El Gobierno nacional ratificó que mantiene la decisión de enviar veedores para auditar los balances de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida será sometida en los próximos días a evaluación por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien adelantó que revisará primero el proceso iniciado por la Inspección General de Justicia (IGJ) para constatar que no haya irregularidades.
Según fuentes oficiales de la Casa Rosada, la intención es avanzar con la designación de inspectores que fiscalicen la información contable de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. Desde el Gobierno sostienen que la decisión política de enviar veedores continúa vigente, si bien el ministro prefiere revisar los pasos previos antes de firmar la resolución.
La solicitud original fue presentada por el ex titular de la IGJ, Daniel Vítolo, quien renunció recientemente. En su carta de despedida, el funcionario señaló que no logró completar el proceso de control que había iniciado para “ordenar y transparentar” ámbitos que, a su juicio, habían sido históricamente poco revisados en la institución.
El pedido de veeduría pretende que inspectores del organismo accedan a documentación contable que, según la IGJ, no fue presentada en tiempo y forma. En particular, se propone revisar los estados financieros de la AFA cerrados al 30 de junio de 2025.
La solicitud también comprende la revisión de documentos relacionados con la creación y funcionamiento de la Universidad de la AFA (Unafa), con el objetivo de analizar los contratos y operaciones que la institución educativa haya celebrado con otras universidades u organizaciones.
La decisión de enviar veedores tensó la relación entre el Gobierno y la conducción de la AFA. Al conocerse la medida, la entidad difundió un comunicado firmado por Tapia en el que la calificó como una acción con motivaciones políticas.
En ese comunicado, la conducción del fútbol argentino afirmó que el control impulsado por la IGJ se apoya en “hechos falsos” y advirtió que la institución defenderá su autonomía frente a cualquier intervención que estime injustificada.
Por su parte, Mahiques intentó responder a las críticas y aseguró que su gestión no pretende frenar ninguna investigación. El ministro admitió conocer a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, pero subrayó que no mantiene una relación personal con ellos ni pretende interferir en las causas judiciales.
“No vengo a tapar ninguna investigación”, afirmó el funcionario en declaraciones televisivas recientes. Añadió que los dirigentes del fútbol están siendo investigados en diversas causas y que esas instancias deben seguir su curso con independencia.
El conflicto entre el Gobierno y la conducción de la AFA se produce al mismo tiempo que otras investigaciones. A fines del año pasado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia contra la entidad por una presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por unos 7500 millones de pesos.
En paralelo, la designación del nuevo titular de la IGJ integra los cambios en el Ministerio de Justicia. Mahiques confirmó que el abogado Alejandro Ramírez será quien conduzca el organismo que supervisa la actividad de asociaciones civiles y sociedades en el país.
En ese marco, el Gobierno insiste en que la política de control sobre la AFA continuará pese a los cambios de funcionarios. Según fuentes oficiales, el envío de veedores sigue siendo la opción más probable una vez que el ministro complete la revisión del procedimiento administrativo iniciado por la gestión anterior.
LB