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  • Explosión en depósito no habilitado en Merlo deja heridos y reaviva el debate político por la desregulación del gas

    Explosión en depósito no habilitado en Merlo deja heridos y reaviva el debate político por la desregulación del gas

    Un depósito de garrafas que funcionaba sin habilitación explotó este miércoles por la mañana en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, y provocó al menos dos heridos de gravedad. El episodio reavivó las advertencias sobre la proliferación de operadores clandestinos en el sector.

    El siniestro desató una serie de explosiones que se prolongó por más de dos horas, generando pánico entre los vecinos: garrafas salían despedidas por el aire y viviendas quedaron en riesgo. Diez dotaciones de bomberos trabajaron para controlar el incendio.

    Según pudo saber PERFIL, el depósito, ubicado sobre la calle Constituyentes al 1400, se dedicaba a la compra y reventa de garrafas sin contar con habilitación. El reporte oficial, según indicó Clarín, señaló que el fuego habría comenzado cuando se enchufó una pava eléctrica en un ambiente con posible pérdida de gas, lo que habría provocado una explosión inicial y quemaduras de segundo y tercer grado en los trabajadores.

    Tres empleados resultaron heridos y fueron trasladados a centros de salud; dos de ellos permanecen en terapia intensiva, en estado reservado. La investigación quedó en manos de la UFI N° 2 de Morón, que interviene bajo la carátula de incendio.

    En paralelo, los testimonios reflejaron la magnitud del hecho. “Estoy encerrado en mi local, me da miedo porque vibra todo. Vuela todo por el aire”, relató un vecino en diálogo con Todo Noticias, mientras se escuchaban detonaciones constantes. Otros habitantes de la zona describieron la caída de garrafas en patios y techos e incluso denunciaron que un joven resultó gravemente herido al ser golpeado por uno de los cilindros.

    Las advertencias de un circuito clandestino

    Tras el hecho, desde el sector empresario volvieron a vincular el incidente con el aumento de la informalidad en la actividad. En diálogo con PERFIL, el titular de la Cámara Federal Argentina de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores del Gas Licuado (Cafadigas), Darío Simonetti, fue categórico: “Es totalmente clandestino. Hacían trasvaso de garrafas, todo lo que veníamos denunciando”.

    El dirigente agregó que no se trata de un caso aislado: “Ya es el segundo. Hace poco hubo uno en Tucumán con las mismas características”. Según explicó, la entidad analiza presentar el episodio como un “hecho nuevo” en la causa judicial que impulsa contra la desregulación del sector impulsada por la gestión de Federico Sturzenegger.

    El episodio se inscribe en las alertas que el propio sector venía planteando desde hace meses. Tal como adelantó PERFIL en noviembre de 2025, la desregulación del mercado del gas envasado había empezado a generar un escenario de “descontrol”, con la aparición de operadores informales y la relajación de los mecanismos de fiscalización.

    En esa ocasión, Cafadigas llevó el caso a la Justicia mediante una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el esquema normativo impulsado por el Gobierno, advirtiendo que el desmantelamiento de controles facilitaba prácticas irregulares en un rubro de alto riesgo.

    El diagnóstico incluía un mapa de irregularidades en distintos puntos del país: garrafas vencidas, depósitos montados en viviendas, transporte sin habilitación y comercialización sin trazabilidad.

    “El 47% de la población usa garrafa y prácticamente no hay controles”, había señalado entonces Simonetti, al comparar la fiscalización del gas envasado con la del gas natural.

    Seguridad pública y vacío regulatorio

    Desde la Cámara sostienen que el problema excede lo económico y se inscribe en el terreno de la seguridad pública. El gas envasado, señalan, es un producto inflamable que exige protocolos estrictos en toda su cadena: fraccionamiento, almacenamiento, transporte y venta.

    Según la entidad, la desregulación dejó el esquema sin un sistema alternativo de control, lo que facilitó la aparición de depósitos clandestinos como el que explotó en Merlo.

    El caso, ahora bajo investigación judicial, vuelve a colocar en el centro del debate el impacto de esos cambios y las consecuencias de un mercado que, según advierten desde el sector, comenzó a operar sin los resguardos mínimos.

    JD / fl

  • Menos poder a los intendentes: el gobierno eximió a productores rurales de habilitaciones municipales en trámites sanitarios

    Menos poder a los intendentes: el gobierno eximió a productores rurales de habilitaciones municipales en trámites sanitarios

    Por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el gobierno eliminó la exigencia de que los productores del campo cuenten con habilitaciones municipales o provinciales para varios trámites ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

    La resolución, firmada por María Beatriz “Pilu” Giraudo, titular del Senasa, deroga disposiciones de una resolución de noviembre de 1992 y, en la práctica, simplifica los trámites al eximir a los productores de presentar habilitaciones locales cuando están inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa). Ese registro obligatorio y gratuito del Senasa vincula al productor con su tierra y su actividad (agrícola, ganadera o forestal) como herramienta de fiscalización de la sanidad vegetal y animal, la inocuidad de los alimentos y la comercialización. Además de ser gratuito —a diferencia del costo de ciertas habilitaciones municipales—, el trámite puede gestionarse en línea a través de AFIP o de forma presencial.

    DNU 70

    En sus considerandos, la resolución cita expresamente como antecedentes y fundamento al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y al Decreto 90/2025 del gobierno de Javier Milei. El DNU 70, la primera gran norma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estableció “que el ESTADO NACIONAL promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el Territorio Nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo” disponiendo “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y que quedarían sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y la demanda”.

