de 1.800 millones de pesos luego de invertir recursos públicos en instrumentos financieros de alto riesgo.
El expediente analiza posibles delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado.
Entre los mencionados en la denuncia figuran el propio intendente Cipolini, la secretaria de Economía María Alejandra Quintana y el secretario de Gobierno Diego Landriscina.
“El municipio es víctima”
Durante su presentación ante los medios, Cipolini reiteró que la Municipalidad no tomó decisiones irregulares, sino que actuó como inversor dentro de un entramado de operaciones financieras.
“La Municipalidad de Sáenz Peña es damnificada en esta situación. Hemos sido víctimas, si no de la institución, sí de un conjunto operativo que actuaba dentro de ella”, afirmó.
El intendente también subrayó que nadie ha señalado que funcionarios municipales se hayan apropiado de los recursos públicos, y aseguró que el dinero involucrado en la causa sigue existiendo.
Según explicó, esos fondos correspondían a excedentes financieros transitorios que el municipio utilizaba como reserva para cubrir eventuales caídas de la coparticipación o para sostener obras públicas.
Fondos bajo resguardo judicial
Cipolini agregó que una resolución judicial ordenó el resguardo de los recursos municipales, que permanecen fuera del control de la Bolsa de Comercio mientras se dilucida el conflicto de fondo.
“Los recursos de los saenzpeñenses están protegidos por orden judicial y a la espera de una resolución definitiva”, indicó.
En ese sentido, afirmó que la documentación incautada en los allanamientos acreditaría que la comuna realizó una registración administrativa correcta de todas las operaciones.
El rol de Landriscina y la decisión política
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es el rol del secretario de Gobierno Diego Landriscina, a quien la denuncia menciona por supuestas comisiones vinculadas a operaciones efectuadas con la cuenta comitente municipal.
Cipolini confirmó que el funcionario se encuentra actualmente de licencia y que su cargo será ocupado de manera interina por Luis Colabiño, aunque aclaró que no se tomarán decisiones definitivas hasta que avance la investigación judicial.
“No soy fiscal ni juez. Tenemos que esperar que la Justicia determine responsabilidades”, sostuvo.
Impacto político y financiero
En medio de la polémica, concejales del peronismo pidieron que el intendente se aparte momentáneamente para facilitar la investigación, una posibilidad que Cipolini rechazó.
“No necesito apartarme para que la investigación avance”, respondió. El jefe comunal además buscó llevar tranquilidad sobre la situación económica del municipio y aseguró que los salarios de los empleados municipales y las obligaciones financieras están garantizados.