La indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue postergada y finalmente se realizará el 12 de marzo, una semana después de la fecha inicialmente prevista. La audiencia estaba prevista en los tribunales de la avenida de los Inmigrantes 1950, en el marco de la causa que investiga la presunta retención indebida de impuestos y aportes por $19.353 millones.
La decisión la tomó el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, tras el cambio de defensa de Tapia. En las últimas horas designó como nuevo abogado a Luis Charro, quien pidió tiempo para estudiar el expediente antes de avanzar con la declaración.
La investigación nació a raíz de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que sostiene que la AFA no ingresó aportes patronales, impuesto a las Ganancias, IVA y contribuciones a la seguridad social correspondientes a distintos períodos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la acusación, se trataría de sumas retenidas que no fueron depositadas, lo que configuraría el delito de retención indebida de tributos, con penas previstas de dos a seis años de prisión.
Además de Tapia, fueron citados el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina, el ex secretario general Víctor Blanco y el director general Gustavo Lorenzo. El juez también dictó la prohibición de salida del país para los imputados, medida que fue apelada ante la Cámara en lo Penal Económico. En el caso de Tapia, ya se le permitió viajar al exterior bajo caución.
La postergación llega en un contexto procesal complejo. Días atrás, el propio Tapia había pedido la nulidad de su citación a indagatoria, al sostener que aún está pendiente una definición de la Cámara sobre un planteo de inexistencia de delito presentado por su defensa. Según argumentó, avanzar con la declaración antes de que se resuelva esa apelación podría afectar garantías del debido proceso. El juez rechazó ese planteo y mantuvo la convocatoria.
Desde el entorno del presidente de la AFA anticiparon que presentará un escrito de defensa, en el que insistirá en que no hubo delito porque —según su interpretación— la entidad no estaba obligada a pagar en ese período, en función de resoluciones administrativas vigentes para asociaciones civiles. También sostienen que parte de la deuda fue abonada y el resto está regularizado mediante planes de pago.
En el expediente, el magistrado ordenó analizar la situación financiera de la AFA. Informes bancarios incorporados a la causa señalaron que la entidad contaba con fondos disponibles en cuentas y plazos fijos, dato que la acusación considera relevante para determinar si existió capacidad de pago al momento de los vencimientos.
El caso se desarrolla en medio de un fuerte clima institucional. La Liga Profesional resolvió suspender una fecha del torneo cuando la indagatoria estaba fijada inicialmente, en señal de rechazo a la denuncia impulsada por ARCA. Desde la AFA sostienen que se trata de una causa con motivaciones políticas, mientras el Gobierno nacional niega esa interpretación.
No es el único frente judicial que involucra a la entidad madre del fútbol argentino, que también enfrenta otras investigaciones vinculadas al manejo de fondos.
Con la nueva fecha fijada para el 12 de marzo, la causa que combina justicia, política y fútbol suma un nuevo capítulo, mientras la Cámara deberá resolver planteos clave que podrían impactar en el futuro del proceso.
LB/DCQ