    Por su parte, el decreto 90, de febrero del año pasado, impulsó “un relevamiento normativo con el objetivo de identificar las normas vigentes y proponer la derogación de aquellas que resulten redundantes, innecesarias o generen un sobrecosto del sector productivo”, a partir de un examen de la ley de Administración Financiera y Sistemas de Control, sancionada en 1992.

    Sturzenegger felicitó a Giraudo y celebró la medida del Senasa calificándola como “un granito de arena para contener la voracidad municipal”. Al separar los trámites nacionales de los municipales, explicó, se evitan “duplicaciones y el margen para la extorsión. En el gobierno de @JMilei pensamos que menos trámites se traduce en más libertad y la mayor libertad en más progreso. VLLC!”.

    Duplicidad de trámites y requisitos

    La resolución busca evitar la superposición de requisitos que, según el texto, “importa, en la práctica, una duplicidad de requisitos y de documentación”. Esas superposiciones, subraya la norma, añadían condiciones ajenas al Senasa y costos extra que generan “una carga administrativa y burocrática tanto para el Gobierno como para los ciudadanos”. Con la firma de Giraudo, el Senasa también persigue la armonización de criterios frente a “la heterogeneidad de los regímenes locales de habilitación”. Por ese motivo, avanzó en simplificar los trámites y en eliminar la obligatoriedad de presentar habilitaciones municipales vinculadas a varios eslabones de la cadena productiva del campo: predios productivos, laboratorios, terminales de carga y proveedores de productos y servicios veterinarios.

    El Senasa, sin embargo, aclaró que la eximición de habilitaciones municipales no implica una flexibilización de las normas sanitarias ni de las responsabilidades de quienes participan de la cadena de producción rural y agroalimentaria. “La presente medida no exime a los administrados del cumplimiento de la normativa nacional, provincial o municipal vigente aplicable al desarrollo de sus actividades”, sostiene la resolución, que se limita a suprimir requisitos administrativos y exigencias documentales vinculadas “a competencias propias de las jurisdicciones locales”. Además recuerda que la ley 27.233 de Sanidad Animal y Vegetal “es de interés nacional y fija la responsabilidad de los actores de la cadena agroalimentaria en garantizar la inocuidad y calidad de la producción”.

    Giraudo, la presidenta del Senasa, es una destacada dirigente rural proveniente de una familia de varias generaciones de productores agropecuarios del sur de Santa Fe. Tiene un posgrado en Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA, presidió la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) —de la que su padre fue uno de los fundadores— y durante el gobierno de Mauricio Macri integró brevemente el equipo del ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile. Es cofundadora de la Red de Mujeres Rurales.

    Ya durante la gestión de Javier Milei fue vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde impulsó un plan de ajuste del organismo, y desde julio de 2025 preside el Senasa, desde donde ahora promovió y ejecutó la resolución celebrada por Sturzenegger para “contener la voracidad de los municipios”.

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  • Córdoba rechazó a Sturzenegger por llamar ‘mafia’ a guías turísticos: ‘Es una falta de respeto’

    Córdoba rechazó a Sturzenegger por llamar ‘mafia’ a guías turísticos: ‘Es una falta de respeto’

    Marcelo Molas, de la Asociación Cordobesa de Profesionales de Turismo (AcoProTur), repudió las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había calificado a los guías de turismo bonaerenses como “una mafia”.

    “Una falta de respeto”

    “Obviamente que tratar de mafia a un colegio de profesionales de la provincia de Buenos Aires, en este caso es cuanto menos una irresponsabilidad y una falta de respeto de parte del ministro”, aseguró en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio”.

    “Él tiene una profesión, él es doctor, supongamos que en economía, porque él es economista. Si nosotros tratáramos de mafia al Colegio de Profesionales de Economía, creo que no le gustaría para nada“, agregó en diálogo con Julio Kloppenburg.

    Además señaló que “un agente de viajes, un guía, un licenciado, cualquier profesional del área del turismo exige esa profesionalidad, una capacitación académica que es importante y que lleva mucho tiempo, lleva esfuerzo y lleva una dedicación constante y permanente porque el turismo es evolución, el turismo es crecimiento, el turismo es desarrollo”.

    “Una afrenta”

    “Nosotros desde la Asociación Cordobesa apoyamos al Colegio de Profesionales de Buenos Aires y a todos los colegios profesionales de turismo de todo el país. Y realmente que este señor los trate de mafia y los minimice o ridiculice, nos parece realmente una afrenta“, recalcó Molas.

    Al referirse a la importancia de la matriculación y los colegios profesionales, expresó: “Cualquier profesional, hablemos de abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, odontólogos, tienen sus colegios profesionales y obviamente para poder ejercer la profesión se pide que se matriculen y se registren. Es importantísimo que cada profesional esté matriculado en el colegio de la zona de su injerencia y de su jurisdicción“.

    “Cuando obviamente alguien pretende contratar el servicio de un profesional del área que sea, va a pretender que esté matriculado en ese colegio y el colegio va a defender esa institución, pero que él venga tan liviana e irresponsablemente a ridiculizar prácticamente que se exija esa matriculación del profesional es una afrenta lisa y llanamente”, insistió Molas.

    Desregulación

    También explicó que “la actividad turística es transversal” y que “todos somos parte del turismo y que este ministro de Desregulación desregule tan abierta y livianamente todo, no es realmente aceptable”.

    “Tanto los otros colegios como la propia FACAPTur contestamos el repudio enérgico y enfático ante estas expresiones que realmente esperamos sinceramente que él medite, analice y pida disculpas del caso porque agredió y ofendió a mucha gente“, reclamó.

    “Él dice que cualquiera puede dar [servicios]… no, no cualquiera. No cualquiera hace un tratamiento de conducto, no cualquiera hace un plano para una construcción o un edificio. Para eso se estudia, para que haya profesionales”, cerró Molas.